Canal de denuncia contra el Blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo

Las administraciones públicas abanderan el Canal de denuncias. Deberán dar ejemplo – aunque obligados por la normativa- en establecer los mecanismos necesarios.

El Real Decreto Ley 11/2018 de 31 de agosto extiende la obligación de crear canales de denuncia a las administraciones públicas. La obligatoriedad favorecerá que el sector público pueda recibir denuncias sobre incumplimientos cometidos por aquellas personas obligadas por la normativa de prevención de blanqueo de dinero.

EL CANAL DE DENUNCIAS

Las personas jurídicas enumeradas por el RD deben cumplir con la obligación de propiciar los mecanismos internos necesarios. Los empleados de estas organizaciones podrán comunicar la información relevante sobre potenciales incumplimientos.

El blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo genera, no únicamente riesgos sociales, también riesgos económicos y financieros. Particularmente, el blanqueo de capitales, puede afectar y distorsionar los movimientos financieros y reales. Estos es por realizar asignaciones de recursos que no se basan en consideraciones económicas, sino que responde a otros intereses.

 

dinero lavado y tendido

 

Son delitos que implican riesgos de reputación muy importantes. Tanto para las entidades individualmente, como para el sistema financiero nacional. Las medidas son precisamente para tratar de mitigar estos riesgos.

Las personas jurídicas obligadas van a tener que establecer procedimientos internos “para que sus empleados, directivos o agentes puedan comunicar, incluso anónimamente, información relevante sobre posibles incumplimientos de esta ley, su normativa de desarrollo o las políticas y procedimientos implantados para darles cumplimiento, cometidos en el seno del sujeto obligado”.

Además los denunciantes tendrán que ser protegidos contra posibles represalias o discriminaciones por los mismos actores obligados a establecer el Canal de Denuncias.
Será el ministerio de economía y la empresa quienes aprueben el modelo de denuncia y las características del propio canal. Tendrán que estar enfocados a preservar la confidencialidad. Así mismo se formará al personal sobre la existencia de estos medios.
El denunciante será requerido cuando no se concreten suficientemente los hechos o personas responsables de la infracción. Lo será para que aclare el contenido de la comunicación realizada.

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