Canal Compliance18 marzo, 2019
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Recientemente el Boletín Oficial del Estado publicó una modificación del Código Penal por la que se incrementa el nº y tipología de los delitos por los que pueden ser condenadas las personas jurídicas.

 

La relación del catálogo de delitos posiblemente no enmienda el pasado. Posiblemente la ampliación y modificación del catálogo lo que denota es una adaptación a la actualidad más acuciante. Se incrementan los posibles delitos. El lector de la norma podría interpretar que la razón es que hay mas “malos”, mas delincuentes. Pero las personas jurídicas siguen siendo las mismas. Las organizaciones no son ni más ni menos. Las posibilidades de delinquir si se han incrementado. Tipificar y relacionar estas estas posibilidades ayuda en su control.

 

La nueva relación de delitos no enmienda el pasado, adapta a la actualidad las posibilidades delictivas de las personas jurídicas

 

El fiscal de delitos económicos, Juan Antonio Frago Amada, publicaba recientemente en su blog – una de las publicaciones más interesantes del sector y cuyo contenido se dedica, en no pocas ocasiones, a la responsabilidad penal de las personas jurídicas- un cuadro confeccionado por el propio fiscal y maquetado por la World Compliance Association. Un cuadro de recomendable lectura y consulta y del cual facilitamos el enlace  AQUÍ

 

Cuadro Juan Antonio Frago y WCA
Cuadro nuevos ilícitos Juan Antonio Frago y WCA

 

 

La adaptación

 

Las nuevas tecnologías, las prácticas bursátiles, la actualidad económica… han suscitado esta adaptación de la norma a las nuevas prácticas para ponérselo difícil a los mismos “malos” con personalidad jurídica.

 

Operaciones bursátiles

 

En este sentido han influido la trasposición de directivas europeas relacionadas con las prácticas mencionadas, con los hábitos en el mundo de la bolsa y los negocios, con la actividad política en relación con las contrataciones públicas, con las informaciones que a diario salpican los informativos y las páginas de los periódicos…

 

Aunque la ampliación del catálogo no es la única novedad. La dureza de las penas también ha sido incrementada y se han mejorado las especificaciones de otros posibles ilícitos. Algunos de ellos relacionados con la corrupción en el ámbito privado o la información privilegiada en ámbitos bursátiles.

 

El cuadro publicado por Frago Amada y WCA “se contiene toda la normativa penal y procesal penal vigente con la entrada en vigor de la LO 1/2019”. Todos coinciden que los planes compliance deberán contemplar los cambios si quieren seguir siendo eficaces. Un a eficacia que además de ser requerida por la judicatura deberá ser probada.


Canal Compliance13 marzo, 2019
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Helas Consultores celebró su encuentro anual en Madrid , con un recorrido por las principales novedades en protección de datos y compliance.

Helas Consultores, firma líder en protección de datos y compliance penal, celebró Encuentro Anual 2019. Éste se centró en los avances y retos que las normativas sobre LOPD y RGPD, así como el compliance penal, han impuesto a las empresas este último año.

Este 13 de marzo entra en vigor la última reforma del código penal por la Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero. La reforma endurece el régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas. “Vemos cómo el compliance va a ir mucho más allá, con nuevas obligaciones legales también en protección de datos. En las que la privacidad va a ser una máxima”. Son palabras de José Helguero, director de Helas Consultores, en el arranque de la jornada.

La agencia española de Protección de Datos nos dice que le llegan hasta dos brechas de seguridad a la semana. Es impresionante el impacto que está teniendo esta nueva legislación en el día a día de las empresas”, remachó Helguero.

 

Vemos cómo el compliance va a ir mucho más allá, con nuevas obligaciones legales también en protección de datos

 

Las empresas asistentese escucharon atentamente – e intervinieron activamente en el turno de preguntas – durante las dos mesas redondas que articularon el encuentro. “Un año de RGPD. Experiencias y desafíos” y “Evolución del Compliance Penal. La certificación UNE 19601: caso de éxito”.

 

María de la Rica.

María de la Rica, consultora de Helas, desgranó las principales novedades en protección de datos. Ante la avalancha de nueva reglamentación, De la Rica sistematizó las principales novedades. Lo hizo refiriéndose a aspectos como los consentimientos; el principio de confidencialidad; el deber de información con transparencia; el derecho de acceso y rectificación; el derecho al olvido; el testamento digital; la videovigilancia en la vía pública o en centros laborales; las llamadas “listas Robinson”; los sistemas de exclusión publicitaria; los canales de denuncia, extraídos directamente del ecosistema del compliance; la posible reutilización de los datos de ensayos clínicos con fines de investigación; o la más que polémica iniciativa parlamentaria por la que los partidos políticos van a poder usar nuestros datos para actividades electorales. Algo que, destacó De la Rica, “ya está impugnado por el Defensor del Pueblo”.

 

 

Transmitir a toda la empresa la cultura del cumplimiento.

Si algo quedó claro en las dos mesas redondas que siguieron, fue que el principal escollo con el que se enfrentan tanto los DPD (Delegados de Protección de Datos) como los ‘compliance officer’ es convencer a toda la organización de la importancia del cumplimiento.

Tanto la mesa moderada por Natalia Antón, consultora de Helas, como la moderada por María Martín, responsable de Área y Negocio de la consultora, contaron con profesionales de ambos ámbitos de reconocido prestigio. Todos, sin excepción, resaltaron la enorme dificultad y la gran carga de trabajo que representa poner en marcha las normas de cumplimiento, tanto en protección de datos como en compliance penal. Aunque todos también, pusieron en valor la nueva normativa, destacando que era realmente bueno para las empresas adaptarse a estos cánones europeos de cumplimiento normativo, especialmente a la hora de dar seguridad y fiabilidad a sus clientes.

En este sentido, María Martín destacó que “la mayoría de las empresas ya se están dando cuenta de que la mejor manera de hacer negocios es hacerlo de forma íntegra”.
En las mesas redondas participaron Elena Arranz Cuesta, DPD de la Real Federación Española de Golf; Enrique Sánchez Sánchez, DPD de NorthGate España; Cristina Vicuña, técnica de Digital Policy en Ametic; Joaquín Esteban Keogh, compliance officer de ARVATO Financial Solutions; y Jorge A. González Hurtado, compliance manager de EQA, Entidad de Certificación.


Canal Compliance7 marzo, 2019
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La World Compliance Association convoca la primera edición de los Premios a la Integridad en la Gestión Pública . La entrega de Premios tendrá lugar durante el II Congreso Nacional de Cumplimiento Legal en el Sector Público.

La World Compliance Association (WCA) ha convocado la I edición de los Premios a la Integridad en la Gestión Pública. Tendrá lugar durante el II Congreso Nacional de
Cumplimiento Legal en el Sector Público. La entrega de premios se dividirán en dos categorías. Y pondrá final a esta nueva edición del congreso el próximo 27 de marzo, que promete seguir los pasos del éxito de la anterior.

Los premios pretenden promocionar las iniciativas más destacadas sobre integridad en la gestión pública en todos los ámbitos del sector público y poner en valor la labor en pro de la promoción de la integridad y de la mejora de la gestión pública a través de las técnicas de compliance.

 

Los premios pretenden promocionar las iniciativas más destacadas sobre integridad en la gestión pública

 

Para ello, la WCA premiará a la iniciativa en gestión más destacada en la integridad pública y al empleado público destacado en su labor de promoción de la integridad. Las candidaturas, institucionales (persona jurídica) en el primer caso e individuales (persona física) en el segundo, deberán promover el cumplimiento de valores, la transparencia, integridad, buen gobierno y buena administración y la difusión y la mejora de la gestión pública en sus categorías.

 

 

Invierno Limpio

 

 

Candidaturas.

La presentación de las candidaturas podrá hacerse vía online, a través del formulario alojado aquí >>> , hasta el próximo 15 de marzo de 2019 (incluido), fecha en que el jurado procederá a evaluar las propuestas.

El jurado encargado de valorarlas será seleccionado y nombrado por la WCA. Estará integrado por un mínimo de cinco miembros de reconocido prestigio. Serán prtenecientes a las área del sector
público, la judicatura, la universidad y la empresa privada. Contando así con diferentes puntos de vista.

La WCA pretende poner en valor la integridad. También dar visibilidad a las incitativas compliance en el ámbito de la gestión pública. Dentro de cualquier campo de actividad (medioambiente, gestión económica, contratación, gestión de RRHH, etc).


Canal Compliance6 marzo, 2019
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Es el concurso de conocimientos en materia de compliance organizado por la World Compliance Association que se pondrá en marcha el próximo 2 de abril

Hoy se abren las inscripciones para la II edición de la World Compliance League. Es el reto internacional online, organizado por la World Compliance Association.

Los participantes pondrán a prueba sus conocimientos en materia de compliance. Y podrán ganar magníficos premios. Los interesados en participar, ya pueden apuntarse aquí, a través de la web de la WCA.

En ella también tendrán acceso a las preguntas y a las condiciones del concurso.

Tras el éxito de la primera edición, llega de nuevo el concurso dirigido a cualquier persona interesada en el mundo del compliance y abierto a todos y todas. Gracias al método de la gamificación, los participantes podrán probar su nivel y mejorar sus conocimientos en esta materia.

El reto, que se pondrá en marcha el 2 de abril, consistirá en acertar preguntas que se lanzarán diariamente durante un mes. Los participantes conocerán su clasificación en el ranking a tiempo real. Y al finalizar se hará entrega a los 3 mejores de los siguientes premios:

  1. Primer clasificado. Un iPhone XR y un Curso de Experto Universitario Compliance Officer – Titulación Compliance Officer;
  2. Segundo Clasificado. Un Curso de Experto Universitario Compliance Officer – Titulación Compliance Officer y un año de cuota de asociado gratis.
  3. Tercer clasificado, un Curso de Experto Internacional en Sistemas de Gestión Anti- Soborno ISO 37001 y un año de cuota de asociado gratis.

Además, todos los concursantes podrán entrar en el sorteo de una cámara Go Pro invitando a participar a sus amigos y retándoles a través de la opción facilitada también en la web.


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Cada año los peritos, con sus distintas especializaciones, quedan registrados en los tribunales de justicia. Lo hacen a través de un listado que los colegios profesionales envían a las estancias judiciales.

 

En pasadas fechas leía un artículo muy interesante. Versaba sobre el análisis de la posibilidad de elaborar un dictamen pericial de experto en compliance penal. Para que comparezca como perito al juicio oral en los casos de procesos penales con derivación de responsabilidad penal de persona jurídica. Cuando quiera plantearse por ésta la validez y suficiencia del programa de cumplimiento normativo.

Destaca la doble opción de la proposición de la pericial de compliance por la defensa. Pero también la opción de que el Ministerio Fiscal o la acusación particular puedan solicitar al juez la designación de un perito judicial experto en compliance. Éste sería a designar de entre los listados que deberían enviarse a los decanatos de aquellos que acrediten esta especialización. Siendo también, necesario regular la vía para que esta titulación pueda obtenerse. Y la debida inscripción en un Registro en el Ministerio de Justicia.

Me gustaría centrarme en estas últimas palabras. Como perito colegiado me sorprendieron estas líneas. La figura de perito existe desde hace mucho tiempo y está muy bien regulada.

 

La figura de perito existe desde hace mucho tiempo y está muy bien regulada

 

Legislación.

 

La Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil dice en su Artículo 340 las Condiciones de los peritos:

  1. Los peritos deberán poseer el título oficial que corresponda a la materia objeto del dictamen y a la naturaleza de éste. Si se tratare de materias que no estén comprendidas en títulos profesionales oficiales, habrán de ser nombrados entre personas entendidas en aquellas materias.
  2. Podrá asimismo solicitarse dictamen de Academias e instituciones culturales y científicas que se ocupen del estudio de las materias correspondientes al objeto de la pericia. También podrán emitir dictamen sobre cuestiones específicas las personas jurídicas legalmente habilitadas para ello.
  3. En los casos del apartado anterior, la institución a la que se encargue el dictamen expresará a la mayor brevedad qué persona o personas se encargarán directamente de prepararlo, a las que se exigirá el juramento o promesa previsto en el apartado segundo del artículo 335.

Por supuesto en leyCrim queda recogida su funciones en su título VII

 

Colegios Profesionales.

 

 

Cada año los peritos con sus distintas especializaciones quedan registrados en los tribunales de justicia. Lo hacen a través de un listado que los colegios profesionales envían a las distintas estancias judiciales. Dichos colegios profesionales -yo estoy en ASPEJURE- , validan como terceros independientes, los conocimientos adquiridos. O bien por formación reglada o no. O bien por experiencia profesional y el compendio de estas. Emiten diploma o certificado de especialidad, o rechazan la certificación.

 

Titulacion Juan Carlos Galindo

 

No creo necesario, por lo tanto, que exista la necesidad de ningún registro estatal. Primero porque ya existe. Y segundo, porque la regulación de los mercados debe de ser libre.

 

Los requerimientos existentes son suficientes para garantizar una buen dictamen sin necesidad de la intervención del “papa estado”. Aun así, coincido con el autor, en la importancia de que la valoración de los programas de compliance por peritos expertos, es y será clave. Lo es y será para lograr, o bien la condena, o la absolución de las empresas encausadas.

 

No creo necesario, por lo tanto, que exista la necesidad de ningún registro estatal,…

 

Mi intención solo es poner sobre blanco, que las peticiones o recomendaciones suscitadas en el articulo que ha propiciado este, ya se cumplen. Cabe remarcar que la figura del perito experto en compliance y su participación en los juzgados, es determinante para el resultado final de  dichos procesos penales.

Por lo tanto, queridos letrados penalistas, cuando acusen o defendían, cuenten con nosotros como verdaderos aliados para conseguir su cometido. Créanme somos determinantes. Y más en una materia donde los procesos de  consultoría (mapeo de riesgos, canales denuncia, códigos éticos, implementación medidas…etc.) se tienen que evaluar desde un punto de vista no solo penal.


Canal Compliance27 febrero, 2019
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Cientos de profesionales y los más prestigiosos expertos analizarán las últimas tendencias del mundo fiscal.

 

Junto a sage y LaLiga, Lefebre organiza el congreso Compliance y buenas prácticas tributarias. Tendrá lugar el próximo 12 de marzo en el Círculo de Bellas Artes.

El Congreso Compliance y Buenas Prácticas Tributarias es el encuentro presencial de cientos de profesionales y asesores tributarios para compartir y actualizarse de manera práctica en las últimas tendencias del mundo Fiscal.
Un Congreso orientado al networking efectivo y en el que el mayor valor añadido es la calidad del contenido que desarrolla- rán ponentes de primer nivel. Se celebrará en el Círculo de Bellas Artes de Madrid el 12 de marzo de 2019. (C/ Alcalá 42. 28014 Madrid).

 

Cartera restringida

 

Tecnología, innovación y experiencia.

Los organizadores se han centrado en los tres conceptos (tecnología, innovación y experiencia)
para convertir la cita en un encuentro eficaz “vamos a dotar al evento de tres componentes que lo convertirán en una cita excepcional, posicionándolo como un congreso imprescindible”, destacan desde Lefbvre.

En el Congreso “Compliance y Buenas Prácticas Tributarias” se analizarán las temáticas más importantes y de actualidad:

  • DAC 6, el ejemplo inglés.
  • La propuesta de la Comisión Europea sobre los contribuyentes certificados en el IVA.
  • Gestión del riesgo fiscal para grandes empresas.
  • Nueva Fiscalidad Internacional.
  • Los Códigos de Buenas Prácticas Tributarias de la AEAT.
  • Normalización y buenas prácticas tributarias: la norma UNE 19602.
  • Compliance Penal vs. Compliance Fiscal.

 

Reconocidos expertos.

 

Bajo la dirección técnica de Javier MARTÍN y Jesús RODRÍGUEZ, en el Congreso se darán cita los expertos más prestigiosos del sector. A falta de confirmación de la propia Agencia Tributaria, la Dirección General de Tributos o el Instituto de Estudios Fiscales participarán en el congreso:

  • José Manuel de Bunes
  • José Antonio Bustos
  • Néstor Carmona
  • Ignacio de Felipe
  • César García Novoa
  • Carlos Gómez Jara
  • Javier Gómez Molina
  • Ubaldo González de Frutos
  • Ana Juan Lozano
  • Luis López Tello
  • Ernesto Mestre
  • Antonio Montero

 

Los interesados en participar pueden obtener más información en

www.buenaspracticastributarias.com


Canal Compliance18 febrero, 2019
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Comunicación Poder Judicial. La investigación se centra en la infraestructura conformada en torno a esta empresa dirigida a la obtención de contratos de manera irregular mediante el pago de sobornos a autoridades y empleados públicos en una actuación que se prolongó durante más de quince años. de Juventud y Deportes y Casco Antiguo”.

 

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha abierto juicio oral a 88 personas, ellas cargos públicos, funcionarios y técnicos, en las siete piezas que integran el denominado “caso Fitonovo” de corrupción (también conocido como “caso Madeja”), la infraestructura conformada en torno a esta empresa dirigida a la obtención de contratos de manera irregular mediante el pago de sobornos a autoridades y empleados públicos en una actuación que se prolongó durante más de quince años.

El magistrado atribuye al PSOE e IU la condición de partícipes a título lucrativo en una de las piezas, relativa a contratos del Ayuntamiento de Sevilla, por haberse beneficiado “de la conducta delictiva amañada por las personas investigadas” en las cantidades de 159.839,36 y 155.000 euros, respectivamente.

En siete autos, uno por cada pieza que ahora envía a juicio a la Sala de lo Penal y que se instruyó inicialmente el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, el magistrado abre juicio oral contra las personas y por los delitos consignados en sus escritos de acusación por la Fiscalía y la Abogacía del Estado: organización criminal, prevaricación, cohecho, fraude a la administración pública, blanqueo, falsedad en documento mercantil y tráfico de influencias.

El instructor, que da un plazo de veinte días para presentar los escritos de defensa, impone fianzas de responsabilidad civil que llegan en algunos casos hasta los 13 millones de euros, con el fin de cubrir las eventuales cantidades a satisfacer en caso de condenas.

 

Cámara de video vigilancia

 

El juez reprocha la falta de acusación de la Fiscalía

A lo largo de sus resoluciones el magistrado reprocha a la Fiscalía y, en menor medida a la Abogacía del Estado, la falta de acusación respecto de algunos investigados, lo que obliga al sobreseimiento, así como que no acuse por determinados delitos a varios de ellos pese a los indicios acumulados en la instrucción.

Explica De la Mata en la pieza principal, en relación con los asesores jurídicos, financieros, fiscales y societarios, que diseñaron, planificaron e implementaron toda la estrategia criminal blanqueadora de los restantes acusados y les asesoraron durante todo el proceso de blanqueo de capitales que se llevó a cabo exactamente en la forma en que estos profesionales planificaron y, sin embargo, “el Fiscal y la Abogacía del Estado no formulan acusación por este delito contra estas personas”.

“Esto es difícilmente comprensible”, subraya el juez, quien añade que concurren múltiples indicios de que varios de los investigados “diseñaron, planificaron e implementaron la estrategia de blanqueo de la familia González Baro. Les asesoraron de extremo a extremo, en todos los puntos de esta estrategia criminal, y cuidaron de que se llevara a cabo. Pese a ello, el Fiscal y la Abogacía del Estado no formulan acusación contra estas personas. En el caso de la Abogacía del Estado, les acusa como miembros de la organización criminal, y expresa que cada uno de ellos <contribuyó decisivamente a diseñar e implementar la estrategia de blanqueo de capitales desarrollada por la organización>”.

En el caso del fiscal, continúa el auto, “ni siquiera menciona a estas personas en su escrito de acusación, pese a su relevantísima participación, no solo en las operativa de blanqueo, sino en todas las desarrolladas por la organización criminal. Su actuación protagónica en este ámbito blanqueador, pese a todo, queda fuera del ámbito de la acusación y, como se ha indicado ya en varias ocasiones, tampoco en este caso, obligado por esta circunstancia, es posible abrir el juicio oral en relación con estas personas por este delito”.

El juez señala igualmente en otras de las piezas separadas la falta de acusación de la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

 

Lavado de dinero

 

Una estructura para conseguir contratos públicos de manera irregular

El titular del Juzgado Central de Instrucción 5 explica a lo largo de los autos que la dirección de Fitonovo S.L. creó una infraestructura, tanto operativa como contable, destinada a obtener contratos públicos irregulares, habilitando la estructura comercial de la empresa para conformar una red de contactos con funcionarios corruptos que les facilitaban dicha contratación, y creando una contabilidad paralela que se nutría de facturación falsa para, entre otros fines, financiar el pago de sobornos a funcionarios públicos.

la prolongación en el tiempo de las prácticas de corrupción (desde 1995 hasta 2013), el amplio ámbito territorial afectado y la multitud de administraciones y funcionarios implicados, prosigue el magistrado “llevan a concluir que las prácticas delictivas vinculadas a la obtención fraudulenta de contratos, tanto administrativos como privados, eran un elemento nuclear de la actividad de la empresa, hasta tal punto que ésta puede entenderse como un velo societario de dicha actividad criminal”.

Continúa relatando que la entrega de comisiones se ha prolongado durante al menos quince años, afectando a múltiples Administraciones tanto estatales, como autonómicas y locales, e involucrando a un elevado número de funcionarios y autoridades. De hecho, apunta, “esta organización criminal desarrolló su actividad a través de semejantes prácticas corruptas al menos desde el año 1995, y por un amplio ámbito geográfico: Sevilla, Córdoba, Jaén, Cádiz, Huelva, Algeciras, Zaragoza, Valencia, Barcelona, Extremadura y Canarias”.

“Así, crearon una trama societaria que, en paralelo a una actividad comercial legal, se ocupaba de acaparar contratos públicos usando medios ilícitos, causando grave daño al interés público, por cuanto pervirtieron numerosos procedimientos de contratación en detrimento de las arcas públicas y del interés público en una adecuada prestación de los servicios, además de un grave daño al orden socioeconómico, al perjudicar a las sociedades que de forma legal pretenden participar en la contratación pública, pero que no tienen posibilidad de resultar adjudicatarias al estar en franca desventaja por las prácticas corruptas de la trama”, subraya De la Mata.

En añadido, prosigue el instructor, la dirección de la trama criminal creó otras empresas  ya como sociedades patrimoniales donde residenciar sus ganancias, ya como sociedades pretendidamente comerciales, pero que se empleaban para articular concurrencias ficticias en procedimientos públicos de contratación o para adjudicaciones públicas cuando no era deseable que apareciera como tal la sociedad FITONOVO.

Dentro de esta operativa y dado que el pago de comisiones a funcionarios como compensación de las conductas anteriores no podía justificarse de forma lícita, dice el juez, el mecanismo establecido para el pago de los sobornos constituía otro importante engranaje de la organización criminal. Para ello, la empresa FITONOVO SL tenía constituida una caja B que se nutría de facturación falsa con un gran número de empresas suministradoras o proveedoras de aquella, operaciones que se registraban en la contabilidad oficial aparentando compras de suministros o de servicios.

PSOE e IU, partícipes a título lucrativo en la pieza “Ayuntamiento de Sevilla”

En la pieza separada denominada “Ayuntamiento de Sevilla”, el instructor de la Audiencia Nacional atribuye la condición de partícipe a título lucrativo al PSOE y a IU ya que ambas formaciones políticas, con las maniobras de los imputados “consiguieron que distintas empresas asumieran el pago del coste de bienes y servicios de los que se beneficiaron (PSOE) o percibieron directamente distintas cantidades (ambas organizaciones)”. De este modo, indica, el PSOE resultó beneficiado en un importe de 159.839,36 euros e IU por 155.000 euros.

Explica el auto que tres de los investigados, “recibieron un total de 155.000 euros de Fitonovo S.L., para Izquierda Unida, a cambio de las adjudicaciones que los dos primeros les procuraron, significativamente en relación con los expedientes relativos a los 11 campos de fútbol (por más de seis millones de pesetas), en su condición de primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla y portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Sevilla y concejal delegado de Juventud y Deportes y Casco Antiguo”.


Canal Compliance18 febrero, 2019
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El acuerdo es fruto del compromiso con las buenas prácticas en la gestión de las organizaciones.

 

El compromiso de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo con la mejora constante de sus actuaciones continúa avanzando. El último paso ha sido la firma de un convenio de colaboración con la World Compliance Association.

 

Este acuerdo permitirá a la Coordinadora ser miembro honorífico de esta asociación. Con este tipo de acciones la coordinadora impulsa la labor del Compliance en el sector de la cooperación. “El Compliance son los procedimientos de las organizaciones para identificar los riesgos operativos y legales. Y los mecanismos que adoptan para prevenir esos riesgos y gestionarlos de la manera más adecuada”. Es decir, gracias a este acuerdo, la Coordinadora podrá adaptar los procedimientos internos a las particularidades de las ONG. También los entornos en los que trabajan. De manera que puedan mitigarse los riesgos a los que su personal se expone.

 

Actividad compliance.

Este acuerdo también permitirá a la Coordinadora participar en encuentros, formaciones y actividades que permitan aumentar el conocimiento compliance de otras entidades colaboradores y de la sociedad civil. Este tipo de acciones contribuirán a poner de relieve el gran esfuerzo que supone para las ONG de Desarrollo impulsar el Compliance.

Entre las ventajas que la WCA ofrecerá a la Coordinadora de ONGD como entidad colaboradora se encuentran el envío de información regular. También la participación en comisiones de trabajo. La posibilidad de utilizar el servicio de consultas técnicas y el uso del logo de la World Compliance Association. Además, este acuerdo proporcionará a sus asociados descuentos en las actividades, eventos y jornadas organizadas por la WCA. La pertenencia a sus redes y grupos de trabajo y el acceso a la bolsa de trabajo.

La Coordinadora integra a 75 ONG de Desarrollo de ámbito estatal, 2 Entidades Asociadas y 17 Coordinadoras Autonómicas. En total, unas 400 organizaciones que trabajan en más de 100 países. Promovemos la justicia social y la garantía de los derechos humanos en cualquier lugar del mundo.


Íñigo MartínezÍñigo Martínez15 febrero, 2019
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6min950
Teniendo en cuenta el derecho de protección de la intimidad de los trabajadores los empleadores deberán establecer los criterios de utilización de los dispositivos digitales.

La Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales establece una serie de derechos digitales en el ámbito laboral en las siguientes áreas:

  • Intimidad y uso de dispositivos digitales.
  • Desconexión digital.
  • Intimidad frente al uso de dispositivos de videovigilancia y de grabación de sonidos en el lugar de trabajo.
  • Derecho a la intimidad ante la utilización de sistemas de geolocalización.

El empleador podrá acceder a los contenidos derivados del uso de medios digitales. Que faciliten a los trabajadores con el solo fin de verificar el cumplimiento de sus obligaciones laborales

Con respecto a la intimidad y uso de los dispositivos digitales, establece que el empleador podrá acceder a los contenidos derivados del uso de medios digitales que faciliten a los trabajadores con el solo fin de verificar el cumplimiento de sus obligaciones laborales o estatutarias. Y garantizar la integridad de dichos dispositivos.
Teniendo en cuenta el derecho de protección de la intimidad de los trabajadores los empleadores deberán establecer los criterios de utilización de los dispositivos digitales.

Derecho a la desconexión digital.

Si se autoriza la utilización de los medios digitales para uso privado se deberá establecer específicamente los usos autorizados, se deberán establecer medidas para preservar la intimidad de los trabajadores y se establecerá los periodos en que se los dispositivos podrán utilizarse para fines privados.

Será requisito imprescindible que los trabajadores sean informados de los criterios de autorización de los medios digitales para fines privados.

La norma reconoce expresamente el derecho a la desconexión digital de tal forma que se respete el tiempo de descanso, permisos y vacaciones de los trabajadores, así como, de su intimidad personal y familiar.

Trabajando con equipos portatiles.

Este derecho tiene como finalidad hacer efectivo el derecho a la conciliación de la actividad laboral y la vida personal. También la propia salud de los trabajadores. De tal forma que se evite el riesgo de fatiga informática.

Políticas Internas.

El empleador deberá elaborar una política interna dirigida a todos los trabajadores de la organización. Incluso los que ocupen los puestos directivos.

Esta política deberá contemplar dos aspectos fundamentales: las modalidades de ejercicio del derecho a la desconexión y las acciones de formación y sensibilización del personal sobre el uso de las herramientas informáticas, para ello se tendrá especialmente en cuenta a los trabajadores que ejecuten su trabajo fuera del centro de trabajo del empleador o el trabajo se desempeñe en su propio domicilio.

 

Mujer con smartphone

 

Con respecto a la utilización de dispositivos de videovigilancia y/o de grabación de sonidos en el centro de trabajo, la norma establece su legitimidad, si bien, establece expresamente que los empleadores deberán informar con carácter previo y de forma expresa, clara y concisa a los trabajadores de su existencia.

Geolocalización.

La ubicación de estos dispositivos podrá hacerse dentro del centro de trabajo. Pero no se podrán instalar en los lugares de destinado al descanso o esparcimiento de los trabajadores. Es decir en lugares como vestuarios, aseos, comedores, zonas de descanso, etc…

La norma da carta de naturaleza a la utilización de datos de geolocalización de los trabajadores con el objetivo de control.

Para poder utilizar estos datos el empleador deberá informar de forma expresa, clara e inequívoca a los trabajadores sobre la existencia y la características de estos dispositivos. También deberá informarles sobre acerca del posible ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, limitación del tratamiento y supresión.

Derechos mínimos.

Las disposiciones recogidas en esta materia por la nueva ley se consideran como derechos mínimos. Ya que la propia norma establece que en los convenios colectivos se podrán establecer garantías adicionales. En la práctica deja la puerta abierta para que en la negociación colectiva se puedan tratar los derechos digitales en el ámbito laboral. Entonces se establecen mayores garantías o procedimientos de utilización determinado. Ya sean en el ámbito de la empresa o en el ámbito sectorial.

Importante novedad legislativa que regula expresamente los derechos digitales de los trabajadores . Esto permitirá a las empresas regularizar situaciones y establecer una mayor claridad en el marco de las relaciones laborales.


Canal Compliance14 febrero, 2019
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La sociación internacional de compliance es la primera entidad española y la primera en el mundo especializada en compliance en obtener la acreditación internacional.

 

La WCA se ha convertido en la primera entidad española en acreditarse como entidad de certificación de la norma ISO 37001.  Sistemas de Gestión Antisoborno. Es unade las pocas existentes en todo el mundo y la única especializada únicamente en auditoría de Compliance.

La acreditación ha sido otorgada por la entidad americana IAS (International Accreditation Service). La entidad posee un esquema de acreditación específico para ISO 37001:2016. IAS pertenece al grupo internacional de entidades de acreditación IAF (International Accreditation Forum). Por lo que la acreditación es reconocida por otras entidades de acreditación como ACCREDIA, INACAL, ENAC o ANAB. Estos reconocimientos son en virtud de los acuerdos de reconocimiento mutuo que existe entre estas entidades. Por lo tanto tiene validez y reconocimiento internacional.

“Esta acreditación es el fruto de un proyecto que empezó en 2017 con el inicio de la actividad de certificación y culminó exitosamente el pasado diciembre con la auditoría de acreditación de todos los expedientes existentes hasta la fecha y la recomendación para la acreditación por parte del equipo auditor IAS”, tal y como destacan desde la WCA.

 

Certificados.

Dado que todas las actividades de auditoría se llevaron a cabo desde un primer momento aplicando los estándares internacionales que rigen la certificación de sistemas, la acreditación permite a la WCA emitir nuevamente los certificados a todos sus clientes incluyendo el sello de IAS.

La acreditación para la certificación de la norma ISO 37001, avala la imparcialidad, independencia y competencia técnica de la WCA. Prueba sus altos niveles de calidad de servicio. También la convierte en entidad de referencia en materia de certificación Compliance en todo el mundo.

Los detalles de la acreditación pueden consultarse en la página web de IAS.



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