Canal Compliance18 febrero, 2019
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Comunicación Poder Judicial. La investigación se centra en la infraestructura conformada en torno a esta empresa dirigida a la obtención de contratos de manera irregular mediante el pago de sobornos a autoridades y empleados públicos en una actuación que se prolongó durante más de quince años. de Juventud y Deportes y Casco Antiguo”.

 

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha abierto juicio oral a 88 personas, ellas cargos públicos, funcionarios y técnicos, en las siete piezas que integran el denominado “caso Fitonovo” de corrupción (también conocido como “caso Madeja”), la infraestructura conformada en torno a esta empresa dirigida a la obtención de contratos de manera irregular mediante el pago de sobornos a autoridades y empleados públicos en una actuación que se prolongó durante más de quince años.

El magistrado atribuye al PSOE e IU la condición de partícipes a título lucrativo en una de las piezas, relativa a contratos del Ayuntamiento de Sevilla, por haberse beneficiado “de la conducta delictiva amañada por las personas investigadas” en las cantidades de 159.839,36 y 155.000 euros, respectivamente.

En siete autos, uno por cada pieza que ahora envía a juicio a la Sala de lo Penal y que se instruyó inicialmente el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, el magistrado abre juicio oral contra las personas y por los delitos consignados en sus escritos de acusación por la Fiscalía y la Abogacía del Estado: organización criminal, prevaricación, cohecho, fraude a la administración pública, blanqueo, falsedad en documento mercantil y tráfico de influencias.

El instructor, que da un plazo de veinte días para presentar los escritos de defensa, impone fianzas de responsabilidad civil que llegan en algunos casos hasta los 13 millones de euros, con el fin de cubrir las eventuales cantidades a satisfacer en caso de condenas.

 

Cámara de video vigilancia

 

El juez reprocha la falta de acusación de la Fiscalía

A lo largo de sus resoluciones el magistrado reprocha a la Fiscalía y, en menor medida a la Abogacía del Estado, la falta de acusación respecto de algunos investigados, lo que obliga al sobreseimiento, así como que no acuse por determinados delitos a varios de ellos pese a los indicios acumulados en la instrucción.

Explica De la Mata en la pieza principal, en relación con los asesores jurídicos, financieros, fiscales y societarios, que diseñaron, planificaron e implementaron toda la estrategia criminal blanqueadora de los restantes acusados y les asesoraron durante todo el proceso de blanqueo de capitales que se llevó a cabo exactamente en la forma en que estos profesionales planificaron y, sin embargo, “el Fiscal y la Abogacía del Estado no formulan acusación por este delito contra estas personas”.

“Esto es difícilmente comprensible”, subraya el juez, quien añade que concurren múltiples indicios de que varios de los investigados “diseñaron, planificaron e implementaron la estrategia de blanqueo de la familia González Baro. Les asesoraron de extremo a extremo, en todos los puntos de esta estrategia criminal, y cuidaron de que se llevara a cabo. Pese a ello, el Fiscal y la Abogacía del Estado no formulan acusación contra estas personas. En el caso de la Abogacía del Estado, les acusa como miembros de la organización criminal, y expresa que cada uno de ellos <contribuyó decisivamente a diseñar e implementar la estrategia de blanqueo de capitales desarrollada por la organización>”.

En el caso del fiscal, continúa el auto, “ni siquiera menciona a estas personas en su escrito de acusación, pese a su relevantísima participación, no solo en las operativa de blanqueo, sino en todas las desarrolladas por la organización criminal. Su actuación protagónica en este ámbito blanqueador, pese a todo, queda fuera del ámbito de la acusación y, como se ha indicado ya en varias ocasiones, tampoco en este caso, obligado por esta circunstancia, es posible abrir el juicio oral en relación con estas personas por este delito”.

El juez señala igualmente en otras de las piezas separadas la falta de acusación de la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

 

Lavado de dinero

 

Una estructura para conseguir contratos públicos de manera irregular

El titular del Juzgado Central de Instrucción 5 explica a lo largo de los autos que la dirección de Fitonovo S.L. creó una infraestructura, tanto operativa como contable, destinada a obtener contratos públicos irregulares, habilitando la estructura comercial de la empresa para conformar una red de contactos con funcionarios corruptos que les facilitaban dicha contratación, y creando una contabilidad paralela que se nutría de facturación falsa para, entre otros fines, financiar el pago de sobornos a funcionarios públicos.

la prolongación en el tiempo de las prácticas de corrupción (desde 1995 hasta 2013), el amplio ámbito territorial afectado y la multitud de administraciones y funcionarios implicados, prosigue el magistrado “llevan a concluir que las prácticas delictivas vinculadas a la obtención fraudulenta de contratos, tanto administrativos como privados, eran un elemento nuclear de la actividad de la empresa, hasta tal punto que ésta puede entenderse como un velo societario de dicha actividad criminal”.

Continúa relatando que la entrega de comisiones se ha prolongado durante al menos quince años, afectando a múltiples Administraciones tanto estatales, como autonómicas y locales, e involucrando a un elevado número de funcionarios y autoridades. De hecho, apunta, “esta organización criminal desarrolló su actividad a través de semejantes prácticas corruptas al menos desde el año 1995, y por un amplio ámbito geográfico: Sevilla, Córdoba, Jaén, Cádiz, Huelva, Algeciras, Zaragoza, Valencia, Barcelona, Extremadura y Canarias”.

“Así, crearon una trama societaria que, en paralelo a una actividad comercial legal, se ocupaba de acaparar contratos públicos usando medios ilícitos, causando grave daño al interés público, por cuanto pervirtieron numerosos procedimientos de contratación en detrimento de las arcas públicas y del interés público en una adecuada prestación de los servicios, además de un grave daño al orden socioeconómico, al perjudicar a las sociedades que de forma legal pretenden participar en la contratación pública, pero que no tienen posibilidad de resultar adjudicatarias al estar en franca desventaja por las prácticas corruptas de la trama”, subraya De la Mata.

En añadido, prosigue el instructor, la dirección de la trama criminal creó otras empresas  ya como sociedades patrimoniales donde residenciar sus ganancias, ya como sociedades pretendidamente comerciales, pero que se empleaban para articular concurrencias ficticias en procedimientos públicos de contratación o para adjudicaciones públicas cuando no era deseable que apareciera como tal la sociedad FITONOVO.

Dentro de esta operativa y dado que el pago de comisiones a funcionarios como compensación de las conductas anteriores no podía justificarse de forma lícita, dice el juez, el mecanismo establecido para el pago de los sobornos constituía otro importante engranaje de la organización criminal. Para ello, la empresa FITONOVO SL tenía constituida una caja B que se nutría de facturación falsa con un gran número de empresas suministradoras o proveedoras de aquella, operaciones que se registraban en la contabilidad oficial aparentando compras de suministros o de servicios.

PSOE e IU, partícipes a título lucrativo en la pieza “Ayuntamiento de Sevilla”

En la pieza separada denominada “Ayuntamiento de Sevilla”, el instructor de la Audiencia Nacional atribuye la condición de partícipe a título lucrativo al PSOE y a IU ya que ambas formaciones políticas, con las maniobras de los imputados “consiguieron que distintas empresas asumieran el pago del coste de bienes y servicios de los que se beneficiaron (PSOE) o percibieron directamente distintas cantidades (ambas organizaciones)”. De este modo, indica, el PSOE resultó beneficiado en un importe de 159.839,36 euros e IU por 155.000 euros.

Explica el auto que tres de los investigados, “recibieron un total de 155.000 euros de Fitonovo S.L., para Izquierda Unida, a cambio de las adjudicaciones que los dos primeros les procuraron, significativamente en relación con los expedientes relativos a los 11 campos de fútbol (por más de seis millones de pesetas), en su condición de primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla y portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Sevilla y concejal delegado de Juventud y Deportes y Casco Antiguo”.


Canal Compliance15 noviembre, 2018
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La cita está organizada por el grupo e-coordina. En ella se expondrá cómo las soluciones digitales solventan algunas de las inminentes necesidades de las empresas. Compliance, Prevención, formación, comunicación corporativa, o el desarrollo de competencias, entre otros.

El próximo 28 de noviembre tendrá lugar en Madrid una jornada sobre Recursos Humanos y Cultura Digital. Contará con experiencias de primer orden de proyectos reales que cubren necesidades de RRHH por medio de la implantación de soluciones digitales.

 

La jornada.

La jornada, cuya asistencia será gratuita, abordará cómo los contenidos digitales pueden ofrecer soluciones a algunas de las inminentes necesidades de las empresas. También contará con la exposición de casos prácticos. Es el de Álvaro Arrizabalaga, Responsable en Unidad de Cumplimiento en Lantegi Batuak. Los asistentes podrán conocer el case study compliance de la organización .

Las organizaciones con personas y procesos ágiles para el aprendizaje

serán las que innovarán, se adaptarán al cambio y progresarán.

 

Durante la jornada se ofrecerán las claves para afrontar la formación corporativa en la era digital. Aitor Jaio, responsable del área de Gestión Digital del conocimiento del grupo e-coordina, informará sobre la adaptación al nuevo perfil digital de las personas. De las nuevas necesidades formativas y soluciones como la adaptación por medio del proyecto plataforma e-coordina, Digital Knowledge.

INSCRIPCIONES Y PROGRAMA AQUÍ

 

Compliance y el papel de la formación digital.

El consultor compliance, Ángel José Aparicio, hablará a los asistentes de las soluciones digitales necesarias para la implantación de eficaces sistemas compliance.

Se trata de una cita en al que se mostrarán ejemplos aplicados en proyectos reales. Como cubrir necesidades de RRHH mediante soluciones digitales alineadas con los nuevos hábitos de las personas.

La cita tendrá lugar en el IBERCENTER, Centro de Negocios, en la Plaza Carlos Trías Bertrán, Nº 4 de Madrid.

Los asistentes podrán participar e intervenir en un evento que se diseña para un aforo limitado cuya inscripción es gratuita. Las personas interesadas pueden solicitar su inscripción por medio del siguiente enlace.

 

 INSCRIPCIONES

 

 

Imagen necesidades soluciones proyectos


Francisco BonattiFrancisco Bonatti5 noviembre, 2018
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Francisco Bonatti Bonet. Socio y director de Bonatti Penal & Compliance. Miembro de la junta directiva de ASCOM. Abogado penalista desde hace más de veinticinco años. Especializado en Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo.

 

Teclado de ordenador con tecla "whistleblower"

 

Escuché no hace mucho en un evento compliance que en este país “se habla mucho de Compliance y que ya va siendo hora de que se haga compliance”. Particularmente, en CC, estamos de acuerdo en que se hable mucho de compliance. ¿Cree usted que se actúa ya lo suficiente. La judicatura, el empresariado, las organizaciones…?

Imagino que quien ha hecho este comentario hacía referencia al sector PYME. Dado que es entre los profesionales que se dedican a este perfil de organizaciones donde escucho más frecuentemente afirmaciones de este tipo. Probablemente sería mejor reformular dicha frase tal y como os voy a proponer al final de mi respuesta.

Compliance es un término que hace referencia a la gestión de las organizaciones conforme a las obligaciones que le vienen impuestas (requisitos regulatorios) o que se ha autoimpuesto (éticas). Es obvio que, en general, las organizaciones (incluso las más pequeñas) tienden espontáneamente a establecer mecanismos para cumplir con sus compromisos y obligaciones. Así que podemos concluir que -de forma más o menos difusa- el compliance es común en todas ellas desde hace mucho tiempo.

Avanzando en el S XXI, y con la expansión internacional de fenómenos como la autorregulación regulada, las organizaciones se ven obligadas a afrontar sus deberes de cumplimiento de una manera diferente. Así ya no vale solo intentar cumplir. Deben asegurarse que se cumple y deben generar evidencias de sus esfuerzos por cumplir y hacer cumplir a sus miembros, bajo la amenaza de sanciones si no son capaces de ello. Esta exigencia de sistemas más eficaces impone la creación de funciones específicas y metodologías de compliance. En España esa necesidad eclosiona en el año 2010 con la reforma del Código Penal y la introducción de la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas.

Debemos tener muy en cuenta que la reforma del Código Penal en España coincide en el tiempo con una importante crisis económica. Ésta no sólo impacta mayoritariamente en pequeñas y medianas empresas, sino también en el sector legal que les da asistencia jurídica y soporte. De modo que empezamos a vivir un fenómeno de efervescencia por el compliance entre abogados y consultores, que ven en los Modelos de Prevención de Delitos una nueva vía de ingresos profesionales que ayude a mitigar los efectos de la crisis en sus cuentas de resultados.

 

El entusiasmo con que el sector legal ha recibido el compliance penal no se ha visto correspondido por una gran mayoría de pequeñas y medianas empresas…

 

El entusiasmo con que el sector legal ha recibido el compliance penal no se ha visto correspondido por una gran mayoría de pequeñas y medianas empresas. Éstas se resisten a “comprar” remedios para una obligación legal que no perciben como tan necesaria, especialmente en momentos de recortes y ajustes. A este empresariado, un mensaje excesivamente agresivo y basado en el miedo a la sanción penal le produce rechazo. Es en esta franja de organizaciones donde observo desde hace unos años un dialogo disfuncional entre quienes insisten en la necesidad del compliance por imperativo legal y quienes resisten a implementarlo.

Esta disfunción se agrava cuando empiezan a aparecer en el mercado supuestos implementadores que no están dotados de los conocimientos y experiencia adecuados para la labor y que mayoritariamente recurren a modelos “copy and paste” que carecen de valor o eficacia.  Hablamos de “profesionales” que reproducen esquemas de venta que ya vivimos hace años con la ley de protección de datos o la prevención del blanqueo de capitales. Este tipo de profesionales han generado mucho ruido en el sector, en muchas ocasiones explotando la redes sociales para publicar fritos y refritos de contenidos con poco rigor y menor calidad, resultando muy nocivos para la percepción que están teniendo las organizaciones a quienes se dirigen.

 

Las pequeñas y medianas empresas, mayoritarias en nuestro tejido empresarial, necesitan mensajes claros y constructivos que les ayuden a comprender que el compliance no es tan solo una necesidad legal…

 

Las pequeñas y medianas empresas, mayoritarias en nuestro tejido empresarial, necesitan mensajes claros y constructivos que les ayuden a comprender que el compliance no es tan solo una necesidad legal, sino que -por encima de todo- es una apuesta estratégica para demostrar en los mercados que nuestra empresa es sostenible y merece confianza.

El pequeño empresario debe profundizar en el compliance por convencimiento propio, y necesita hacerlo de la mano de asesores especializados que verdaderamente sean capaces de adaptar las exigencias del compliance a las operaciones de estructuras empresariales muy pequeñas, lo que no deja de tener su dificultad y no se puede hacer a base de copiar plantillas o modelos de una organización a otra.

 

El compliance en la PYME es un cambio cultural, y como todos los cambios de este tipo necesita del paciente esfuerzo divulgador de medios de comunicación especializados que sepan transmitir el mensaje adecuadamente…

 

El compliance en la PYME es un cambio cultural, y como todos los cambios de este tipo necesita del paciente esfuerzo divulgador de medios de comunicación especializados que sepan transmitir el mensaje adecuadamente, y también necesita de la acción de organizaciones independientes, rigurosas y responsables, que ofrezcan a la sociedad un mensaje centrado exclusivamente en el fomento y mejora de la función de compliance y la promoción y protección de sus profesionales. Por esa razón, desde hace dos años el Grupo de trabajo sobre PYME de ASCOM viene haciendo una intensa labor de reflexión al respecto, cuyos primeros frutos vamos a presentar el próximo 21 de noviembre en el Dia del Compliance Officer al que, obviamente, Canal Compliance está invitado.

 

si bien se habla mucho de compliance y ya va siendo hora que se hable correctamente, para que las empresas se animen a profundizar en el compliance por convencimiento y no por temor”

Una vez dicho esto, yo reformularía la frase y diría que “si bien se habla mucho de compliance y ya va siendo hora que se hable correctamente, para que las empresas se animen a profundizar en el compliance por convencimiento y no por temor”.

 

 

Siendo prácticos. ¿Les sale rentable a las empresas y organizaciones la implementación y certificación de sistemas compliance?

Estoy firmemente convencido que sí. La implementación de un Sistema de Gestión de Compliance supone una decidida apuesta por una mejora de la cultura empresarial que, en coherencia, no puede delimitarse a “no delinquir”, sino que acaba impactando en las relaciones internas y externas de la organización y en la transparencia y sostenibilidad de la misma. La decisión de acometer el proceso de certificación produce dos efectos importantes: supone un reto que compromete a todos los niveles de la organización, convirtiéndose en una oportunidad de mejora, y a la vez comporta una reconocimiento público, explicito e inequívoco de la salud y compromiso de la organización con sus obligaciones.

A día de hoy, la certificación todavía suma, pero dentro de no mucho, la ausencia de certificación de compliance en una organización le restará.

Para finalizar, he escuchado mucho teorizar sobre el futuro del Compliance en este país. Casi todos coinciden en que hemos llegado tarde, pero ¿Cómo va a evolucionar, como está evolucionando?

Las organizaciones deben asimilar que necesitan implementar sistemas de compliance porque, en caso contrario su supervivencia se verá muy comprometida en el medio plazo. El compliance, es un cambio cultural irreversible y en crecimiento. Eso no quiere decir que todos los sectores empresariales vayan a responder de la misma manera, y muy probablemente veremos grandes resistencias al compliance, especialmente entre las PYME por las razones que ya he expuesto.

Por otra parte, es muy importante que el legislador y los reguladores hagan un esfuerzo por dotar a este cambio de un marco normativo y regulatorio claro, donde la proporcionalidad, el enfoque basado en el riesgo y la seguridad razonable faciliten la adaptación del compliance en las organizaciones.

 

Es imprescindible dotar de seguridad jurídica a los responsables de compliance y adaptar los modelos y regulaciones a los retos que afrontan las PYME y las microempresas…

 

Es imprescindible dotar de seguridad jurídica a los responsables de compliance y adaptar los modelos y regulaciones a los retos que afrontan las PYME y las microempresas, no solo en el ámbito penal, también en otros bloques normativos como LOPD, PBC-FT, competencia o consumidores. En este capítulo, creo urgente una reforma del proceso penal que permita una aplicación de la responsabilidad penal de la persona jurídica acorde con los postulados que observamos en el derecho comparado. Nuestro proceso penal presenta unas rigideces que son contrarias al espíritu de esta reforma.

Finalmente, creo que a medida que avancemos el la cultura del compliance, el foco protagonista se desplazará del compliance penal hacia otras cuestiones que en el día a día son mucho mas frecuentes y tienen mayor impacto, por ejemplo, la importancia que tiene el compliance como herramienta del Buen Gobierno de las organizaciones. Esta es una cuestión que – para mí – es clave y hablaremos mucho de ella en el futuro, especialmente cuando la responsabilidad de los gestores de las organizaciones se vaya pasando por el tamiz de la reforma de la Ley de Sociedades de capital de 2014. Pero, como decía Kipling, esa es ya otra historia…


Canal Compliance19 octubre, 2018
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“Las personas jurídicas no tienen piernas, no pueden huir. No tienen ojos, luego no han visto nada del delito. No tienen huesos, entonces no pueden dar con ellos en la cárcel…”

El magistrado del Tribunal Supremo Antonio del Moral, ponente en la primera mesa del I Congreso sobre Defensa Penal de las personas Jurídicas, organizado por la World compliance Association centró su intervención en la inviolabilidad domiciliaria.

En el I Congreso sobre Defensa Penal se abordaban las garantías procesales de las personas jurídicas y la tutela de sus derechos constitucionales.

 

Antonio del Moral

 

Del Moral asegura tener una “visión simplista”. Pero es precisamente esta visión la que le permite mirar al Compliance – se refiere a él así, poniéndole nombre propio en sus alocuciones- con la perspectiva suficiente para ser una de las escasas personas que entiende con concreción el verdadero misterio de la imputabilidad, procesabilidad y hasta la condena de las Personas Jurídicas.

“Las personas jurídicas no tienen huesos, no pueden dar con sus huesos en la cárcel”. Un argumento simple que, aunque conocido por todos, al ser verbalizado por un magistrado del Tribunal Supremo consigue que apreciemos las dificultades a las que se enfrentan los profesionales del compliance y hasta los propios jueces.

Tratamiento procesal.

El fiscal de delitos económicos de A Coruña, Manuel Frago Amada, publicaba esta semana un artículo en su blog, (En ocasiones veo reos) en el que se detalla y vincula a un procedimiento de la Audiencia Provincial de Soria en el que el ponente es muy probable que confunda un plan PRL con con un plan Compliance. “Concede la labor de exención… ¡a los planes de prevención de riesgos laborales!”, detalla Frago Amada en su blog. Así que imaginen las dificultades de entender no sólo sobre el papel la dicotomía Persona Física Vs. Persona Jurídica.

El tratamiento procesal de las personas jurídicas a través de un modelo de persona física es el que se sigue. Y en sus salvedades radican las dificultades. Conocer las diferencias, faculta a los profesionales a un tratamiento óptimo de los casos y sus procesos. Y que estos no se conviertan en mera metáfora. Como la aludida por del Moral en su intervención y con una larguísima experiencia como fiscal.

“Las personas jurídicas no tienen piernas, no pueden huir. No tienen ojos, luego no han visto nada del delito. No tienen huesos, entonces no pueden dar con ellos en la cárcel…”


Canal Compliance3 octubre, 2018
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Los delitos que no revistan particular gravedad pueden justificar el acceso a los datos personales almacenados por proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas. Cuando dicho acceso no suponga una injerencia grave en la vida privada.

Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Fue en el marco de la investigación de un robo con violencia de una cartera y un teléfono móvil. La Policía Judicial española solicitó al Juzgado de Instrucción encargado del caso que le concediera acceso a los datos. Eran datos personales o de filiación de los usuarios de los números de teléfono activados desde el teléfono sustraído.

El juez instructor denegó la diligencia solicitada. En particular porque consideraba que los hechos que habían dado lugar a la investigación penal no constituían delito «grave». Es decir, con arreglo al derecho español. Los delitos sancionados con una pena de prisión superior a cinco años es el único tipo que permite justificar el acceso a los datos personales o de filiación.

 

Acceso a los datos privados

 

Ministerio Fiscal

El Ministerio Fiscal interpuso recurso de apelación contra dicha decisión ante la Audiencia Provincial de Tarragona.

La Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas establece que los estados miembros pueden limitar los derechos de los ciudadanos. Esto es cuando tal limitación constituya una medida necesaria, proporcionada y apropiada en una sociedad democrática. Será para proteger la seguridad nacional, la defensa y la seguridad pública, o garantizar la prevención, investigación, descubrimiento y persecución de delitos o la utilización no autorizada del sistema de comunicaciones electrónicas.

La Audiencia Provincial de Tarragona expone que, con posterioridad a la adopción de la decisión del juez instructor, el legislador español introdujo dos criterios alternativos para determinar el nivel de gravedad de un delito respecto del cual se autoriza la conservación y la cesión de los datos personales.

El primero es un criterio material. Vinculado a delitos específicos y graves. Especialmente lesivos para los intereses jurídicos individuales y colectivos. El segundo es un criterio normativo-formal que establece un umbral mínimo de tres años de prisión. Umbral que abarca la gran mayoría de los delitos.

 

Un hombre mira su teléfono

 

Tribunal español

Además, el tribunal español observa que el interés del Estado en castigar las conductas infractoras no puede justificar injerencias desproporcionadas en los derechos fundamentales consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Por tanto, la Audiencia Provincial de Tarragona pregunta al Tribunal de Justicia acerca de la fijación del umbral de gravedad de los delitos. Esto es para conocer a partir del cual puede justificarse una injerencia en los derechos fundamentales, como el mencionado.

Mediante su sentencia el TJUE recuerda que el acceso en el marco de un procedimiento de instrucción penal está incluido en el ámbito de aplicación de la Directiva. Además, el acceso a los datos que permiten identificar a los titulares de las tarjetas SIM activadas con un teléfono móvil sustraído, como los nombres, los apellidos y, en su caso, las direcciones de dichos titulares, constituye una injerencia en los derechos fundamentales de éstos, consagrados en la Carta. No obstante, el Tribunal de Justicia declara que esta injerencia no presenta una gravedad tal que, en el ámbito de la prevención, investigación, descubrimiento y persecución de delitos, dicho acceso debe limitarse a la lucha contra la delincuencia grave.

TJUE

El Tribunal de Justicia señala que el acceso de las autoridades públicas a datos almacenados por los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas constituye una injerencia en los derechos fundamentales al respeto de la vida privada y a la protección de datos.

La Directiva europea enumera objetivos que pueden justificar una norma nacional que regule el acceso de las autoridades públicas a estos datos. Y establezca de ese modo una excepción al principio de confidencialidad de las comunicaciones electrónicas.

 

Simbología datos personales electrónicos

 

 

Esta enumeración tiene carácter exhaustivo. Por lo que dicho acceso ha de responder efectiva y estrictamente a uno de esos objetivos. El Tribunal de Justicia observa a este respecto que el tenor de la Directiva no limita el objetivo de la prevención, investigación, descubrimiento y persecución de delitos a la lucha contra los delitos graves, sino que se refiere a los «delitos» en general.

En su sentencia el Tribunal de Justicia declaró que únicamente la lucha contra la criminalidad grave puede justificar el acceso de las autoridades públicas a datos almacenados por los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas.

No obstante, esa interpretación estaba motivada por el hecho de que el objetivo perseguido por una norma que regula ese acceso debe guardar relación con la gravedad de la injerencia en los derechos fundamentales en cuestión que suponga dicha operación.

En cambio, cuando la injerencia no es grave, dicho acceso puede estar justificado por el objetivo de prevenir, investigar, descubrir y perseguir «delitos» en general.

El TJUE considera que el acceso a los datos no puede calificarse de injerencia «grave» en los derechos de los individuos. Dichos datos no permiten extraer conclusiones precisas sobre su vida privada. El Tribunal de Justicia deduce de ello que la injerencia que supone el acceso a esos datos puede estar justificada. Esto es por el objetivo de prevenir, investigar, descubrir y perseguir «delitos» en general. Sin que sea necesario que dichos delitos sean calificados de «graves».


Canal Compliance1 octubre, 2018
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World compliance Association y Fundación lealtad trabajarán conjuntamente para visibilizar la labor del compliance en el Tercer Sector.
Sello ONG acreditada

 

La directora general de la Fundación Lealtad, Ana Benavides, y el presidente de la World Compliance Association, Iván Martínez López, firmaron el pasado 25 de septiembre un acuerdo de colaboración. El objetivo principal es el de impulsar y visibilizar la labor del compliance en el Tercer Sector. También promover la importancia de contar con procedimientos internos adaptados a estas organizaciones que permitan avanzar en una gestión transparente.

Este acuerdo supone la incorporación de la Fundación Lealtad como miembro honorífico de la World Compliance Association. De este modo, ambas organizaciones colaborarán para promover encuentros y actividades para entidades del Tercer Sector. Así como grupos de trabajo específicos que impulsen la puesta en marcha de procedimientos que permitan la mejora en la gestión interna de las ONG. De esta manera se puede cumplir con las exigencias de la sociedad hacia estas organizaciones.

TERCER SECTOR.

Dentro del Tercer Sector, es cada vez más importante establecer nuevos canales y procedimientos para promover la transparencia. También las buenas prácticas en la gestión. En este sentido, “la Fundación Lealtad lleva trabajando desde 2001 con el convencimiento de que el trabajo de las ONG debe basarse en una gestión transparente de sus recursos. Y que el establecimiento de los procedimientos adecuados contribuirá a mitigar los riesgos y fomentar la confianza de la sociedad en las ONG para lograr un incremento de las donaciones y de cualquier otro tipo de colaboración”, indica la directora general de la Fundación Lealtad.

Dentro de este acuerdo, la World Compliance Association “va a poner a disposición de la Fundación Lealtad y de todas las ONG vinculadas diferentes herramientas para impulsar el compliance y las buenas prácticas en la gestión de las organizaciones. Tal y como anunció el presidente de la World Compliance Association.

Acerca de la Fundación Lealtad.

La Fundación Lealtad es una institución sin ánimo de lucro que tiene como misión fomentar la confianza de la sociedad en las ONG para lograr un incremento de las donaciones, así como de cualquier otro tipo de colaboración. Fue la primera entidad en desarrollar una metodología de análisis de la transparencia y las buenas prácticas de gestión de las ONG españolas en 2001. Su servicio de información pública es un referente para los donantes y su experiencia ha inspirado otras iniciativas en España y en Latinoamérica para impulsar la transparencia de las ONG. La Fundación Lealtad es el miembro español de ICFO (International Committee on Fundraising Organizations).
Más información en la web de Fundación Lealtad


Canal Compliance31 julio, 2018
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El juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha acordado ampliar la investigación en la causa del llamado ‘3 por ciento’. Atribuye la condición de personas jurídicas investigadas a Convergencia Democrática de Catalunya (CDC) y al PdeCat. PAra el juez la segunda es una mera continuadora de la primera.

 

Camuflado?

 

El juez acuerda ampliar la investigación en el caso ‘3 por ciento’ a Convergencia Democrática de Catalunya y al PdeCat por tráfico de influencias, cohecho y blanqueo
El magistrado explica que en esta causa se investiga a altos cargos de CDC quienes, en relación con otros cargos públicos y funcionarios de distintas Administraciones e instituciones públicas de Cataluña, pusieron en marcha una estructura para financiar ilegalmente el partido político

Comunicación Poder Judicial.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha acordado ampliar la investigación en la causa del llamado ‘3 por ciento’ atribuyendo la condición de personas jurídicas investigadas por delitos de tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales a Convergencia Democrática de Catalunya (CDC) y al PdeCat en cuanto que es un mero continuador de la anterior. El magistrado emplaza a estas sociedades mercantiles para que designen abogado y procurador.

En un auto, el magistrado explica que en esta causa se investiga a altos cargos del partido político CDC quienes, en relación con otros cargos públicos y funcionarios de distintas Administraciones e instituciones públicas de Cataluña, pusieron en marcha una estructura para financiar ilegalmente el partido político, en forma encubierta mediante “donaciones” a Fundaciones ligadas a dicha formación (CATDEM y FORUM BARCELONA), “en connivencia con empresarios y otros cargos de índole política, alterando todo tipo de concursos públicos, con la finalidad de “dirigir” los mismos hacia empresas que, a su vez, colaboraban con “donaciones” al partido.

Los pagos, indica De la Mata, se obtenían por las Fundaciones y, por ende, por el partido político CDC, en ocasiones como contraprestación por la adjudicación de contratos de obra pública o de servicios, con “vulneración de los principios de legalidad, igualdad y transparencia y, en otras simplemente para conseguir mejorar las expectativas de ser beneficiarios de tales contratos”.

El monto total de licitaciones comprometidas asciende por el momento a 218.759.664,19 euros; el importe de las adjudicaciones definitivas asciende a 168.706.262,00 euros, a los que hay que añadir los modificados de proyectos (1.777.626,84 euros) y las prórrogas (4.539.755,37 euros), es decir, aproximadamente 175.000.000 euros; las “donaciones” irregulares ligadas a estas adjudicaciones ascienden a más de 1.000.000 euros.

 

Cara de persona con pinturas de camufalje

 

CDC carecía de sistema de control interno de sus fuentes de financiación.

El auto del juez argumenta que CDC no disponía de un sistema o incluso un mero protocolo de control interno que garantizara la adecuada intervención y contabilización de todos los actos y documentos de los que se derivaran derechos y obligaciones de contenido económico que pudiera ser sometido a verificación e informe. Así se refleja, añade, incluso en los propios informes de auditoría interna del Partido, circunstancia que en los informes del Tribunal de Cuentas aparece como incumplimiento.

Señala el instructor que tanto los órganos como el personal con responsabilidad directiva en CDC estaban en conocimiento de las irregularidades advertidas en relación con la operativa de financiación que se investiga en esta causa y, por tanto, concluye que esta formación política “carecía de normativa de control interna, y conocía, al menos a través de los informes emitidos por el Tribunal de Cuentas, las irregularidades que pudieran derivarse de los pagos a través de los cuales sus Fundaciones vinculadas, derivan a favor del partido buena parte de las aportaciones económicas que reciben en concepto de donación”.

Un sistema de financiación normalizado y mantenido en el tiempo.

La operativa investigada, según el juez, ha estado sostenida en el tiempo de carácter sistémica y permanece inalterable, con independencia de los relevos que se puedan producir en las personas integrantes de dichas estructuras. Como prueba de ello, señala que los cambios en la estructura del partido no supusieron en ningún caso un cese en la comisión de los hechos investigados, suponiendo únicamente una modificación en la identidad de las personas partícipes en los mismos.

El juez afirma que pese a ser conocedores de esta operativa de financiación Ilícita, en las que se utilizaba a las fundaciones vinculadas al partido como “sociedades Interpuestas” a través de las cuales, empresas adjudicatarias de contratos públicos hacían llegar al partido comisiones, que simulan corresponderse con donaciones, los órganos y cargos con responsabilidad en el partido, no habrían emprendido ninguna Iniciativa para impedir una actividad delictiva que se mantiene, al menos, durante 11 años.

PdeCat, mero continuador de CDC

En su resolución, el titular del Juzgado Central Cinco se remonta al mes de julio de 2016 cuando desde CDC se toma la decisión de cesar en su actividad e impulsar la fundación de un nuevo partido político, el PDeCat. Sin embargo, de la Mata concluye que la creación de este partido se corresponde con “la mera transformación o cambio de apariencia de una misma realidad, con la finalidad de desconectarse de las responsabilidades en las que pudiera haber incurrido la formación política precedente (CDC)”.

“La conclusión alcanzada –dice el juez- es que la supuesta disolución como “actor político” de CDC y la creación del PDECAT como nuevo partido político, pudiera definirse como meramente aparente, al conservarse en el nuevo partido una identidad sustancial con la estructura, funcionamiento y recursos humanos y materiales, con los que contaba el anterior partido y que, en muchos casos, son titularidad de CDC”. Estos indicios, agrega, parecen “corresponderse con el hecho de que, a los limitados efectos que ahora interesan, la creación del PDECAT se podría identificar con una mera transformación o incluso con un simple cambio de apariencia, del partido que impulsa su creación, CDC, para eludir las responsabilidades penales en que hubiera podido incurrir”.

Por todo ello, el juez acuerda que procede ampliar la presente investigación atribuyendo la condición de personas investigadas a CDC y PdeCat.


Canal Compliance3 julio, 2018
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TotalNews. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha puesto en marcha a primera hora de la mañana de este martes la Operación Enredadera.

 

Luz Roja de semáforo

 

La operación investiga una amplia trama de corrupción en la contratación de sistemas de control de tráfico. Como semáforos y videocamámaras, que afecta a decenas de municipios de toda España.

Supuestamente los ayuntamientos realizaban contrataciones irregulares de ese tipo de materiales y servicios. En ellas los policías locales hacían de intermediarios entre las empresas y los consistorios, y se cobraban comisiones.

44 ayuntamientos y 2 mancomunidades.

Están siendo investigados un total de 44 ayuntamientos y dos mancomunidades. Están previstos 92 registros en 25 ayuntamientos, 30 despachos profesionales, 25 domicilios y 12 empresas. Además se van a practicar 44 detenciones, la mayoría alcaldes, jefes de policías locales y empresarios, y están previstas más de 70 citaciones, según fuentes policiales. Una de las empresas implicadas en el caso es Gespol, proveedora de un software para policías locales, con sede en Barcelona y filial de la constructora Sacyr. Y uno de los principales detenidos, y “cabecilla de la trama”, es el constructor José Luis Uribarri, salpicado también por la trama Gürtell.

El operativo, en el que participan 580 policías, arranca en julio de 2016 en el Ayuntamiento de Montgat (Barcelona), donde la Policía Nacional investigaba el supuesto amaño de contratos municipales para la instalación de radares de control del tráfico. La investigación posterior, dirigida por el Juzgado de Instrucción 2 de Badalona y la Fiscalía Anticorrupción, ha extendido las pesquisas a toda España, encontrando también contratos de obra pública como “aparcamiento o pistas con diferentes usos”, señalan fuentes de la investigación.

Operación Nacional

Sólo en Madrid se investigan los ayuntamientos de Alcobendas, Fuenlabrada, Majadahonda, Arroyomolinos, Pinto, Villanueva de la Cañada, Guadarrama. También Hoyo de Manzanares, Parla, Torrelodones, Manzanares el Real, Aldea del Fresno, Brunete, Galapagar, Valdemorillo y El Escorial. En Castilla la Mancha, Illescas. Pero se investigan también sedes consistoriales de Asturias, Castilla y León (Astorga y San Andrés de Rabanedo); y otros municipios de las provincias de Barcelona (Mollet de Valles y de Tiana). A Coruña, Málaga, Zaragoza, León, Asturias (Oviedo), Palencia y Lleida.

 

Entre los consistorios investigados hay mayoría del Partido Popular, aunque también de alcaldías dirigidas por otros partidos. Los detenidos están acusados de los delitos de prevaricación. Tambien malversación, falsificación, cohecho, delitos contra la administración e integración en organización criminal, según fuentes judiciales.


Canal Compliance5 abril, 2018
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En mayo de 2018 entrará en vigor el Reglamento (UE) 2016/679 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales.

Los datos personales, perfiles que pueden revelar indicios de afiliación socio-política , y determinadas pautas de conducta, fueron utilizados en la campaña que elevó a Donald Trump la presidencia de Estados Unidos y durante la consulta del Brexit. Los datos procedían de Facebook.

No fueron los datos de 50 millones, si no de 90 millones de personas los que se han filtrado.  Datos que los usuarios, confiados, depositaron en Facebook  y que la empresa británica, la consultora Cambridge Analytica obtuvo por medio de una aplicación. “La pequeña firma, liderada por el elegante y peligroso Alexander Nix, está especializada en recoger datos online y crear con ellos perfiles de los votantes. Fichas que sirven de diana a la publicidad electoral. “Si conoces la personalidad del elector, puedes ajustar mucho más tus mensajes y multiplicar el impacto”, ha señalado Nix. La prioridad, bajo esta premisa, no radica ya en la edad, sexo o raza del votante, sino en las tendencias emocionales. Conociéndolas, se puede influir en ellas. Esa es la mercancía que vende Cambridge Analytica”. Según lo publicado por El Pais .

El propio Mark Zuckerberg reconoció en una comparecencia pública que los datos filtrados alcanzaron a 90 millones de personas. En esta misma comparecencia dijo sentirse capacitado para seguir dirigiendo Facebook. Es el dueño. Faltaría más. El CEO de Facebook entonó el mea culpa y reconoció no haber hecho lo necesario para proteger a sus usuarios. Ahora ha aceptado comparecer ante el congreso de los EEUU el próximo 11 de abril.

PROTECCIÓN DE DATOS Y COMPLIANCE

En mayo de 2018 entra en vigor el Reglamento europeo (UE) 2016/679 relativo a la protección y tratamiento de los datos de las personas físicas. La normativa se aplicará de forma directa en España. De esta manera la LOPD tendrá que asumir las diferencias con la nueva norma.

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Cumplir con la legalidad en materia de protección y tratamiento de datos es una de las grandes preocupaciones de las empresas

La regulación y el el tratamiento de los datos en la línea de la normativa europea se parece a otros sistemas  Compliance. Desde Europa no se pena la pasividad pero se “invita” a ser activos a implementar medidas.

De esta forma serán las propias empresas y organizaciones las que adopten las medidas adecuadas para minimizar riesgos. Medidas que el CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, reconoció no haber adoptado. A pesar de que la fuga de datos ha afectado a ciudadanos europeos.

Las organizaciones y empresas deberán, además, poder demostrar que se han adoptado estas medidas. Esto se recoge explícitamente en el articulado de la norma europea. La empresa tendrá que evaluar riesgos de las acciones que potencialmente puedan incumplir la norma. Y por tanto adoptar las medidas preventivas que minimicen éstos.

Estas y el resto de medidas que contempla la norma perfilan la figura de un “protector de datos”. Entonces sucede lo mismo que con la figura de un Compliance Officer.  Y así atendemos a lo dispuesto en el art.31 bis del código penal, en el que se atribuye al Compliance Officer las funciones de controlar y supervisar el cumplimiento normativo.

Todo apunta a que, en el caso de las grande empresas la figura del “protector de datos” (“data protector”),  estará inmersa en los departamentos Compliance. Ademas de integrada en todos los procesos y áreas que atañen a la protección de datos. Lo mismo que sucede con las diferentes áreas Compliance.


Canal Compliance19 marzo, 2018
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CUMPLEN. El evento de referencia en Compliance sorprende con su versión más práctica e internacional

Los días 15 y 16 de marzo se celebró, en el Casino de Madrid, el III Encuentro Cumplen. Evento de referencia para los profesionales del Compliance –Cumplimiento Normativo-. Por tercer año consecutivo ha organizado la asociación sin ánimo de lucro Cumplen –Asociación de Profesionales de Cumplimiento Normativo-. Este año, además, la asociación, que cuenta con más de 600 socios, ha apostado por desarrollar una versión aún más integradora e internacional de este evento, que se ha convertido en imprescindible para la disciplina, con la presencia de ponentes y firmas extranjeras invitadas.

A la convocatoria acudieron destacadas personalidades del mundo del Compliance y una nutrida representación institucional. El acto de apertura corrió a cargo de Antonio Garrigues, Presidente de Honor de Garrigues. También intervino Áurea Roldán, Subsecretaria de Justicia. Y Carlos A. Sáiz Peña, Socio de Ecix Group y Presidente de Cumplen, quien hizo especial hincapié en la importancia que ha adquirido el Compliance en la actualidad: “El Cumplimiento Normativo no es una cuestión abstracta, afecta a la sociedad, está en el día a día de los ciudadanos”, manifestó.

A través de una decena de mesas redondas, reguladores, empresarios y directores de Recursos Humanos, entre otros colectivos, se debatio en torno a multitud de aspectos relacionados con el Cumplimiento Normativo.

UNE 19601

Una de las ponencias más comentadas fue la relativa al intercambio de puntos de vista sobre la implementación y las primeras certificaciones de la UNE 19601. Con una mesa redonda en la que participaron, el Secretario del Comité de Cumplimiento Penal en Telefónica, Juan Fernández Tamames y la Chief Compliance Officer del Grupo MásMóvil, María de la Torre. Esta última  puntualizó que “los Consejos de Administración de las empresas han cambiado y han asumido su responsabilidad en la vigilancia interna y el liderazgo de la cultura y el flujo del Compliance”.

La ética en los negocios y la necesidad de potenciar y transmitir una cultura de Cumplimiento Normativo dentro de las organizaciones ha estado presente durante todo el encuentro ya que, de lo contrario, y en palabras del catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Rey Juan Carlos, Luis María Cazorla, “nos encontramos en riesgo de que las estructuras jurídicas, autorreguladas o impuestas, se vean agujereadas al no contar con recursos materiales ni personales”. La figura del Compliance Officer también ha sido epicentro de debate. A lo largo de varias ponencias se intercambiaron opiniones respecto a su posible responsabilidad penal. “Si el Compliance Officer pone en conocimiento del Consejo de Administración el delito descubierto dentro de la organización, en principio debería quedar libre de responsabilidad penal”, opinó a este respecto la fiscal en excedencia y Socia de Derecho Penal de Garrigues, Helena Prieto.

Por su parte, las distintas delegaciones territoriales de Cumplen han tenido su representación durante el encuentro. En concreto, los coordinadores de la asociación en Andalucía, Cataluña, Galicia y Murcia protagonizaron una mesa redonda en la que se dio cabida a la situación que vive la disciplina en los diferentes puntos de España.

CLAUSURA

Durante el acto de clausura, el Presidente de Cumplen agradeció a todos los asistentes su participación.  “Sirve de lugar de encuentro entre profesionales y ayuda a debatir y dar respuesta a los desafíos a los que se enfrenta nuestra disciplina, tan necesaria para la sociedad”, Defendió Saiz.

Desde la asociación ya se piensa en la próxima edición de este evento de referencia de la disciplina. En palabras del Responsable de Cumplimiento Normativo de Calidad Pascual y Vicepresidente de Cumplen, Eduardo Navarro: “Son muchas las ideas y debates que surgen tras estos dos intensos días y trataremos de profundizar en todas ellas durante el encuentro del año que viene”. A lo que el Secretario de Administración de Biosearch, David López, añade: “El listón está muy alto y, sin duda, el IV Encuentro Cumplen supone todo un reto que asumimos con ilusión, emocionados de habernos convertido en el evento sobre Cumplimiento Normativo de referencia”.

Y es que el Compliance ha venido para quedarse.



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