Canal Compliance5 junio, 2019
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Aquellas empresas que ya cuentan con un Plan de Prevención de Riesgos Penal implantado deberán proceder a su revisión y actualización, en su caso, a fin de adaptarlos a la regulación actual

El pasado 13 de marzo entró en vigor la Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero, para la transposición de diversas Directivas de la Unión Europea en los ámbitos financiero y de terrorismo y abordar cuestiones de índole internacional.

Como se explicará a continuación, esta Ley incluye novedades en el Código Penal, que afectan a la regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, lo que implica que aquellas empresas que ya cuentan con un Plan de Prevención de Riesgos Penal implantado deberán proceder a su revisión y actualización, en su caso, a fin de adaptarlos a la regulación actual.

A continuación, vamos a describir brevemente en qué consiste la modificación operada por la Ley 1/2019, destacando aquello que afecta a la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Novedades
  • Se ha modificado el importe que ha de ser objeto de defraudación a partir del cual estaríamos ante un delito contra la Hacienda Europea, situándose en 100.000€.
  • Por su parte, el delito de fraude de subvenciones de las Administraciones, incluidas las europeas, se cometerá si se obtienen ilícitamente ayudas o subvenciones por importe superior a 10.000 €, siendo castigados con una menor pena si el importe defraudado fuera inferior a 100.000 €.
  • Con la reforma se han establecido las conductas integrantes del delito de tráfico de órganos de forma más concreta, tratando la comisión del delito por grupos criminales.
  • En cuanto a los delitos relativos al Mercado, la Ley ha previsto la inclusión de tres artículos, en los que se contemplan tres nuevas conductas delictivas: a) la utilización de información privilegiada a la que se tenga acceso reservado para realizar operaciones o transacciones financieras; b) revelar información privilegiada fuera del normal ejercicio de su trabajo, profesión o funciones poniendo en peligro la integridad del Mercado y; c) Manipular el Mercado en cuanto a los índices de referencia e instrumentos financieros.
  • La nueva regulación incluye la comisión de cualquiera de las conductas que integran el delito de terrorismo como susceptible de acarrear la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Cohecho y malversación
  • Respecto de los delitos de cohecho y malversación de caudales públicos, se ha ampliado el concepto de funcionario público que puede cometer los mismos, destacando la consideración como tal de “cualquier persona a la que se haya asignado y que esté ejerciendo una función de servicio público que consista en la gestión, en los Estados miembros o en terceros países, de intereses financieros de la Unión Europea o en tomar decisiones sobre esos intereses.”
  • Se establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas que gestionen patrimonio público respecto del delito de malversación de caudales públicos.
  • El artículo 423 incluye a los jurados y a los árbitros nacionales o internacionales, así como a mediadores, peritos, administradores o interventores designados judicialmente, administradores concursales o a cualesquiera personas que participen en el ejercicio de la función pública, como posibles autores del delito de cohecho.

Isabel Serrano

Abogada en Carrau Corporación


Eduardo NavarroEduardo Navarro23 enero, 2019
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Entramos en 2019 con el firme convencimiento que será un año en el que las áreas de Cumplimiento Corporativo de las sociedades saldrán muy reforzadas internamente en cada compañía y obtendrán, en general, un mayor reconocimiento. 

 

Cada vez son menos los empresarios que desconocen el término. Si echamos la vista atrás, la gran mayoría de las empresas que decidieron implementar departamentos de compliance lo hicieron tras los últimos borradores de la reforma del Código Penal. Hace ahora cinco años. Un periodo en el que los ciudadanos hemos demandado cada vez mejores prácticas por parte de empresas y empresarios. Judicialmente se han multiplicado las investigaciones a personas jurídicas y aumentado las sentencias sobre las mismas por denuncias que habían comenzado con la reforma de 2010. Han proliferado las noticias al respecto. Se han incrementado las ofertas de trabajo y los programas formativos para especializarse en cumplimiento normativo. Han evolucionado las asociaciones profesionales, etcétera.

 

Cada vez son menos los empresarios que desconocen el término

 

En estos años, las empresas que ya disponían de un departamento específico de compliance, o decidieron implantarlo en ese momento, han madurado. Su cometido se ha hecho un hueco privilegiado en las organizaciones. Otorgan una seguridad jurídica razonable, en la toma de decisiones a la Dirección. Y dotan de una mayor integridad a la empresa. Lo que perciben sus empleados, clientes, proveedores y, por supuesto, sus accionistas, inversores y propietarios.

 

 

El comportamiento íntegro como negocio.

En el seno de muchas de estas empresas, probablemente la implementación del compliance ha producido roces que finalizaron en sinergias. Sus  competencias se han incrementado e internacionalizado y han aumentado sus recursos. Su función parece estar destinada a ser el aceite que engrasa la maquinaria empresarial. Coordinando las segundas líneas de defensa;  protegiendo el valor de la empresa, junto con Auditoría. Con estrecha relación con el negocio y facilitando su día a día mediante la priorización de riesgos y el asesoramiento específico. Demostrando, en definitiva, que sí se puede hacer negocio con un comportamiento íntegro en el mercado. Y  el negocio, sin duda, será más sostenible a medio y largo plazo. 

 

 

Sí se puede hacer negocio con un comportamiento íntegro en el mercado y que el negocio, sin duda, será más sostenible a medio y largo plazo. 

 

 

Evolución.

Los sistemas de gestión certificables ya incluyen el compliance y temas más específicos como la prevención de la corrupción o el denominado Tax Compliance. Aunque no dejan de ser voluntarios, demuestran ser muy eficientes. Sirven para organizar procesos internos y ayudar a las organizaciones a posicionarse en el mercado. 

La recientemente aprobada legislación sobre reporte de la información no financiera ha supuesto un importante empujón. Según recoge, las empresas que cumplan unas características concretas deberán entregar, junto a su auditoría de cuentas, un reporte con la información no financiera. Además, deberá ser verificado.

Esto supone dos grandes avances:

  • Obliga definitivamente, por imperativo legal, a muchas empresas que aún podían pensar que esto no era necesario; y al ser verificado, tendrá que disponer de hechos concretos y trazables para ser demostrados.
  • Los comportamientos empresariales serán juzgados desde más puntos de vista por profesionales cada vez más rigurosos.

 

Por todo lo expuesto, me atrevo a constatar que el compliance abandona la infancia y está en rumbo a una etapa de madurez.

 

En un futuro inmediato ganarán peso el compliance laboral. Éste luchará por la existencia de políticas laborales y buen clima e igualdad salarial. El compliance medioambiental, que mirará por la medición y disminución de impactos sobre el entorno. También el compliance social. 

El compliance Penal se verá reforzado, entre otras cosas, con nuevas políticas y medidas de lucha contra la corrupción y con la implementación de canales de denuncia abiertos para todos los grupos de interés.

 

Empleando un cono de carretera como megáfono ¿Para denunciar?

 Eficiencia.

La eficiencia con la que realicen su labor los profesionales del compliance es un factor clave de aportación de valor al negocio. Justo hace un año analizábamos estos puntos en el III Encuentro de Cumplen, Asociación de Profesionales de Cumplimiento Normativo, y los revisaremos de nuevo los próximos 24 y 25 de enero, en la próxima edición de esta cita anual de nuestro sector. Una reunión que contará con más de cuarenta ponentes institucionales y de grandes corporaciones, que inaugurará la ministra de Justicia, y en la que compartiremos experiencia y conocimientos en un panorama cambiante, y lleno de retos, como es el del cumplimiento normativo.

 

Eduardo Navarro es Responsable Cumplimiento Corporativo en Calidad Pascual y Vicepresidente de Cumplen.


Canal Compliance25 octubre, 2018
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En el I Congreso de Defensa Penal de las Personas Jurídicas de la WCA el pasado 18 de octubre, Juan Antonio Frago Amada, Fiscal de delitos económicos de la Fiscalía Provincial de La Coruña mostró algunos indicios para descubrir los programas compliance de Copia Pega.

El pasado 18 de octubre se celebró en Madrid el Iº Congreso de Defensa Penal de la Personas Jurídicas. Fue Organizado por la World Compliance Association (WCA) y la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM). Patrocinado por Wolters Kluwer y Círculo Legal. En él se abordaron multitud de problemas procesales a los que se enfrentan las personas jurídicas involucradas en un pleito penal en España.

 

Copia Pega

 

Juan Antonio Frago Amada, Fiscal de delitos económicos de la Fiscalía Provincial de La Coruña y editor del blog «en ocasiones veo reos», expuso los principales indicios que nos revelan si nos encontramos ante un paper compliance o un compliance cosmético. En este sentido consideró que los programas “absurdamente amplios o incluso con el nombre de una empresa distinta, nos revela que estamos ante programas de copia-pega.

 

José Antonio Tuero Sánchez.

José Antonio Tuero Sánchez, Socio Director del Área de Penal y Compliance en Chávarri Abogados, hizo referencia a las «class actions penales». O también llamadas «acción de clase». En este sentido aclaró que «la acción de clase viene organizada por un grupo de personas que tiene el mismo problema legal. No es la acumulación en un solo proceso de las distintas reclamaciones individuales de todos los afectados». Así estas pueden ser penales si los perjuicios que sufren los consumidores derivan de un hecho delictivo.

 

Diversidad class action

 

 

Jacobo Dopico Gómez-Aller.

 

Cerro el segundo panel Jacobo Dopico Gómez-Aller, Catedrático de Derecho Penal en la Universidad Carlos III. Centro su intervención en la figura del Compliance Officer y su posible responsabilidad penal. El Compliance Officer no es igual en todas las empresa. No tiene un perfil jurídico (no es nadie legalmente hablando). Así, el empleado de la empresa tiene las responsabilidades que los empresarios hayan delegado sobre él.

 

Eloy Velasco

 

Eloy Velasco Núñez.

 

Eloy Velasco Núñez, Magistrado de la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional, quien hizo referencia a la invasión de la intimidad a través de las nuevas tecnologías. En este sentido considera que la documentación para prevenir actuaciones delictivas forma parte del secreto profesional. Si las autoridades se hacen con dicha documentación se carga la defensa. ¿Quién quiere ser Compliance Officer si respondo penalmente aunque solo sea un asesor?

 

María Díaz Alonso.

 

María Díaz Alonso, Gerente Senior de Compliance Legal y Defensa Penal en Repsol, presentó el Programa de Compliance de Repsol. En este caso se trata de un “sistema vivo, que no puede quedarse en un papel”. En este sentido hizo hincapié en que, «para que un modelo no se quede sólo en un papel, hay que destinar recursos». Además, en Repsol no sólo tiene en cuenta los delitos que generan responsabilidad penal a la persona jurídica. También tienen en cuenta, por ejemplo, los delitos contra los derechos de los trabajadores.


Canal Compliance19 octubre, 2018
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“Las personas jurídicas no tienen piernas, no pueden huir. No tienen ojos, luego no han visto nada del delito. No tienen huesos, entonces no pueden dar con ellos en la cárcel…”

El magistrado del Tribunal Supremo Antonio del Moral, ponente en la primera mesa del I Congreso sobre Defensa Penal de las personas Jurídicas, organizado por la World compliance Association centró su intervención en la inviolabilidad domiciliaria.

En el I Congreso sobre Defensa Penal se abordaban las garantías procesales de las personas jurídicas y la tutela de sus derechos constitucionales.

 

Antonio del Moral

 

Del Moral asegura tener una “visión simplista”. Pero es precisamente esta visión la que le permite mirar al Compliance – se refiere a él así, poniéndole nombre propio en sus alocuciones- con la perspectiva suficiente para ser una de las escasas personas que entiende con concreción el verdadero misterio de la imputabilidad, procesabilidad y hasta la condena de las Personas Jurídicas.

“Las personas jurídicas no tienen huesos, no pueden dar con sus huesos en la cárcel”. Un argumento simple que, aunque conocido por todos, al ser verbalizado por un magistrado del Tribunal Supremo consigue que apreciemos las dificultades a las que se enfrentan los profesionales del compliance y hasta los propios jueces.

Tratamiento procesal.

El fiscal de delitos económicos de A Coruña, Manuel Frago Amada, publicaba esta semana un artículo en su blog, (En ocasiones veo reos) en el que se detalla y vincula a un procedimiento de la Audiencia Provincial de Soria en el que el ponente es muy probable que confunda un plan PRL con con un plan Compliance. “Concede la labor de exención… ¡a los planes de prevención de riesgos laborales!”, detalla Frago Amada en su blog. Así que imaginen las dificultades de entender no sólo sobre el papel la dicotomía Persona Física Vs. Persona Jurídica.

El tratamiento procesal de las personas jurídicas a través de un modelo de persona física es el que se sigue. Y en sus salvedades radican las dificultades. Conocer las diferencias, faculta a los profesionales a un tratamiento óptimo de los casos y sus procesos. Y que estos no se conviertan en mera metáfora. Como la aludida por del Moral en su intervención y con una larguísima experiencia como fiscal.

“Las personas jurídicas no tienen piernas, no pueden huir. No tienen ojos, luego no han visto nada del delito. No tienen huesos, entonces no pueden dar con ellos en la cárcel…”


Canal Compliance8 octubre, 2018
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El I Congreso de defensa de la persona jurídica abordará, de la mano de ponentes de primer nivel, los múltiples problemas procesales a los que se enfrentan las personas jurídicas involucradas en un pleito penal en España.

El congreso sobre defensa penal de las personas jurídicas tendrá lugar el próximo mes de octubre en Madrid. El encuentro abordará desde la fase instructora hasta la ejecución, pasando por la del juicio oral.

 

 

Tal y como destacan los organizadores y, ante el relativo descontrol que se está percibiendo a día de hoy entre los principales operadores del proceso penal. Estos son jueces, fiscales y letrados, así como las corporaciones. Deben diseñar protocolos de defensa para el momento en el que reciban una querella o una intervención policial. “Se hace de gran interés el Congreso, ante lo omnicomprensivo del programa.

Los destinatarios del Congreso son, precisamente jueces, fiscales, abogados externos e internos, consultores de compliance y oficiales de cumplimiento normativo o compliance officer, entre otros.

El evento cuenta con la dirección de uno de los mayores expertos del país en materia Compliance, el fiscal de delitos económicos de la Fiscalía Provincial de La Coruña y editor del blog en ocasiones veo reos, Juan Antonio Frago Amada. La coordinación correrá por cuenta de de Albert Salvador Lafuente. Secretario General. World Compliance Association

 

TEMARIO

JUEVES 18 DE OCTUBRE

8:35-9.00 Acreditación de participantes
09:00 – 09:30 Inauguración y Presentación por las Autoridades
D. Miguel Ángel Collado Yurrita. Rector de la UCLM
D. Iván Martinez López. Presidente de la WCA

BLOQUE I:

Modera Sr. D. Rubén Veiga Vázquez. Abogado en SIERRA ABOGADOS y consultor de corporate compliance en COMPLIANZA.

9.30 – 11.10

  • Las garantías procesales de la persona jurídica y la tutela de sus derechos constitucionales
  • Perspectiva jurisprudencial: Excmo. Sr. D. Vicente Magro Servet. Magistrado del Tribunal Supremo.
  • La inviolabilidad domiciliaria: Excmo. Sr. D. Antonio del Moral García, Magistrado del Tribunal Supremo
  • Perspectiva de la defensa: Prof. Dr. D. Nicolás González Cuellar. Catedrático de Derecho Procesal de la UCLM y abogado.
  • La invasión de la intimidad a través de las nuevas tecnologías: Ilmo. Sr. D. Eloy Velasco Núñez, Magistrado Sala de Apelación de la Audiencia Nacional.

11:10 – 11:40 Coffee break

BLOQUE II:

Modera Sra. Dña. Beatriz Saura Alberdi. Abogada y Presidenta de la Sección de Compliance del ICAM.

11:40 – 12:30

  • La acreditación del cumplimiento normativo vs paper compliance.  Ilmo. Sr. D. Juan Antonio Frago Amada, Fiscal de delitos económicos de la Fiscalía Provincial de La Coruña. Editor del blog en ocasiones veo reos.

12:30-13:10

Las class actions penales.  Sr. D. José Antonio Tuero Sánchez, Abogado director de Tuero Sánches abogados. Ex presidente de la Sección de abogados penalistas del ICAM.
13:10-13:40

El compliance officer ante el proceso penal.  Prof. Dr. D. Jacobo Dopico Gómez-Aller, Catedrático acreditado de Derecho Penal en la Universidad Carlos III

13.40- 15.30 ALMUERZO

BLOQUE III:

Modera Sra. Dña Alba Lema Dapena. Abogada y CEO en SMC Compliance.

15:30-16:20

Las medidas cautelares. Ilma Sra. Dña. María Antonia Sainz Gaite, Fiscal coordinadora de delitos económicos de la Fiscalía ante la Audiencia Nacional.
16:20-16:50

Los acuerdos de evitación del juicio.  Ilmo. Sr. D. Salvador Viada Bardají, Fiscal del Tribunal Supremo.
16:50 – 17:10 Coffee break

BLOQUE IV:

Modera Profesor Dr. D. Guillermo Ruiz Blay. Abogado. Director General de “Polanco & Seijas Abogados”
17:10-17:40

El acto del juicio, especialidades procesales. Excmo. Sr. D. Fidel Ángel Cadena Serrano. Fiscal de Sala Jefe ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

17:40-18:10

La ejecución de las penas. La figura del monitor norteamericano. Prof. Dr. D. Jordi Gimeno Beviá. Profesor en el Departamento de Derecho Procesal de la UCLM.

18:10 Clausura.

Canal Compliance3 octubre, 2018
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Los delitos que no revistan particular gravedad pueden justificar el acceso a los datos personales almacenados por proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas. Cuando dicho acceso no suponga una injerencia grave en la vida privada.

Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Fue en el marco de la investigación de un robo con violencia de una cartera y un teléfono móvil. La Policía Judicial española solicitó al Juzgado de Instrucción encargado del caso que le concediera acceso a los datos. Eran datos personales o de filiación de los usuarios de los números de teléfono activados desde el teléfono sustraído.

El juez instructor denegó la diligencia solicitada. En particular porque consideraba que los hechos que habían dado lugar a la investigación penal no constituían delito «grave». Es decir, con arreglo al derecho español. Los delitos sancionados con una pena de prisión superior a cinco años es el único tipo que permite justificar el acceso a los datos personales o de filiación.

 

Acceso a los datos privados

 

Ministerio Fiscal

El Ministerio Fiscal interpuso recurso de apelación contra dicha decisión ante la Audiencia Provincial de Tarragona.

La Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas establece que los estados miembros pueden limitar los derechos de los ciudadanos. Esto es cuando tal limitación constituya una medida necesaria, proporcionada y apropiada en una sociedad democrática. Será para proteger la seguridad nacional, la defensa y la seguridad pública, o garantizar la prevención, investigación, descubrimiento y persecución de delitos o la utilización no autorizada del sistema de comunicaciones electrónicas.

La Audiencia Provincial de Tarragona expone que, con posterioridad a la adopción de la decisión del juez instructor, el legislador español introdujo dos criterios alternativos para determinar el nivel de gravedad de un delito respecto del cual se autoriza la conservación y la cesión de los datos personales.

El primero es un criterio material. Vinculado a delitos específicos y graves. Especialmente lesivos para los intereses jurídicos individuales y colectivos. El segundo es un criterio normativo-formal que establece un umbral mínimo de tres años de prisión. Umbral que abarca la gran mayoría de los delitos.

 

Un hombre mira su teléfono

 

Tribunal español

Además, el tribunal español observa que el interés del Estado en castigar las conductas infractoras no puede justificar injerencias desproporcionadas en los derechos fundamentales consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Por tanto, la Audiencia Provincial de Tarragona pregunta al Tribunal de Justicia acerca de la fijación del umbral de gravedad de los delitos. Esto es para conocer a partir del cual puede justificarse una injerencia en los derechos fundamentales, como el mencionado.

Mediante su sentencia el TJUE recuerda que el acceso en el marco de un procedimiento de instrucción penal está incluido en el ámbito de aplicación de la Directiva. Además, el acceso a los datos que permiten identificar a los titulares de las tarjetas SIM activadas con un teléfono móvil sustraído, como los nombres, los apellidos y, en su caso, las direcciones de dichos titulares, constituye una injerencia en los derechos fundamentales de éstos, consagrados en la Carta. No obstante, el Tribunal de Justicia declara que esta injerencia no presenta una gravedad tal que, en el ámbito de la prevención, investigación, descubrimiento y persecución de delitos, dicho acceso debe limitarse a la lucha contra la delincuencia grave.

TJUE

El Tribunal de Justicia señala que el acceso de las autoridades públicas a datos almacenados por los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas constituye una injerencia en los derechos fundamentales al respeto de la vida privada y a la protección de datos.

La Directiva europea enumera objetivos que pueden justificar una norma nacional que regule el acceso de las autoridades públicas a estos datos. Y establezca de ese modo una excepción al principio de confidencialidad de las comunicaciones electrónicas.

 

Simbología datos personales electrónicos

 

 

Esta enumeración tiene carácter exhaustivo. Por lo que dicho acceso ha de responder efectiva y estrictamente a uno de esos objetivos. El Tribunal de Justicia observa a este respecto que el tenor de la Directiva no limita el objetivo de la prevención, investigación, descubrimiento y persecución de delitos a la lucha contra los delitos graves, sino que se refiere a los «delitos» en general.

En su sentencia el Tribunal de Justicia declaró que únicamente la lucha contra la criminalidad grave puede justificar el acceso de las autoridades públicas a datos almacenados por los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas.

No obstante, esa interpretación estaba motivada por el hecho de que el objetivo perseguido por una norma que regula ese acceso debe guardar relación con la gravedad de la injerencia en los derechos fundamentales en cuestión que suponga dicha operación.

En cambio, cuando la injerencia no es grave, dicho acceso puede estar justificado por el objetivo de prevenir, investigar, descubrir y perseguir «delitos» en general.

El TJUE considera que el acceso a los datos no puede calificarse de injerencia «grave» en los derechos de los individuos. Dichos datos no permiten extraer conclusiones precisas sobre su vida privada. El Tribunal de Justicia deduce de ello que la injerencia que supone el acceso a esos datos puede estar justificada. Esto es por el objetivo de prevenir, investigar, descubrir y perseguir «delitos» en general. Sin que sea necesario que dichos delitos sean calificados de «graves».


Canal Compliance31 julio, 2018
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El juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha acordado ampliar la investigación en la causa del llamado ‘3 por ciento’. Atribuye la condición de personas jurídicas investigadas a Convergencia Democrática de Catalunya (CDC) y al PdeCat. PAra el juez la segunda es una mera continuadora de la primera.

 

Camuflado?

 

El juez acuerda ampliar la investigación en el caso ‘3 por ciento’ a Convergencia Democrática de Catalunya y al PdeCat por tráfico de influencias, cohecho y blanqueo
El magistrado explica que en esta causa se investiga a altos cargos de CDC quienes, en relación con otros cargos públicos y funcionarios de distintas Administraciones e instituciones públicas de Cataluña, pusieron en marcha una estructura para financiar ilegalmente el partido político

Comunicación Poder Judicial.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha acordado ampliar la investigación en la causa del llamado ‘3 por ciento’ atribuyendo la condición de personas jurídicas investigadas por delitos de tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales a Convergencia Democrática de Catalunya (CDC) y al PdeCat en cuanto que es un mero continuador de la anterior. El magistrado emplaza a estas sociedades mercantiles para que designen abogado y procurador.

En un auto, el magistrado explica que en esta causa se investiga a altos cargos del partido político CDC quienes, en relación con otros cargos públicos y funcionarios de distintas Administraciones e instituciones públicas de Cataluña, pusieron en marcha una estructura para financiar ilegalmente el partido político, en forma encubierta mediante “donaciones” a Fundaciones ligadas a dicha formación (CATDEM y FORUM BARCELONA), “en connivencia con empresarios y otros cargos de índole política, alterando todo tipo de concursos públicos, con la finalidad de “dirigir” los mismos hacia empresas que, a su vez, colaboraban con “donaciones” al partido.

Los pagos, indica De la Mata, se obtenían por las Fundaciones y, por ende, por el partido político CDC, en ocasiones como contraprestación por la adjudicación de contratos de obra pública o de servicios, con “vulneración de los principios de legalidad, igualdad y transparencia y, en otras simplemente para conseguir mejorar las expectativas de ser beneficiarios de tales contratos”.

El monto total de licitaciones comprometidas asciende por el momento a 218.759.664,19 euros; el importe de las adjudicaciones definitivas asciende a 168.706.262,00 euros, a los que hay que añadir los modificados de proyectos (1.777.626,84 euros) y las prórrogas (4.539.755,37 euros), es decir, aproximadamente 175.000.000 euros; las “donaciones” irregulares ligadas a estas adjudicaciones ascienden a más de 1.000.000 euros.

 

Cara de persona con pinturas de camufalje

 

CDC carecía de sistema de control interno de sus fuentes de financiación.

El auto del juez argumenta que CDC no disponía de un sistema o incluso un mero protocolo de control interno que garantizara la adecuada intervención y contabilización de todos los actos y documentos de los que se derivaran derechos y obligaciones de contenido económico que pudiera ser sometido a verificación e informe. Así se refleja, añade, incluso en los propios informes de auditoría interna del Partido, circunstancia que en los informes del Tribunal de Cuentas aparece como incumplimiento.

Señala el instructor que tanto los órganos como el personal con responsabilidad directiva en CDC estaban en conocimiento de las irregularidades advertidas en relación con la operativa de financiación que se investiga en esta causa y, por tanto, concluye que esta formación política “carecía de normativa de control interna, y conocía, al menos a través de los informes emitidos por el Tribunal de Cuentas, las irregularidades que pudieran derivarse de los pagos a través de los cuales sus Fundaciones vinculadas, derivan a favor del partido buena parte de las aportaciones económicas que reciben en concepto de donación”.

Un sistema de financiación normalizado y mantenido en el tiempo.

La operativa investigada, según el juez, ha estado sostenida en el tiempo de carácter sistémica y permanece inalterable, con independencia de los relevos que se puedan producir en las personas integrantes de dichas estructuras. Como prueba de ello, señala que los cambios en la estructura del partido no supusieron en ningún caso un cese en la comisión de los hechos investigados, suponiendo únicamente una modificación en la identidad de las personas partícipes en los mismos.

El juez afirma que pese a ser conocedores de esta operativa de financiación Ilícita, en las que se utilizaba a las fundaciones vinculadas al partido como “sociedades Interpuestas” a través de las cuales, empresas adjudicatarias de contratos públicos hacían llegar al partido comisiones, que simulan corresponderse con donaciones, los órganos y cargos con responsabilidad en el partido, no habrían emprendido ninguna Iniciativa para impedir una actividad delictiva que se mantiene, al menos, durante 11 años.

PdeCat, mero continuador de CDC

En su resolución, el titular del Juzgado Central Cinco se remonta al mes de julio de 2016 cuando desde CDC se toma la decisión de cesar en su actividad e impulsar la fundación de un nuevo partido político, el PDeCat. Sin embargo, de la Mata concluye que la creación de este partido se corresponde con “la mera transformación o cambio de apariencia de una misma realidad, con la finalidad de desconectarse de las responsabilidades en las que pudiera haber incurrido la formación política precedente (CDC)”.

“La conclusión alcanzada –dice el juez- es que la supuesta disolución como “actor político” de CDC y la creación del PDECAT como nuevo partido político, pudiera definirse como meramente aparente, al conservarse en el nuevo partido una identidad sustancial con la estructura, funcionamiento y recursos humanos y materiales, con los que contaba el anterior partido y que, en muchos casos, son titularidad de CDC”. Estos indicios, agrega, parecen “corresponderse con el hecho de que, a los limitados efectos que ahora interesan, la creación del PDECAT se podría identificar con una mera transformación o incluso con un simple cambio de apariencia, del partido que impulsa su creación, CDC, para eludir las responsabilidades penales en que hubiera podido incurrir”.

Por todo ello, el juez acuerda que procede ampliar la presente investigación atribuyendo la condición de personas investigadas a CDC y PdeCat.


Canal Compliance23 julio, 2018
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Implantar un programa de vigilancia y control de la actividad es fundamental para evitar riesgos en el desarrollo de nuevos negocios.

Existen herramientas como Compliance Penal de Lefebvre – El Derecho, que valorará los posibles riesgos basados en la probabilidad de ocurrencia y de su impacto en la empresa. Además de establecer los controles necesarios para evitarlos.

 

Ojos vigilantes

 

El Tribunal Supremo resalta que los compliance program previenen la comisión de delitos. Tanto los que pueden generar responsabilidad penal para la empresa como los cometidos por administradores y empleados. Ambos con graves consecuencias para la organización.

Las personas jurídicas son penalmente responsables de los delitos cometidos en su nombre. También de los cometidos por cuenta de sus representantes legales y administradores. Pero también por quienes, estando sometidos a su autoridad, si no se ha ejercido sobre ellos el debido control.

Juan Pujol.

Como señala Juan Pujol, presidente de Lefebvre – El Derecho, los “sistemas normalizados aportan confianza y seguridad en la gestión. Y esto se ve refrendado en la reciente sentencia del Tribunal Supremo. En ella, con Vicente Magro como ponente, se señala como capital para el buen gobierno de la administración en las empresas la introducción de programas de compliance. Que permitan mitigar el riesgo de la comisión de delitos. Permitirían hasta exonerar a la empresa y, en su caso, al órgano de administración, de la responsabilidad penal de delitos cometidos por directivos o empleados”.

Herramientas Compliance Penal.

Por ello, la editorial jurídica Lefebvre – El Derecho, dispone de soluciones como Compliance Penal, una herramienta online que permite implantar un programa de vigilancia y control eficaz de la actividad de la empresa.

A este respecto, Lefebvre – El Derecho resalta la importancia de dar a conocer esta herramienta a aquellos propietarios o socios de un despacho de abogados que puedan generar nuevas vías de desarrollo de negocio en las empresas, a través de:
La identificación de actividades en cuyo ámbito puedan ser cometidos delitos.
Estableciendo protocolos y procedimientos que eviten una comisión de delito.
Ayudando a disponer de modelos de gestión adecuados basados en la prevención.
Realizando una verificación periódica del modelo y de su eventual modificación cuando se pongan de manifiesto infracciones relevantes o cuando se produzcan cambios en la organización, en la estructura de control o en la actividad desarrollada.

Eximidos de responsabilidades.

Asimismo, para que se exima de responsabilidad penal se establecen y mantienen medidas de vigilancia y control. Estas medidas tendrán como objetivo prevenir la comisión de delitos. En esta línea, la nueva norma UNE 19601, de Sistemas de gestión de Compliance, sirve para acreditar de forma estándar su cumplimiento.
La herramienta Compliance Penal, que corresponde, en su estructura de contenido a esta norma UNE.


Canal Compliance18 julio, 2018
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10min1314
Lina Anllo. Abogada especialista en derecho Penal. Ha realizado el programa de compliance para la alta dirección en el IAE Bussiness School y en el IESE Business School University of Navarra. Se ha certificado en Equidad de Genero en ONU WOMAN. Es la titular a cargo de la World Compliance Association en Argentina.

 

P. No hizo demasiado que se hizo cargo del capítulo de la WCA en Argentina ¿Cómo le ha ido, que ha supuesto para usted profesionalmente?.

Aceptar la presidencia del Capitulo Argentino de la World Compliance Association, ha sido un gran honor y una gran responsabilidad. Estamos en la etapa de crecimiento inicial. Hemos formado un comité de expertos de gran trayectoria en Argentina. Está conformado por abogados, contadores, licenciados en sistemas y catedráticos del derecho penal. Nos encontramos actualmente organizando nuestro primer Congreso Nacional e Internacional de Compliance en Argentina. El Compliance, desde la discusión y sanción de la ley 27.401, ha despertado mucho interés en diferentes ramas del derecho, en particular del derecho penal, también despertó interés en la política, en los organismos públicos, en el mundo corporativo, como también en el ámbito de los contadores y auditores. Es decir, se ha generado un campo rico de debate y discusión, por ello, el desarrollo del Capitulo Argentino en esta materia deviene muy apropiado.

P. Últimamente ha estado a caballo entre Argentina y España con actividades relacionadas con el cumplimiento normativo. ¿Qué diferencias encuentra en la cultura de cumplimiento de ambos países, qué podemos aprender unos de otros? ¿Con que código penal se quedaría en materia compliance?

España por llevar varios años ya trabajando temas de Compliance, por sus modificaciones al Código Penal en el 2010 y 2015 en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas e inclusión de los Programas de Integridad, y por haber dictado su norma UNE 19601, ha sido un referente para nuestro país. La ley 27.401 ha tomado algunos puntos de la normativa española y sus primeros fallos judiciales en la materia nos han servido de luz para avizorar que es lo que podrá ocurrir en los tribunales argentinos.

En cuanto a las diferencias en ambos Códigos Penales, podemos decir que en España las personas jurídicas responden por más delitos que en Argentina, pero por su parte, la ley argentina ha sido mas estricta a la hora de regular los Programas de Integridad y sus efectos. En primer lugar, porque son obligatorios para aquellas empresas que contratan con el Estado, y en segundo lugar, que para que actúen como eximentes de responsabilidad se han previstos recaudos mas estrictos que en el Código Penal español. Ahora bien, esta mayor exigencia argentina podrá traer aparejado, que las corporaciones sean mas reticentes en aplicarlos y en colaborar con las investigaciones penales, resultando el efecto contrario que se persiguió al dictarse la ley.

en España las personas jurídicas responden por mas delitos que en Argentina

 

P. La última vez que he escuchado eso de “el compliance ha llegado para quedarse” fue en la conferencia que ofrecía junto a su compañera Jimena Alguacil, en el Consulado General de la República Argentina en Barcelona el pasado 18 de junio. ¿Necesita el compliance reafirmarse, necesitan sus actores que les advirtamos que ha llegado para quedarse?.

Estamos viviendo un cambio de paradigma en materia de derecho penal, de un derecho penal eminentemente represivo a un derecho penal preventivo, de la mano del Compliance penal, y esto no es un acontecimiento local ni argentino, es una circunstancia global, de allí, que no responde a una moda, sino a un cambio de sistema que vino a instalarse y que poco a poco va cambiando la forma de encarar la prevención penal, sobre la base de análisis de riesgos y de controles preventivos y mitigantes. Vamos viendo por ejemplo en Argentina, como de a poco Compliance comienza a integrar la curricula de maestrías, seminarios, materias en carrera de grado, como las empresas cada día mas tienen su Oficial de Cumplimiento y su área de Compliance, entre otros cambios. Por ello, podemos decir con firmeza que el Compliance vino para quedarse.

 

Estamos viviendo un cambio de paradigma en materia de derecho penal, de un derecho penal eminentemente represivo a un derecho penal preventivo

 

P. He leído que la firma en la que desarrolla su carrera profesional, ANLLO ABOGADAS, es una “firma legal conformada por abogadas jóvenes, capacitadas, proactivas y comprometidas”. Usted es además especialista en equidad de género. Pero ¿Cómo se entiende el compliance con Perspectiva de Género? Un área pionera en su despacho.

Cuando me especialice en género, no imaginaba la gran conexión que tienen ambas disciplinas. Los Programas de Integridad deben tener obligatoriamente perspectiva de genero y de diversidad. Un Programa de Compliance robusto y eficiente, debe fundamentarse en buenas prácticas de gobierno corporativo. Con lo cual, la diversidad, la representación por igual de mujeres y hombres, hacen a la buena toma de decisiones. Además, un correcto “Código de Etica” debe contener capítulos referidos a derechos humanos. También políticas de no discriminación, de diversidad, de protección ante el acoso laboral y sexual. Todo en cumplimiento de los Pactos Internacionales y de los principios de Pacto Global de la ONU.

Una empresa debe ser ética y transparente. Pero para empezar esta tarea, primero debe respetar los derechos básicos del ser humano. Entre éstos está la igualdad de oportunidades, el respeto a la diversidad y a la protección contra cualquier tipo de abusos. Sobre estos dos puntos he basado mi exposición en el Women Economic Forum donde fui invitada y que se ha celebrado en Nueva Delhi este año.

 

Los Programas de Integridad deben tener obligatoriamente perspectiva de genero y de diversidad.

 

P. ¿ISO 37001 Herramienta o solución? ¿Vale la norma sin una verdadera cultura de cumplimiento?

La legislación argentina actual no exige la certificación de los programas de cumplimiento por normas ISO. Claramente se evidencia que es una eficaz herramienta, pero que deberá implementarse luego de haber afianzado la cultura del cumplimiento normativo. Es decir, creo que será una alternativa viable, para una próxima etapa.

 

La Iso 37001 deberá implementarse luego de haber afianzado la cultura del cumplimiento normativo

 

P. Parece indudable que una verdadera cultura de cumplimiento es lo básico para implementar eficaces sistemas compliance en las organizaciones. Se que la respuesta sería muy amplia, pero tratando de sintetizar ¿Qué es lo que hace falta para instaurar, generalizar, una verdadera cultura compliance?

La cultura de cumplimiento, el conocimiento sobre compliance, vendrá de la mano de la capacitación constante y permanente. En todos los ámbitos, corporativos, públicos, universitarios, políticos, entre tantos otros. Será cuestión de tiempo, pero Argentina en tan solo 5 meses de vigencia de la ley ha dado grandes pasos. Ya hablar de compliance en varios ámbitos no resulta tema desconocido.

 

P. Por último. Cuáles son los próximos pasos profesionales en la materia?

En agosto estaré exponiendo en el “II Congreso Etica y Lucha Anticorrupción” que se llevará a cabo en Lima, Congreso organizado por el capítulo peruano de la WCA. También estamos concluyendo la “Ley Penal comentada 27.401” junto a varios penalistas argentinos y españoles, que publicará una Editorial argentina de mucho renombre.


Canal Compliance6 julio, 2018
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En una sentencia en la que condena a 4 años de prisión al exadministrador de una empresa. El alto tribunal destaca que el “compliance program“contribuye eficazmente a prevenir delitos dentro de las empresas.

 

La Sala Segunda del Tribunal Supremo destaca la importancia de implantar programas de cumplimiento normativo (compliance program). El objetivo sería prevenir la comisión de delitos de apropiación indebida y de administración desleal en el seno de las empresas. Sirviendo, además para controlar el mejor cumplimiento del derecho dentro de las mismas.

 

Interior de una mina de carbón

 

El tribunal incide en la necesidad de establecer mecanismos de este tipo para evitar casos como por el que se condena a 4 años de prisión a una empresa. La condena es por un delito continuado de apropiación indebida y de administración desleal. El condenado es el exadministrador de una empresa. El motivo, apoderase, sin el consentimiento de su socio italiano, de dinero en efectivo de la caja y realizar transferencias a su cuenta personal sin justificar su destino. También por otras irregularidades en la gestión, que ocasionaron un perjuicio de 2 millones de euros a esta empresa. La empresa se dedicaba a la importación de carbón Ucrania.

La sentencia.

La sentencia, con el magistrado Vicente Magro Servet como ponente, destaca que “una buena praxis corporativa en la empresa es la de implementar estos programas de cumplimiento normativo que garanticen que este tipo de hechos no se cometan, o dificulten las acciones continuadas de distracción de dinero, o abuso de funciones que un buen programa de cumplimiento normativo hubiera detectado de inmediato”.

La Sala recuerda que es positivo que se implanten protocolos de buena gestión de los administradores de las sociedades mercantiles. Lo es para un buen gobierno corporativo de las sociedades. De esta forma los gestores actúan con arreglo a unos parámetros. Éstos ya se fijaron en el año 1997 en el conocido “Código Olivenza”.

La introducción del Compliance eficaz.

La sala añade que, junto con este Código Olivenza, fue capital para el buen gobierno de la administración en las empresas la introducción de los programas de compliance en las mismas que evitarían casos como el de la sentencia. Esto es por el control interno en las empresas. Que evita la delincuencia cometida por directivos, y empleados mediante la técnica anglosajona del “compliance program” como conjunto de normas de carácter interno. Establecidas en la empresa a iniciativa del órgano de administración,. Su fin es el de implementar en ella un modelo de organización y gestión eficaz e idóneo. Así se consigue mitigar el riesgo de la comisión de delitos y exonerar a la empresa y, en su caso, al órgano de administración, de la responsabilidad penal de los delitos cometidos por sus directivos y empleados.

De haber existido un adecuado programa de cumplimiento normativo, casos como el aquí ocurrido se darían con mayor dificultad, ya que en la mayoría de los supuestos el conocimiento de actividades, como las aquí declaradas probadas de apropiación de fondos y de abuso de gestión, no se hubieran dado, y no habría que esperar a que en este caso hubiera tenido que intervenir la agencia tributaria para, detectando el fraude fiscal que existía con el carbón importado, acabaran por descubrirse las apropiaciones realizadas por el recurrente”, subraya la Sala.

Planes en las sociedades mercantiles.

De ahí, afirman los magistrados, la importancia de que en las sociedades mercantiles se implanten estos programas de cumplimiento normativo. No solo para evitar la derivación de la responsabilidad penal a la empresa en los casos de delitos cometidos por directivos y empleados. Que serían los casos de ilícitos penales ad extra. Son aquellos en los que los perjudicados son terceros/acreedores. Éstos son perjudicados por delitos tales como estafas, alzamientos de bienes, etc. También influiría en la previsón de los delitos de apropiación indebida y administración desleal, es decir, ad intra.

Estos últimos, indica la Sala, aunque no derivan la responsabilidad penal a la empresa por no estar reconocido como tales en sus preceptos esta derivación y ser ad intra, “sí que permiten obstaculizar la comisión de delitos como los aquí cometidos por los administradores que no dan rendición pautada de cuentas a sus socios o administradores solidarios y que cometen irregularidades, que en algunos casos, como los aquí ocurridos, son constitutivos de ilícitos penales”.

Responsabilidad civil.

La sentencia destaca que estas actuaciones de ilícitos penales como los aquí cometidos incluso pueden dar lugar la existencia de responsabilidad civil. En el caso de que se tratara de hechos ad extra o cometidos frente a terceros, y no frente al patrimonio de la sociedad, haría nacer una responsabilidad civil con cargo a la empresa.

Conclusiones.

Con los programas de compliance, apunta el TS, podrían evitarse estos delitos ad intra en las empresas. Para evitar una delincuencia societaria con grave perjuicio interno.
El tribunal estima de forma parcial el recurso del condenado contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Oviedo. Se impuso una pena de 5 años y 9 meses de prisión, por un delito de apropiación indebida y otro de administración desleal. También el pago de una indemnización de 2 millones de euros más los intereses legales por los perjuicios causados. La Sala le impone una pena de 4 años de prisión al apreciar continuidad delictiva de ambos delitos. También mantiene el resto de los pronunciamientos de la sentencia recurrida.



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