Juan Carlos GalindoJuan Carlos Galindo25 junio, 2019
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El desarrollo tecnológico ha ampliado el acceso a recursos disponibles para los grupos terroristas, incrementando su capacidad de financiación, reclutamiento, adiestramiento y propaganda.

 

A principios de este año se publicó la Orden PCI/179/2019, de 22 de febrero. Por ella se publica la Estrategia Nacional contra el Terrorismo 2019. Fue aprobada por el Consejo de Seguridad Nacional. Me permito la licencia de extraer lo referente a la financiación del terrorismo que menciona dicha estrategia.

En el anexo en su Resumen ejecutivo en uno de sus puntos cita,  “En el desarrollo de estos cuatro pilares ( Prevenir, proteger, perseguir y preparar respuestas) es necesario continuar con la implementación de planes estratégicos nacionales en ámbitos específicos, como la lucha contra la radicalización violenta, en materia de prevención y protección antiterrorista y en el fortalecimiento del control de los precursores de explosivos (sobre la base de la Ley 8/2017, de 8 de noviembre), así como establecer nuevos planes estratégicos sectoriales en las diversas áreas de actividad de la Administración y otros específicos en los ámbitos que así se requiera, especialmente contra la financiación del terrorismo y el radicalismo”.

 

SEPBLAC

En el capítulo 4, Pilares y líneas de acción – Reforzar las medidas para la prevención de la financiación del terrorismo y los extremismos violentos. Y en el ámbito interno – Reforzar los mecanismos de las Administraciones en la lucha contra la financiación del terrorismo y del extremismo violento, así como su capacidad de supervisión del sistema financiero para la detección de operativas sospechosas, así como Actuar contra las vías de financiación del terrorismo y del extremismo violento y potenciar las unidades de investigación financiera de los organismos de seguridad e inteligencia y el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC)

El desarrollo tecnológico ha ampliado el acceso a recursos disponibles para los grupos terroristas, incrementando su capacidad de financiación, reclutamiento, adiestramiento y propaganda.

Dentro del pilar Prevenir – Actuar contra las causas– Reforzar las medidas para la prevención de la financiación del terrorismo y los extremismos violentos. En su parte externa dentro del mismo pilar -Mejorar y facilitar la colaboración internacional en materia de lucha contra la financiación del terrorismo y el extremismo violento, incluyendo la localización y eventual congelación de activos de los terroristas y sus organizaciones, coordinando actores e instituciones implicadas y participando en las redes de colaboración a nivel europeo e internacional.

Dentro del Ámbito de los espacios comunes globales es objetivo: Perseguir a quienes hacen uso de los espacios comunes globales para la comisión, apoyo y financiación del terrorismo y del extremismo violento, o de su utilización para la captación, adoctrinamiento y entrenamiento de individuos o grupos y la difusión de propaganda en su beneficio

Consideraciones Finales.

En su Consideraciones finales. Vigencia, evaluación y actualización – La prevención resulta clave para eliminar en su origen las futuras amenazas. Requiere, no obstante, un especial esfuerzo de concienciación y coordinación de todas las Administraciones y una amplia gama de medidas en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Por ello, la Estrategia fomenta la implementación del Plan Estratégico Nacional de Lucha contra la Radicalización Violenta, impulsando la coordinación y colaboración del conjunto de las Administraciones e instituciones públicas y privadas, con especial atención a los centros penitenciarios y a la financiación del terrorismo, fomentando planes específicos de control, seguimiento y desradicalización en aquéllos y haciendo imperativo elaborar y desarrollar un Plan Nacional de Lucha contra la Financiación del Terrorismo.

 

Prácticas financieras que permitan localizar prácticas sospechosas.

Hasta aquí las reseñas, que no son pocas y, para resumir, el plan contra la financiación de los grupos armados pretende “localizar y, eventualmente, congelar” los activos de las organizaciones terroristas. Para ello, plantea que España impulse en los foros internacionales en los que participa —principalmente Naciones Unidas, el Grupo de Acción Financiera Internacional y la UE— la elaboración de normativas y de manuales de buenas prácticas financieras que permitan localizar prácticas sospechosas.

Siguiendo las directrices de la UE y UN en la que se pretende combatir el crimen organizado, se alerta sobre los cada vez mayores vínculos entre el crimen organizado y el terrorismo yihadista, que ha permitido a este último contar con financiación y apoyo logístico. Aquellos documentos, planteaban reforzar el control financiero para combatir las estructuras económicas del crimen organizado, ponía el acento en las nuevas formas de blanqueo “emergentes”, entre las que citaba las criptomonedas, el juego online y las inversiones en energías renovables.

Y para finalizar destacaría la consideración final de crear un Plan Nacional de Lucha contra la Financiación del Terrorismo.


Canal Compliance7 mayo, 2019
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Está organizado por la World Compliance Association y el Intituto de Oficiales de Cumplimiento, contará con ponencias de los compliance officers de grandes empresas. Se trata del primer evento enfocado exclusivamente a la función del cumplimiento.

El próximo 13 de junio de 2019 tendrá lugar el Congreso Nacional de Compliance Officers, un evento único organizado por la World Compliance Association junto al Instituto de Oficiales de Cumplimiento.

El congreso contará con la participación y ponencias de los compliance officers y directivos de las principales empresas españolas. Entre ellas Repsol, Inditex, Naturgy, Telefónica, BBVA, Mapfre, Cepsa y Cirsa, entre otras. Además, también contará con expertos en cumplimiento. También con los magistrados del Tribunal Supremo Antonio del Moral García y Vicente Magro Servet y el fiscal de delitos económicos Juan Antonio Frago Amada.

Participación.

El congreso, que contará con la participación de 200 profesionales interesados en el mundo del compliance, se celebrará en el Hotel Eurostars Madrid Tower.

Durante el evento, único en el país, se abordarán los temas más relevantes, críticos y de actualidad y futuro para la función del compliance officer. Se hará a través de la experiencia real y las recomendaciones de los más de veinte ponentes de alto nivel que conforman el programa.

Bloques temáticos.

El programa está estructurado en seis grandes bloques temáticos en los que se expondrán diversos aspectos como la integridad corporativa, la protección de datos y seguridad de la información y la delincuencia financiera.

También habrá ponencias sobre conducta de consumidores y usuarios, conducta de mercado y cumplimiento en el sector público. Será de la mano del director de control interno de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Carlos Balmisa García Serrano.

El día previo al congreso, se celebrará una jornada técnica de carácter práctico, con diversos profesores. Los temas a tratar serán el modelo de prevención de delitos y mapeo de riesgos y el compliance en la PYME. Para ello, se hará entrega a los asistentes, de forma gratuita, del nuevo manual práctico Guía de implementación de compliance para pymes, creado por la World Compliance Association a través de su Comité de Compliance y Pyme.

Referente.

El Congreso Nacional de Compliance Officers pretende convertirse en un escenario de referencia y punto de encuentro de todos los compliance officers e interesados en la materia a nivel nacional.

El precio de inscripción al congreso es de 350 euros. Los/las asociados/as a la World Compliance Association y/o al Instituto de Oficiales de Cumplimiento, cuentan con un 50% de descuento en la inscripción.

MAS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES


Canal Compliance8 abril, 2019
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El profesor de Compliance Penal de la Universidad Loyola Andalucía y doctor en la materia, Rafael Aguilera Gordillo,  intervendrá en el XIII Congreso Español de Sociología, con una ponencia sobre los compliance Programs.

Los “Compliance Programs” y el delito corporativo. ¿Puede confiar el estado en la autorregulación de las empresas?. Bajo este lema el profesor de Compliance Penal de la Universidad Loyola Andalucía y doctor en la materia, Rafael Aguilera Gordillo,  intervendrá en el XIII Congreso Español de Sociología.

La ponencia de Aguilera Gordillo se desarrollará en el marco del grupo de Sociología Analítica. Obedece a un trabajo conjunto con dos investigadores del CSIC, Francisco Herreros y Fernando Aguiar.

El propio autor expone en el resumen admitido para la presentación de la ponencia uno de los pilares sobre la eficacia de los planes compliance:

“Un interesante problema de diseño institucional que implica al menos a tres actores. estos son la empresa, que vela por sus intereses; el compliance officer, que debe vigilar, desde dentro de la empresa, que se cumpla la ley; y el Estado, que vela por el interés común. Esta compleja relación presenta un problema de confianza entre la empresa, el compliance officer y el Estado. En la medida en que el Estado –esto es, sus organismos de control- no confíe en la labor del compliance officer, no podrá confiar en que la empresa se autorregule para no cometer delitos corporativos que le resulten beneficiosos. ¿Cuáles serán, pues, las bases de esa confianza?

 

Cartel congreso Sociología

 

XIII CONGRESO ESPAÑOL DE SOCIOLOGÍA:

El Congreso Español de Sociología es el principal evento de la Sociología española. Concentra una gran cantidad de actividades científicas y profesionales, ofreciendo numerosas oportunidades a distintos tipos de público. La Federación Española de Sociología organiza el congreso desde el año 1981 con gran éxito de participación.

 

En estos momentos de encrucijada (cultural, política, económica, medioambiental…), caracterizados por la complejidad y la incertidumbre, se presentan opciones sociales diferentes. Estas bifurcaciones plantean dilemas y alternativas que dependen de decisiones vitales, individuales y colectivas. Y es ahora precisamente donde la Sociología se tiene que reafirmar como un actor relevante para continuar impulsando la reflexión y la acción social basada en la investigación sociológica. Esa tarea debería servir de base también para explorar y mejorar los usos y prácticas sociales de la disciplina.

 

 

Imagen web congreso de sociologia

 

 

El Cambio Social.

En ese sentido, la FES plantea el XIII Congreso Español de Sociología como una nueva oportunidad de repensar y abordar las cuestiones más importantes en torno al cambio social: las formas de sociabilidad, los movimientos migratorios, la (in)sostenibilidad ambiental, el trabajo productivo y reproductivo, la igualdad de género o la gobernanza.

Tanto desde la academia como desde la profesión, la Sociología tiene que recuperar y recrear el compromiso con la sociedad, que es la que otorga su pleno sentido. Sociología y compromiso social son indisociables, porque lo propio de la Sociología es prestar atención y dar valor a los hechos de la realidad social, fortalecer los vínculos sociales,denunciar las arbitrariedades y las desigualdades y contribuir a la construcción de herramientas y alternativas que las amortigüen.

Por eso, la Sociología no puede renunciar a su vocación de ciencia. Tampoco, puede renunciar a ser una ciencia cada vez más instrumental. Este nuevo congreso de Sociología proporciona una valiosa ocasión para avanzar hacia la ciudadanía plena. Apoyándose en los conocimientos y prácticas profesionales acumulados por la disciplina.

 

Gijon 2016  Valencia julio de 2019

La última edición del Congreso, celebrada en Gijón en el 2016 supuso un récord de participación. Contó con más de 1400 inscritos, 1500 comunicaciones y cerca de 2400 autores. Esto supone un número muy relevante de masa crítica para la disciplina sociológica.

El Congreso se realiza en cada ocasión en una ciudad distinta. Se organiza en colaboración con los miembros colectivos de la federación. Especialmente las asociaciones de las comunidades autónomas y los centros universitarios. Este evento cuenta con numerosos apoyos de instituciones públicas y privadas que patrocinan su organización. Junto con una amplia red de colaboradores formados por administraciones, empresas y entidades del tercer sector.  En julio de 2019 se celebrará en Valencia la decimotercera edición.


Canal Compliance18 marzo, 2019
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Recientemente el Boletín Oficial del Estado publicó una modificación del Código Penal por la que se incrementa el nº y tipología de los delitos por los que pueden ser condenadas las personas jurídicas.

 

La relación del catálogo de delitos posiblemente no enmienda el pasado. Posiblemente la ampliación y modificación del catálogo lo que denota es una adaptación a la actualidad más acuciante. Se incrementan los posibles delitos. El lector de la norma podría interpretar que la razón es que hay mas “malos”, mas delincuentes. Pero las personas jurídicas siguen siendo las mismas. Las organizaciones no son ni más ni menos. Las posibilidades de delinquir si se han incrementado. Tipificar y relacionar estas estas posibilidades ayuda en su control.

 

La nueva relación de delitos no enmienda el pasado, adapta a la actualidad las posibilidades delictivas de las personas jurídicas

 

El fiscal de delitos económicos, Juan Antonio Frago Amada, publicaba recientemente en su blog – una de las publicaciones más interesantes del sector y cuyo contenido se dedica, en no pocas ocasiones, a la responsabilidad penal de las personas jurídicas- un cuadro confeccionado por el propio fiscal y maquetado por la World Compliance Association. Un cuadro de recomendable lectura y consulta y del cual facilitamos el enlace  AQUÍ

 

Cuadro Juan Antonio Frago y WCA
Cuadro nuevos ilícitos Juan Antonio Frago y WCA

 

 

La adaptación

 

Las nuevas tecnologías, las prácticas bursátiles, la actualidad económica… han suscitado esta adaptación de la norma a las nuevas prácticas para ponérselo difícil a los mismos “malos” con personalidad jurídica.

 

Operaciones bursátiles

 

En este sentido han influido la trasposición de directivas europeas relacionadas con las prácticas mencionadas, con los hábitos en el mundo de la bolsa y los negocios, con la actividad política en relación con las contrataciones públicas, con las informaciones que a diario salpican los informativos y las páginas de los periódicos…

 

Aunque la ampliación del catálogo no es la única novedad. La dureza de las penas también ha sido incrementada y se han mejorado las especificaciones de otros posibles ilícitos. Algunos de ellos relacionados con la corrupción en el ámbito privado o la información privilegiada en ámbitos bursátiles.

 

El cuadro publicado por Frago Amada y WCA “se contiene toda la normativa penal y procesal penal vigente con la entrada en vigor de la LO 1/2019”. Todos coinciden que los planes compliance deberán contemplar los cambios si quieren seguir siendo eficaces. Un a eficacia que además de ser requerida por la judicatura deberá ser probada.


Canal Compliance7 marzo, 2019
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La World Compliance Association convoca la primera edición de los Premios a la Integridad en la Gestión Pública . La entrega de Premios tendrá lugar durante el II Congreso Nacional de Cumplimiento Legal en el Sector Público.

La World Compliance Association (WCA) ha convocado la I edición de los Premios a la Integridad en la Gestión Pública. Tendrá lugar durante el II Congreso Nacional de
Cumplimiento Legal en el Sector Público. La entrega de premios se dividirán en dos categorías. Y pondrá final a esta nueva edición del congreso el próximo 27 de marzo, que promete seguir los pasos del éxito de la anterior.

Los premios pretenden promocionar las iniciativas más destacadas sobre integridad en la gestión pública en todos los ámbitos del sector público y poner en valor la labor en pro de la promoción de la integridad y de la mejora de la gestión pública a través de las técnicas de compliance.

 

Los premios pretenden promocionar las iniciativas más destacadas sobre integridad en la gestión pública

 

Para ello, la WCA premiará a la iniciativa en gestión más destacada en la integridad pública y al empleado público destacado en su labor de promoción de la integridad. Las candidaturas, institucionales (persona jurídica) en el primer caso e individuales (persona física) en el segundo, deberán promover el cumplimiento de valores, la transparencia, integridad, buen gobierno y buena administración y la difusión y la mejora de la gestión pública en sus categorías.

 

 

Invierno Limpio

 

 

Candidaturas.

La presentación de las candidaturas podrá hacerse vía online, a través del formulario alojado aquí >>> , hasta el próximo 15 de marzo de 2019 (incluido), fecha en que el jurado procederá a evaluar las propuestas.

El jurado encargado de valorarlas será seleccionado y nombrado por la WCA. Estará integrado por un mínimo de cinco miembros de reconocido prestigio. Serán prtenecientes a las área del sector
público, la judicatura, la universidad y la empresa privada. Contando así con diferentes puntos de vista.

La WCA pretende poner en valor la integridad. También dar visibilidad a las incitativas compliance en el ámbito de la gestión pública. Dentro de cualquier campo de actividad (medioambiente, gestión económica, contratación, gestión de RRHH, etc).


Canal Compliance6 marzo, 2019
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Es el concurso de conocimientos en materia de compliance organizado por la World Compliance Association que se pondrá en marcha el próximo 2 de abril

Hoy se abren las inscripciones para la II edición de la World Compliance League. Es el reto internacional online, organizado por la World Compliance Association.

Los participantes pondrán a prueba sus conocimientos en materia de compliance. Y podrán ganar magníficos premios. Los interesados en participar, ya pueden apuntarse aquí, a través de la web de la WCA.

En ella también tendrán acceso a las preguntas y a las condiciones del concurso.

Tras el éxito de la primera edición, llega de nuevo el concurso dirigido a cualquier persona interesada en el mundo del compliance y abierto a todos y todas. Gracias al método de la gamificación, los participantes podrán probar su nivel y mejorar sus conocimientos en esta materia.

El reto, que se pondrá en marcha el 2 de abril, consistirá en acertar preguntas que se lanzarán diariamente durante un mes. Los participantes conocerán su clasificación en el ranking a tiempo real. Y al finalizar se hará entrega a los 3 mejores de los siguientes premios:

  1. Primer clasificado. Un iPhone XR y un Curso de Experto Universitario Compliance Officer – Titulación Compliance Officer;
  2. Segundo Clasificado. Un Curso de Experto Universitario Compliance Officer – Titulación Compliance Officer y un año de cuota de asociado gratis.
  3. Tercer clasificado, un Curso de Experto Internacional en Sistemas de Gestión Anti- Soborno ISO 37001 y un año de cuota de asociado gratis.

Además, todos los concursantes podrán entrar en el sorteo de una cámara Go Pro invitando a participar a sus amigos y retándoles a través de la opción facilitada también en la web.


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Cada año los peritos, con sus distintas especializaciones, quedan registrados en los tribunales de justicia. Lo hacen a través de un listado que los colegios profesionales envían a las estancias judiciales.

 

En pasadas fechas leía un artículo muy interesante. Versaba sobre el análisis de la posibilidad de elaborar un dictamen pericial de experto en compliance penal. Para que comparezca como perito al juicio oral en los casos de procesos penales con derivación de responsabilidad penal de persona jurídica. Cuando quiera plantearse por ésta la validez y suficiencia del programa de cumplimiento normativo.

Destaca la doble opción de la proposición de la pericial de compliance por la defensa. Pero también la opción de que el Ministerio Fiscal o la acusación particular puedan solicitar al juez la designación de un perito judicial experto en compliance. Éste sería a designar de entre los listados que deberían enviarse a los decanatos de aquellos que acrediten esta especialización. Siendo también, necesario regular la vía para que esta titulación pueda obtenerse. Y la debida inscripción en un Registro en el Ministerio de Justicia.

Me gustaría centrarme en estas últimas palabras. Como perito colegiado me sorprendieron estas líneas. La figura de perito existe desde hace mucho tiempo y está muy bien regulada.

 

La figura de perito existe desde hace mucho tiempo y está muy bien regulada

 

Legislación.

 

La Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil dice en su Artículo 340 las Condiciones de los peritos:

  1. Los peritos deberán poseer el título oficial que corresponda a la materia objeto del dictamen y a la naturaleza de éste. Si se tratare de materias que no estén comprendidas en títulos profesionales oficiales, habrán de ser nombrados entre personas entendidas en aquellas materias.
  2. Podrá asimismo solicitarse dictamen de Academias e instituciones culturales y científicas que se ocupen del estudio de las materias correspondientes al objeto de la pericia. También podrán emitir dictamen sobre cuestiones específicas las personas jurídicas legalmente habilitadas para ello.
  3. En los casos del apartado anterior, la institución a la que se encargue el dictamen expresará a la mayor brevedad qué persona o personas se encargarán directamente de prepararlo, a las que se exigirá el juramento o promesa previsto en el apartado segundo del artículo 335.

Por supuesto en leyCrim queda recogida su funciones en su título VII

 

Colegios Profesionales.

 

 

Cada año los peritos con sus distintas especializaciones quedan registrados en los tribunales de justicia. Lo hacen a través de un listado que los colegios profesionales envían a las distintas estancias judiciales. Dichos colegios profesionales -yo estoy en ASPEJURE- , validan como terceros independientes, los conocimientos adquiridos. O bien por formación reglada o no. O bien por experiencia profesional y el compendio de estas. Emiten diploma o certificado de especialidad, o rechazan la certificación.

 

Titulacion Juan Carlos Galindo

 

No creo necesario, por lo tanto, que exista la necesidad de ningún registro estatal. Primero porque ya existe. Y segundo, porque la regulación de los mercados debe de ser libre.

 

Los requerimientos existentes son suficientes para garantizar una buen dictamen sin necesidad de la intervención del “papa estado”. Aun así, coincido con el autor, en la importancia de que la valoración de los programas de compliance por peritos expertos, es y será clave. Lo es y será para lograr, o bien la condena, o la absolución de las empresas encausadas.

 

No creo necesario, por lo tanto, que exista la necesidad de ningún registro estatal,…

 

Mi intención solo es poner sobre blanco, que las peticiones o recomendaciones suscitadas en el articulo que ha propiciado este, ya se cumplen. Cabe remarcar que la figura del perito experto en compliance y su participación en los juzgados, es determinante para el resultado final de  dichos procesos penales.

Por lo tanto, queridos letrados penalistas, cuando acusen o defendían, cuenten con nosotros como verdaderos aliados para conseguir su cometido. Créanme somos determinantes. Y más en una materia donde los procesos de  consultoría (mapeo de riesgos, canales denuncia, códigos éticos, implementación medidas…etc.) se tienen que evaluar desde un punto de vista no solo penal.


Canal Compliance18 febrero, 2019
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Comunicación Poder Judicial. La investigación se centra en la infraestructura conformada en torno a esta empresa dirigida a la obtención de contratos de manera irregular mediante el pago de sobornos a autoridades y empleados públicos en una actuación que se prolongó durante más de quince años. de Juventud y Deportes y Casco Antiguo”.

 

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha abierto juicio oral a 88 personas, ellas cargos públicos, funcionarios y técnicos, en las siete piezas que integran el denominado “caso Fitonovo” de corrupción (también conocido como “caso Madeja”), la infraestructura conformada en torno a esta empresa dirigida a la obtención de contratos de manera irregular mediante el pago de sobornos a autoridades y empleados públicos en una actuación que se prolongó durante más de quince años.

El magistrado atribuye al PSOE e IU la condición de partícipes a título lucrativo en una de las piezas, relativa a contratos del Ayuntamiento de Sevilla, por haberse beneficiado “de la conducta delictiva amañada por las personas investigadas” en las cantidades de 159.839,36 y 155.000 euros, respectivamente.

En siete autos, uno por cada pieza que ahora envía a juicio a la Sala de lo Penal y que se instruyó inicialmente el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, el magistrado abre juicio oral contra las personas y por los delitos consignados en sus escritos de acusación por la Fiscalía y la Abogacía del Estado: organización criminal, prevaricación, cohecho, fraude a la administración pública, blanqueo, falsedad en documento mercantil y tráfico de influencias.

El instructor, que da un plazo de veinte días para presentar los escritos de defensa, impone fianzas de responsabilidad civil que llegan en algunos casos hasta los 13 millones de euros, con el fin de cubrir las eventuales cantidades a satisfacer en caso de condenas.

 

Cámara de video vigilancia

 

El juez reprocha la falta de acusación de la Fiscalía

A lo largo de sus resoluciones el magistrado reprocha a la Fiscalía y, en menor medida a la Abogacía del Estado, la falta de acusación respecto de algunos investigados, lo que obliga al sobreseimiento, así como que no acuse por determinados delitos a varios de ellos pese a los indicios acumulados en la instrucción.

Explica De la Mata en la pieza principal, en relación con los asesores jurídicos, financieros, fiscales y societarios, que diseñaron, planificaron e implementaron toda la estrategia criminal blanqueadora de los restantes acusados y les asesoraron durante todo el proceso de blanqueo de capitales que se llevó a cabo exactamente en la forma en que estos profesionales planificaron y, sin embargo, “el Fiscal y la Abogacía del Estado no formulan acusación por este delito contra estas personas”.

“Esto es difícilmente comprensible”, subraya el juez, quien añade que concurren múltiples indicios de que varios de los investigados “diseñaron, planificaron e implementaron la estrategia de blanqueo de la familia González Baro. Les asesoraron de extremo a extremo, en todos los puntos de esta estrategia criminal, y cuidaron de que se llevara a cabo. Pese a ello, el Fiscal y la Abogacía del Estado no formulan acusación contra estas personas. En el caso de la Abogacía del Estado, les acusa como miembros de la organización criminal, y expresa que cada uno de ellos <contribuyó decisivamente a diseñar e implementar la estrategia de blanqueo de capitales desarrollada por la organización>”.

En el caso del fiscal, continúa el auto, “ni siquiera menciona a estas personas en su escrito de acusación, pese a su relevantísima participación, no solo en las operativa de blanqueo, sino en todas las desarrolladas por la organización criminal. Su actuación protagónica en este ámbito blanqueador, pese a todo, queda fuera del ámbito de la acusación y, como se ha indicado ya en varias ocasiones, tampoco en este caso, obligado por esta circunstancia, es posible abrir el juicio oral en relación con estas personas por este delito”.

El juez señala igualmente en otras de las piezas separadas la falta de acusación de la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

 

Lavado de dinero

 

Una estructura para conseguir contratos públicos de manera irregular

El titular del Juzgado Central de Instrucción 5 explica a lo largo de los autos que la dirección de Fitonovo S.L. creó una infraestructura, tanto operativa como contable, destinada a obtener contratos públicos irregulares, habilitando la estructura comercial de la empresa para conformar una red de contactos con funcionarios corruptos que les facilitaban dicha contratación, y creando una contabilidad paralela que se nutría de facturación falsa para, entre otros fines, financiar el pago de sobornos a funcionarios públicos.

la prolongación en el tiempo de las prácticas de corrupción (desde 1995 hasta 2013), el amplio ámbito territorial afectado y la multitud de administraciones y funcionarios implicados, prosigue el magistrado “llevan a concluir que las prácticas delictivas vinculadas a la obtención fraudulenta de contratos, tanto administrativos como privados, eran un elemento nuclear de la actividad de la empresa, hasta tal punto que ésta puede entenderse como un velo societario de dicha actividad criminal”.

Continúa relatando que la entrega de comisiones se ha prolongado durante al menos quince años, afectando a múltiples Administraciones tanto estatales, como autonómicas y locales, e involucrando a un elevado número de funcionarios y autoridades. De hecho, apunta, “esta organización criminal desarrolló su actividad a través de semejantes prácticas corruptas al menos desde el año 1995, y por un amplio ámbito geográfico: Sevilla, Córdoba, Jaén, Cádiz, Huelva, Algeciras, Zaragoza, Valencia, Barcelona, Extremadura y Canarias”.

“Así, crearon una trama societaria que, en paralelo a una actividad comercial legal, se ocupaba de acaparar contratos públicos usando medios ilícitos, causando grave daño al interés público, por cuanto pervirtieron numerosos procedimientos de contratación en detrimento de las arcas públicas y del interés público en una adecuada prestación de los servicios, además de un grave daño al orden socioeconómico, al perjudicar a las sociedades que de forma legal pretenden participar en la contratación pública, pero que no tienen posibilidad de resultar adjudicatarias al estar en franca desventaja por las prácticas corruptas de la trama”, subraya De la Mata.

En añadido, prosigue el instructor, la dirección de la trama criminal creó otras empresas  ya como sociedades patrimoniales donde residenciar sus ganancias, ya como sociedades pretendidamente comerciales, pero que se empleaban para articular concurrencias ficticias en procedimientos públicos de contratación o para adjudicaciones públicas cuando no era deseable que apareciera como tal la sociedad FITONOVO.

Dentro de esta operativa y dado que el pago de comisiones a funcionarios como compensación de las conductas anteriores no podía justificarse de forma lícita, dice el juez, el mecanismo establecido para el pago de los sobornos constituía otro importante engranaje de la organización criminal. Para ello, la empresa FITONOVO SL tenía constituida una caja B que se nutría de facturación falsa con un gran número de empresas suministradoras o proveedoras de aquella, operaciones que se registraban en la contabilidad oficial aparentando compras de suministros o de servicios.

PSOE e IU, partícipes a título lucrativo en la pieza “Ayuntamiento de Sevilla”

En la pieza separada denominada “Ayuntamiento de Sevilla”, el instructor de la Audiencia Nacional atribuye la condición de partícipe a título lucrativo al PSOE y a IU ya que ambas formaciones políticas, con las maniobras de los imputados “consiguieron que distintas empresas asumieran el pago del coste de bienes y servicios de los que se beneficiaron (PSOE) o percibieron directamente distintas cantidades (ambas organizaciones)”. De este modo, indica, el PSOE resultó beneficiado en un importe de 159.839,36 euros e IU por 155.000 euros.

Explica el auto que tres de los investigados, “recibieron un total de 155.000 euros de Fitonovo S.L., para Izquierda Unida, a cambio de las adjudicaciones que los dos primeros les procuraron, significativamente en relación con los expedientes relativos a los 11 campos de fútbol (por más de seis millones de pesetas), en su condición de primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla y portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Sevilla y concejal delegado de Juventud y Deportes y Casco Antiguo”.


Canal Compliance18 febrero, 2019
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El acuerdo es fruto del compromiso con las buenas prácticas en la gestión de las organizaciones.

 

El compromiso de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo con la mejora constante de sus actuaciones continúa avanzando. El último paso ha sido la firma de un convenio de colaboración con la World Compliance Association.

 

Este acuerdo permitirá a la Coordinadora ser miembro honorífico de esta asociación. Con este tipo de acciones la coordinadora impulsa la labor del Compliance en el sector de la cooperación. “El Compliance son los procedimientos de las organizaciones para identificar los riesgos operativos y legales. Y los mecanismos que adoptan para prevenir esos riesgos y gestionarlos de la manera más adecuada”. Es decir, gracias a este acuerdo, la Coordinadora podrá adaptar los procedimientos internos a las particularidades de las ONG. También los entornos en los que trabajan. De manera que puedan mitigarse los riesgos a los que su personal se expone.

 

Actividad compliance.

Este acuerdo también permitirá a la Coordinadora participar en encuentros, formaciones y actividades que permitan aumentar el conocimiento compliance de otras entidades colaboradores y de la sociedad civil. Este tipo de acciones contribuirán a poner de relieve el gran esfuerzo que supone para las ONG de Desarrollo impulsar el Compliance.

Entre las ventajas que la WCA ofrecerá a la Coordinadora de ONGD como entidad colaboradora se encuentran el envío de información regular. También la participación en comisiones de trabajo. La posibilidad de utilizar el servicio de consultas técnicas y el uso del logo de la World Compliance Association. Además, este acuerdo proporcionará a sus asociados descuentos en las actividades, eventos y jornadas organizadas por la WCA. La pertenencia a sus redes y grupos de trabajo y el acceso a la bolsa de trabajo.

La Coordinadora integra a 75 ONG de Desarrollo de ámbito estatal, 2 Entidades Asociadas y 17 Coordinadoras Autonómicas. En total, unas 400 organizaciones que trabajan en más de 100 países. Promovemos la justicia social y la garantía de los derechos humanos en cualquier lugar del mundo.


Canal Compliance14 febrero, 2019
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La sociación internacional de compliance es la primera entidad española y la primera en el mundo especializada en compliance en obtener la acreditación internacional.

 

La WCA se ha convertido en la primera entidad española en acreditarse como entidad de certificación de la norma ISO 37001.  Sistemas de Gestión Antisoborno. Es unade las pocas existentes en todo el mundo y la única especializada únicamente en auditoría de Compliance.

La acreditación ha sido otorgada por la entidad americana IAS (International Accreditation Service). La entidad posee un esquema de acreditación específico para ISO 37001:2016. IAS pertenece al grupo internacional de entidades de acreditación IAF (International Accreditation Forum). Por lo que la acreditación es reconocida por otras entidades de acreditación como ACCREDIA, INACAL, ENAC o ANAB. Estos reconocimientos son en virtud de los acuerdos de reconocimiento mutuo que existe entre estas entidades. Por lo tanto tiene validez y reconocimiento internacional.

“Esta acreditación es el fruto de un proyecto que empezó en 2017 con el inicio de la actividad de certificación y culminó exitosamente el pasado diciembre con la auditoría de acreditación de todos los expedientes existentes hasta la fecha y la recomendación para la acreditación por parte del equipo auditor IAS”, tal y como destacan desde la WCA.

 

Certificados.

Dado que todas las actividades de auditoría se llevaron a cabo desde un primer momento aplicando los estándares internacionales que rigen la certificación de sistemas, la acreditación permite a la WCA emitir nuevamente los certificados a todos sus clientes incluyendo el sello de IAS.

La acreditación para la certificación de la norma ISO 37001, avala la imparcialidad, independencia y competencia técnica de la WCA. Prueba sus altos niveles de calidad de servicio. También la convierte en entidad de referencia en materia de certificación Compliance en todo el mundo.

Los detalles de la acreditación pueden consultarse en la página web de IAS.



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