Canal Compliance17 mayo, 2018
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Desde la última reforma de nuestro Código Penal son bastantes las organizaciones que han empezado a implantar en su seno modelos de Cumplimiento.

 

Vista parcial Globo terraqueo

Almudena Bouza/TÜV Rheinland Group in Spain. Cierto es que, en general, son las grandes empresas las que más han avanzado con este tema hasta el momento. Son las que más sufren el riesgo reputacional y las que, sin duda, disponen de más recursos para reducirlo.

¿Cabe esperar un efecto en cadena? Es probable que sí, dado que la Circular 1/2016 de la Fiscalia General del Estado establece que la organización principal es responsable de aquellos que trabajan dentro de su “dominio social”. Esto es, se le supone una posición preponderante y por lo tanto responsable de lo que hacen aquellos que trabajan para ella o en su nombre. *

Resulta evidente, por lo tanto, que las grandes empresas empezarán a exigir en la documentación de oferta o en la contractual que sus proveedores de servicios cumplan los requisitos establecidos en el artículo 31 bis del Código Penal. Que requieran documentación relativa a dicho cumplimiento a sus contratas principales o que, incluso, dependiendo del nivel de riesgo que observen en dicha contrata y en el trabajo a desarrollar, decidan someterla a auditoría.

Hace años fueron otras áreas como la de calidad, medio ambiente, prevención de riesgos laborales o seguridad alimentaria donde el mercado se comportó de manera similar y se acabó requiriendo la obtención y presentación de las certificaciones como garantía suficiente. ¿Cómo es posible que acabe pasando en el ámbito del Compliance?.

Además, si volvemos a la Circular 1/2016 nos encontramos con que específicamente reconoce que “Las certificaciones sobre la idoneidad del modelo expedidas por empresas, corporaciones o asociaciones evaluadoras y certificadoras de cumplimiento de obligaciones, mediante las que se manifiesta que un modelo cumple las condiciones y requisitos legales, podrán apreciarse como un elemento adicional más de su observancia” aunque obviamente el texto sigue con un “pero en modo alguno acreditan la eficacia del programa, ni sustituyen la valoración que de manera exclusiva compete al órgano judicial”. Cómo no podía ser de otra manera. Es decir, es una garantía ante la Fiscalía y el Juez, lo suficientemente importante como para merecer un comentario específico en la Circular. Pero obviamente una garantía más y no suficiente ante la comisión de un delito.

 

Grupo TÜV Rheinland

LA TRANQUILIDAD DE LA CERTIFCACIÓN.

La certificación proporciona tranquilidad no sólo a los clientes sino también a los propietarios de una empresa dirigida por un gerente profesional que tiene más opiniones externas e independientes que le garantizan que en su empresa existe un modelo de cumplimiento funcionando.

Aporta valor y confianza en cualquier proceso de compra-venta de empresas. Esto es por que, dado que la responsabilidad penal por las operaciones pasadas de la empresa que se adquiere, se traspasa al comprador, no desaparece con la venta o el cambio de nombre de la razón social.

A nivel interno aporta seguridad a todos los interesados en que el Compliance funcione. Que uno o varios expertos nos digan periódicamente que nuestro enfoque es correcto y está bien desarrollado, mantenido y controlado es una forma de saber que estamos haciendo las cosas bien.

 

La certificación aporta valor y confianza en cualquier proceso de compra-venta de empresas

 

POSICIONAMIENTO ANTE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA

¿Habría más razones para certificarse? Sí, sin duda. Por ejemplo un mejor posicionamiento para la contratación pública y para la contratación internacional en determinados mercados.
Las Directivas 2014/23/UE, relativa a la adjudicación de contratos de concesión, y 2014/24/UE, sobre contratación pública, ya contemplan que aquellas organizaciones que se hallen incursas en alguna prohibición para licitar o contratar con la Administración sean exonerados de dicha prohibición si demuestran haber implantado “medidas técnicas, organizativas y de personal concretas, apropiadas para evitar nuevas infracciones penales o faltas” en su organización empresarial. La certificación puede ser sin duda una demostración fehaciente de ello. Y no son pocas las voces que ya dan por seguro que será un requisito para contratar con la Administración Pública en el corto plazo el demostrar que se ha implementado un sistema de Cumplimiento en el seno de la organización.

 

¿Habría más razones para certificarse? Sí, sin duda

Tampoco conviene olvidar que hay determinados mercados, fundamentalmente anglosajones, donde las empresas no pueden operar si no demuestran sus compromisos de cumplimiento por lo que aquellas empresas españolas interesadas en trabajar en el mercado norteamericano, británico o el brasileño por poner otro ejemplo, estarán mejor posicionadas que su competencia si presentan credenciales de cumplimiento de Compliance bajo una certificación internacional de reconocido prestigio.

El mercado alemán (tras el australiano) ha sido uno de los pioneros en este ámbito con normas como la ASss980 (PS980) que han servido de apoyo -junto con la ISO 19600, no certificable- para conseguir un modelo de evaluación que tenga el suficiente grado de flexibilidad como para adaptarse a la idiosincrasia de cualquier compañía. Así mismo la norma UNE 19601:2017 que, si bien contempla solo el Compliance desde el punto de vista penal y orientado al mercado nacional (puesto que no es norma ISO) sí que se convierte en una norma de requisitos y por lo tanto certificable.

Desde nuestra experiencia de años evaluando o certificando el Compliance-y donde clientes como Hays AG o Schufa Holding confían en nosotros-creemos que el desarrollo del modelo de Cumplimiento y su posterior certificación son la nueva oportunidad de posicionarse en el mercado, diferenciarse de la competencia, fortalecer las organizaciones y con ello garantizar la viabilidad futura.

* En cuanto a los delitos que provocan la responsabilidad de la persona jurídica, deben haber sido cometidos por los sujetos sometidos a la autoridad de las personas físicas mencionadas en la letra a) del apartado 1, siendo suficiente que operen en el ámbito de dirección, supervisión, vigilancia o control de estas. No es necesario que se establezca una vinculación formal con la empresa a través de un contrato laboral o mercantil, quedando incluidos autónomos o trabajadores subcontratados, siempre que se hallen integrados en el perímetro de su dominio social (Circular 1/2016)

Almudena Bouza Responsable Esquema Compliance TÜV Rheinland Group in Spain


Canal Compliance7 mayo, 2018
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En el verano de 2015, nuestro Código Penal describió de forma clara qué deben hacer las personas jurídicas para evitar la condena penal, en aquellos casos en que un delito de tipo penal se comete en el seno de la organización. Desde entonces son aún pocas las PYMES que han desarrollado un modelo de gestión de cumplimiento. Compliance.

Este artículo no está dedicado solo a los directivos sino a las partes interesadas de esas empresas. ¿Quiénes son? Cualquiera que trabaje en una empresa o que sea fan de uno de sus productos. O que subcontrate de forma habitual. Es decir, trabajadores, clientes, proveedores, subcontratas, administraciones públicas. Resumiendo, toda la sociedad puesto que de una u otra forma todos somos partes interesadas de alguna o de varias empresas.

 Vías de ferrocarril elegir camino Compliance
¿Qué ventajas tiene para una parte interesada que exista un programa de cumplimiento?

Si yo trabajo en una empresa espero que esta tenga futuro. Siendo fan de un producto querría seguir encontrándolo en el mercado. Si, como cliente, contratase a otra empresa para trabajar en mi nombre, no querría acabar en los tribunales por su culpa. Como Administración Pública, no me interesan los cierres de empresas. No quiero más desempleados y menos ingresos fiscales.

Grupo TÜV Rheinland

Es decir, lo que está en juego es la continuidad de la empresa. Puesto que las consecuencias de una imputación penal pueden pasar por la paralización temporal de la actividad de la empresa mientras dure la instrucción o el cierre definitivo, una vez dictada sentencia. Aunque no tiene por qué llegar a estos extremos. Puede que la condena se quede en una multa o la prohibición de contratar durante años con las administraciones públicas. Es segura una pérdida financiera y reputacional derivada de una condena de este tipo.

Puede que, incluso con ese castigo menor, dependiendo del mercado al que se dirija esta empresa, llegue con esto para que no sobreviva al entorno de competencia en que vivimos.

¿Por qué entonces los gerentes y directivos de estas empresas están asumiendo el riesgo de no implantar en sus organizaciones un sistema de Cumplimento?

¿Es difícil que en el seno de una empresa se cometa un delito tipificado como penal?

El abanico de delitos tipificados es amplio. En este sentido, van desde la estafa hasta el delito urbanístico, pasando por el ambiental o el fiscal. Existen unos 30 delitos tipificados que, dependiendo del sector en el que nos movamos, pueden parecer más o menos probables. Así será poco probable que se dé un delito ambiental en empresas de desarrollo de software. Si bien el riesgo de que se produzca en estas empresas un delito vinculado con la seguridad de la información debería ser tenido en cuenta.

¿Es entonces difícil de implementar un sistema de Compliance? .Pues tampoco, o al menos no más que cumplir con otros requisitos legales, pero lo que si requiere es un claro compromiso de la dirección de la empresa y, asesoramiento, formación o ambas cosas para que se pueda diseñar e implantar ese sistema con garantías.

Parece claro que, si lo que tenemos en un lado de la balanza es la seguridad de nuestra actividad y la continuidad de nuestro negocio y en el otro la necesidad de dotar de recursos específicos a la organización para que el cumplimiento sea una realidad, sólo alguien con una clara querencia por el riesgo escogería la de ignorar esta debilidad y poner en riesgo su negocio. No olvidemos que está formado por capital económico, humano y social. Ese que nos afecta a todos como sociedad.

Almudena Bouza Responsable Esquema Compliance TÜV Rheinland Group in Spain


Canal Compliance5 marzo, 2018
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El evento, organizado por la World Compliance Association, es el primero de estas características que se celebra en el sector pesquero a nivel mundial

El congreso cuenta con la colaboración y el apoyo de organismos e instituciones públicas de carácter nacional e internacional. También de numerosas asociaciones profesionales y empresas del sector pesquero, conservero y logística del frío. Además, contará con la participación de expertos de alto nivel de ámbito nacional e internacional como la, FAO, la OIT, ITF Global y la Agencia Europea de pesca, entre otros.

El objetivo de este encuentro es ayudar a las organizaciones de la industria de la pesca a enfrentarse a los nuevos retos surgidos con motivo de la introducción en las legislaciones de casi todo el mundo de la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Se abordarán diversos aspectos de los programas de cumplimiento. Las medidas a adoptar por las organizaciones de la industria pesquera para hacer de ella una industria más ética, honesta y comprometida con el cumplimiento, será otra parte de la temática.

El programa está estructurado en cinco grandes bloques temáticos. Las buenas prácticas y los códigos de conducta serán algunos de los temas tratados. También cómo abordan las organizaciones del sector la implantación de los programas de compliance ocuparán a los congresistas participantes.

LOCALIZACIÓN

El congreso tendrá lugar en la ciudad de Vigo por ser un referente a nivel internacional de la industria de la pesca, conservera y frigorífica. La sede de AFUNDACIÓN en Vigo acogerá en su imponente auditorio las presentaciones de los participantes en el Congreso. Más de veinte ponentes de alto nivel nacional e internacional conforman el programa del congreso. Representantes de la FAO, la OIT, la UE, y de numerosas instituciones públicas y privadas participan en el congreso. También contamos con la presencia de profesionales de las principales empresas del sector que nos contarán sus experiencias con el fenómeno compliance.

El congreso va dirigido a un amplio espectro de profesionales de la industria pesquera. Armadores, empresas conserveras, pesqueras, frigoríficas y logísticas. Los contenidos son de interés tanto para mandos directivos e intermedios, como para el resto de trabajadores.  La intervención todos los empleados de una organización resulta esencial en la implantación de los programas de cumplimiento. Está diseñado para profesionales dedicados a la elaboración de programas de compliance (abogados, consultores y asesores) ya que les permitirá conocer las particularidades de este sector.

La WCA es la entidad organizadora. Cuenta además con el apoyo directo de la Consellería do Mar de la Xunta de Galicia, ABANCA, PREVENSYSTEM. La organización cuenta también con colaboración de organizaciones de referencia en el mundo pesquero y del compliance. CEPESCA, FEDEPESCA, INTEDYA, SMC Compliance, AUTORIDAD PORTUARIA DE VIGO, ARVI, OPAGAC, son algunas de éstas.

MÁS INFORMACIÓN, PROGRAMA E INSCRIPCIONES AQUÍ


Canal Compliance28 febrero, 2018
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CINCO DÍAS. Diseñar un proceso penal que evite la estigmatización de las personas jurídicas es una de las grandes demandas que el Círculo de Empresarios ha plasmado en la calidad del sistema jurídico, como clave del crecimiento económico y el progreso social.

El  documento realiza una profunda evaluación de la situación de la justicia en España. Elabora un catálogo de propuestas de mejora que pretenden convertirla en uno de los motores de desarrollo del país.

El texto, presentado en el Colegio de Abogados de Madrid, señala que el modelo compliance choca con la estructura del proceso penal, en el que el fiscal no dirige la investigación ni tiene el monopolio de la acción penal, y en el que además no rige el principio de oportunidad.

En este sentido, los empresarios reclaman reformas para que sea el ministerio público quien asuma la investigación de los delitos. Ésta se realizaría en cooperación con la policía judicial. Tambien que se abran las opciones de que las empresas investigadas puedan llegar a acuerdos con la acusación.

Imputaciones infundadas

No es la única propuesta en relación a la fase de instrucción. En este sentido, el Círculo incide en la necesidad de mantener y respetar sus actuales plazos máximos de duración del procedimiento para evitar que se produzcan “situaciones de inactividad o se practiquen diligencias innecesarias”.

Otra de las preocupaciones que manifiesta el documento es la conculcación de la presunción de inocencia. Ésta se produce con la filtración del contenido de sumarios. Así  a juicio del Círculo Empresarios, son “imputaciones infundadas que causan graves daños reputacionales a las personas afectadas”.

Además de las reformas referidas al proceso penal, el texto también reclama, entre otras medidas, reforzar la seguridad jurídica a través de una mejor redacción de las leyes y de una mayor estabilidad legislativa; adoptar decisiones que reduzcan el número de asuntos que llegan a la jurisdicción contencioso-administrativa, y profundizar en la digitalización de la justicia.

Enlace al artículo en 5Días


Canal Compliance23 febrero, 2018
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Legal today.  La Cara y La Cruz. Almudena Curero y Jose Enriqeu Pérez Ofrecen sus posturas sobre la conveniencia de la figura del Compliance Officer

LA CARA
Almudena Curero
Abogada del Departamento Corporate Defense de MOLINS & SILVA, Defensa Penal.

Recientemente, el Consejo General de la Abogacía Española emitía un informe en el que recomendaba que las funciones del compliance officer debían ser desarrolladas por un abogado externo, al entender que esta tarea de implementación y aplicación de los planes de prevención de delitos requiere la combinación de actividades de interpretación, evaluación y decisión acentuadamente jurídica, y que una figura externa limita la posibilidad de que se produzcan conflictos de intereses. No obstante, como sucede con muchos otros aspectos relacionados con la responsabilidad penal de las personas jurídicas, los tribunales aún no han tenido ocasión de pronunciarse sobre la cuestión que da título a este artículo.

A estos efectos, se hace necesario atender a lo establecido en el Código Penal. En concreto, el tenor literal del art. 31 bis 2 2º CP requiere que la función de supervisión haya sido confiada a un órgano de la persona jurídica con poderes autónomos de iniciativa y de control, o bien, a un órgano que ya tenga encomendada la función de supervisar la eficacia de los controles internos -como podría ser el departamento de auditoría interna o el de control en materia de blanqueo de capitales-. Por lo tanto, de ahí se desprende que el legislador está pensando en una configuración del órgano de cumplimiento o supervisión, -y, por ende, en el caso de que sea un órgano unipersonal también en la figura del compliance officer-, como un departamento interno dentro de la organización.

A favor de esta postura también se mostró la Fiscalía General del Estado en su Circular 1/2016, argumentando que el órgano de cumplimiento requería para el desarrollo de sus funciones un gran conocimiento del funcionamiento diario de la entidad, un conocimiento que raramente un externo podía tener. Además, no debemos olvidar que una de las tareas más importantes del compliance officer es la de formar y concienciar al resto de trabajadores de la importancia de cumplir con el compromiso normativo adquirido por la organización. Para ello, se requieren dotes de liderazgo que difícilmente una persona externa podría llegar a tener. No obstante, sí que es posible externalizar ciertas funciones encomendadas al compliance officer, como puede ser la gestión del canal de denuncias. Sin embargo, parece difícil que un juez pueda considerar que un Modelo de Prevención de Delitos es idóneo y eficaz -en términos de conseguir la eximente- si el órgano de cumplimiento se encuentra totalmente externalizado. En este sentido, una figura externa puede generar un incremento del tiempo de reacción ante situaciones de crisis, y una búsqueda de soluciones más genéricas, al no disponer de un conocimiento específico de la entidad.

Para otros, el hecho de que sea un órgano interno de la propia organización le resta de por sí independencia y autonomía, dos características que requiere el art. 31 bis CP. Sin embargo, bajo mi punto de vista, su configuración como órgano interno no es un obstáculo para garantizar estas cualidades. Más bien, esto depende de que sus funciones se configuren de tal manera que no necesite ni estar habilitado ni autorizado por ningún otro órgano, y de que se le blinde de posibles represalias.

Por lo tanto, y a tenor de lo que establece el CP, entiendo que es totalmente factible que el órgano de cumplimiento sea interno -por las razones anteriormente expuestas-, y que para las cuestiones legales más complejas cuente un servicio de asesoramiento legal prestado por una firma especializada.

LA CRUZ
José Enrique Pérez Palaci
Abogado y Especialista en Compliance Sanitario

La primera decisión a tomar por el órgano de gobierno es si el departamento de Compliance debe ser interno o externo, decisión que tiene que tener en cuenta la autonomía, independencia, objetividad e integridad, como requisitos para la eficacia del sistema. Además, debe decidir si es unipersonal o colegiado, si debe tener una preparación exclusivamente en Derecho, o debe de ir más allá para cumplir cada uno de los retos que implica la gestión del sistema de Compliance.

El marco de referencia español (Art. 31 bis del CP, la Circular 1/2016, y las UNEs 19600 y 19601), no se pronuncia expresa y directamente en la cuestión objeto de debate, si bien sí recogen la posibilidad de destinar recursos al asesoramiento externo y externalizar el sistema de gestión. Y ello, por eficacia, independencia y confidencialidad, por lo que ante dudas, injerencias, e ineficacia, el órgano de gobierno debe de optar por la externalidad, en caso contrario el Compliance Officer es un convidado de piedra, y el sistema de gestión de Compliance es meramente formal.

La gestión del sistema de Compliance debe externalizarse, al menos, en las primeras fases de diseño, implantación, ejecución y auditoría del sistema, en aras de la integridad, independencia, neutralidad, objetividad, especialización, profesionalidad, experiencia, secreto profesional, mayor calidad en la formación, ahorro de costes, mayor aceptación de que los controles sean externos, menor confianza con el/os profesional/es externo/s; y ello, mientras se asienta la cultura de Compliance, y se aleja el temor del Compliance Officer a represalias o presiones comerciales, personales o laborales, a interferencias e injerencias por la influencia del grupo, a recordatorios de la trayectoria previa del Compliance Officer, a la dependencia emocional por sus relaciones interpersonales, ante el posible conflicto de intereses y la carga de trabajo (si debe compatibilizar con otras actividades); y es que ¿puede el órgano de gobierno asegurar la autonomía funcional a sabiendas de la mochila que el Compliance Officer interno lleva consigo? ¿puede materializarse – de modo efectivo – el sistema de compliance y no solo su implantación formal, si es incierta la independencia del Compliance Officer?

El cumplimiento real y material del sistema de Compliance será más eficaz, eficiente y efectivo cuanto mayor sea la independencia y objetividad de la persona con responsabilidad para la gestión de Compliance. De ahí el consejo de mantener distancia entre los órganos de la empresa y el Compliance Officer, debido al rechazo inicial al cambio de costumbres arraigadas en la organización, y los obstáculos de los propios miembros de la organización.

Por otro lado, siguiendo lo que se ha venido en llamar estructura de capas del sistema, en beneficio de la eficacia, seguridad y profesionalidad, debe externalizarse tanto la formación (campañas de sensibilización, programas formativos), como la investigación privada en relación a personas, hechos o delitos perseguibles a instancia de parte cometidos en el seno de la empresa, para no caer en el riesgo de invadir las competencias de la Ley 5/2014, de seguridad privada, y en la incongruencia de gestionar el sistema de Compliance incumpliendo la normativa, al haberse vulnerado los derechos fundamentales en la preconstitución de la prueba.

Concluyendo y agradeciendo la lectura, sí a la externalización o internalizando la externalización en beneficio de la eficacia del sistema de Compliance.

ARTICULO EN LEGAL TODAY

 


Canal Compliance21 febrero, 2018
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WCA. El éxito de convocatoria del acto celebrado en Madrid refleja el máximo interés en la prevención del fraude, tanto el sector público como en el privado.

El pasado 8 de febrero, la World Compliance Association (WCA), junto con la Fundación Universitaria Behavior & Law, celebró en el Auditorio Cecabank de Madrid el I Congreso Nacional Antifraude. Los expertos coincidieron en la relevancia de los programas de cumplimiento de las organizaciones. Tambien coincidieron en la necesidad de desarrollar políticas públicas efectivas para fortalecer la capacidad de respuesta ante las amenazas surgidas en este ámbito.

publico en el congreso de la WCA

Como también se encargaron de señalar los ponentes, pertenecientes a todos los sectores involucrados en la lucha contra el fraude, para poder contar con herramientas adecuadas para enfrentar este fenómeno se deben tener en cuenta dos factores importantes: su comisión a nivel global y el rápido avance en la tecnología. En la práctica, esto se traduce en la necesidad de implicación no sólo de todos los sectores de la sociedad, sino de todos los países, así como la constante evolución y adaptación de las herramientas empleadas en este ámbito.

DESARROLLO DEL CONGRESO

La introducción del evento corrió a cargo de Felipe García, miembro de la Junta Directiva de la WCA, así como de Daniel Faura, Presidente del Colegio de Censores Jurados de Cataluña, y de Juan Antonio Frago, Fiscal de Delitos Económicos. El segundo puso de relevancia los delitos económicos más frecuentemente cometidos (en primer lugar, los ciberataques), así como el perfil del defraudador (a mayor edad, antigüedad y responsabilidad dentro de la empresa, mayor es el importe de defraudación para la organización). También puso sobre la mesa la siguiente reflexión: la amplia tolerancia en nuestro país, a nivel general, sobre la corrupción.

El fiscal, autor asimismo del conocido blog En ocasiones veo reos, opinó sobre la falta de formación de jueces y miembros de las FCSE en este ámbito, al contrario que en otros; los cambios legislativos necesarios, como medidas cautelares más severas y la no dilatación de las mismas para proceder a la recuperación del dinero, y la necesidad de un estatuto del compliance officer.

ROBOS DE IDENTIDAD

En el ámbito de la prevención del fraude, Juan José Matías González (Responsable de prevención del Fraude y Blanqueo de Capitales en ASNEF) señaló que, dentro de los países de la UE, es en España donde más robos de identidad se llevan a cabo a través de internet. Por su parte, Albert Salvador (Secretario General de la WCA) se refirió a la importancia de establecer controles antifraude, así como un sistema de medición para valorar la eficacia de los anteriores, a través de indicadores.

En esta misma materia, desde el punto de vista del análisis de conducta, intervinieron Rafael López (Presidente de la Fundación Universitaria Behavior & Law), Jorge Jiménez (Director del Máster de Análisis de Conducta de Fraude y del Máster en Perfilación Criminal SAFE) y Antonio Domínguez (Director del Instituto de Análisis de Conducta Antifraude). Estos ponentes se refirieron al análisis de conducta de forma práctica para detectar el fraude incluso en el ámbito empresarial.

Respecto a la detección del fraude, Pablo Pascual (Secretario de la Asociación Española de Empresas Contra el Fraude) hizo alusión a los avances tecnológicos, en concreto, al empleo de la inteligencia artificial en el ámbito jurídico, señalando las implicaciones de la protección de datos personales. De otro lado, Giovanni Castellanos (VP de Ventas y Mercadeo de Plus Technologies) comentó el efecto negativo del fraude tanto en la reputación de las empresas como en la experiencia de los clientes. A continuación, Manuel Palma Escobar (Jefe de Servicio de la División de Crimen Organizado del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado -CITCO- de la Secretaría de Estado de Seguridad) resaltó la importancia del big data contra el crimen organizado.

DETECTIVES Y FUERZAS DE SEGURIDAD

Por último, en lo referido a la investigación del fraude, Mariano Paradell (CEO del Grupo Paradell) destacó la trascendencia de una cultura ética en el seno de las empresas, ya que la prevención es más eficaz y menos costosa que la reacción ante fraudes ya cometidos. En la ponencia de Miguel Toledo (Socio Director en T & T Abogados), relativa a los derechos de los trabajadores en las investigaciones internas de las organizaciones, se destacó la relevancia de la implicación conjunta de trabajadores y empresarios a la hora de implementar controles efectivos. Francisco González Iturralde (Comandante de la Guardia Civil, Unidad Técnica de Policía Judicial -UTPJ-) expuso las pautas de la actividad de su unidad en lo referente a la investigación patrimonial y recuperación de activos.

Otro miembro de las FCSE, Faustino Aparicio Ruiz (Comisario del Cuerpo Nacional de Policía y Jefe de la Brigada Central de Inteligencia Financiera), ejemplificó de forma práctica la labor de la Comisión de Inteligencia contra el blanqueo de capitales y la necesidad de la implicación del sector privado en la lucha contra el fraude. A continuación, Enrique Solana (CEO en FOXid) se refirió a la suplantación de identidad a través del empleo de DNI falsos o robados para cometer fraudes, cada vez más frecuentes a través de internet.

CLAUSURA

Por último, para exponer lo tocante a las técnicas de investigación, intervino en primer lugar Juan Enrique Soto (profesor de la Fundación Universitaria Behavior & Law), quien ilustró con ejemplos las técnicas de investigación policial para ser aplicadas a la entrevista de seguridad del personal de las empresas. En segundo lugar, Leticia Perinat (Directora del Máster de Pericia Caligráfica y Documentoscopia de la UDIMA) describió la prueba pericial caligráfica y documentoscopia mediante ejemplos reales.

La clausura del acto corrió a cargo de Iván Martínez López (Presidente de la WCA y CEO de INTEDYA y PREVENSYSTEM), quien resaltó la importancia del establecimiento de una cultura de cumplimiento en las empresas y de la implicación de los profesionales de todos los sectores en la lucha contra el fraude.


Canal Compliance19 febrero, 2018
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La falta de controles internos y la debilidad en la cultura ética han sido las principales causas del fraude interno en las organizaciones. Los detectives ayudan a la alta dirección en la mitigación de riesgos y la lucha contra el fraude.

La cultura del cine o la literatura nos induce a pensar en la figura poética del detective, muy lejana, en las formas, a la de las películas. Pero quizás con un objetivo cierto, perseguir y evitar el fraude.

En el reciente congreso antifraude celebrado en Madrid, organizado por la WCA (World compliance Association), una de las ponencias fue para Mariano Paradell CEO de Grupo Paradell Consultores, que se presentó como detective. “Soy detective Privado. 32 años de profesión, siempre centrado en el sector corporativo. Empecé a los 18 años como Auxiliar de detective”, indicó en su presentación.

Paradell apunta a la falta de controles internos y la debilidad en la cultura ética como principales causas del fraude interno en las organizaciones. Justificó las acciones de los detectives en la ayuda a la alta dirección en tareas de mitigar riesgos y luchar contra el fraude en si.

Las funciones que desarrollarían los detectives privados serían las de “obtener y aportar información y pruebas sobre conductas o hechos privados”. Esta investigación sólo se podrá desarrollar “a instancia de parte”. Es decir, sólo las personas físicas o jurídicas, legitimadas en un potencial proceso penal, podrán encargar la investigación a los detectives. Las investigaciones se desarrollarían entonces en los ámbitos económico, laboral, mercantil o financiero.

EL CASO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

La tipología de los fraudes en el seno de las organizaciones es variopinta. Competencia desleal, robo de patrimonio intelectual,  espionaje Industrial, fraude de absentismo laboral …
Paradell destaca que en 2017 aumentaron en un 30% las fugas de información desde las empresas.

Cabe destacar que en el caso de los delitos relacionados con los derechos sobre la propiedad intelectual, el origen de la mayoría de los mismos es desde dentro. El 80% del robo de patrimonio intelectual correspondió a personal interno de las compañías, tal como destacó Paradell. Los principales causantes son los mandos intermedios de las empresas, a quienes les corresponde el 27% de los casos. Aunque también hay que tener en cuenta a ex trabajadores de la empresa; personal externo; departamento informático o el propio equipo directivo; entre los que se reparten la autoría del resto de casos.

CANALES DE DENUNCIA

Los detectives coinciden en afirmar que el Canal de Denuncias son los principales mecanismos de detección de fraude. Algo con lo que coinciden con la difusión de la Cultura del Corporate Compliance. Ésta presenta como herramientas para el Cumplimiento Normativo a los canales de denuncia (Whistleblowing).



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