Canal Compliance11 febrero, 2019
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El II Congreso Nacional Antifraude de Madrid  confirma la preocupación del sector público y  privado por las actividades fraudulentas

 

El pasado 8 de febrero tuvo lugar en el Auditorio Cecabank de Madrid el II Congreso Nacional Antifraude de la capital. El evento fue organizado por la World Compliance Association (WCA) a través del Comité Antifraude. Tambien participa en la organización la Fundación Universitaria Behavior & Law y la Asociación Española de Empresas Contra el Fraude (AEECF).

 

El congreso reunió , reunió a más de 150 profesionales del sector. En esta ocasión, se abordaron múltiples facetas del fraude. Aunque se puso especial énfasis en el auge del ciberfraude y en las nuevas herramientas digitales que pueden ayudar a combatirlo.

 

Inauguración.

 

La inauguración del congreso corrió por cuenta del presidente de la WCA, Iván Martínez López. También intervino la subdirectora General del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude, Mercedes Rodríguez Tarrida. Rodriguez dejó entrever la creciente preocupación por el fraude. No solo en las entidades privadas, sino también en las públicas. Y, en especial, en relación a las “prácticas fraudulentas en materia de gastos relativos a la contratación pública y subvenciones públicas”.

 

“1 de cada 5 Millennials  justifica el fraude y la corrupción”

 

El primer bloque reunió a tres ponentes de primer nivel con amplias visiones complementarias. En primer lugar, el presidente de la Asociación Catalana de Contabilidad y Dirección, Daniel Faura. Faura situó a España en el puesto 41 a nivel mundial en tendencia a la corrupción. Un puesto que, pese a haber mejorado ligeramente en los últimos años, posiblemente irá a peor. Según el ponente  “1 de cada 5 menores de 35 años justifican el fraude y la corrupción”.

 

Paraísos Fiscales.

 

Urbanismo Suelo

 

El bloque siguió con una mirada a la geopolítica a través del Coronel del Ejército de Tierra Pedro Baños. Habló de los paraísos fiscales. Países donde se suele pagar un máximo del 10% de impuestos. Esta cifra está muy alejada de la media europea, que se sitúa en el 30%. Liechtenstein, Chipre, Malta y Holanda son algunos de los países que destacó Baños. Sin olvidar Delaware (EE.UU.), donde se alojan las sedes de más de 250.000 empresas. Y el más cercano, Gibraltar. El territorio británico en que se comercializan “150 millones de cajetillas de tabaco al año para solamente 30.000 habitantes”.

 

“En Gibraltar se comercializan 150 millones de cajetillas de tabaco al año para solamente 30.000 habitantes”.

 

El Lobo de wall Street.

 

El bloque terminó con una de las ponencias más esperadas. Intervino el ex-jefe de Fiscales Auxiliares de Manhattan y ex-fiscal Federal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Daniel R. Alonso.

 

En su exposición, aprovechó la historia de la archiconocida película El lobo de Wall Street para hablar del testigo colaborador. Él mismo fue el fiscal en el caso real sucedido en 1998. Alonso explicó como en Estados Unidos las penas de cárcel pueden bajar considerablemente gracias a la colaboración de los implicados. En el caso de Jordan Belfort (Leonardo Dicaprio en la película), la pena se redujo de 27-33 años a solamente 4. En su ponencia, reflexionó sobre el hecho de utilizar como testimonio a “un tipo que ha cometido fraude y que siempre ha sido un mentiroso”.

 

Fotograma de la película el lobo de wall street

 

Due Dilligence.

 

Pedro Bobião de Bureau Van Dijk – A Moody’s Analytics Company, patrocinadores del evento, habló del due diligence. también del dilema que representa este tipo de auditoría de terceros, en la cual son expertos.

 

 

 

 

Machine Learning.

 

En materia de cibervigilancia, el Managing Lawyer of Governance, Risk & Compliance Practice de Ecix Group, Nestor Aparició, organizó y moderó dos paneles. En el primero, dedicado a las ciberamenazas y la legalidad del análisis de datos masivos se expuso el avance que pueden suponer técnicas tan avanzadas como el machine learning.  Este sistema permite a una computadora aprender a resolver tareas sin programación explícita previa.

 

Con estas tecnologías, podrían agilizar y automatizarse procesos en las empresas. Incluso para la detección del fraude. Sin embargo, el CEO de Viiz, José Antonio Vizer, que se dedica a desarrollar skills para el dispositivo Alexa de Amazon, mostró el otro lado de estas nuevas tecnologías. Suponen un peligro en cuanto a la protección de datos y de la privacidad. Ya que, en su modo grabación, podría servir para vulnerar acuerdos de confidencialidad e incluso revelar datos de forma ilícita.

 

Inteligencia Artificial.

 

Expertos en inteligencia artificial (IA) constataron que IA puede ser útil en la detección del fraude. Por ejemplo, en la detección de pagos inusuales con tarjeta. Pero nunca debe ser utilizada sin la supervisión de una persona que tome decisiones desde la subjetividad. tal y como destacó José Luis Prado.

 

 

Representantes de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), de la Generalitat Valenciana y de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) debatieron sobre las medidas que adopta el sistema público en materia de prevención de fraude y cumplimiento.

 

La entrada en vigor de la Ley 9/2017 de contratos del sector público, en marzo de 2018, estableció la obligación de los órganos de contratación de los entes públicos de luchar contra la corrupción y el fraude. Y prevenir, detectar y resolver los conflictos de interés.

 

Para la consultora de prevención de la OAC, Lara Baena, la gestión de estos riesgos no puede limitarse únicamente a la planificación de la contingencia. Puesto que “si trabajamos cuando el daño ya está hecho, solo tenemos margen para reducir la gravedad de sus consecuencias”. Y debe incluir siempre la prevención, “centrada en identificar los riesgos concretos en cada entidad adjudicadora y analizar los factores que crean estímulos u oportunidades para tales riesgos”. Sólo actuando sobre esos factores es posible reducir la probabilidad de que los riesgos se materialicen”.

 

El director del Departamento de Control Interno de la CNMC, Carlos Balmisa, cerró el debate. Recordó que la OAC “está publicando toda la documentación para facilitar al sector público la identificación de esos riesgos. también el análisis de sus factores. El sector privado puede acceder a ella y tomarla como referencia”.

 

Servicios de  Inteligencia.

 

Miembros de la Fundación Behaviour & Law (B&L) y el diputado y exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez Vázquez, debatieron sobre la inteligencia económica y los

servicios de inteligencia que la prestan. El patrono de B&L, Juan Antonio Gómez Bule, aseguró que la inteligencia económica puede servir para combatir el fraude a través de los datos acumulados.

El último bloque del evento trató el ciberfraude dentro de la empresa privada. Representantes de Dineo Crédito, ABANCA, Orbis Argentina y Experian, coincidieron en la necesidad de diseñar e implantar programas preventivos.

El director de Orbis, Carlos Alberto Mau, señaló que cualquier empresa que cuente con un plan funcionando estará más protegida. Los defraudadores siempre buscan las empresas más débiles.

Ya se aventura una tercera edición del congreso antifraude. Contó con la colaboración de las entidades patrocinadoras Worters Kluwers, Bureau Van Dijk y Techedge. Y con el soporte de la Secretaría de Estado de Seguridad. También Intedya, la Asociación Española de Mediación (ASEMED), la Asociación Contra la Corrupción. Y por la Regeneración Social (ACCORS), el Consejo General de Economistas. También el Barcelona Supercomputing Center (BSC), Prevensystem, la Fundación FIASEP.  Experian, Seguros Orbis, la Associació Catalana de Compatibilitat i Dirección (ACCID) y la UNIR.


Canal Compliance16 enero, 2019
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Queda menos de un mes para la celebración de la segunda edición de uno de los mejores eventos antifraude. Afamados ponentes internacionales participarán en la cita.

Daniel R. Alonso. ex-jefe de fiscales auxiliares de Manhattan. Es ex-fiscal federal, U.S. Department of Justice. También director gerente de Exiger en New York, Uno de los fiscales del caso del Lobo de Wall Street y estará en el II Congreso Antifraude de la WCA.

El congreso está organizado por la World Compliance Association, a través del Comité Antifraude. A su lado la Fundación Universitaria Behavior & Law. También participa en la organización del evento la Asociación Española de Empresas Contra el Fraude (AEECF). tendrá lugar el próximo 7 de febrero de 2019, en el Auditorio CECABANK. C/ ​Caballero de Gracia 28

 

WCA

La lucha contra el fraude es uno de los temas claves en la mayoría de los países. Da lugar a muchas noticias y escándalos. Y a pesar de ello existe poca efectividad en las políticas públicas y la gestión privada.

Después del éxito de la primera edición, este II congreso antifraude WCA otorgará herramientas no solo para comprender aspectos propios del fraude, sino para anticiparse a las nuevas tendencias con el propósito de fortalecer las capacidades de respuesta con las que debe contar una organización para prevenir, detectar, y contrarrestar estas amenazas a tiempo. Debido a la celeridad con la que avanza la tecnología también cambian los riesgos y, por lo tanto, cada año hay nuevas modalidades y tipicidades de fraude que deben conocerse y aparecen nuevas herramientas o mejoras de las existentes, así como mecanismos o estrategias para enfrentarlas. Para ello contaremos con un panel especifico de Inteligencia Artificial aplicada al Fraude, con ponentes de primer nivel.

 

Representación gráfica nuevas técnicas de fraude

 

El valor agregado de este evento frente a otros consiste en promover la participación de todos los actores involucrados en la lucha contra el fraude, lo que permite obtener una visión integral de la seguridad y un panorama más claro sobre lo que se avecina en estos temas. Por su parte, se ha constituido en un escenario de referencia para conocer las nuevas modalidades y tendencias en fraude y seguridad para instituciones de todos los sectores.

PROGRAMA DEL CONGRESO

 


Canal Compliance13 noviembre, 2018
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La World Compliance Association organiza la segunda edición del Congreso Nacional Antifraude.

 

Vista parcial de la imagen web del congreso

 

La World Compliance Association, a través del Comité Antifraude, juntamente con la Fundación Universitaria Behavior & Law y la Asociación Española de Empresas Contra el Fraude (AEECF), organiza, el próximo 7 de febrero de 2019, el 2º Congreso Nacional Antifraude.

Para esta segunda edición la organización cuenta con 2 ponentes internacionales:

  • Daniel R. Alonso. Ex-Jefe de Fiscales Auxiliares, Manhattan, y ex-Fiscal Federal, U.S. Department of Justice. Director Gerente de Exiger, New York, NY. Fiscal en el caso del “El lobo de Wall Street”
  • Carlos Alberto Mau, Director en ORBIS Compañía Argentina de Seguros.

También se le ha dado un peso especial a las nuevas tecnologías. En un bloque de 2h 45’ se abordará el tema de la Cibervigilancia, con ponentes de primer nivel.

Más de 20 ponencias.

El congreso contará con más de 20 ponencias. Una jornada dinámica en la que se profundizará en diversos aspectos relacionados con el fraude, desde diferentes visiones.

Sin duda alguna, la lucha contra el fraude es uno de los temas claves en la mayoría de los países, que da lugar a muchas noticias y escándalos. A pesar de ello existe poca efectividad en las políticas públicas y la gestión privada.

 

I Edición.

Después del éxito de la primera edición, este II congreso antifraude WCA otorgará herramientas no solo para comprender aspectos propios del fraude, sino para anticiparse a las nuevas tendencias con el propósito de fortalecer las capacidades de respuesta con las que debe contar una organización para prevenir, detectar, y contrarrestar estas amenazas a tiempo. Debido a la celeridad con la que avanza la tecnología también cambian los riesgos y, por lo tanto, cada año hay nuevas modalidades y tipicidades de fraude que deben conocerse y aparecen nuevas herramientas o mejoras de las existentes, así como mecanismos o estrategias para enfrentarlas. Para ello contaremos con un panel especifico de Inteligencia Artificial aplicada al Fraude, con ponentes de primer nivel.

El valor agregado de este evento frente a otros consiste en promover la participación de todos los actores involucrados en la lucha contra el fraude, lo que permite obtener una visión integral de la seguridad y un panorama más claro sobre lo que se avecina en estos temas. Por su parte, se ha constituido en un escenario de referencia para conocer las nuevas modalidades y tendencias en fraude y seguridad para instituciones de todos los sectores.

Acceso a los detalles del congreso.

 


Canal Compliance13 septiembre, 2018
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Elías Antonio Saca, ex Presidente de El Salvador (2004-2009) resultó condenado ayer (12/09/2018) a 10 años por corrupción.

 

En 2016 y según análisis realizados por el Comité de Estándares a los países miembros del Consejo Centroamericano de Superintendentes de Bancos de Seguros y de Otras Instituciones Financieras (CCSBSO), la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), El Salvador era el único país centroamericano que contaba con una normativa sobre la temática y cumplia los requisitos solicitados en materia “crediticia”.

El expresidente no pudo con la norma y la ola de cumplimiento normativo que se globaliza en el mundo se lo llevó por delante. ¿Sentencia ejemplarizante o cumplimiento normativo tal cual?
Saca, que llegó al poder con el partido conservador Alianza Republicana Nacionalista (Arena) se sometió a las condiciones de los llamados “juicios abreviados”. Estaba acusado de blanqueo de capitales.

 

 

La posibilidad de obtener condenas más blandas fue su motivación para dar facilidades a la justicia. Es la primera vez que en la democracia salvadoreña un ex primer mandatario resulta condenado por delitos de corrupción.

 

Se le acusa de haber blanqueado y desviado más de 300 millones de dólares del dinero de los salvadoreños. Para la justicia eso se paga con 10 años de cárcel.
“Peculado y lavado de dinero y activos” es la terminología regional para concretar este delito de corrupción.
Saca, podrá llegar a cumplir hasta 8 años de prisión, puesto que ya está cerca de cumplir 2 desde que fue detenido. Fue juzgado junto a seis de sus colaboradores por el millonario desvío de fondos públicos.

 

Douglas Meléndez, ha sido uno de los protagonistas desde la fiscalía. En la cuenta de Twitter de la institución de justicia salvadoreña se publica una importante comunicación oficial.

 

 

Histórica condena.

 

El Fiscal General de la República, Douglas Meléndez, al pueblo salvadoreño comunica:

Este día, el expresidente de la República, Elías Antonio Saca, y otros de sus más cercanos ex funcionarios fueron condenados por actos de corrupción, marcando un hecho sin precedentes en la historia salvadoreña, lo cual ha sido posible, en primer lugar, por la decisión tomada por el Fiscal General de la República desde el año 2016, donde definió dentro de los ejes principales, investigar y procesar los altos niveles de corrupción en nuestro país, sin importar el cargo o posición de quién los hubiere cometido.

La investigación de este caso se ha realizado de manera independiente, apegada a Derecho, objetiva y autónoma, sin permitir ningún tipo de influencias. El trabajo fiscal logró obtener una gran cantidad de pruebas técnicas, documentales y testimoniales que demostraron la existencia de una compleja red de corrupción en el manejo de fondos públicos, al más alto nivel.
El cúmulo de pruebas fue sometido a examen judicial, que han validado la investigación fiscal. Durante la vista pública y, debido a la abundante prueba incriminatoria, el expresidente Antonio Saca confesó el cometimiento de los delitos por lo que ha sido condenado a 10 de cárcel y al pago de 260 millones de dólares en concepto de responsabilidad civil. Igual sentencia penal recibió Elmer Charlaix, exsecretario privado de la presidencia, y además, una responsabilidad de más de 15 millones de dólares. Asimismo, el resto de condenados, también fueron declarados responsables en materia civil.

Independientemente, hace unas semanas, la Fiscalía ha iniciado el proceso de Extinción de Dominio contra todos los bienes del exmandatario, de sus familiares y testaferros, así como del resto de condenados, para que regresen a favor del Estado, en beneficio de la población salvadoreña.

Con la condena de un expresidente de la República y sus más altos funcionario, se sienta un precedente histórico en investigaciones de corrupción, consumándose el principio constitucional que “Todos somos iguales ante la ley”. Por lo que reconozco el esfuerzo de valientes hombres y mujeres fiscales, que sin contar con mayores recursos, llevaron adelante una investigación de grandes dimensiones.

“Desde el inicio de mi gestión, me comprometí a combatir la corrupción y la impunidad sin permitir injerencias. En este momento, reafirmo que continuaré hasta el último día de mi mandato, defendiendo los intereses del Estado y la Sociedad salvadoreña”.

 

 

IMAGEN DE LA ENTRADA EURONEWS


Canal Compliance6 septiembre, 2018
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Las administraciones públicas abanderan el Canal de denuncias. Deberán dar ejemplo – aunque obligados por la normativa- en establecer los mecanismos necesarios.

El Real Decreto Ley 11/2018 de 31 de agosto extiende la obligación de crear canales de denuncia a las administraciones públicas. La obligatoriedad favorecerá que el sector público pueda recibir denuncias sobre incumplimientos cometidos por aquellas personas obligadas por la normativa de prevención de blanqueo de dinero.

EL CANAL DE DENUNCIAS

Las personas jurídicas enumeradas por el RD deben cumplir con la obligación de propiciar los mecanismos internos necesarios. Los empleados de estas organizaciones podrán comunicar la información relevante sobre potenciales incumplimientos.

El blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo genera, no únicamente riesgos sociales, también riesgos económicos y financieros. Particularmente, el blanqueo de capitales, puede afectar y distorsionar los movimientos financieros y reales. Estos es por realizar asignaciones de recursos que no se basan en consideraciones económicas, sino que responde a otros intereses.

 

dinero lavado y tendido

 

Son delitos que implican riesgos de reputación muy importantes. Tanto para las entidades individualmente, como para el sistema financiero nacional. Las medidas son precisamente para tratar de mitigar estos riesgos.

Las personas jurídicas obligadas van a tener que establecer procedimientos internos “para que sus empleados, directivos o agentes puedan comunicar, incluso anónimamente, información relevante sobre posibles incumplimientos de esta ley, su normativa de desarrollo o las políticas y procedimientos implantados para darles cumplimiento, cometidos en el seno del sujeto obligado”.

Además los denunciantes tendrán que ser protegidos contra posibles represalias o discriminaciones por los mismos actores obligados a establecer el Canal de Denuncias.
Será el ministerio de economía y la empresa quienes aprueben el modelo de denuncia y las características del propio canal. Tendrán que estar enfocados a preservar la confidencialidad. Así mismo se formará al personal sobre la existencia de estos medios.
El denunciante será requerido cuando no se concreten suficientemente los hechos o personas responsables de la infracción. Lo será para que aclare el contenido de la comunicación realizada.

PUBLICACIÓN REAL DECRETO EN EL BOE


Canal Compliance2 agosto, 2018
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Santiago Pedraz abre también juicio oral contra un total de 26 sociedades. Lo hace como responsables civiles subsidiarias. La Asociación de Usuarios y Servicios Bancarios, Ausbanc España, o el Sindicato Colectivo de Funcionarios Manos Limpias, son algunas de estas.

 

Mucho dinero Euros

 

Comunicación Poder Judicial. El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha abierto juicio oral por el denominado ‘caso Ausbanc’ al presidente de la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (AUSBANC), Luis Pineda. También al secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad. A la abogada, Virginia López Negrete, y a otras siete personas acusadas en este procedimiento.

En el auto, recoge los escritos de acusación presentados. El magistrado abre también juicio oral contra un total de 26 sociedades como responsables civiles subsidiarias. Entre éstas, a Ausbanc España o al Sindicato Colectivo de Funcionarios, Manos Limpias.

Resolución.

La resolución señala a la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia como la encargada del enjuiciamiento de este procedimiento. Y acuerda mantener la situación de prisión provisional comunicada y sin fianza de Luis Pineda. También mantiene la libertad con medidas cautelares para el resto de los acusados.

Requerimientos.

El magistrado requiere en su auto a los acusados y a los responsables civiles sus relaciones de bienes. Lo deben presentar en  el plazo de 15 días, a través de su representación procesal. Que manifiesten relación de bienes y derechos de los que sea titulares “con la precisión necesaria para garantizar unas futuras responsabilidades civiles y/o pecuniarias”.

Además, concede de plazo hasta el 28 de septiembre para que los acusados y los responsables civiles subsidiarios presenten sus escritos de defensa..

La Fiscalía considera que Ausbanc se dedicaba a extorsionar a bancos y cajas de ahorro. Presuntamente amenazaba con acciones legales o campañas de desprestigio en sus medios de comunicación. Los bancos, salvo el BBVA, se plegaban y accedían a realizar los pagos. Estos se camuflaban como campañas publicitarias en las publicaciones de Ausbanc. Aunque también con la realización de estudios de mercado o como patrocinio de eventos.


Canal Compliance31 julio, 2018
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9min956
El juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha acordado ampliar la investigación en la causa del llamado ‘3 por ciento’. Atribuye la condición de personas jurídicas investigadas a Convergencia Democrática de Catalunya (CDC) y al PdeCat. PAra el juez la segunda es una mera continuadora de la primera.

 

Camuflado?

 

El juez acuerda ampliar la investigación en el caso ‘3 por ciento’ a Convergencia Democrática de Catalunya y al PdeCat por tráfico de influencias, cohecho y blanqueo
El magistrado explica que en esta causa se investiga a altos cargos de CDC quienes, en relación con otros cargos públicos y funcionarios de distintas Administraciones e instituciones públicas de Cataluña, pusieron en marcha una estructura para financiar ilegalmente el partido político

Comunicación Poder Judicial.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha acordado ampliar la investigación en la causa del llamado ‘3 por ciento’ atribuyendo la condición de personas jurídicas investigadas por delitos de tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales a Convergencia Democrática de Catalunya (CDC) y al PdeCat en cuanto que es un mero continuador de la anterior. El magistrado emplaza a estas sociedades mercantiles para que designen abogado y procurador.

En un auto, el magistrado explica que en esta causa se investiga a altos cargos del partido político CDC quienes, en relación con otros cargos públicos y funcionarios de distintas Administraciones e instituciones públicas de Cataluña, pusieron en marcha una estructura para financiar ilegalmente el partido político, en forma encubierta mediante “donaciones” a Fundaciones ligadas a dicha formación (CATDEM y FORUM BARCELONA), “en connivencia con empresarios y otros cargos de índole política, alterando todo tipo de concursos públicos, con la finalidad de “dirigir” los mismos hacia empresas que, a su vez, colaboraban con “donaciones” al partido.

Los pagos, indica De la Mata, se obtenían por las Fundaciones y, por ende, por el partido político CDC, en ocasiones como contraprestación por la adjudicación de contratos de obra pública o de servicios, con “vulneración de los principios de legalidad, igualdad y transparencia y, en otras simplemente para conseguir mejorar las expectativas de ser beneficiarios de tales contratos”.

El monto total de licitaciones comprometidas asciende por el momento a 218.759.664,19 euros; el importe de las adjudicaciones definitivas asciende a 168.706.262,00 euros, a los que hay que añadir los modificados de proyectos (1.777.626,84 euros) y las prórrogas (4.539.755,37 euros), es decir, aproximadamente 175.000.000 euros; las “donaciones” irregulares ligadas a estas adjudicaciones ascienden a más de 1.000.000 euros.

 

Cara de persona con pinturas de camufalje

 

CDC carecía de sistema de control interno de sus fuentes de financiación.

El auto del juez argumenta que CDC no disponía de un sistema o incluso un mero protocolo de control interno que garantizara la adecuada intervención y contabilización de todos los actos y documentos de los que se derivaran derechos y obligaciones de contenido económico que pudiera ser sometido a verificación e informe. Así se refleja, añade, incluso en los propios informes de auditoría interna del Partido, circunstancia que en los informes del Tribunal de Cuentas aparece como incumplimiento.

Señala el instructor que tanto los órganos como el personal con responsabilidad directiva en CDC estaban en conocimiento de las irregularidades advertidas en relación con la operativa de financiación que se investiga en esta causa y, por tanto, concluye que esta formación política “carecía de normativa de control interna, y conocía, al menos a través de los informes emitidos por el Tribunal de Cuentas, las irregularidades que pudieran derivarse de los pagos a través de los cuales sus Fundaciones vinculadas, derivan a favor del partido buena parte de las aportaciones económicas que reciben en concepto de donación”.

Un sistema de financiación normalizado y mantenido en el tiempo.

La operativa investigada, según el juez, ha estado sostenida en el tiempo de carácter sistémica y permanece inalterable, con independencia de los relevos que se puedan producir en las personas integrantes de dichas estructuras. Como prueba de ello, señala que los cambios en la estructura del partido no supusieron en ningún caso un cese en la comisión de los hechos investigados, suponiendo únicamente una modificación en la identidad de las personas partícipes en los mismos.

El juez afirma que pese a ser conocedores de esta operativa de financiación Ilícita, en las que se utilizaba a las fundaciones vinculadas al partido como “sociedades Interpuestas” a través de las cuales, empresas adjudicatarias de contratos públicos hacían llegar al partido comisiones, que simulan corresponderse con donaciones, los órganos y cargos con responsabilidad en el partido, no habrían emprendido ninguna Iniciativa para impedir una actividad delictiva que se mantiene, al menos, durante 11 años.

PdeCat, mero continuador de CDC

En su resolución, el titular del Juzgado Central Cinco se remonta al mes de julio de 2016 cuando desde CDC se toma la decisión de cesar en su actividad e impulsar la fundación de un nuevo partido político, el PDeCat. Sin embargo, de la Mata concluye que la creación de este partido se corresponde con “la mera transformación o cambio de apariencia de una misma realidad, con la finalidad de desconectarse de las responsabilidades en las que pudiera haber incurrido la formación política precedente (CDC)”.

“La conclusión alcanzada –dice el juez- es que la supuesta disolución como “actor político” de CDC y la creación del PDECAT como nuevo partido político, pudiera definirse como meramente aparente, al conservarse en el nuevo partido una identidad sustancial con la estructura, funcionamiento y recursos humanos y materiales, con los que contaba el anterior partido y que, en muchos casos, son titularidad de CDC”. Estos indicios, agrega, parecen “corresponderse con el hecho de que, a los limitados efectos que ahora interesan, la creación del PDECAT se podría identificar con una mera transformación o incluso con un simple cambio de apariencia, del partido que impulsa su creación, CDC, para eludir las responsabilidades penales en que hubiera podido incurrir”.

Por todo ello, el juez acuerda que procede ampliar la presente investigación atribuyendo la condición de personas investigadas a CDC y PdeCat.


Canal Compliance24 julio, 2018
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7min991
Era un modelo a seguir. Estudiado en la universidad. Parecía eficaz y podría ser un buen eximente, pero falló el sistema Compliance.
¿Cuando se empezará a hacer compliance, sin dejar de hablar de Compliance?.

 

Enredadera en fachada sobre una ventana

 

En uno de los últimos eventos compliance a los que hemos tenido la suerte de poder asistir, un destacado ponente señaló que “en este país se habla mucho de Compliance, es hora de que empecemos a hacer compliance”. Este es un pensamiento común a destacadas figuras del cumplimiento normativo de este país. Pero, a tenor de las informaciones que siguen poblando nuestros informativos, no parece que se haya iniciado ese momento en el que dejemos de hablar de compliance para pasar a hacer compliance.

Caso Enredadera.

En los albores del mes de Julio el juzgado de instrucción 2 de Badalona, abría la caja de los truenos. Su eco alcanzó la práctica totalidad de la geografía nacional. La conocida Operación Enredadera puso de manifiesto, no sólo un caso más de corrupción.

Fueron tantos los municipios, de diversa índole política que sólo se alcanza a entender su amplitud, concebido como corrupción sistémica. Alcanza casi todas las mimbres del cesto de lo público. Ese eufemismo con el que hemos disfrazado el dinero de todos. El compliance nos está sirviendo para vestirnos de dignidad organizacional pero de momento, de él, solo se habla.

 

La empresa implicada poseía planes compliance que eran modelo de estudio.

Y no es que a la empresa implicada le fueran ajenos los planes de Cumplimiento Normativo. Ésta era filial de Sacyr. Entre sus sistemas de control había establecida una política de control y gestión de riesgos. Para identificar, evaluar y gestionar sus riesgos globales. Buscaba dar seguridad acerca de la consecución de los objetivos de eficacia y eficiencia en las operaciones. Fiabilidad de la información y cumplimiento de la legislación. Seguridad y eficiencia que en su filial no se cumplieron. Este blan incluso fue objeto de estudio por el Centro Superior de Estudios de Gestión en su Máster Compliance Officer de la Universidad Complutense de Madrid.

 

Código de conducta.

El código de conducta de Sacyr prohíbe de forma tajante cualquier comportamiento por parte de sus empleados que pudiera considerarse relacionado con la corrupción o el soborno. Todos los empleados y miembros de los órganos de gobierno del grupo, así como las UTEs y sociedades sobre las que se tiene control de gestión, han sido informados sobre las políticas y los procedimientos de la organización para luchar contra la corrupción, a través de las circulares de difusión del código de conducta.

El código establece explícitamente que los empleados de Sacyr no podrán ofrecer pagos de ninguna naturaleza destinados a obtener beneficios de forma ilícita, y se les prohíbe aceptar regalos o cualquier otra clase de prestaciones que pudieran afectar a su objetividad o influir en una relación comercial, profesional o administrativa. Sacyr ha creado un órgano de control del código de conducta, formado por miembros de la alta dirección.

Este órgano, además de gestionar la línea de denuncias del Grupo, es el encargado de velar por el estricto cumplimiento del código de conducta. La investigación de comportamientos de corrupción es responsabilidad de la dirección de auditoría interna, así como realizar trabajos encaminados a detectar dichos comportamientos si los hubiera. Para esto cuenta con un software específico de detección de fraude, con el apoyo de expertos externos cuando lo precisa y con personal especializado para realizar dicho trabajo, tanto preventivo como detectivo. Los indicios de corrupción son analizados en detalle y se actúa en consecuencia”

Fruta podrida

Algo falló.

A pesar de todo, algo falló y la corrupción se extendió a toda la geografía nacional. La causa está abierta por los delitos de prevaricación administrativa, fraude a la administración pública, malversación de caudales públicos, tráfico de influencia, revelación de información privilegiada, falsedad documental, cohecho, alteración de precios de concurso público y pertenencia a organización criminal.

En el marco de la causa que investiga Instrucción 2 de Badalona, se han practicado 55 entradas y registros en diversas comunidades autónomas, 19 requerimientos de información y una cincuentena de detenidos. Un total de 15 que han pasado a disposición judicial. El magistrado ha acordado prisión provisional, comunicada y sin fianza para uno ellos, procedente de León; y libertad con medidas cautelares, como retirada de pasaporte y personaciones periódicas ante la autoridad judicial, para los otros cinco. Del total de detenidos puestos a disposición judicial, el magistrado ha acordado cuatro ingresos en prisión (provisional, comunicada y sin fianza) y libertad provisional con medidas cautelares para el resto.
¿Cuando se empezará a hacer compliance, sin dejar de hablar de Compliance?


Canal Compliance12 julio, 2018
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8min550
Albert Salvador de la WCA analiza en un artículo, publicado en la web de la asociación, como influyen en el fraude las señales y condicionantes previos, un análisis que pueda derivar en detección y prevención.

Advierte Albert Salvador, secretario general de la WCA, que si partimos de la premisa que detrás de cada persona que comete un delito de fraude o corrupción hay un comportamiento o circunstancia que lo ha motivado, se puede analizar entonces de una manera empírica cuáles son estos comportamientos y circunstancias.

En un sentido parecido también se pronunciaban no pocos ponentes del el V Congreso Behavior & Law contra el fraude. Evento organizado junto a la World Compliance Association. Jorge Jiménez Serrano, Psicólogo Criminalista en el Instituto Análisis Conducta Antifraude (IACA), incluso señaló en declaraciones a Canal Compliance  que el empirismo al que se refiere Salvador podría encender las alertas en la detección previa del fraude.  No en vano incluso existe un metaprotocolo de investigación, como el SAVE, con el cual se analiza el comportamiento desde distintos elementos o enfoques.

Albert Salvador relaciona mediante un gráfico los condicionantes previos más comunes.

 

Graficas señales detección del Fraude Albert Salvador WCA

 

El director general de la WCA expone que, una vez analizados, se pueden establecer cuales son aquellos más comunes e identificarlos como “alertas”. Como banderas rojas.

 

Luz Roja de semáforo

 

Por lo tanto, tenemos que detrás de un acto fraudulento existe una bandera roja, pero es importante tener en cuenta que la existencia de una bandera roja no significa necesariamente la existencia de un fraude. Las banderas rojas, pues, son una serie de alertas que debemos observar y tener en cuenta tanto en la prevención como en la detección del fraude”, expone Salvador.

Alertas más allá del comportamiento

Albert Salvador relaciona otras alertas al margen de las relativas al comportamiento.

La organización y la cultura corporativa:
  • Ausencia o debilidad de liderazgo
  • Poca independencia entre gobierno y dirección
  • Falta de transparencia
  • Ausencia de objetivos o objetivos irreales
  • Percepción de falta de equidad interna y externa
  • Falta de formación y de oportunidades de promoción
  • Inexistencia de sistemas de evaluación y reconocimiento
  • Controles internos débiles o inexistentes
  • Poco respeto a la normativa
  • Comité de Auditoría con insuficiente/inadecuada preparación o falta de independencia.

 

 

La información financiera:
  • Transacciones impropias de la naturaleza de la empresa
  • Inesperadas disminuciones en saldos de tesorería
  • Importes elevados en cuentas de gastos a justificar por empleados
  • Excesivo número de anulaciones o devoluciones
  • Uso inadecuado de tarjetas de crédito de la empresa
  • Pagos de horas extraordinarias poco relacionadas con la actividad
  • Oscilaciones no razonables en la ratio compra/venta
  • Ventas y otras transacciones con terceros relacionadas/vinculadas
  • Ventas de activos, desinversiones por debajo del precio de mercado
  • Empresas creadas con finalidades puramente instrumentales, sin actividad ni estructura propia
  • Afloramiento de intangibles (de repente) con valores importantes y desmesurados (una marca, una patente…)
  • Diferencias importantes con referentes sectoriales

 

 

“… a partir de las señales de alerta o banderas rojas podemos crear una serie de controles e indicadores de Fraude…”

“A partir de las señales de alerta o banderas rojas podemos crear una serie de controles e indicadores de Fraude (KFI), especialmente en aquellos casos que exista la confluencia de varias. El tratamiento global de los controles e indicadores forman parte de un programa antifraude dentro de las organizaciones, siendo este un elemento crucial en la gestión preventiva del riesgo de fraude y la corrupción.  No hemos de considerar las banderas rojas como un elemento de detección del fraude. También son una excelente medida preventiva si son tratadas con un enfoque más amplio y como elemento mitigador del riesgo.”

 

En la génesis del fraude intervienen factores individuales y personales pero también factores contextuales y culturales.
La sociedad avanza, evoluciona, tenemos eficaces sistemas compliance en las organizaciones. Hay profesionales que estudian la conducta y su relación con la comisión de delitos. Nuestras fuerzas de seguridad velan y persiguen. En cambio los los telediarios siguen llenos de casos de fraude y corrupción.

Para, Jorge Jiménez Serrano, Director del Máster en Análisis de Conducta, Esto se debe principalmente a que se ha puesto el foco de atención sobre él, lo que no quiere decir que antes hubiera menos. En la génesis del fraude intervienen factores individuales y personales pero también factores contextuales y culturales. El defraudador, como cualquier delincuente actuará allá donde se le deje actuar, por tanto debemos luchar por crear cada vez más espacios libres de corrupción y fraude. Esto no es fácil y evidentemente no requiere solo de la respuesta policial y judicial, necesita que la sociedad, ciudadanos, políticos, empresarios, instituciones y empresas también participen desde sus responsabilidades y competencias en esta lucha contra el fraude.


Canal Compliance10 julio, 2018
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El Tribunal Supremo confirma la condena de cuatro años de prisión a un hombre acusado de estafar 600.000 euros a una empresa de jamones. La sentencia relata que estafó 600.629 euros a una cooperativa agropecuaria a la que compró 13.000 piezas de jamones y paletas ibéricas en distintas partidas, que, excepto la primera, nunca pagó.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la condena a cuatro años de prisión a un acusado de estafar 600.629 euros a la Cooperativa Agropecuaria Regional CRAPE a la que compró 13.000 piezas de jamones y paletas ibéricas en distintas partidas, que, excepto la primera, nunca pagó.

 

 

Plato de jamón cortado y colocado

 

El tribunal desestima el recurso de casación planteado por el recurrente contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Salamanca. La sentencia le impuso el pago de una indemnización de 611.005 en concepto de responsabilidad civil por los perjuicios ocasionados a la empresa estafada.

Los hechos.

Los hechos ocurrieron en febrero de 2010 cuando el condenado, que era administrador de una empresa, pactó la compra de un número importante de jamones y paletas ibéricas. La primera compra fue de 1.500 piezas de paletas de ibérico de cebo. En todos los contratos se estableció como forma de pago “a los 90 días” y para el abono de las facturas se emitieron una serie de pagarés. Salvo el primero, los pagarés no fueron abonados a su vencimiento por lo que fueron devueltos. El importe de lo adeudado ascendió a 600.629 euros.

En el tiempo que transcurrió desde que recibió la mercancía y el pago de la misma, el condenado vendió todas las participaciones de su empersa a una persona ya fallecida, que entonces estaba desempleada y con una grave enfermedad, que recibió 50 euros por firmar los papeles que éste le indicó en la notaría. Tras la venta ficticia, el recurrente sacó el dinero de las cuentas de la sociedad.

En su recurso, el condenado alegaba que no había existido engaño sino que se había producido un incumplimiento contractual y que quien se presentaba como perjudicado –la cooperativa- no había desplegado la autoprotección a que estaba obligada en defensa de su patrimonio.

Jamones colgados
El Fraude.

La Sala explica que la sentencia recurrida afirma que, desde el inicio, el defraudador no tuvo intención de cumplir con las obligaciones contractuales asumidas. Realizó la primera contratación y pago como mero señuelo del incumplimiento posterior. Y esa afirmación, añade el tribunal, la realiza desde la constatación del capital social de la empresa que regentaba el acusado. Que se había hecho mediante la aportación de bienes inmuebles sobre la que constan embargos y anotaciones preventivas de engaños anteriores a la aportación de las mismas a la sociedad.

La sentencia también recoge que el acusado, antes del vencimiento de los pagarés, procedió a la venta ficticia de la empresa. Esta se hizo a una tercera persona  sin empleo y aquejado de una grave enfermedad. Ademas, pese a que no era administrador de la sociedad, realizó numerosos reintegros dejando vacías las cuentas de la misma.

El tribunal considera que la presunción de inocencia aparece correctamente enervada. Esto es en la medida en que los elementos objetivos del tipo de la estafa no son discutidos. La acreditación del engaño aparece racionalmente expuesta en la sentencia. Lo hace a partir de la convicción expresada en su fundamentación. Deriva de un actuar que permite afirmar:  “que el acusado actuó con la finalidad de acechar el patrimonio ajeno desde el engaño sobre cumplimiento de las obligaciones contraídas contractualmente”.



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