Canal Compliance3 julio, 2018
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TotalNews. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha puesto en marcha a primera hora de la mañana de este martes la Operación Enredadera.

 

Luz Roja de semáforo

 

La operación investiga una amplia trama de corrupción en la contratación de sistemas de control de tráfico. Como semáforos y videocamámaras, que afecta a decenas de municipios de toda España.

Supuestamente los ayuntamientos realizaban contrataciones irregulares de ese tipo de materiales y servicios. En ellas los policías locales hacían de intermediarios entre las empresas y los consistorios, y se cobraban comisiones.

44 ayuntamientos y 2 mancomunidades.

Están siendo investigados un total de 44 ayuntamientos y dos mancomunidades. Están previstos 92 registros en 25 ayuntamientos, 30 despachos profesionales, 25 domicilios y 12 empresas. Además se van a practicar 44 detenciones, la mayoría alcaldes, jefes de policías locales y empresarios, y están previstas más de 70 citaciones, según fuentes policiales. Una de las empresas implicadas en el caso es Gespol, proveedora de un software para policías locales, con sede en Barcelona y filial de la constructora Sacyr. Y uno de los principales detenidos, y “cabecilla de la trama”, es el constructor José Luis Uribarri, salpicado también por la trama Gürtell.

El operativo, en el que participan 580 policías, arranca en julio de 2016 en el Ayuntamiento de Montgat (Barcelona), donde la Policía Nacional investigaba el supuesto amaño de contratos municipales para la instalación de radares de control del tráfico. La investigación posterior, dirigida por el Juzgado de Instrucción 2 de Badalona y la Fiscalía Anticorrupción, ha extendido las pesquisas a toda España, encontrando también contratos de obra pública como “aparcamiento o pistas con diferentes usos”, señalan fuentes de la investigación.

Operación Nacional

Sólo en Madrid se investigan los ayuntamientos de Alcobendas, Fuenlabrada, Majadahonda, Arroyomolinos, Pinto, Villanueva de la Cañada, Guadarrama. También Hoyo de Manzanares, Parla, Torrelodones, Manzanares el Real, Aldea del Fresno, Brunete, Galapagar, Valdemorillo y El Escorial. En Castilla la Mancha, Illescas. Pero se investigan también sedes consistoriales de Asturias, Castilla y León (Astorga y San Andrés de Rabanedo); y otros municipios de las provincias de Barcelona (Mollet de Valles y de Tiana). A Coruña, Málaga, Zaragoza, León, Asturias (Oviedo), Palencia y Lleida.

 

Entre los consistorios investigados hay mayoría del Partido Popular, aunque también de alcaldías dirigidas por otros partidos. Los detenidos están acusados de los delitos de prevaricación. Tambien malversación, falsificación, cohecho, delitos contra la administración e integración en organización criminal, según fuentes judiciales.


Canal Compliance3 julio, 2018
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En la causa se investigaron operaciones urbanísticas desarrolladas en los municipios de Santa Coloma de Gramenet, Sant Andreu de Llavaneres y Badalona

Comunicación Poder Judicial. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha condenado a penas de hasta 7 años y 1 mes de cárcel a los once acusados en el juicio de la llamada “Operación Pretoria”, en el que se han juzgado ilícitas actuaciones en operaciones urbanísticas desarrolladas durante los años 2002 a 2009 en las localidades de Santa Coloma de Gramenet, San Andrés de Llavaneras y Badalona, así como las ganancias que los acusados ingresaron en sus patrimonios directamente o bien a través de intermediarios o testaferros.

 

Tráfico de influencias, prevaricación administrativa, cohecho, falsedad documental y blanqueo de capitales

En la sentencia, los magistrados de la Sección Segunda, con ponencia de la presidenta del Tribunal, Concepción Espejel, condenan a los acusados por delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa, cohecho, falsedad documental y blanqueo de capitales. En el fallo se detallan las penas y delitos por los que ha sido condenado cada acusado (ver cuadro de condenas).

El exdiputado del PSC Luis Andrés García Sáez, “Luigi”, ha sido condenado a 7 años, 1 mes y 27 días de prisión, mientras que al exalcalde de esta formación en Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz, se le ha impuesto la pena de 5 años, 8 meses y 28 días de cárcel. Por su parte, exconcejal Manuel Dobarco ha sido condenado a 8 años y 6 meses de inhabilitación.

Otros condenados son los ex consejeros de la Generalitat Maciá Alavedra y Lluís Prenafeta, a quienes la Sala ha impuesto penas que suman para cada uno 1 año, 11 meses y 27 días de prisión por delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales al aplicarles las atenuantes de dilaciones indebidas y de confesión.

Puerto de Badalona
Resolución.

La resolución acuerda el comiso de las ganancias ilícitas obtenidas en las tres operaciones urbanísticas enjuiciadas –PALLARESA, NIESMA Y BADALONA- que ascendieron a un total de 5.886.925,66 euros. Igualmente acuerda el comiso de las dádivas recibidas por Bartomeu Muñoz, por 1.144.724,55 euros; de las ganancias ilícitas obtenidas por Alavedra, que ascienden a 3.243.103,28 euros, así como de Prenafeta, por 5.193.170,01 euros.

A todos los acusados, los jueces les aplican la atenuante simple de dilaciones indebidas atendiendo a la duración del procedimiento, de ocho años y ocho meses hasta la fecha de la sentencia. El Tribunal destaca la envergadura de la causa, un sumario que consta de sesenta tomos de actuaciones, ocho tomos de documental y veintiún tomos de comisiones rogatorias internacionales. Además, incluye dos tomos de traducciones y amplia documentación que una vez analizada y digitalizada dio lugar a ciento treinta y siete tomos adicionales. Además, el rollo de Sala está formado por cinco tomos y otros seis más de documentación.

 

Sentencia.

La sentencia, en sus hechos probados, relata cómo entre los años 2002 y 2009 en el área metropolitana de la provincia de Barcelona, en las localidades de Santa Coloma de Gramenet, San Andrés de Llavaneras y Badalona los condenados participaron en diversas operaciones urbanísticas que en lugar de favorecer el interés público buscaban la obtención de elevados rendimientos económicos para promotores e inversores particulares, propiciando importantes beneficios y comisiones, “ no amparadas en otras actividades comerciales lícitas, ganancias que ingresaron en sus patrimonios bien directamente o bien siendo canalizados a través de intermediarios, testaferros o sociedades ad ministradas o controladas de hecho por los mismos”.

Luis García, el conseguidor

Los magistrados describen el papel trascendental llevado a cabo en las ilícitas actuaciones urbanísticas por Luis García, conocido como “Luigi”. Como diputado del PSC durante los años 1980 a 1988, mantuvo, según el tribunal, fluidas relaciones personales y de antigua militancia política con diversos cargos públicos que le permitían actuar como “conseguidor”, “facilitador” o “intermediario”. Intervino en las operaciones desarrolladas en las tres localidades mencionadas, ideando y liderando las mismas y desarrollando actividades esenciales para seleccionar a los posibles inversores a los que ofertaba el plan de negocio y favoreciendo la aprobación posterior de los cambios urbanísticos por los que percibía contraprestaciones y comisiones “tanto para él mismo como para los diversos cargos públicos e intermediarios que propiciaron la culminación de las diversas operaciones”.

Operación Pallaresa

En una de las operaciones investigadas, la llamada “Operación Pallaresa” en la localidad de Santa Coloma de Gramenet, la sentencia relata cómo la amistad con el alcalde permitió a Luis García asumir una dirección fáctica importante en los concursos y adjudicaciones públicas y en los procesos de modificación urbanística, “en ejecución de dicho plan, Luis Andrés García Sáez, aprovechando la ascendencia que le proporcionaban las estrechas relaciones de amistad personal y de antigua militancia política que le unían con Bartomeu Muñoz, Alcalde de la localidad, y con Manuel Dobarco, Teniente de Alcalde en el área de urbanismo, logró ostentar durante el periodo en el que se desarrolló la denominada Operación Pallaresa un dominio fáctico sobre las decisiones municipales, especialmente en los expedientes de adjudicación de concursos y procesos de modificación urbanística y así influyó de forma continuada tanto sobre el Alcalde Muñoz como sobre el Concejal Dobarco” .

Por expresa indicación del Alcalde, que le presentó como su asesor y hombre de confianza, Luis García, de modo habitual, “despachaba con los técnicos municipales, obtenía información directa sobre el estado de los expedientes y orientaba el sentido de los informes para que fueran favorables a las decisiones pretendidas, fundamentalmente en los relativos a modificaciones urbanísticas,”

Las directrices impartidas por Luis eran asumidas como propias por el Alcalde, Bartomeu Muñoz el cual,- añade la sentencia- “dada la mayoría que ostentaba su Grupo en el Ayuntamiento, con la colaboración de Dobarco, lograba la final aprobación de los acuerdos por el Pleno, percibiendo por ello cuantiosas e ilícitas contraprestaciones económicas”.

La sentencia detalla cómo, del mismo modo Luis García influyó sobre el regidor de Urbanismo en el municipio de San Andrés para dirigir la modificación urbanística producida en las fincas de la llamada Operación Niesma.

En el municipio de Badalona, Luis García ejerció su influencia sobre el Consejero Delegado de la sociedad pública Marina Badalona para tomar parte en la llamada “Operación Badalona” y en otros cargos que permitieron que una finca edificable situada en un lugar estratégico del puerto pasara a manos de inversores particulares que obtuvieron una gran plusvalía en su reventa.

Durante estos años investigados y para llevar a cabo las operaciones urbanísticas mencionadas otro de los acusados, Manuel Valera figuraba como administrador en la mayoría de las sociedades controladas de facto por Luis García. El tribunal señala a Valera como hombre de confianza y testaferro de García, “siendo conocedor de la naturaleza y alcance de los planes que se proponían desarrollar en los indicados ayuntamientos en beneficio de inversores particulares y de ellos mismos, y de las irregularidades necesarias para alcanzarlos”

Alavedra y Prenafeta, beneficiarios de ilícitas comisiones ocultadas en territorios off shore

A lo largo de 1.369 páginas los magistrados analizan las operaciones urbanísticas investigadas. Los jueces concluyen que el ex Secretario de la Presidencia de la Generalitat en la década de los 80, Lluis Prenafeta, y el exconseller de Economía Maciá Alavedra intervinieron activamente en las operaciones de especulación inmobiliaria desplegadas en los municipios de San Andrés de Llavaneras y Badalona para favorecer a empresarios particulares. Según el tribunal, estos dos acusados, “sabedores de los contactos e influencias que Luis Andrés García tenía en estos municipios y del ascendiente e influencia que también ellos ejercían sobre determinados cargos públicos de Cataluña, se concertaron con el mencionado García, planificando y ejecutando el manejo de los tiempos del desarrollo urbanístico y de las adjudicaciones, lo que les permitió recibir ilícitas comisiones carentes de toda justificación y lógica comercial, que fueron pagadas por empresarios particulares”.

La Sala considera probado que García, Prenafeta y Alavedra se sirvieron de un complejo entramado societario, así como de diversas cuentas bancarias abiertas en entidades situadas en territorios off shore para ocultar cuantiosas ganancias procedentes de su actividad delictiva, tanto por sus intermediaciones en diversas adjudicaciones como por eludir el pago de impuestos a la Hacienda Pública, “desvinculándolas de su origen y titularidad para aflorarlas con una apariencia lícita”.

Para lograr esa ocultación y reinversión de los fondos generados de forma ilícita, tanto Prenafeta como Alavedra se sirvieron de sus esposas, así como de los también acusados Gloria Torres y Philip Mc Mahan.
García resulta absuelto del blanqueo por cuanto el entramado societario utilizado fue el mismo que se empleó para cometer los delitos de tráfico de influencias, prevaricación y cohecho por los que ocultó que era él quien se encontraba detrás de las ilícitas operaciones llevadas a cabo en los tres ayuntamientos.

Delito continuado de prevaricación

En relación con la denominada Operación Pallaresa el tribunal, después de analizar los hechos, concluye que encajan dentro del delito continuado de prevaricación administrativa, tipificado en el art 404 CP en tanto que las sucesivas modificaciones de usos respecto al proyecto inicial no fueron guiadas por el propósito de salvaguardar el interés público sino con el objetivo de beneficiar a empresas particulares concretas, vulnerando los principios de publicidad, transparencia y con un claro desprecio del principio de libre concurrencia.

El tribunal analiza una a una todas las modificaciones y acuerdos adoptados para dar una “apariencia de legalidad” y encubrir lo que, a criterio de la Sala “fueron claras desviaciones de poder” en beneficio de los inversores captados por Luis García y en el propio interés de él mismo y del alcalde,

Bajo una cobertura formal de legalidad, se logró que los acuerdos de la Corporación se adoptaran con desviación de poder para servir a los designios de los acusados, contraviniendo nuevamente los principios de objetividad, transparencia y defensa de los intereses generales que han de presidir la actuación de las Administraciones Públicas.

Después de analizar la doctrina de la Sala Segunda y Tercera del Tribunal Supremo sobre la materia, los magistrados concluyen que los hechos encajan en el delito continuado de prevaricación porque los acusados “a través de la adopción de las decisiones del Pleno cuya arbitrariedad conocían, no actuaron el Derecho, orientado al funcionamiento de la Administración Pública conforme a las previsiones constitucionales, sino que hicieron efectiva su voluntad, sin fundamento técnico-jurídico aceptable del plan conjunto que pretendían llevar a cabo, comenzaron por permitir la vulneración de las condiciones previstas en el Pliego de condiciones del concurso y de los principios generales de la contratación, infringiendo el principio de libre concurrencia y lesionando la transparencia en su actuación; haciendo caso omiso al carácter sustancial de las modificaciones pretendidas, evitando una nueva licitación y simulando una legalidad en las modificaciones del contrato para llegar a un resultado pactado con anterioridad, que no era otro que el de beneficiar a las empresas inversoras captadas por el acusado Luis García o a las que éste, el Alcalde y Dobarco pretendían favorecer, recibiendo a cambio García y Muñoz sendas contraprestaciones”.

Urbanismo ¿Compliance?

El tribunal recuerda que los condenados han ejercido sus actividades ilícitas en una materia especialmente trascendente y delicada como es la de urbanismo: “burlaron así los principios rectores que deberían haber presidido la actuación de una Administración Pública en una materia especialmente trascendente y delicada, como es la de urbanismo, adoptando decisiones sin que existieran en los expedientes informes técnicos rigurosos y objetivos que amparasen las modificaciones pretendidas, desplegando una actuación reiterada, más aún, habitual, dirigida inequívocamente a un favorecimiento intolerable hacia determinados particulares”.


Canal Compliance25 junio, 2018
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CGPJ. El Tribunal Supremo condena por publicidad engañosa a una sociedad que ofrecía hipotecas “sin avales” y sin tener contrato laboral fijo.

La Justicia entiende que se ha vulnerado la normativa general sobre publicidad y la específica sobre publicidad financiera.

 

Alegoría hipoteca

 

La Sala Primera del Tribunal Supremo ha estimado el recurso de casación interpuesto por Ausbanc Consumo contra una sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla. Esta salae había descartado que un anuncio de una entidad de intermediación financiera integrara un supuesto de publicidad ilícita.

El anuncio

La prensa escrita publicó el anuncio. Contenía el nombre comercial de la entidad y tres referencias (“Hipoteca 100% Sin avales.- Sin estar fijo”. “Préstamos personales. Rápidos. Casi sin papeleo”. “Reunificación de deudas. Hasta 50% de ahorro mensual”). Esta información era seguida por la dirección y del teléfono de la empresa, con caracteres destacados.

La Audiencia había considerado que el carácter esquemático del anuncio y la falta de información concreta sobre los productos ofertados lo hacían inhábil para inducir a error o modificar el comportamiento económico del consumidor. Sin embargo, la Sala Primera entiende que se ha vulnerado la normativa general sobre publicidad y la específica sobre publicidad financiera.
Accede desde aquí a la nota de la Sala de lo Civil.


Canal Compliance12 junio, 2018
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Comunicación Poder Judicial. El Tribunal Supremo condena a Iñaki Urdangarin a 5 años y 10 meses de prisión por malversación, prevaricación, fraude, dos delitos fiscales y tráfico de influencias en el “caso Nóos”.

La Sala Segunda reduce en 5 meses la pena que le impuso la Audiencia de Palma al absolverle de un delito de falsedad en documento público cometido por funcionario, condena a 5 años y 8 meses de cárcel a Diego Torres y mantiene la responsabilidad como partícipes a título lucrativo de Cristina de Borbón y Ana María Tejeiro en el delito de malversación y fraude de sus maridos, pero no en los delitos fiscales.

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha dictado sentencia en el ‘caso Noos’ donde confirma, en lo sustancial, los delitos, personas responsables y penalidad, apreciados por la Audiencia Provincial de Palma en febrero de 2017, aunque realiza algunos ajustes técnicos que llevan a modular algunas condenas y pronunciamientos, lo que afecta singularmente a Diego Torres.

La condena a Iñaki Urdangarín se establece en 5 años y 10 meses de prisión por los delitos de prevaricación continuada y malversación (ambos en concurso), tráfico de influencias, fraude a la Administración y dos delitos fiscales.

Se reduce en 5 meses respecto a los 6 años y 3 meses que le impuso la Audiencia de Mallorca porque es absuelto del delito continuado de falsedad en documento público cometido por funcionario, un delito que también se anula a Diego Torres, por entender la Sala que en los hechos probados de la sentencia no se les atribuye a ninguno de los dos una contribución a esas falsedades.

En relación a este mismo acusado, se estima el recurso de la Abogacía del Estado y se incrementa ligeramente la cuantía de las dos defraudaciones tributarias por las que fue condenado (en la misma proporción en la que se reduce la de Diego Torres), confirmándose para él 2 años de cárcel por dos delitos fiscales y 512.553 euros de multa, así como el pago de una indemnización a Hacienda de 326.925 euros.

En el caso de Diego Torres, se mantiene su condena por malversación y prevaricación, y su absolución de falsedad no implica además en la práctica una reducción de la pena (que se mantiene en este punto en 3 años menos un día de cárcel). También se confirma su condena por delito fiscal. Sin embargo, su condena total pasa de 8 años y 6 meses de prisión a 5 años y 8 meses al ser absuelto del delito de blanqueo de capitales, por no aparecer claramente establecida la vinculación de los fondos movilizados con la cuota tributaria defraudada, y del delito de tráfico de influencias, al no reflejar los hechos probados su participación directa en esa conducta (por la que sí es condenado Iñaki Urdangarin).

El Supremo confirma la responsabilidad de partícipes a título lucrativo de Ana María Tejeiro y de Cristina de Borbón de los delitos de malversación de caudales públicos y fraude a la Administración cometidos por sus cónyuges. Sin embargo, estima en parte el recurso de Ana María Tejeiro en relación a su declaración de responsabilidad como partícipe a título lucrativo del delito fiscal de su marido, lo que por extensión se aplica también a Cristina de Borbón respecto a los dos delitos fiscales cometidos por su marido, al argumentar que no es posible la participación a título lucrativo en delitos de defraudación tributaria.

La sentencia ratifica el resto de pronunciamientos de la Audiencia de Palma. Así, mantiene la condena de 3 años y 8 meses de prisión al expresidente balear Jaume Matas; 15 meses al exdirector general de Deportes de dicha comunidad José Luis Ballester; 15 meses al exgerente de la Fundación Illesport Gonzalo Bernal; 1 año al exgerente del Instituto Balear de Turismo Juan Carlos Alía; y 1 año de cárcel al exasesor jurídico de dicho Instituto Miguel Ángel Bonet. Se confirman además las absoluciones dictadas por la Audiencia balear. A los cuatro últimos se les sustituye la pena de prisión por una multa al aplicarles la atenuante de colaboración y reparación del daño.

El Supremo desestima el recurso del Ministerio Fiscal. En los argumentos que justifican esa decisión aparece como un factor relevante la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal Constitucional, según la cual no es posible revisar en contra del reo la valoración probatoria realizada por la Sala de instancia. La Sala también rechaza el recurso de Manos Limpias, que pretendía que se levantara su condena a abonar las costas procesales causadas a la infanta Cristina tras la acusación que mantuvo contra ella y por la que fue absuelta por el tribunal mallorquín.

Pagos de dinero público por servicios que no se llevaron a cabo

El tribunal rechaza asimismo el recurso de Urdangarin (salvo en lo relativo al delito de falsedad), y confirma que cometió los delitos de malversación, tráfico de influencias, prevaricación, fraude a la Administración y dos contra la Hacienda Pública.

En relación a la malversación, el tribunal destaca que no puede cuestionarse la naturaleza pública de los fondos sustraídos, que la sentencia cuantifica en 445.000 euros, pagados a Noos “pese a no haberse producido la correlativa contraprestación. Los servicios a que obedecían esos pagos no se habían llevado a cabo”. Urdangarin tuvo una implicación en la actividad malversadora (pago indebido) que encajaría en dos formas de participación: tanto la inducción como la cooperación necesaria.

En ese sentido, el alto tribunal recuerda que la Audiencia de Palma subraya como “en el ejercicio 2006, la ascendencia de D. Ignacio Urdangarin procura nuevamente la adopción de la decisión verbal y unilateral de contratar a la Asociación Instituto Nóos para la celebración de una segunda cumbre en Baleares. Para revestir formalmente esa decisión, del mismo modo que en las actuaciones precedentes, don Gonzalo Bernal García, siguiendo las indicaciones de D. José Luís Ballester Tulies– respecto de las que no consta oposición alguna por parte del President del Govern, D. Jaume Matas Palau, elabora cuatro actas. (…)”.

El Supremo también considera cometido el tráfico de influencias del artículo 429 del Código Penal, que en su redacción vigente al tiempo de ocurrir los hechos, castigaba al “… particular que influyere en un funcionario público o autoridad prevaliéndose de cualquier situación derivada de su relación personal con éste o con otro funcionario público o autoridad para conseguir una resolución que le pueda generar, directa o indirectamente, un beneficio económico para sí o para un tercero…”.

Situación de privilegio de Urdangarin

La sentencia indica que está “acreditado que el acusado, a través de su amistad con el coacusado, Director de deportes, y la situación de privilegio de que disfrutaba como consecuencia de su matrimonio con una hija de quien era entonces Jefe del Estado consiguió mover la voluntad tanto de José Luis Ballester como de Jaume Matas para obtener la contratación con la Asociación Instituto Noos y celebrar la cumbre de 2005 y, singularmente, para que se llevase a cabo orillando toda concurrencia, y los condicionantes que podrían derivarse de una tramitación ajustada a la legalidad”.

Por ello, cree correcta la subsunción jurídica realizada: “Es de destacar que el logro del influjo ejercido desde el trampolín de su privilegiada posición no se limita a la contratación, sino también y particularmente a la exclusión de toda concurrencia posible obviando las condiciones, presupuestos y proyectos que otras empresas podían ofrecer mejorando las fijadas casi unilateralmente por el recurrente y su socio”.

Más aún –agrega la sentencia-, el desarrollo posterior de la secuencia con la voluntariosa, y disciplinada actitud de acatamiento a todas las propuestas de los recurrentes por parte del Presidente y su desarrollo, aceptando precios, imponiendo decisiones y sin reparar en obstáculos burocráticos o rémoras de reglas administrativas, pone bien a las claras de manifiesto que se produjo ese sutil pero patente y efectivo sometimiento ante la posición del proponente, actitud que buscó y provocó deliberadamente amparado en su notoria condición, combinada y reforzada por su amistad con José Luis Ballester”.

Absolución por falsedad

La sentencia excluye a Urdangarin y Torres del delito de falsedad por el que venían condenados en combinación con delitos de malversación de fondos públicos y prevaricación, al no darse como probada una intervención de ninguno de los dos en la documentación falsaria elaborada por los funcionarios para plasmar y justificar las resoluciones arbitrarias analizadas.

La Sala entiende así que no se les atribuye un conocimiento ni participación en maniobras falsarias llevadas a cabo exclusivamente por quienes a efectos penales tienen la consideración de funcionarios o autoridad.

La traducción penológica de la absolución por falsedad es escasa por los mecanismos de imposición de penas previstos para los casos de concursos de delitos en el Código Penal, en este caso malversación y prevaricación. De hecho, a Torres se le mantiene la misma pena de prisión (3 años, la máxima posible) que cuando tenía también falsedad, mientras que a Urdangarin le supone una reducción de 5 meses por la aplicación de la atenuante de reparación del daño que observó la Audiencia de Palma, al haber consignado antes del juicio fondos suficientes para hacer frente a todas las responsabilidades civiles e indemnizaciones a las que debía hacer frente.

Responsabilidad como partícipes a título lucrativo por malversación y fraude, pero no por delito fiscal

La Sala mantiene la responsabilidad como partícipes a título lucrativo de Cristina de Borbón y de Ana María Tejeiro en lo que respecta a las cantidades correspondientes a los delitos de malversación de caudales públicos y de fraude a la Administración cometidos por sus maridos. En el caso de Cristina de Borbón, la cuantía asciende a 136.950 euros, y en el de Ana María Tejeiro, a 172.550 euros.

Sin embargo, deja sin efecto la responsabilidad como partícipes a título lucrativo de Cristina de Borbón (128.138 euros) y Ana María Tejeiro (172.384 euros) en lo que se refiere a las indemnizaciones fijadas por los delitos contra la Hacienda Pública por el que también fueron condenados ambos. La consecuencia de esta decisión es que tanto Iñaki Urdangarín como Diego Torres deberán asumir en su totalidad el pago de lo defraudado, que en el caso de este último y en el de su esposa ya está consignado, como resaltaba la sentencia recurrida.

El tribunal da la razón en este punto a Ana María Tejeiro, y por extensión a Cristina de Borbón, al considerar que no existen precedentes de que se haya aplicado la responsabilidad civil a título lucrativo en un delito fiscal. La Sala explica que una aproximación a la responsabilidad civil proclamada en el artículo 122 del Código Penal invita a pensar que solo abarca a los delitos de enriquecimiento: aquéllos que producen beneficios económicos directamente, que vienen a engrosar el patrimonio del autor y, eventualmente, el de terceros beneficiarios, pero no comprende delitos que consisten en un impago, como sería el caso.

En este sentido, afirma que quien elude el pago de tributos “consigue retener lo que ya tenía” y no hay efectos procedentes de ese delito, por lo que “no se puede participar de lo generado por un delito que no reporta directamente bienes sino que evita una disminución del patrimonio. La cantidad no abonada no queda identificada o señalada”.

Pero, además, recuerda la Sala, que las indemnizaciones en favor de la Hacienda Pública que puedan fijarse en un proceso penal no constituyen en rigor responsabilidad civil nacida de delito, sino “una deuda tributaria, regida por la legislación tributaria (que señala quiénes son los responsables y en qué cuantías y en qué condiciones, aunque exigible en el proceso penal por virtud de una norma de atribución específica”. Esa normativa tributaria, precisa la sentencia, “no contempla como deudor a quien se haya podido lucrar con algún dinero del defraudador (dinero que, además, tampoco podremos vincular justamente con la cuota defraudada y excluyendo otras rentas)”.

Estrategia de Manos Limpias

Sobre la acusación ejercida por Manos Limpias, la Sala señala que algunos indicios hacen pensar que la estrategia procesal de esta parte en relación con Cristina de Borbón estaba presidida por consideraciones ligadas más bien a escenarios extraprocesales que con el legítimo proceso de convencer a un tribunal de que esa condena era justa.

En este sentido, recuerda que dicha acusación popular pedía 8 años de prisión para Cristina de Borbón por dos delitos fiscales, y razona: “Se hace difícil pensar que un profesional del derecho considere que un delito contra la hacienda pública del que no es autor, sino cooperador necesario y por cuantía no superior a 120.000 euros merezca ese máximo punitivo, despreciando sin razones especiales la posibilidad del artículo 65.3 CP que permitiría rebasar por debajo el mínimo legal o minimizando el dato de que la cantidad adeudada ha sido íntegramente consignada”, subraya el tribunal.

Por ello, aprecia en el comportamiento procesal de esta acusación, al menos en las últimas fases del proceso, “una ausencia de prudencia y de ponderación y una absoluta y aparentemente deliberada y preconcebida impermeabilidad a cualquier elemento que pudiera favorecer a quien acusaba en solitario”.

Ejecución de la sentencia

La Sala Segunda ya ha comunicado el fallo a la Audiencia de Palma, a los efectos de su ejecución.


Canal Compliance1 junio, 2018
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Durante 3 días se ha desarrollado en el Complejo de Canillas de la Policía Nacional el V Congreso Behavior & Law de lucha contra el fraude.

En estos días, en los que los escándalos de corrupción pueblan las portadas de los medios, sólo las fuerzas de orden mantienen el tipo. No sólo son las que ponen de manifiesto los casos más flagrantes y envían al juzgado a los delincuentes. También se forman para prevenir el fraude. no sólo para detener, si no para que no suceda.

 

Componenetes mesa clausura

 

Durante 3 días se ha desarrollado en el Complejo de Canillas de la Policía Nacional el V Congreso Behavior & Law de lucha contra el fraude.
El congreso se ha organizado en virtud del convenio firmado entre la Fundación Universitaria Behavior & Law y la Secretaría de Estado de Seguridad. A través del mismo y de la cesión del espacio en el que se desarrolla.

Más de 150 Policías Nacionales, Guardias Civil y miembros de Instituciones Penitenciarias obtienen formación de alta especialización.

La citadura 3 días de duración. Cuenta con una apretadisima agenda de talleres y mesas durante los días previos a la sesión plenaria. Con el pleno concluye el evento. Ha sido organizada también con la colaboración de la Cátedra de Análisis de conducta de la UDIMA y la World compliance Association, entre otros.

 

Alta especialización.

Alta especialización para prevenir, y no para reaccionar a los casos de fraude. Es quizá este uno de los principios del establecimiento de una verdadera cultura de cumplimiento. En este sentido, el congreso ha analizado y formado a los profesionales de las fuerzas de orden. El de los análisis de conducta y comportamiento delictivo y el manejo de los protocolos y herramientas procedimentales dirigidas a prevenirlos.

En este sentido giró la entrevista que Canal Compliance realizaba recientemente a Jorge Jiménez Serrano, director del Máster en Análisis de Conducta. Psicólogo Criminalista en el Instituto Análisis Conducta Antifraude (IACA), y uno de los principales ponentes.

 

Asistentes al congreso

 

SAVE.

Rafael López, presidente de la Fundación universitaria Behavior & Law, fue otro de los ponentes. Se hizo una introducción al SAVE. Se trata de un metaprotocolo de investigación que sirve para analizar el comportamiento desde distintos elementos o enfoques. “Con protocolos como SAVE se puede analizar una entrevista. Cómo un posible defraudador cuenta lo ocurrido, analizar su conducta no verbal y cómo ésta se ajusta o no a lo que está contando. Se pueden identificar factores de credibilidad. Analizar también la coherencia interna y externa de su comportamiento; el modus operandi utilizado y el perfil de personalidad que muestra a través de sus conductas. Es un método global que permite identificar la acción de un posible defraudador y lo más importante, llegar a conocer cómo es y predecir su conducta”.

La ponencia de Rafael López, introduciendo el SAVE es un mero ejemplo de lo técnico del encuentro. También de lo eficaz en lo que a formación se refiere. La sesión plenaria con la que se clausura el congreso concluye por la tarde . Con cerca de una veintena de ponentes o participantes en las mesas de trabajo.

Análisis del Contenido Verbal en Gestión del Fraude; Congruencia Verbal-No Verbal; Análisis del Contexto en Gestión del Fraude; Perfilación Indirecta de Personalidad fueron otros de los temas tratados antes del cierre del congreso.


Canal Compliance29 mayo, 2018
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El Congreso Nacional de Compliance en el Sector público, organizado por la World Compliance Association (WCA) y la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y con el apoyo Wolter Kluwers  consiguió congregar en Madrid a más de 200 profesionales de entidades públicas y privadas que impulsan la aplicación de políticas de cumplimiento y transparencia en el sector público.

El evento se ha convertido en un referente en materia de cumplimiento legal y normativo. Se estructuró en torno a seis paneles, en los que se abordaron temas como la Necesidad del Compliance en el Sector Público. También el Control Externo de Fondos Púbicos; la Implementación de Estrategias e instrumentos de Cumplimiento Normativo en el sector Público; el Cumplimiento y Prevención del Fraude en la Gestión de Fondos estructurales y de Inversión Europeos, el Estatuto del Compliance Officer o la Contratación Púbica y Compliance.

APERTURA

La apertura del congreso corrió a cargo de Iván Martínez, Presidente de la WCA y CEO de INTEDYA. También intervino en la apertura así  Miguel Ángel Collado, Rector de la UCLM. Éste puso de manifiesto la necesidad de legitimación social de las universidades.

Entre los prestigiosos ponentes que acudieron a esta cita estuvo el Fiscal de Tribunal Supremo, Salvador Viada. El fiscal dijo que “el Gobierno no asume un compromiso contra la corrupción”.
Insistió en que “estamos metidos en un gran lodazal del que debemos salir” . Para el fiscal ha llegado el momento de cambiar de actitud. Se refería a “nuestros políticos y funcionarios”. “Porque hay personas que se están forrando a costa nuestra y están produciendo un gasto gigantesco”, aseveró.

El fiscal de Delitos Económicos de A Coruña, Juan Antonio Frago Amada, uno de los más brillantes especialistas en derecho penal económico y en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas, destacó el acoso laboral de funcionarios denunciantes. Frago Amada destacó la falta de un código unificado sancionador. También se refirio a la necesidad de regular los lobbies, entre otros aspectos.

Miguel Ángel Cabezas, presidente de la Fundación para la Formación e Investigación en Auditoría del Sector Público (FIASEP) se refirió a los efectos demoledores de la corrupción sobre el PIB y a las consecuencias negativas de la mala gestión.

Para Ulpiano Villanueva, Auditor-Director técnico de gabinete en el Consello de Contas de Galicia, los ejes de actuación pasan por la implementación de sistemas de prevención e integridad. Estos deberán estar basados en un concepto amplio de control interno, la gestión de riesgos y el seguimiento de lo realizado.

Asistentes y ponentes al I congreso Compliance en el sector público

 

LOS WHISTLEBLOWER

Enrique Benítez se refirió al régimen del denunciante y los canales de denuncia.  El consejero de la Cámara de Cuentas de Andalucía centro su intervención en este tipo de medidas.

Benítez, recalcó que no existen incentivos en España para denunciar la corrupción, «más allá de la propia satisfacción personal». En este sentido señaló la necesidad de realizar un esfuerzo por dejar de llamar “chivatos” y “delatores” a quienes deciden arriesgar su carrera profesional y su prestigio por denunciar las malas prácticas.

En idéntica dirección se manifestó José Antonio Fernández Ajenjo. Ajenjo es jefe de Servicio del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude (SNCA). Y en su intervención hizo referencia tanto a la necesidad de la garantía de confidencialidad del informante, como a la voluntariedad de estos mecanismos y su compatibilidad con otro tipo de cauces.

CORRUPCIÓN POLÍTICA

Alberto Girón, Interventor y Auditor del Estado, señaló que en España, sobre todo, existe corrupción política. En este sentido añadio que en nuestras administraciones el compliance es ineficiente o insuficiente.
Rosa María Alonso Díaz es  Vocal Asesora Coordinadora Financiera de la Subdirección General de Inspección y Control del Ministerio de Hacienda y de la Función Pública. Alonso explicó los requisitos solicitados para el acceso a los fondos europeos.  son necesarias  medidas adecuadas y proporcionadas contra el fraude. Las medidas se estructuran en cuatro fases: prevención, detección, corrección y persecución.

Concepción Campos, Doctora en Derecho y Experta en Contratación Pública, se refirió a los riesgos en la contratación pública como principal peligro a gestionar. También trató la fina línea que separa la irregularidad administrativa del ilícito penal.

MARCO NORMATIVO INTERNACIONAL

Iván Martinez, Presidente de la WCA, se refirió al marco normativo internacional del compliance. Martínez incidió en la norma ISO 37001:2016 como “una oportunidad para dejar de hablar de compliance y empezar a hacer compliance”.

El Director del Departamento de Control Interno de la CNMC, Carlos Balmisa, aprovechó su intervención para referirse a la importancia de los canales de denuncias internos y externos. También el registro de los grupos de interés y la transparencia.

Por último intervino Pilar Jiménez Rius, miembro del Tribunal de Cuentas. Planteó la cuestión del fracaso del actual modelo por falta de independencia. Jiménez Rius considera que “el compliance en el sector público es la solución contra el fraude y la corrupción”. En este caso, “siempre que se llenen los vacíos existentes hasta la fecha”. Esto requiere la coordinación y colaboración de todos los entes.


Canal Compliance23 mayo, 2018
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Salvador Viada Bardají, fiscal del Tribunal Supremo ofrece una brillante ponencia en el I Congreso Nacional sobre Compliance en el sector público de la WCA y la Universidad de Castilla la Mancha

Las irregularidades, incumplimientos normativos y el fraude cuestan a la Administración miles de millones de Euros anualmente. Estas cifras cercenan los maltrechos fondos públicos. También cuestionan la legitimidad de la Administración ante los ciudadanos y exponen a las propias instituciones a graves consecuencias legales y reputacionales.

 

Ponentes primera mesa Congreso Compliance en el sector público

 

El Compliance presenta una relevancia crucial. Brinda una oportunidad única para hacer de las políticas de cumplimiento normativo una herramienta proactiva y estratégica. Se convierte en garantía del adecuado gobierno y gestión de la Administración. En base a principios como estos se organizó el I Congreso sobre compliance en el sector público, donde poner en común, ideas, conceptos, novedades incluso medidas que se adoptan o pueden adoptar para luchar contra lacras como la corrupción.

LA ACTITUD DE LOS QUE  MANDAN.

Salvador Viada defendió, en la mesa inaugural del congreso, que “El que manda debe estar comprometido con una verdadera lucha contra la corrupción” , en este sentido denunció que “No hay una actitud idónea en el gobierno para acabar con la corrupción”, después de parafrasear al propio presidente del gobierno en una reciente intervención refiriéndose a la corrupción.

La corrupción tiene caras y apellidos no hay que convivir con ella, hay que acabar con ella. Una golfería detrás de otra”, aseveró Viada en su intervención, en referencia al concepto de corrupción con el que parece que aprendemos a convivir en vez de combatirlo.

Lo que tenemos que hacer es empezar a cambiar de actitud. Empezar a considerar la corrupción como un fenómeno que hay que combatir. Por que hay personas que se están forrando a costa nuestra y que están produciendo un gasto gigantesco.

Si no hay ese cambio yo creo que la corrupción no tendrá solución porque podemos preocuparnos mucho, pero si no exigimos esa voluntad de luchar contra la corrupción en una estructura jerárquica como es la administración, no tiene tantos problemas…

CONFIANZA Vs DESCONFIANZA

La política exige confianza. Hay que darles el voto a los políticos porque confiamos en ellos. Pero en quién gestiona nuestro dinero hay que tener una desconfianza profesional. Como haríamos con nuestro propio dinero. Una desconfianza, no una confianza. Yo te elijo porque lo vas a hacer bien pero no me voy a fiar a ciegas de lo que estás haciendo. te voy a estar vigilando. Esa es la actitud, la desconfianza profesional. (“oiga que usted me está insultando, no , no, le estoy vigilando”).

Si no se empiezan a generar estos mecanismos de control, descansar en los subordinados la vigilancia de los superiores es completamente absurdo. Hay que crear mecanismos para que el subordinado, sobre todo cuando ve que la institución no te protege, al revés, está amparando este tipo de prácticas, no te vas a suicidar. Hay gente que lo ha hecho, con todo honor, y se ha suicidado, les han machacado. Eso no puede ser, Hay que luchar de otra manera….

Hay que generar mecanismos de protección para las personas que denuncian; y garantizar el anonimato.

Ley Orgánica de lucha contra la corrupción y protección de los denunciantes.

Se está generando ahora una nueva ley, que yo tengo esperanza en ella. La esperanza es que no se convierta, como tantas otras veces, en una excusa para seguir haciendo lo mismo. La Ley Orgánica de lucha contra la corrupción y protección de los denunciantes. Establece una especie de Compliance Officer institucional. Que es una agencia independiente de integridad pública. Si no la convierten en un cementerio de elefantes políticos, arrinconados, dispuestos a seguir viviendo los últimos años de su vida en esta agencia, y se convierte en algo prestigioso, algo independiente, algo vivo, algo dotado de medios, que evidencie esa voluntad política de luchar contra esto, tendremos alguna esperanza.

Pero ya digo: Todos los programa de compliance tiene que ir orientados a forzar que el que manda se comprometa a luchar contra la corrupción. Lo contrario, para mi, es seguir viviendo con el fenómeno de la corrupción”, concluyó Salvador Viada Bardají


Canal Compliance10 mayo, 2018
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Congreso Científico Behavior and Law “Luchando contra el fraude”

El V Congreso Científico “Luchando contra el fraude” está organizado por la Fundación Universitaria Behavior and Law, referente internacional en el estudio y la investigación de la conducta. El evento se organiza, en virtud del convenio suscrito con la Secretaría de Estado de Seguridad. Colaboran la World Compliance Association y la Cátedra de Análisis de Conducta de la Universidad a Distancia de Madrid.

 

congreso contra fraude Behavior and Law

 

Tendrá lugar los días 30 y 31 de mayo y el 1 de junio. El espacio elegido es el Complejo Policial de Canillas en Madrid. Se aúnan así la lucha contra el fraude desde el ámbito policial, empresarial y académico. “Todos a una contra el fraude”.

Los mayores expertos en análisis de conducta se darán cita en Madrid. Presentarán las herramientas que desde el estudio de la conducta se están utilizando para erradicar el fraude y sus perniciosas consecuencias en las organizaciones, corporaciones y empresas.

Meta protocolo SAVE.

Herramientas tan innovadoras como el meta protocolo SAVE están ya al alcance de las empresas para la prevención del fraude y un incremento notable en su detección.

El sistema SAVE (Sistema de Análisis de Validez de Evaluación) estructura de forma sencilla y lógica todos los protocolos existentes en análisis de conducta y perfilación.

 

 

ENCUESTA CÓDIGOS ÉTICOS  ⇒

 

 

El SAVE utiliza diversas técnicas y estrategias de análisis de conducta que han sido contrastada y validadas científicamente. El objetivo es disponer de una estrategia estructurada que permita analizar la posible falsedad de una denuncia. Que disponga distintos enfoques, llegando incluso a posibilitar la elaboración de un informe técnico pericial.

Programa.

El congreso cuenta con un completo programa de actividades. Se enmarcan en varias jornadas. Una dedicada a las conferencias  y otras de talleres y mesas de debate. Siendo el análisis de conducta y sus herramientas enfocadas a la detección del fraude el eje sobre el que girarán muchas de las acciones del congreso.

Desde aquí puedes acceder al programa completo del congreso.


Canal Compliance3 mayo, 2018
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¿Denunciar o no denunciar? La fiscalía española estudia la extradición a suiza del “whistleblower”, Hervé Falciani.

La cultura compliance se extiende, y en algunas de sus áreas como el tax – compliance, establecer canales de denuncia y proteger a los denunciantes (En USA se les premia económicamente) es vital para luchar de forma eficaz contra la corrupción, fraude y delitos fiscales.

Podría parecer un “sindios” pero Suiza, cuna centroeuropea de algunos de los derechos más progres de la cultura occidental pide la cabeza (legal) de Hervé Falciani y la fiscalía de España, lo está valorando tras su detención en España a principios de abril.

El ingeniero de sistemas monegasco o franco italiano lleva años colaborando con la justicia para detener a evasores fiscales y otros delincuentes. España ya rechazó extraditarle en 2013.

Está condenado por la justicia suiza, por revelar datos bancarios. Sin duda una forma de atentar contra la principal industria del país, los bancos. Pero ¿Cómo denunciar hechos delictivos de esta índole sin revelar datos bancarios? ¿Acaso deberían haber quedado ocultos para no incumplir la ley?. No parece lógico que se inste o solicite la colaboración de los denunciantes y que a la vez se les persiga.

La postura helvética puede parecer coherente. No en vano el secreto bancario se defiende allí desde hace más de tres siglos. Pero indudablemente si Falciani llega a ser encarcelado será un duro golpe para el compliance. Los whistleblower podrían “ver truncadas sus carreras delatoras”.

FATCA

Significa Foreign Account Tax Compliance Act o Ley para el Cumplimiento Fiscal de las Cuentas en el Extranjero. Desde 2014 tanto los bancos como los intermediarios financieros suizos deberían de estar sometidos a la normativa por la cual EEUU exige a entidades alrededor del mundo todos los datos sobre el dinero que tengan personas sujetas a tributar en su país.
FATCA habría generado una unánime respuesta negativa por parte de los bancos en Suiza, debido a que querían proteger su privilegio de no informar qué dinero se encontraba en sus bancos ni revelar información de sus clientes. El gobierno de Obama abrió procesos contra 15 bancos helvéticos por ayudar a que miles de personas evadieron impuestos.

Falciani

Hervé Falciani, de Mónaco, es un ingeniero de sistemas que desde 2009 colabora activamente con la justicia de varios países. Aporta información de supuestas cuentas de más de 130.000 evasores fiscales que podrían tener dinero en bancos suizos. La información la obtuvo cuando trabajaba en la filial suiza del banco HSBC​. Esta información se conoce como ‘lista Falciani’.

Falciani reclama ahora al gobierno español que tome parte. Que adopte una postura sobre su posible extradición a Suiza. Para Falciani, está en juego el derecho económico. Si el gobierno se lava las manos debería explicar a la ciudadanía porque omiten este deber. No en vano España se benefició de los datos Falciani en la lucha contra sus defraudadores. Parece poco leal (aunque la justicia nada tiene que ver con la lealtad) que ahora, tras haber empleado sus datos, sea entregado por haber revelado éstos.


Canal Compliance10 abril, 2018
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La World Compliance Association (WCA) y la Asociación Contra la Corrupción y por la Regeneración Social (ACCORS) se unen para establecer nuevos mecanismos de prevención de la corrupción.

El acuerdo de colaboración fue firmado por Albert Salvador, Secretario General de la WCA y Elena Vicente, Presidenta de ACCORS. Supone un paso importante para poner en marcha mecanismos que permitan reducir los altos índices de corrupción en diferentes sectores.

Los investigadores de fraude certificados (ACFE), estiman que las empresas tienen unas pérdidas del 5%, de su facturación. Estas pérdidas están derivadas del fraude que sufren. Las altas cifras indicadas pueden hacer peligrar la propia viabilidad de las mismas. También pueden exponer a las propias organizaciones a graves consecuencias legales y reputacionales. En más del 35% de los casos de fraude, la corrupción está presente.

Es una necesidad importante procurar el establecimiento de nuevos canales y procedimientos para prevenir la corrupción. Estas medidas se deben adoptar, tanto en las administraciones y empresas públicas como en las empresas privadas. En este sentido se deben difundir sistemas para evitarlo. Por estos motivos, ACCORS ha firmado un acuerdo de colaboración con la WCA. Para así promover nuevos mecanismos de prevención de la corrupción.

Bajo este acuerdo ambas asociaciones trabajarán conjuntamente en el establecimiento de canales y procedimientos entre sus asociados para ayudar a prevenir el fraude. Oganizarán jornadas y eventos informativos sobre la detección temprana del fraude y su prevención. También fomentarán sesiones de formación para todos los asociados. Asimismo, realizarán campañas de difusión y concienciación ciudadana, especialmente entre el colectivo estudiantil.

El objetivo final es  avanzar para lograr proteger a ciudadanos y organizaciones tanto público como privadas, asociaciones, fundaciones y cualesquiera otras entidades colectivas o particulares, frente a determinados delitos o infracciones cometidas por personas relacionadas con ellas“, destacan desde la WCA.

Albert Salvador, Secretario General de la WCA y Elena Vicente, Presidenta de ACCORS
Albert Salvador, Secretario General de la WCA y Elena Vicente, Presidenta de ACCORS

ACCORS

ACCORS nace de la inquietud de personas individuales que desarrollan su trabajo y profesión en diversos sectores de actividad, pública y privada (abogados, periodistas, funcionarios públicos, ingenieros, políticos, etc). En muchos casos, debido a sus responsabilidades, tienen acceso a conocer y detectar irregularidades en sus ámbitos de competencia.

Puede pertenecer a ACCORS cualquier persona física que defienda los objetivos de limpieza y transparencia que promueve, cualquiera que sea su actividad y responsabilidad. Debe acreditar la ausencia de antecedentes penales.

Igualmente pueden pertenecer como miembros adheridos, sin la calidad de asociado, las organizaciones, instituciones o personas jurídicas que promuevan los mismos fines y acrediten una trayectoria ejemplar.

World Compliance Association

La WCA es una Asociación formada por profesionales y organizaciones interesadas en el mundo del “compliance”, que tiene como objetivo la promoción, reconocimiento y evaluación de las actividades de cumplimiento en las organizaciones tanto públicas como privadas, así como el desarrollo de herramientas y procesos para una correcta protección frente a determinados delitos/infracciones cometidas por sus empleados, colaboradores o cualquier otra persona relacionada con ella.
La WCA es un organismo con vocación y participación internacional fundado, formado y abierto a la participación e implicación de profesionales y organizaciones interesadas en el mundo del COMPLIANCE que desean implicarse de forma desinteresada en la máxima promoción y difusión de una de los avances más importantes en materia de ética y buen gobierno corporativo de nuestro tiempo, el COMPLIANCE y las diferentes herramientas, así como su marco normativo internacional.



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Canal Compliance, surge con el afán de convertirse en canal de comunicación  e información Compliance. Estamos seguros de los beneficios sociales y empresariales del cumplimiento normativo. Somos conscientes que la eficacia de la norma se debe sustentar en la creación de una verdadera cultura Compliance y que ésta no es posible sin un verdadero canal de comunicación, una herramienta que permita que la información fluya con libertad e independencia y que ésta alcance a todos los actores del sector del Cumplimiento normativo.


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