Canal Compliance3 octubre, 2018
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Los delitos que no revistan particular gravedad pueden justificar el acceso a los datos personales almacenados por proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas. Cuando dicho acceso no suponga una injerencia grave en la vida privada.

Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Fue en el marco de la investigación de un robo con violencia de una cartera y un teléfono móvil. La Policía Judicial española solicitó al Juzgado de Instrucción encargado del caso que le concediera acceso a los datos. Eran datos personales o de filiación de los usuarios de los números de teléfono activados desde el teléfono sustraído.

El juez instructor denegó la diligencia solicitada. En particular porque consideraba que los hechos que habían dado lugar a la investigación penal no constituían delito «grave». Es decir, con arreglo al derecho español. Los delitos sancionados con una pena de prisión superior a cinco años es el único tipo que permite justificar el acceso a los datos personales o de filiación.

 

Acceso a los datos privados

 

Ministerio Fiscal

El Ministerio Fiscal interpuso recurso de apelación contra dicha decisión ante la Audiencia Provincial de Tarragona.

La Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas establece que los estados miembros pueden limitar los derechos de los ciudadanos. Esto es cuando tal limitación constituya una medida necesaria, proporcionada y apropiada en una sociedad democrática. Será para proteger la seguridad nacional, la defensa y la seguridad pública, o garantizar la prevención, investigación, descubrimiento y persecución de delitos o la utilización no autorizada del sistema de comunicaciones electrónicas.

La Audiencia Provincial de Tarragona expone que, con posterioridad a la adopción de la decisión del juez instructor, el legislador español introdujo dos criterios alternativos para determinar el nivel de gravedad de un delito respecto del cual se autoriza la conservación y la cesión de los datos personales.

El primero es un criterio material. Vinculado a delitos específicos y graves. Especialmente lesivos para los intereses jurídicos individuales y colectivos. El segundo es un criterio normativo-formal que establece un umbral mínimo de tres años de prisión. Umbral que abarca la gran mayoría de los delitos.

 

Un hombre mira su teléfono

 

Tribunal español

Además, el tribunal español observa que el interés del Estado en castigar las conductas infractoras no puede justificar injerencias desproporcionadas en los derechos fundamentales consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Por tanto, la Audiencia Provincial de Tarragona pregunta al Tribunal de Justicia acerca de la fijación del umbral de gravedad de los delitos. Esto es para conocer a partir del cual puede justificarse una injerencia en los derechos fundamentales, como el mencionado.

Mediante su sentencia el TJUE recuerda que el acceso en el marco de un procedimiento de instrucción penal está incluido en el ámbito de aplicación de la Directiva. Además, el acceso a los datos que permiten identificar a los titulares de las tarjetas SIM activadas con un teléfono móvil sustraído, como los nombres, los apellidos y, en su caso, las direcciones de dichos titulares, constituye una injerencia en los derechos fundamentales de éstos, consagrados en la Carta. No obstante, el Tribunal de Justicia declara que esta injerencia no presenta una gravedad tal que, en el ámbito de la prevención, investigación, descubrimiento y persecución de delitos, dicho acceso debe limitarse a la lucha contra la delincuencia grave.

TJUE

El Tribunal de Justicia señala que el acceso de las autoridades públicas a datos almacenados por los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas constituye una injerencia en los derechos fundamentales al respeto de la vida privada y a la protección de datos.

La Directiva europea enumera objetivos que pueden justificar una norma nacional que regule el acceso de las autoridades públicas a estos datos. Y establezca de ese modo una excepción al principio de confidencialidad de las comunicaciones electrónicas.

 

Simbología datos personales electrónicos

 

 

Esta enumeración tiene carácter exhaustivo. Por lo que dicho acceso ha de responder efectiva y estrictamente a uno de esos objetivos. El Tribunal de Justicia observa a este respecto que el tenor de la Directiva no limita el objetivo de la prevención, investigación, descubrimiento y persecución de delitos a la lucha contra los delitos graves, sino que se refiere a los «delitos» en general.

En su sentencia el Tribunal de Justicia declaró que únicamente la lucha contra la criminalidad grave puede justificar el acceso de las autoridades públicas a datos almacenados por los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas.

No obstante, esa interpretación estaba motivada por el hecho de que el objetivo perseguido por una norma que regula ese acceso debe guardar relación con la gravedad de la injerencia en los derechos fundamentales en cuestión que suponga dicha operación.

En cambio, cuando la injerencia no es grave, dicho acceso puede estar justificado por el objetivo de prevenir, investigar, descubrir y perseguir «delitos» en general.

El TJUE considera que el acceso a los datos no puede calificarse de injerencia «grave» en los derechos de los individuos. Dichos datos no permiten extraer conclusiones precisas sobre su vida privada. El Tribunal de Justicia deduce de ello que la injerencia que supone el acceso a esos datos puede estar justificada. Esto es por el objetivo de prevenir, investigar, descubrir y perseguir «delitos» en general. Sin que sea necesario que dichos delitos sean calificados de «graves».


Canal Compliance13 septiembre, 2018
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Elías Antonio Saca, ex Presidente de El Salvador (2004-2009) resultó condenado ayer (12/09/2018) a 10 años por corrupción.

 

En 2016 y según análisis realizados por el Comité de Estándares a los países miembros del Consejo Centroamericano de Superintendentes de Bancos de Seguros y de Otras Instituciones Financieras (CCSBSO), la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), El Salvador era el único país centroamericano que contaba con una normativa sobre la temática y cumplia los requisitos solicitados en materia “crediticia”.

El expresidente no pudo con la norma y la ola de cumplimiento normativo que se globaliza en el mundo se lo llevó por delante. ¿Sentencia ejemplarizante o cumplimiento normativo tal cual?
Saca, que llegó al poder con el partido conservador Alianza Republicana Nacionalista (Arena) se sometió a las condiciones de los llamados “juicios abreviados”. Estaba acusado de blanqueo de capitales.

 

 

La posibilidad de obtener condenas más blandas fue su motivación para dar facilidades a la justicia. Es la primera vez que en la democracia salvadoreña un ex primer mandatario resulta condenado por delitos de corrupción.

 

Se le acusa de haber blanqueado y desviado más de 300 millones de dólares del dinero de los salvadoreños. Para la justicia eso se paga con 10 años de cárcel.
“Peculado y lavado de dinero y activos” es la terminología regional para concretar este delito de corrupción.
Saca, podrá llegar a cumplir hasta 8 años de prisión, puesto que ya está cerca de cumplir 2 desde que fue detenido. Fue juzgado junto a seis de sus colaboradores por el millonario desvío de fondos públicos.

 

Douglas Meléndez, ha sido uno de los protagonistas desde la fiscalía. En la cuenta de Twitter de la institución de justicia salvadoreña se publica una importante comunicación oficial.

 

 

Histórica condena.

 

El Fiscal General de la República, Douglas Meléndez, al pueblo salvadoreño comunica:

Este día, el expresidente de la República, Elías Antonio Saca, y otros de sus más cercanos ex funcionarios fueron condenados por actos de corrupción, marcando un hecho sin precedentes en la historia salvadoreña, lo cual ha sido posible, en primer lugar, por la decisión tomada por el Fiscal General de la República desde el año 2016, donde definió dentro de los ejes principales, investigar y procesar los altos niveles de corrupción en nuestro país, sin importar el cargo o posición de quién los hubiere cometido.

La investigación de este caso se ha realizado de manera independiente, apegada a Derecho, objetiva y autónoma, sin permitir ningún tipo de influencias. El trabajo fiscal logró obtener una gran cantidad de pruebas técnicas, documentales y testimoniales que demostraron la existencia de una compleja red de corrupción en el manejo de fondos públicos, al más alto nivel.
El cúmulo de pruebas fue sometido a examen judicial, que han validado la investigación fiscal. Durante la vista pública y, debido a la abundante prueba incriminatoria, el expresidente Antonio Saca confesó el cometimiento de los delitos por lo que ha sido condenado a 10 de cárcel y al pago de 260 millones de dólares en concepto de responsabilidad civil. Igual sentencia penal recibió Elmer Charlaix, exsecretario privado de la presidencia, y además, una responsabilidad de más de 15 millones de dólares. Asimismo, el resto de condenados, también fueron declarados responsables en materia civil.

Independientemente, hace unas semanas, la Fiscalía ha iniciado el proceso de Extinción de Dominio contra todos los bienes del exmandatario, de sus familiares y testaferros, así como del resto de condenados, para que regresen a favor del Estado, en beneficio de la población salvadoreña.

Con la condena de un expresidente de la República y sus más altos funcionario, se sienta un precedente histórico en investigaciones de corrupción, consumándose el principio constitucional que “Todos somos iguales ante la ley”. Por lo que reconozco el esfuerzo de valientes hombres y mujeres fiscales, que sin contar con mayores recursos, llevaron adelante una investigación de grandes dimensiones.

“Desde el inicio de mi gestión, me comprometí a combatir la corrupción y la impunidad sin permitir injerencias. En este momento, reafirmo que continuaré hasta el último día de mi mandato, defendiendo los intereses del Estado y la Sociedad salvadoreña”.

 

 

IMAGEN DE LA ENTRADA EURONEWS


Canal Compliance2 agosto, 2018
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Santiago Pedraz abre también juicio oral contra un total de 26 sociedades. Lo hace como responsables civiles subsidiarias. La Asociación de Usuarios y Servicios Bancarios, Ausbanc España, o el Sindicato Colectivo de Funcionarios Manos Limpias, son algunas de estas.

 

Mucho dinero Euros

 

Comunicación Poder Judicial. El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha abierto juicio oral por el denominado ‘caso Ausbanc’ al presidente de la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (AUSBANC), Luis Pineda. También al secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad. A la abogada, Virginia López Negrete, y a otras siete personas acusadas en este procedimiento.

En el auto, recoge los escritos de acusación presentados. El magistrado abre también juicio oral contra un total de 26 sociedades como responsables civiles subsidiarias. Entre éstas, a Ausbanc España o al Sindicato Colectivo de Funcionarios, Manos Limpias.

Resolución.

La resolución señala a la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia como la encargada del enjuiciamiento de este procedimiento. Y acuerda mantener la situación de prisión provisional comunicada y sin fianza de Luis Pineda. También mantiene la libertad con medidas cautelares para el resto de los acusados.

Requerimientos.

El magistrado requiere en su auto a los acusados y a los responsables civiles sus relaciones de bienes. Lo deben presentar en  el plazo de 15 días, a través de su representación procesal. Que manifiesten relación de bienes y derechos de los que sea titulares “con la precisión necesaria para garantizar unas futuras responsabilidades civiles y/o pecuniarias”.

Además, concede de plazo hasta el 28 de septiembre para que los acusados y los responsables civiles subsidiarios presenten sus escritos de defensa..

La Fiscalía considera que Ausbanc se dedicaba a extorsionar a bancos y cajas de ahorro. Presuntamente amenazaba con acciones legales o campañas de desprestigio en sus medios de comunicación. Los bancos, salvo el BBVA, se plegaban y accedían a realizar los pagos. Estos se camuflaban como campañas publicitarias en las publicaciones de Ausbanc. Aunque también con la realización de estudios de mercado o como patrocinio de eventos.



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