Canal Compliance14 septiembre, 2018
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Derechos de imagen, fraude fiscal y compliance en el deporte en la Jornada sobre Derecho Deportivo

Strong element y Lawyerpress organizan el próximo martes, 18 de septiembre, una jornada sobre Derecho Deportivo en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, al hilo de la edición en formato digital y en papel del libro “Derecho Deportivo. Una radiografía en sus aspectos más cruciales”, coordinado por Hans A. Böck, CEO de Strong element y Lawyerpress.

 

 

 

La jornada será inaugurada por José María Alonso, decano del ICAM. Transcurrirá a lo largo de la mañana articulada en tres mesas redondas: los derechos de imagen de los deportistas; las sociedades deportivas; y la fiscalidad en el deporte.

Cada una de las mesas contará con reconocidos juristas en cada uno de los campos, como Balder en protección de la marca en deportistas; Díaz-Bastien Abogados en derechos de imagen; Negotia en compliance para federaciones deportivas; o Garrigues y Pérez-Llorca respecto a fiscalidad y fraude, entre otros .

 

Equipo deportivo haciendo piña

 

En la jornada, también se presentará brevemente el libro “Derecho Deportivo. Una radiografía en sus aspectos más cruciales”. El volumen, con 25 textos de distintos juristas especializados en diversas áreas del derecho deportivo y prologado por el decano del ICAM, será editado tanto en formato papel (editorial Nueva Economía Social) como en versión ebook.

Acceso al programa de la jornada

 


Canal Compliance31 julio, 2018
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El juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha acordado ampliar la investigación en la causa del llamado ‘3 por ciento’. Atribuye la condición de personas jurídicas investigadas a Convergencia Democrática de Catalunya (CDC) y al PdeCat. PAra el juez la segunda es una mera continuadora de la primera.

 

Camuflado?

 

El juez acuerda ampliar la investigación en el caso ‘3 por ciento’ a Convergencia Democrática de Catalunya y al PdeCat por tráfico de influencias, cohecho y blanqueo
El magistrado explica que en esta causa se investiga a altos cargos de CDC quienes, en relación con otros cargos públicos y funcionarios de distintas Administraciones e instituciones públicas de Cataluña, pusieron en marcha una estructura para financiar ilegalmente el partido político

Comunicación Poder Judicial.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha acordado ampliar la investigación en la causa del llamado ‘3 por ciento’ atribuyendo la condición de personas jurídicas investigadas por delitos de tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales a Convergencia Democrática de Catalunya (CDC) y al PdeCat en cuanto que es un mero continuador de la anterior. El magistrado emplaza a estas sociedades mercantiles para que designen abogado y procurador.

En un auto, el magistrado explica que en esta causa se investiga a altos cargos del partido político CDC quienes, en relación con otros cargos públicos y funcionarios de distintas Administraciones e instituciones públicas de Cataluña, pusieron en marcha una estructura para financiar ilegalmente el partido político, en forma encubierta mediante “donaciones” a Fundaciones ligadas a dicha formación (CATDEM y FORUM BARCELONA), “en connivencia con empresarios y otros cargos de índole política, alterando todo tipo de concursos públicos, con la finalidad de “dirigir” los mismos hacia empresas que, a su vez, colaboraban con “donaciones” al partido.

Los pagos, indica De la Mata, se obtenían por las Fundaciones y, por ende, por el partido político CDC, en ocasiones como contraprestación por la adjudicación de contratos de obra pública o de servicios, con “vulneración de los principios de legalidad, igualdad y transparencia y, en otras simplemente para conseguir mejorar las expectativas de ser beneficiarios de tales contratos”.

El monto total de licitaciones comprometidas asciende por el momento a 218.759.664,19 euros; el importe de las adjudicaciones definitivas asciende a 168.706.262,00 euros, a los que hay que añadir los modificados de proyectos (1.777.626,84 euros) y las prórrogas (4.539.755,37 euros), es decir, aproximadamente 175.000.000 euros; las “donaciones” irregulares ligadas a estas adjudicaciones ascienden a más de 1.000.000 euros.

 

Cara de persona con pinturas de camufalje

 

CDC carecía de sistema de control interno de sus fuentes de financiación.

El auto del juez argumenta que CDC no disponía de un sistema o incluso un mero protocolo de control interno que garantizara la adecuada intervención y contabilización de todos los actos y documentos de los que se derivaran derechos y obligaciones de contenido económico que pudiera ser sometido a verificación e informe. Así se refleja, añade, incluso en los propios informes de auditoría interna del Partido, circunstancia que en los informes del Tribunal de Cuentas aparece como incumplimiento.

Señala el instructor que tanto los órganos como el personal con responsabilidad directiva en CDC estaban en conocimiento de las irregularidades advertidas en relación con la operativa de financiación que se investiga en esta causa y, por tanto, concluye que esta formación política “carecía de normativa de control interna, y conocía, al menos a través de los informes emitidos por el Tribunal de Cuentas, las irregularidades que pudieran derivarse de los pagos a través de los cuales sus Fundaciones vinculadas, derivan a favor del partido buena parte de las aportaciones económicas que reciben en concepto de donación”.

Un sistema de financiación normalizado y mantenido en el tiempo.

La operativa investigada, según el juez, ha estado sostenida en el tiempo de carácter sistémica y permanece inalterable, con independencia de los relevos que se puedan producir en las personas integrantes de dichas estructuras. Como prueba de ello, señala que los cambios en la estructura del partido no supusieron en ningún caso un cese en la comisión de los hechos investigados, suponiendo únicamente una modificación en la identidad de las personas partícipes en los mismos.

El juez afirma que pese a ser conocedores de esta operativa de financiación Ilícita, en las que se utilizaba a las fundaciones vinculadas al partido como “sociedades Interpuestas” a través de las cuales, empresas adjudicatarias de contratos públicos hacían llegar al partido comisiones, que simulan corresponderse con donaciones, los órganos y cargos con responsabilidad en el partido, no habrían emprendido ninguna Iniciativa para impedir una actividad delictiva que se mantiene, al menos, durante 11 años.

PdeCat, mero continuador de CDC

En su resolución, el titular del Juzgado Central Cinco se remonta al mes de julio de 2016 cuando desde CDC se toma la decisión de cesar en su actividad e impulsar la fundación de un nuevo partido político, el PDeCat. Sin embargo, de la Mata concluye que la creación de este partido se corresponde con “la mera transformación o cambio de apariencia de una misma realidad, con la finalidad de desconectarse de las responsabilidades en las que pudiera haber incurrido la formación política precedente (CDC)”.

“La conclusión alcanzada –dice el juez- es que la supuesta disolución como “actor político” de CDC y la creación del PDECAT como nuevo partido político, pudiera definirse como meramente aparente, al conservarse en el nuevo partido una identidad sustancial con la estructura, funcionamiento y recursos humanos y materiales, con los que contaba el anterior partido y que, en muchos casos, son titularidad de CDC”. Estos indicios, agrega, parecen “corresponderse con el hecho de que, a los limitados efectos que ahora interesan, la creación del PDECAT se podría identificar con una mera transformación o incluso con un simple cambio de apariencia, del partido que impulsa su creación, CDC, para eludir las responsabilidades penales en que hubiera podido incurrir”.

Por todo ello, el juez acuerda que procede ampliar la presente investigación atribuyendo la condición de personas investigadas a CDC y PdeCat.


Canal Compliance24 julio, 2018
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Era un modelo a seguir. Estudiado en la universidad. Parecía eficaz y podría ser un buen eximente, pero falló el sistema Compliance.
¿Cuando se empezará a hacer compliance, sin dejar de hablar de Compliance?.

 

Enredadera en fachada sobre una ventana

 

En uno de los últimos eventos compliance a los que hemos tenido la suerte de poder asistir, un destacado ponente señaló que “en este país se habla mucho de Compliance, es hora de que empecemos a hacer compliance”. Este es un pensamiento común a destacadas figuras del cumplimiento normativo de este país. Pero, a tenor de las informaciones que siguen poblando nuestros informativos, no parece que se haya iniciado ese momento en el que dejemos de hablar de compliance para pasar a hacer compliance.

Caso Enredadera.

En los albores del mes de Julio el juzgado de instrucción 2 de Badalona, abría la caja de los truenos. Su eco alcanzó la práctica totalidad de la geografía nacional. La conocida Operación Enredadera puso de manifiesto, no sólo un caso más de corrupción.

Fueron tantos los municipios, de diversa índole política que sólo se alcanza a entender su amplitud, concebido como corrupción sistémica. Alcanza casi todas las mimbres del cesto de lo público. Ese eufemismo con el que hemos disfrazado el dinero de todos. El compliance nos está sirviendo para vestirnos de dignidad organizacional pero de momento, de él, solo se habla.

 

La empresa implicada poseía planes compliance que eran modelo de estudio.

Y no es que a la empresa implicada le fueran ajenos los planes de Cumplimiento Normativo. Ésta era filial de Sacyr. Entre sus sistemas de control había establecida una política de control y gestión de riesgos. Para identificar, evaluar y gestionar sus riesgos globales. Buscaba dar seguridad acerca de la consecución de los objetivos de eficacia y eficiencia en las operaciones. Fiabilidad de la información y cumplimiento de la legislación. Seguridad y eficiencia que en su filial no se cumplieron. Este blan incluso fue objeto de estudio por el Centro Superior de Estudios de Gestión en su Máster Compliance Officer de la Universidad Complutense de Madrid.

 

Código de conducta.

El código de conducta de Sacyr prohíbe de forma tajante cualquier comportamiento por parte de sus empleados que pudiera considerarse relacionado con la corrupción o el soborno. Todos los empleados y miembros de los órganos de gobierno del grupo, así como las UTEs y sociedades sobre las que se tiene control de gestión, han sido informados sobre las políticas y los procedimientos de la organización para luchar contra la corrupción, a través de las circulares de difusión del código de conducta.

El código establece explícitamente que los empleados de Sacyr no podrán ofrecer pagos de ninguna naturaleza destinados a obtener beneficios de forma ilícita, y se les prohíbe aceptar regalos o cualquier otra clase de prestaciones que pudieran afectar a su objetividad o influir en una relación comercial, profesional o administrativa. Sacyr ha creado un órgano de control del código de conducta, formado por miembros de la alta dirección.

Este órgano, además de gestionar la línea de denuncias del Grupo, es el encargado de velar por el estricto cumplimiento del código de conducta. La investigación de comportamientos de corrupción es responsabilidad de la dirección de auditoría interna, así como realizar trabajos encaminados a detectar dichos comportamientos si los hubiera. Para esto cuenta con un software específico de detección de fraude, con el apoyo de expertos externos cuando lo precisa y con personal especializado para realizar dicho trabajo, tanto preventivo como detectivo. Los indicios de corrupción son analizados en detalle y se actúa en consecuencia”

Fruta podrida

Algo falló.

A pesar de todo, algo falló y la corrupción se extendió a toda la geografía nacional. La causa está abierta por los delitos de prevaricación administrativa, fraude a la administración pública, malversación de caudales públicos, tráfico de influencia, revelación de información privilegiada, falsedad documental, cohecho, alteración de precios de concurso público y pertenencia a organización criminal.

En el marco de la causa que investiga Instrucción 2 de Badalona, se han practicado 55 entradas y registros en diversas comunidades autónomas, 19 requerimientos de información y una cincuentena de detenidos. Un total de 15 que han pasado a disposición judicial. El magistrado ha acordado prisión provisional, comunicada y sin fianza para uno ellos, procedente de León; y libertad con medidas cautelares, como retirada de pasaporte y personaciones periódicas ante la autoridad judicial, para los otros cinco. Del total de detenidos puestos a disposición judicial, el magistrado ha acordado cuatro ingresos en prisión (provisional, comunicada y sin fianza) y libertad provisional con medidas cautelares para el resto.
¿Cuando se empezará a hacer compliance, sin dejar de hablar de Compliance?


Canal Compliance26 junio, 2018
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World Compliance Association y la Fundación Ayuda en Acción firman un convenio de colaboración.

La Fundación Ayuda en Acción pasa a ser miembro honorífico, como muestra de su compromiso por impulsar y visibilizar la labor del Compliance en el Tercer Sector.

 

Portada web ayuda en accion

 

Ayuda en Acción es consciente de la relevancia del Compliance, por lo que desde hace un tiempo viene impulsando un cambio en su modelo de gestión, incorporando el nuevo enfoque de riesgos en el clásico modelo de cumplimiento normativo, y todo ello acompañado de una “cultura de cumplimiento” en el seno de la organización poniendo el foco en la promoción de la ética y las buenas prácticas como parte de su seña de identidad, intentando buscar la máxima calidad en la gestión interna y por ende en la consecución de sus fines misionales.

En su objetivo de seguir avanzando en esta labor, la Fundación Ayuda en Acción pasa a ser miembro honorífico a través del convenio firmado con World Compliance Association, para impulsar y visibilizar la labor del Compliance en el Tercer Sector, conformado por organizaciones no gubernamentales muy heterogéneas, pero todas ellas con un punto en común: cumplir con los fines misionales por las que fueron constituidas. Y para lograrlo, es fundamental contar con procedimientos internos adaptados a las organizaciones y al entorno en el que operan, con el fin de prevenir y/o mitigar los riesgos a los que están expuestas.

 

Actividad conjunta

A través de esta colaboración se espera promover encuentros y actividades conjuntas que contribuyan a incrementar el conocimiento por parte de otras entidades colaboradoras y de la sociedad civil en su conjunto, de la labor que hace en esta materia la Fundación Ayuda en Acción. Actualmente son innumerables los retos a los que se enfrentan las organizaciones del Tercer Sector, derivados de un entorno normativo en plena ebullición del cual se desprenden constantes nuevas obligaciones legales a las que dar respuesta, contextos geopolíticos complejos, y la incorporación de la “innovación” como factor determinante para la sostenibilidad en un entorno cada vez más competitivo, entre otros.

Adicionalmente, la transparencia y buen gobierno de estas organizaciones es una demanda cada vez más creciente por parte de la sociedad civil, y la Fundación Ayuda en Acción apuesta por una mejora de su gestión interna como parte de su compromiso organizacional hacia las personas con y para las que trabajan.

Pero sin duda alguna, el mayor reto es implementar un modelo de gestión basado en la “excelencia” contando con recursos financieros limitados destinados a la propia estructura de las organizaciones del Tercer Sector. A través de este espacio se espera poner en valor el gran esfuerzo que supone para estas organizaciones el impulso del Compliance, así como aprender del camino recorrido por otras organizaciones miembro a través del intercambio de experiencias.

 


Canal Compliance20 junio, 2018
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Para que el compliance actúe como atenuante o exculpante de sanción penal, deben darse recaudos más exigentes en Argentina que en España.

Compliance ya es una realidad en España y Argentina”. Este ha sido el título de la Conferencia ofrecida por las expertas Dras. Lina Anllo y Jimena Alguacil, en el Consulado General de la República Argentina en Barcelona el pasado 18 de junio.

 

 

La jornada contó con la presencia de las autoridades del Consulado. También con juristas de ambos países y autoridades de universidades locales. Asistieron también juristas del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona y del Colegio Publico de Abogados Penales Internacionales (CAPI). Autoridades de la World Compliance Internacional. También estuvo representada la Cámara de Comercio Argentina en Barcelona, la Cámara Catalana de Comercio en Argentina y la Asociación Argentino Española de Emprendedores (ASAEDE).

Debate

El debate generado a partir de la exposición de las abogadas, fue muy fructífero y arribó a la conclusión que el compliance corporativo penal, no es una moda, sino que es un tema global. Un tema transversal, que pretende atacar de lleno conductas irregulares en organizaciones públicas y privadas. El compliance ha llegado, a las legislaciones europeas y latinoamericanas, “para quedarse definitivamente”.

Las letradas -integrantes del Comité Argentino de la World Compliance Asocciation- explicaron las similitudes y diferencias que presentan las normas vigentes en materia de compliance ambos países.

Legislación

Argentina acaba de aprobar la ley 27.401, que entró en vigencia el 1 de marzo de este año. Esta norma, también prevé la responsabilidad penal empresaria e incluye en su normativa los Programas de Integridad. Con diferentes consecuencias al sistema previsto en la ley española.

En España rigen desde el año 2010 la Ley Orgánica 5/2010 y la Ley Orgánica 1/2015 leyes que regulan la responsabilidad penal de las empresas y los Programas de Compliance. Es decir, si bien ambos sistemas presentan semejanzas, en el sistema argentino para que el compliance actúe como atenuante o exculpante de sanción penal, deben darse recaudos más exigentes que en la ley española.


Canal Compliance12 junio, 2018
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Comunicación Poder Judicial. El Tribunal Supremo condena a Iñaki Urdangarin a 5 años y 10 meses de prisión por malversación, prevaricación, fraude, dos delitos fiscales y tráfico de influencias en el “caso Nóos”.

La Sala Segunda reduce en 5 meses la pena que le impuso la Audiencia de Palma al absolverle de un delito de falsedad en documento público cometido por funcionario, condena a 5 años y 8 meses de cárcel a Diego Torres y mantiene la responsabilidad como partícipes a título lucrativo de Cristina de Borbón y Ana María Tejeiro en el delito de malversación y fraude de sus maridos, pero no en los delitos fiscales.

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha dictado sentencia en el ‘caso Noos’ donde confirma, en lo sustancial, los delitos, personas responsables y penalidad, apreciados por la Audiencia Provincial de Palma en febrero de 2017, aunque realiza algunos ajustes técnicos que llevan a modular algunas condenas y pronunciamientos, lo que afecta singularmente a Diego Torres.

La condena a Iñaki Urdangarín se establece en 5 años y 10 meses de prisión por los delitos de prevaricación continuada y malversación (ambos en concurso), tráfico de influencias, fraude a la Administración y dos delitos fiscales.

Se reduce en 5 meses respecto a los 6 años y 3 meses que le impuso la Audiencia de Mallorca porque es absuelto del delito continuado de falsedad en documento público cometido por funcionario, un delito que también se anula a Diego Torres, por entender la Sala que en los hechos probados de la sentencia no se les atribuye a ninguno de los dos una contribución a esas falsedades.

En relación a este mismo acusado, se estima el recurso de la Abogacía del Estado y se incrementa ligeramente la cuantía de las dos defraudaciones tributarias por las que fue condenado (en la misma proporción en la que se reduce la de Diego Torres), confirmándose para él 2 años de cárcel por dos delitos fiscales y 512.553 euros de multa, así como el pago de una indemnización a Hacienda de 326.925 euros.

En el caso de Diego Torres, se mantiene su condena por malversación y prevaricación, y su absolución de falsedad no implica además en la práctica una reducción de la pena (que se mantiene en este punto en 3 años menos un día de cárcel). También se confirma su condena por delito fiscal. Sin embargo, su condena total pasa de 8 años y 6 meses de prisión a 5 años y 8 meses al ser absuelto del delito de blanqueo de capitales, por no aparecer claramente establecida la vinculación de los fondos movilizados con la cuota tributaria defraudada, y del delito de tráfico de influencias, al no reflejar los hechos probados su participación directa en esa conducta (por la que sí es condenado Iñaki Urdangarin).

El Supremo confirma la responsabilidad de partícipes a título lucrativo de Ana María Tejeiro y de Cristina de Borbón de los delitos de malversación de caudales públicos y fraude a la Administración cometidos por sus cónyuges. Sin embargo, estima en parte el recurso de Ana María Tejeiro en relación a su declaración de responsabilidad como partícipe a título lucrativo del delito fiscal de su marido, lo que por extensión se aplica también a Cristina de Borbón respecto a los dos delitos fiscales cometidos por su marido, al argumentar que no es posible la participación a título lucrativo en delitos de defraudación tributaria.

La sentencia ratifica el resto de pronunciamientos de la Audiencia de Palma. Así, mantiene la condena de 3 años y 8 meses de prisión al expresidente balear Jaume Matas; 15 meses al exdirector general de Deportes de dicha comunidad José Luis Ballester; 15 meses al exgerente de la Fundación Illesport Gonzalo Bernal; 1 año al exgerente del Instituto Balear de Turismo Juan Carlos Alía; y 1 año de cárcel al exasesor jurídico de dicho Instituto Miguel Ángel Bonet. Se confirman además las absoluciones dictadas por la Audiencia balear. A los cuatro últimos se les sustituye la pena de prisión por una multa al aplicarles la atenuante de colaboración y reparación del daño.

El Supremo desestima el recurso del Ministerio Fiscal. En los argumentos que justifican esa decisión aparece como un factor relevante la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal Constitucional, según la cual no es posible revisar en contra del reo la valoración probatoria realizada por la Sala de instancia. La Sala también rechaza el recurso de Manos Limpias, que pretendía que se levantara su condena a abonar las costas procesales causadas a la infanta Cristina tras la acusación que mantuvo contra ella y por la que fue absuelta por el tribunal mallorquín.

Pagos de dinero público por servicios que no se llevaron a cabo

El tribunal rechaza asimismo el recurso de Urdangarin (salvo en lo relativo al delito de falsedad), y confirma que cometió los delitos de malversación, tráfico de influencias, prevaricación, fraude a la Administración y dos contra la Hacienda Pública.

En relación a la malversación, el tribunal destaca que no puede cuestionarse la naturaleza pública de los fondos sustraídos, que la sentencia cuantifica en 445.000 euros, pagados a Noos “pese a no haberse producido la correlativa contraprestación. Los servicios a que obedecían esos pagos no se habían llevado a cabo”. Urdangarin tuvo una implicación en la actividad malversadora (pago indebido) que encajaría en dos formas de participación: tanto la inducción como la cooperación necesaria.

En ese sentido, el alto tribunal recuerda que la Audiencia de Palma subraya como “en el ejercicio 2006, la ascendencia de D. Ignacio Urdangarin procura nuevamente la adopción de la decisión verbal y unilateral de contratar a la Asociación Instituto Nóos para la celebración de una segunda cumbre en Baleares. Para revestir formalmente esa decisión, del mismo modo que en las actuaciones precedentes, don Gonzalo Bernal García, siguiendo las indicaciones de D. José Luís Ballester Tulies– respecto de las que no consta oposición alguna por parte del President del Govern, D. Jaume Matas Palau, elabora cuatro actas. (…)”.

El Supremo también considera cometido el tráfico de influencias del artículo 429 del Código Penal, que en su redacción vigente al tiempo de ocurrir los hechos, castigaba al “… particular que influyere en un funcionario público o autoridad prevaliéndose de cualquier situación derivada de su relación personal con éste o con otro funcionario público o autoridad para conseguir una resolución que le pueda generar, directa o indirectamente, un beneficio económico para sí o para un tercero…”.

Situación de privilegio de Urdangarin

La sentencia indica que está “acreditado que el acusado, a través de su amistad con el coacusado, Director de deportes, y la situación de privilegio de que disfrutaba como consecuencia de su matrimonio con una hija de quien era entonces Jefe del Estado consiguió mover la voluntad tanto de José Luis Ballester como de Jaume Matas para obtener la contratación con la Asociación Instituto Noos y celebrar la cumbre de 2005 y, singularmente, para que se llevase a cabo orillando toda concurrencia, y los condicionantes que podrían derivarse de una tramitación ajustada a la legalidad”.

Por ello, cree correcta la subsunción jurídica realizada: “Es de destacar que el logro del influjo ejercido desde el trampolín de su privilegiada posición no se limita a la contratación, sino también y particularmente a la exclusión de toda concurrencia posible obviando las condiciones, presupuestos y proyectos que otras empresas podían ofrecer mejorando las fijadas casi unilateralmente por el recurrente y su socio”.

Más aún –agrega la sentencia-, el desarrollo posterior de la secuencia con la voluntariosa, y disciplinada actitud de acatamiento a todas las propuestas de los recurrentes por parte del Presidente y su desarrollo, aceptando precios, imponiendo decisiones y sin reparar en obstáculos burocráticos o rémoras de reglas administrativas, pone bien a las claras de manifiesto que se produjo ese sutil pero patente y efectivo sometimiento ante la posición del proponente, actitud que buscó y provocó deliberadamente amparado en su notoria condición, combinada y reforzada por su amistad con José Luis Ballester”.

Absolución por falsedad

La sentencia excluye a Urdangarin y Torres del delito de falsedad por el que venían condenados en combinación con delitos de malversación de fondos públicos y prevaricación, al no darse como probada una intervención de ninguno de los dos en la documentación falsaria elaborada por los funcionarios para plasmar y justificar las resoluciones arbitrarias analizadas.

La Sala entiende así que no se les atribuye un conocimiento ni participación en maniobras falsarias llevadas a cabo exclusivamente por quienes a efectos penales tienen la consideración de funcionarios o autoridad.

La traducción penológica de la absolución por falsedad es escasa por los mecanismos de imposición de penas previstos para los casos de concursos de delitos en el Código Penal, en este caso malversación y prevaricación. De hecho, a Torres se le mantiene la misma pena de prisión (3 años, la máxima posible) que cuando tenía también falsedad, mientras que a Urdangarin le supone una reducción de 5 meses por la aplicación de la atenuante de reparación del daño que observó la Audiencia de Palma, al haber consignado antes del juicio fondos suficientes para hacer frente a todas las responsabilidades civiles e indemnizaciones a las que debía hacer frente.

Responsabilidad como partícipes a título lucrativo por malversación y fraude, pero no por delito fiscal

La Sala mantiene la responsabilidad como partícipes a título lucrativo de Cristina de Borbón y de Ana María Tejeiro en lo que respecta a las cantidades correspondientes a los delitos de malversación de caudales públicos y de fraude a la Administración cometidos por sus maridos. En el caso de Cristina de Borbón, la cuantía asciende a 136.950 euros, y en el de Ana María Tejeiro, a 172.550 euros.

Sin embargo, deja sin efecto la responsabilidad como partícipes a título lucrativo de Cristina de Borbón (128.138 euros) y Ana María Tejeiro (172.384 euros) en lo que se refiere a las indemnizaciones fijadas por los delitos contra la Hacienda Pública por el que también fueron condenados ambos. La consecuencia de esta decisión es que tanto Iñaki Urdangarín como Diego Torres deberán asumir en su totalidad el pago de lo defraudado, que en el caso de este último y en el de su esposa ya está consignado, como resaltaba la sentencia recurrida.

El tribunal da la razón en este punto a Ana María Tejeiro, y por extensión a Cristina de Borbón, al considerar que no existen precedentes de que se haya aplicado la responsabilidad civil a título lucrativo en un delito fiscal. La Sala explica que una aproximación a la responsabilidad civil proclamada en el artículo 122 del Código Penal invita a pensar que solo abarca a los delitos de enriquecimiento: aquéllos que producen beneficios económicos directamente, que vienen a engrosar el patrimonio del autor y, eventualmente, el de terceros beneficiarios, pero no comprende delitos que consisten en un impago, como sería el caso.

En este sentido, afirma que quien elude el pago de tributos “consigue retener lo que ya tenía” y no hay efectos procedentes de ese delito, por lo que “no se puede participar de lo generado por un delito que no reporta directamente bienes sino que evita una disminución del patrimonio. La cantidad no abonada no queda identificada o señalada”.

Pero, además, recuerda la Sala, que las indemnizaciones en favor de la Hacienda Pública que puedan fijarse en un proceso penal no constituyen en rigor responsabilidad civil nacida de delito, sino “una deuda tributaria, regida por la legislación tributaria (que señala quiénes son los responsables y en qué cuantías y en qué condiciones, aunque exigible en el proceso penal por virtud de una norma de atribución específica”. Esa normativa tributaria, precisa la sentencia, “no contempla como deudor a quien se haya podido lucrar con algún dinero del defraudador (dinero que, además, tampoco podremos vincular justamente con la cuota defraudada y excluyendo otras rentas)”.

Estrategia de Manos Limpias

Sobre la acusación ejercida por Manos Limpias, la Sala señala que algunos indicios hacen pensar que la estrategia procesal de esta parte en relación con Cristina de Borbón estaba presidida por consideraciones ligadas más bien a escenarios extraprocesales que con el legítimo proceso de convencer a un tribunal de que esa condena era justa.

En este sentido, recuerda que dicha acusación popular pedía 8 años de prisión para Cristina de Borbón por dos delitos fiscales, y razona: “Se hace difícil pensar que un profesional del derecho considere que un delito contra la hacienda pública del que no es autor, sino cooperador necesario y por cuantía no superior a 120.000 euros merezca ese máximo punitivo, despreciando sin razones especiales la posibilidad del artículo 65.3 CP que permitiría rebasar por debajo el mínimo legal o minimizando el dato de que la cantidad adeudada ha sido íntegramente consignada”, subraya el tribunal.

Por ello, aprecia en el comportamiento procesal de esta acusación, al menos en las últimas fases del proceso, “una ausencia de prudencia y de ponderación y una absoluta y aparentemente deliberada y preconcebida impermeabilidad a cualquier elemento que pudiera favorecer a quien acusaba en solitario”.

Ejecución de la sentencia

La Sala Segunda ya ha comunicado el fallo a la Audiencia de Palma, a los efectos de su ejecución.


Canal Compliance11 junio, 2018
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El juez Eloy Velasco dará el punto de vista penal a la hora de evitar que una PYME acabe sentada en el banquillo.

 

Portada e-book Compliance para PYMES

 

¿Cómo evitar que una pyme acabe en el banquillo por no tener un modelo adecuado de compliance?. Esta es la premisa de la que parte el primer ebook sobre cumplimiento normativo o compliance enfocado específicamente a las pymes.

Elaborado por José Antonio Castañeda, abogado y socio del despacho Negotia, y editado por la prestigiosa Lefebvre-El Derecho, la presentación del ebook contará con la intervención del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, magistrado de la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional y especialista en el orden jurisdiccional penal.

En la presentación intervendrán el propio José Antonio Castañeda y Ángela de Miguel. De miguel es socia directora de Negotia y vicepresidenta de CECALE. También intervendrá Agustín Born, director de comunicación de Lefevbre-El Derecho.

Se abordarán temas como qué considera pyme el Código Penal a partir de 2015 a efectos de cumplimiento normativo. También cuáles son los principales errores que las pequeñas empresas cometen a la hora de diseñar su plan de compliance.

La presentación tendrá lugar mañana martes, 12 de junio a las 10.00h, en Negotia Madrid (c/ Velázquez, 12 4a planta)


Canal Compliance3 abril, 2018
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Los sistemas compliance en las organizaciones ponen en negro sobre blanco el sentido común. La proximidad sociológica , incluso la psicológica entre trabajadores – casi siempre con responsabilidades- y la legislación vigente.

En este orden de cosas los sistemas compliance – mas que un mero “pepito grillo” dotan de conciencia, normalización y cotidianidad a las acciones dirigidas al cumplimiento normativo. Pero ¿Qué sucede con la obediencia debida en un incumplimiento? ¿Alcanza la “obligatoriedad debida” a las organizaciones civiles, o es un tema sólo militar?

A finales del mes de marzo el Pleno de la Sala Quinta, de lo Militar, del Tribunal Supremo dictó una sentencia en la que establece que, en un sistema democrático, no cabe la exención de responsabilidad “por razón de la obediencia debida”.

CGPJ. La Sala de lo Militar del Tribunal Supremo rechaza la “obediencia debida” como causa de exención de responsabilidad.

El Pleno de la Sala señala que ““el sistema legalmente establecido obliga al no cumplimiento de una orden que constituya delito o infrinja el ordenamiento jurídico”

El Pleno de la Sala Quinta, de lo Militar, del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que establece que, en un sistema democrático, no cabe la exención de responsabilidad “por razón de la obediencia debida”, ya que “el sistema legalmente establecido obliga al no cumplimiento de una orden que constituya delito o infrinja el ordenamiento jurídico”.

Mandatos contra Ley o Derecho

Los magistrados explicaron que no caben en nuestro ordenamiento jurídico en el que se incluye a las fuerzas armadas órdenes anti jurídicas obligatorios, entendiendo por ello cualquier mandato que vaya contra la Ley o el Derecho.

La resolución de la Sala dictó al resolver un recurso de la Abogacía del Estado contra una sentencia del Tribunal Militar Central, que estimó a su vez el recurso de un guardia civil contra la sanción de reprensión que le impuso el jefe de la Agrupación de Tráfico del cuerpo por una falta leve de desatención del servicio.

El guardia era el auxiliar de una pareja de la Guardia Civil a los que se asignó un servicio de control de alcoholemia de conductores en una carretera de Almería. Un sargento se personó en el lugar y comprobó que la pareja estaba dentro de su vehículo y que no había montado la señalización del control ni lo estaba realizando. Al comprobar la presencia del suboficial, los agentes salieron del coche, empezaron a dar el alto a automóviles y a realizar el test de alcoholemia, según los hechos probados.

El Supremo desestima el recurso del abogado del Estado, pero se muestra en desacuerdo también con la sentencia del Tribunal Militar Central en cuanto pareció girar en torno a que la responsabilidad debía recaer en el jefe de pareja quedando exento el auxiliar de pareja en virtud de la debida obediencia.

Sin exenciones

Acción militar

El TS argumenta que en un sistema democrático no cabe la exención por razón de la obediencia debida, pues tal forma de ver las cosas se basa en un sistema autoritario. “El sistema autoritario defiende que quien manda, ordena una cosa que debe ser cumplida, aunque infrinja la ley y el que cumple no tiene responsabilidad por cumplirla. Lo que no ocurre en el sistema democrático constitucional en el que prima el cumplimiento de la ley, de la que proviene toda autoridad, y no es posible ocultarse detrás de una orden para incumplir una ley y no tener responsabilidad; nadie está por encima de la ley”.

La sentencia añade que “en nuestro ordenamiento no existe un deber de obediencia debida en el que el que obedece debe cumplir todo lo ordenado, siendo irresponsable por lo que realice. El examen de la legislación correspondiente pone de manifiesto que el sistema que se sigue es el de la obediencia legal, esto es, hay obligación de obedecer al superior en relación con toda orden que se encuentre de acuerdo con el ordenamiento jurídico y, correlativamente hay obligación de desobedecer toda orden contraria al ordenamiento jurídico”.

Obediencia debida

La Sala indica, no obstante, que negar la denominada obediencia debida no significa que no exista el deber de obediencia jerárquica, y es cierto que el jefe de pareja es superior del auxiliar. “No cabe duda alguna que entre ambos existe una relación jerárquica en la que incumbe al auxiliar un deber de obediencia jerárquica, por lo que, en cuanto al desarrollo del servicio, es el jefe de pareja, como superior, el que determina la forma de cumplimiento del servicio y, en tales situaciones, el auxiliar de pareja no tiene al respecto ninguna capacidad de decisión autónoma frente a la normalidad del cumplimiento del deber”, razonan los magistrados.

Sin embargo, una cuestión es la existencia de obediencia jerárquica “y otra muy distinta que en esa relación de obediencia exista una obediencia debida. No existe tal obediencia debida en cuanto razón justificante de cualquier actuación en cumplimiento de una orden y, por ello, no cabe que el auxiliar de pareja pretenda ampararse en la obediencia debida cuando recibe una orden que trasgrede el ordenamiento jurídico; en ese caso, no hay duda de la responsabilidad del auxiliar de pareja al cumplir la orden antijurídica recibida. No debe confundirse la obediencia jerárquica con la obediencia debida”.

“in dubio pro reo”

En todo caso, en el asunto concreto examinado, el Supremo rechaza el recurso del abogado del Estado y mantiene la decisión del Tribunal Militar Central de anular la sanción al auxiliar, al estimar que los hechos probados son inocuos y que el guardia está amparado por el principio ‘in dubio pro reo’, ya que no cabe hablar de desatención de un servicio cuando bien pudiera ser que éste se comenzara a desarrollar dentro de las posibilidades que tenía la pareja. En ese sentido, indica la sentencia que en la resolución sancionadora se recogió que el vehículo no tenía etilómetro y tuvieron que esperar a una pareja saliente de servicio.

La sentencia contó con tres votos particulares –dos de ellos concurrentes con el fallo y uno discrepante-


Canal Compliance16 marzo, 2018
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Inmersos en la celebración del III Encuentro Cumplen el Magistrado y letrado del Tribunal Constitucional atiende las preguntas de Canal Compliance.

Javier Puyol Montero, de Puyol Abogados & Partners es miembros de la directiva de CUMPLEN. Es, además, Premio Extraordinario de Licenciatura (ICADE); Doctor en Derecho; Premio Extraordinario Cum Laude de la Escuela Internacional de Doctorado de la UNED.

 

CANAL COMPLIANCE .Cumplen organiza la tercera edición de un encuentro que se consolida como referente en el sector. La presencia y participación de personalidades y de ponentes al más alto nivel así lo prueba. ¿A qué se debe el éxito de CUMPLEN en la organización de este evento?

JAVIER PUYOL. El éxito de CUMPLEN se debe a su visión multisectorial de la función de cumplimiento normativo, en la que se tratan de analizar la función del COMPLIANCE OFFICER desde los más variados puntos de vista, teniendo en cuenta los diversos condicionamientos y características que exige el ejercicio de su actividad profesional. Todo ello justifica la presencia y participación de personalidades y de ponentes del más alto nivel, que tratan de exponer la problemática particular que tiene que afrontar dicho profesional cada día

CC. Cada vez se emplean menos los términos “incipiente, novedad, empezamos,..para hablar del Compliance como algo novedoso, nuevo…. ¿Considera que este es un síntoma que la cultura de cumplimiento empieza a fraguarse? ¿Cual es, en este ámbito, el estado del cumplimiento normativo en nuestro país?

JP. Sin lugar a dudas. La cultura de cumplimiento normativo va calando en la sociedad, en otras empresas, en las Administraciones Públicas como muestra de una cultura que ha venido para quedarse, y que cada día encuentra muchos más apoyos en nuestro reglamento jurídico, pero también en los principios de responsabilidad social empresarial que asumen las personas jurídicas, y a las demandas de los ciudadanos. No obstante, ello, es cierto que queda mucho por hacer en esta materia pero puede afirmarse sin temor a equivocarnos, que se va abriendo paso de manera firme y paulatina generando valor y riqueza para muchas empresas, y al mismo tiempo seguridad jurídica para funcionamiento de nuestro sistema económico y social.

 

DIFUSION COMPLIANCE

CC. ¿Cuales son las bases sobre las que se crea una verdadera cultura de Cumplimiento?

JP. Yo creo que las bases sobre las cuales se crea una verdadera cultura de cumplimiento necesariamente tienen que encontrarse arraigadas sobre valores firmes y perdurables, ofreciendo y para un marco muy singular los valores encarnados en la responsabilidad social empresarial o corporativa. El Compliance, en los términos en los cuales lo estamos interpretando como responsabilidad penal de las personas jurídicas sería un colofón al desarrollo de dichos valores.

 

CC. ¿Qué papel le da a la difusión y como se debe realizar ésta?

JP. La difusión de esta cultura es imprescindible para consolidar un efectivo arraigo entre las empresas, las demás personas jurídicas y los ciudadanos y la sociedad. En este sentido, valores como la transparencia, son determinantes para el conocimiento de las políticas y prácticas que implementan las personas jurídicas para hacer efectivo el cumplimiento de estos principios. En este ámbito, la propia actividad de las empresas, los medios de comunicación, y las redes sociales juegan un papel determinante para el público. Para el conocimiento de sus valores, y su instauración efectiva.

 

CC. ¿Los casos de corrupción en casi todos los ámbitos, que a diario salpican los medios de comunicación no ayudan demasiado? ¿Considera que si nos empezáramos a sensibilizarnos con este tema la corrupción sería la noticia?

JP. Es cierto que los casos de corrupción, y públicamente se van conociendo, poco o nada ayudan a la difusión de una cultura de cumplimiento normativo. Sin embargo, yo analizaría esta problemática desde una visión completamente positiva, en el sentido de que cada día van siendo más las empresas que ponen los medios para prevenir la comisión eventos de fraude, corrupción, sobornos u otros hechos de características análogas.
Debe tenerse presente que siempre impacta más la noticia de estos hechos delictivos o regulares, que el cumplimiento normal, ordinario y respetuoso de los valores y principios que informan la actividad cotidiana de nuestras empresas, siendo abrumadoramente mucho más numerosos los supuestos de cumplimiento, que los casos aislados de corrupción.

 

CC. Casi siempre nos referimos a la empresa cuando hablamos de implantar sistemas compliance ¿A que otro tipo de organizaciones le vendría bien hacerlo?

JP. Los sistemas de Compliance o de cumplimiento normativo abarcan a todo tipo de personas jurídicas. Es cierto que su mayor impacto se produce en el ámbito de las empresas, fundamentalmente por la responsabilidad penal que le puede ser exigida en cualquier momento, pero esta misma responsabilidad también es achacable a los partidos políticos, a los colegios profesionales, a las fundaciones, asociaciones, ONG’s, etc. Y debe destacarse, que en el ámbito del cumplimiento normativo cada día tienen un papel más relevante las Administraciones Públicas, especialmente los Ayuntamientos.

 

CENTRÁNDONOS EN EL ENCUENTRO CUMPLEN

CC. ¿Cómo se ha diseñado este año el encuentro. Qué se ha tenido en cuenta a la hora de seleccionar temas y participantes?

J.P. como indicaba en el comienzo de esta entrevista intervienen altas personalidades y profesionales muy cualificados en el ámbito del cumplimiento normativo que tratan de exponer aquellas circunstancias más relevantes que está atravesando el ejercicio de esta profesión, y que constituye un magnífico Foro para concienciarse de los principios, valores, tendencias, y criterios que hoy día están imperando en el ámbito del Compliance, y que constituye un magnífico marco por parte de las empresas y demás personas jurídicas, para adaptarse en cada momento a la constante evolución que se está produciendo en esta materia.

 

CC. Las primeras certificaciones de la UNE 19601 es uno de los temas del encuentro, ¿Qué valor aportan las certificaciones, a la cultura de cumplimiento? En este sentido, tal y como defendía el fallecido, Jose Manuel Maza ¿Cree que las singularidades de nuestro país requieren también de acciones, singulares?

JP. Sin lugar a dudas las certificaciones UNE 19601 constituyen un patrimonio valioso en el ámbito del cumplimiento normativo, toda vez que suponen un patrón o vía a seguir en la implantación y el desarrollo de esta materia, que necesita cada vez más interpretarse y aplicarse a un amplio espectro de tipologías empresariales con unas problemáticas muy singulares. Yo creo que las singularidades a las que hacía referencia nuestro querido y añorado José Manuel Maza cada vez serán menores en el momento en el cual se vaya generando esta cultura de cumplimiento, y las diferentes personas jurídicas vayan adoptando los principios en ella contenidos

 

CC. Para finalizar, También se abordará en el congreso, pero en su opinión, cuál considera que es el estado de la PYME española ante la Implantación del Compliance?
JP. Con relación a las PYMES y a las Microempresas no hay que olvidar que constituyen prácticamente el 95% del tejido empresarial español, y que necesitan de un amplio esfuerzo de adaptación de los programas de cumplimiento normativo, a los efectos de adaptarse adecuadamente a la especial problemática que presentan estas tipologías empresariales.
Creo que es uno de los grandes retos que en este momento quedan por llevar a cabo, a los efectos de normalizar los principios en que se basa el Compliance entre todas las personas jurídicas y no solamente entre las multinacionales o grandes empresas.


Canal Compliance5 marzo, 2018
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El evento, organizado por la World Compliance Association, es el primero de estas características que se celebra en el sector pesquero a nivel mundial

El congreso cuenta con la colaboración y el apoyo de organismos e instituciones públicas de carácter nacional e internacional. También de numerosas asociaciones profesionales y empresas del sector pesquero, conservero y logística del frío. Además, contará con la participación de expertos de alto nivel de ámbito nacional e internacional como la, FAO, la OIT, ITF Global y la Agencia Europea de pesca, entre otros.

El objetivo de este encuentro es ayudar a las organizaciones de la industria de la pesca a enfrentarse a los nuevos retos surgidos con motivo de la introducción en las legislaciones de casi todo el mundo de la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Se abordarán diversos aspectos de los programas de cumplimiento. Las medidas a adoptar por las organizaciones de la industria pesquera para hacer de ella una industria más ética, honesta y comprometida con el cumplimiento, será otra parte de la temática.

El programa está estructurado en cinco grandes bloques temáticos. Las buenas prácticas y los códigos de conducta serán algunos de los temas tratados. También cómo abordan las organizaciones del sector la implantación de los programas de compliance ocuparán a los congresistas participantes.

LOCALIZACIÓN

El congreso tendrá lugar en la ciudad de Vigo por ser un referente a nivel internacional de la industria de la pesca, conservera y frigorífica. La sede de AFUNDACIÓN en Vigo acogerá en su imponente auditorio las presentaciones de los participantes en el Congreso. Más de veinte ponentes de alto nivel nacional e internacional conforman el programa del congreso. Representantes de la FAO, la OIT, la UE, y de numerosas instituciones públicas y privadas participan en el congreso. También contamos con la presencia de profesionales de las principales empresas del sector que nos contarán sus experiencias con el fenómeno compliance.

El congreso va dirigido a un amplio espectro de profesionales de la industria pesquera. Armadores, empresas conserveras, pesqueras, frigoríficas y logísticas. Los contenidos son de interés tanto para mandos directivos e intermedios, como para el resto de trabajadores.  La intervención todos los empleados de una organización resulta esencial en la implantación de los programas de cumplimiento. Está diseñado para profesionales dedicados a la elaboración de programas de compliance (abogados, consultores y asesores) ya que les permitirá conocer las particularidades de este sector.

La WCA es la entidad organizadora. Cuenta además con el apoyo directo de la Consellería do Mar de la Xunta de Galicia, ABANCA, PREVENSYSTEM. La organización cuenta también con colaboración de organizaciones de referencia en el mundo pesquero y del compliance. CEPESCA, FEDEPESCA, INTEDYA, SMC Compliance, AUTORIDAD PORTUARIA DE VIGO, ARVI, OPAGAC, son algunas de éstas.

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