Canal Compliance26 octubre, 2018
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STRONGelement, en colaboración con Lloyd´s Register, organiza un Webinar para conocer distintos puntos de vista sobre el Compliance Officer. Sobre cómo esta figura es básica para estructurar un Sistema de Gestión eficaz en las empresas.

 

El objetivo es proporcionar conocimientos clave para establecer los fundamentos de un Sistema de Gestión de Compliance eficaz. A la medida de sus organizaciones y de acuerdo a la norma UNE19601. Con un enfoque práctico, se tratarán las responsabilidades asociadas para la organización a través de la visión de una Compliance Officer inhouse. Un Compliance Officer externo y una auditora:

 

Paloma Aparicio.

 

Abogada experta en Privacy y Compliance en el sector de Alimentación de Gran Consumo. Coordinadora legal del proyecto de adecuación del RGPD en Europa de Mondelez International.

 

José Antonio Castañeda.

 

Abogado. Socio de Negotia. Responsable del área de Compliance del despacho y director de EsCompliance. Autor del ebook ‘Compliance para pymes’.

 

Olga Rivas.

 

Directora Técnica de Lloyd’s Register Quality Assurance Iberia, Representante Legal de Lloyd’s Register Quality Assurance España, SLU y responsable de los Servicios de Certificación de Compliance.

 


Canal Compliance4 octubre, 2018
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La publicación centra su contenido sobre el compliance en España y cuenta con la participación de una veintena de autores que publican en el libro de 300 páginas 19 artículos sobre diversos aspectos del cumplimiento normativo.

Autores con nombres reconocidos en el mundo de los eventos compliance. Son ponentes; articulistas; especialistas, en definitiva, del Compliance que conforman con sus artículos el contenido de “Actualidad compliance 2018”. Al final de esta publicación reproducimos el listado publicado en el afamado blog del director de la publicación, el Fiscal Juan Antonio Frago Amada. El blog es  el conocido, “En ocasiones veo reos”.

 

Portada de la publicacion

 

 

Ética, buen gobierno corporativo, gestión de riesgos y cumplimiento en sentido estricto, con una parte penal y otra procesal penal, son algunas de las áreas contenidas en esta amalgama de autores compliance. Generadores de conocimiento en el, aún incipiente, mundo del cumplimiento normativo de nuestro país.

En “En ocasiones veo reos” Frago Amada agradece la participación en la publicación a los propios autores, a la editorial Aranzadi y a sus propios progenitores, “a mis padres, por todo el trabajo de correcciones y homogeneización de los trabajos, previo a la remisión a la editorial”, defiende el fiscal.

 

…un elenco tan variado de materias que lleva a la situación de que cualquier lector, yo el primero, no puede saber de todo

 

El director describe la publicación como “ un elenco tan variado de materias (como las últimas novedades en materia de certificación en protección de datos, el blanqueo de capitales, etc.), que lleva a la situación de que cualquier lector, yo el primero, no puede saber de todo, y considero que es el libro ideal para ponerse rápidamente al día en un número importante de cuestiones sumamente diversificadas por razón de la legalidad”, en referencia a la heterogeneidad de contenidos, a la diversidad que hacen de la publicación una buena herramienta de consulta o actualización profesional.

 

Listado de autores extraído de “En ocasiones veo reos”
  • La importancia de adoptar un enfoque ético en la gestión de la actividad empresarial
    • ESPERANZA HERNÁNDEZ CUADRA
    • Ex- Compliance Officer industria financiera y empresa pública. Asesor y formadora independiente
  • La protección del socio minoritario desde la perspectiva del buen gobierno corporativo
    • PEDRO MORENO VÁZQUEZ
    • Abogado. Socio en ARGO Asociados
  • ¿Cómo y para qué crear una cultura ética en las organizaciones?
    • ENRIQUE AZNAR PALLARÉS
    • Abogado y Compliance Officer. Ex CO de Nokia Siemens Networks y VimpelCom. Aznar Legal&Compliance.
  • «Compliance»: de la gestión a la gobernanza
    • ALAIN CASANOVAS YSLA
    • Abogado. Socio responsable de servicios de Compliance en KPMG España.
  • Implementación de la gestión integral de riesgos
    • ALBERT SALVADOR LAFUENTE
    • Secretario General de la World Compliance Association
  • Acciones para abordar riesgos penales y oportunidades de mejora
    • MARÍA ARÁNGUEZ OLMO
    • Consultora experta en implantación de Sistemas de gestión de Compliance (UNE ISO 19600), Compliance Penal (UNE 19601) y Antisoborno (UNE ISO 37001)
  • Compliance y protección de datos en el sector público. Entre el nuevo RGPD y el ENS
    • JOSÉ LUIS COLOM PLANAS
    • Director de Auditoría y Cumplimiento Normativo en la entidad de certificación AUDERTIS
  • Claves para introducirse en la certificación de sistemas de gestión de compliance penal
    • FRANCISCO BONATTI BONET
    • Abogado y consultor de Compliance. Socio en Bonatti Compliance. Vocal de la Junta de ASCOM y Vicepresidente de INBLAC.
  • ISO 37001, aquí y ahora. Apuntes y reflexiones sobre la norma y su papel
    • IÑIGO GÓMEZ BERRUEZO
    • Director General en Gobercom
  • El blanqueo de capitales desde la perspectiva del «Compliance»
    • ANNA NÚÑEZ MIRÓ
    • Abogada coordinadora del departamento de Corporate Defense de Molins & Silva Defensa Penall
  • Necesarias medidas de compliance en el sector público
    • SALVADOR VIADA BARDAJÍ
    • Fiscal del Tribunal Supremo.
  • Presunción de inocencia, carga de la prueba de la idoneidad de los «compliance programs» y cultura de cumplimiento
    • MANUEL GÓMEZ TOMILLO
    • Letrado del Tribunal Constitucional. Profesor titular de Derecho penal, acreditado a catedrático. Universidad de Valladolid.
  • Presupuestos básicos de la responsabilidad penal del «compliance officer» tras la reforma penal de 2015
    • JACOBO DOPICO GÓMEZ-ALLER
    • Catedrático acreditado de Derecho Penal. Universidad Carlos III de Madrid.
  • Consecuencias prácticas de la responsabilidad penal de la empresa condenada
    • RUBÉN VEIGA VÁZQUEZ
    • Abogado procesalista y consultor en Corporate Compliance en Complianza.
  • El Compliance en empresas que operan en múltiples jurisdicciones
    • JIMENA ALGUACIL CESARI
    • Abogada. Coordinadora del área de Compliance en Marimón Abogados. Profesora del Curso de Especialización en Cumplimiento Normativo en Esade Law School.
  • Hacia los DPA y NPA como modelo de imputación de la persona jurídica. Algunas consideraciones de lege ferenda
    • JORDI GIMENO BEVIÁ
    • Profesor Doctor de Derecho Procesal de la Universidad de Castilla La Mancha.
  • Las acciones de clase penales (Criminal class actions) en España
    • JOSÉ ANTONIO TUERO SÁNCHEZ
    • Abogado director de Tuero Sánchez abogados. Ex presidente de la Sección de abogados penalistas del ICAM
  • Algunas cuestiones atinentes al Derecho de defensa de la persona jurídica
    • SANTIAGO MILANS DEL BOSCH Y JORDÁN DE URRIES
    • Socio director en Milans del Bosch abogados.
  • El paper compliance, su detección y el tratamiento procesal del mismo
    • JUAN ANTONIO FRAGO AMADA
    • Fiscal de delitos económicos en la Fiscalía Provincial de La Coruña. Editor del blog «En ocasiones veo reos».

Canal Compliance25 septiembre, 2018
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El 96,9 % de las 17.485 sentencias dictadas entre los pasados 1 de abril y 30 de junio fueron favorables al cliente.

En el segundo trimestre del año continuó el descenso de asuntos ingresados –un 17,3 % menos- y el incremento de los resueltos –un 31 % más-. La tasa de resolución, que mide la relación entre asuntos ingresados y resueltos, superó el 45 % en ese periodo, frente al 28,5 % del trimestre anterior.

 

Urbanismo Suelo
Poder Judicial. El número de sentencias dictadas en el segundo trimestre del año por los Juzgados especializados en acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física fue de 17.485, lo que representa un incremento del 28,8 por ciento respecto a las 13.578 notificadas en el primer trimestre de 2018.

Estos Juzgados, que entraron en funcionamiento el 1 de junio del año pasado, conocen de asuntos que se refieren, entre otros, a cláusulas suelo, vencimiento anticipado, intereses moratorios, gastos de formalización de hipoteca o hipotecas multidivisa.

En total, y desde su puesta en marcha, estos órganos judiciales han dictado 40.839 sentencias, de las que 39.297 –el 97,3 por ciento- han sido favorables a los clientes. En el segundo trimestre del año, el porcentaje de sentencias estimatorias fue del 96,9 por ciento.

Ese porcentaje fue superior al 90 por ciento en las diecisiete Comunidades Autónomas, pero en Aragón, Canarias, Cataluña y Navarra se elevó por encima del 99 por ciento.

 

 

Arquitectura urbanismo

 

El número de asuntos resueltos se incrementa un 31 por ciento

Los asuntos que entran en los Juzgados especializados también pueden concluir por auto final o decreto cuando, por ejemplo, se acumulan en un solo procedimiento varias demandas referidas a distintas cláusulas de la misma hipoteca o se produce la renuncia o el desistimiento de una de las partes. De este modo, la cifra de asuntos resueltos en el segundo trimestre del año –por sentencia, auto final o decreto- ascendió a 22.294, un 31 por ciento más que en los tres primeros meses de 2018.

El aumento del número de asuntos resueltos volvió a coincidir entre los pasados 1 de abril y 30 de junio con la disminución de asuntos ingresados, que en ese periodo fueron 49.436, un 17,3 por ciento menos que en el trimestre anterior.

 

La tasa de resolución supera el 45 % en el segundo trimestre

El incremento del número de asuntos resueltos y el descenso de los ingresados ha supuesto que la tasa de resolución a nivel nacional en el segundo trimestre del año haya alcanzado el 45,1 %, frente al 28,5 % del trimestre anterior y el 13,4 % del último de 2017.

Esa tasa –que es el cociente entre el número de asuntos resueltos y el de asuntos ingresados en un periodo determinado- pone en relación el volumen de entrada con la capacidad resolutiva del órgano judicial.

Los datos recopilados por la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial indican que en el segundo trimestre de 2018 la tasa de resolución fue igual o superior al 50 por ciento en diez de las diecisiete Comunidades Autónomas, destacando la de La Rioja (136,4 %), Asturias (86,6 %), Castilla y León (78,5 %) y Navarra (72,3 %). También están en este grupo Canarias, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia y el País Vasco.

Por debajo de la media nacional se sitúan Andalucía, Cantabria, Cataluña, Madrid y Murcia. La comunidad andaluza es la que tuvo la tasa de resolución más baja de todo el territorio nacional en el segundo trimestre del año: un 25,3 por ciento.

INFORMACIÓN ORIGINAL  Y CIFRAS PODER JUDICIAL


Canal Compliance19 septiembre, 2018
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Sanday Chongo Kabange - Project Coordinator The Red Flag GroupLas empresas se amparan en la evaluación de datos para tomar importantes decisiones de negocios. Sin embargo, con tanta información online y offline, identificar los datos útiles, realistas y de calidad es complejo y laborioso.

 

En los últimos años, el mercado ha visto entrar a los autodenominados agentes . Pero estos profesionales no entienden el sector de Compliance o cómo se utiliza el due diligence en la toma de decisiones. Esto es por que ellos proporcionan datos en cantidad más que de calidad. Estos conglomerados de información son simples recopilaciones de artículos de prensa, entrevistas y respuestas a cuestionarios sin valor alguno.

 

Mas allá de los datos.

Una buena due diligence debe ir más allá de los datos fácilmente disponibles a través de Internet o en fuentes secundarias. Para que éstos sean verdaderamente valiosos, deben acompañarse de información crítica. También de como un conocimiento profundo de cómo afectarán a sus negocios y al sector y mercado en el que se desenvuelve ya que, de lo contrario, ralentizará notablemente su capacidad para tomar buenas decisiones comerciales y aumentará los riesgos de la organización.

Cualquier consumidor de informes de integridad de due diligence debería entender que, sin valor añadido, los análisis, percepciones, conocimientos y consejos son sólo datos y no son útiles en la toma de decisiones o la gestión de riesgos potenciales. Afectando así al Compliance de la organización.

 

La complejidad y retos de la recopilación de datos due diligence.

La adquisición de información de alta calidad y su evaluación y construcción es un proceso arduo de trabajo para los empleados que conlleva mucho tiempo, investigación y dedicación. El alto coste y la experiencia que ello supone es la razón por la que muchos de los proveedores de due diligence en la industria actual están vendiendo datos baratos y fácilmente disponibles como parte de sus servicios.

En muchas jurisdicciones, el acceso a determinada información sobre la empresa (registros corporativos, los de litigios, los financieros y los informes de insolvencia/solvencia) es un derecho básico al que puede acceder la parte interesada, bien mediante el pago de una tarifa o de forma gratuita, por lo que su valor se reduce.

Otra de las complicaciones que muchos de los proveedores de due diligence de bajo valor no logran superar es entender que la recolección de datos debería cumplir con las expectativas del cliente. A la vez que es obtenido de acuerdo con las leyes locales y los requisitos legales, un equilibrio que supone todo un arte y que solo los trabajadores del due diligence con una buena experiencia pueden conseguir gracias a un profundo conocimiento del idioma y entorno locales.

recopilar datos

 

La dificultad de recopilar datos.

En algunas jurisdicciones europeas, la recopilación de datos, su almacenamiento y su publicación está regulada. Lo que significa que los datos de dichas jurisdicciones deben ser tratados dentro de las leyes aplicables mientras sean usados en due diligence.  Algo para lo que es necesario que los proveedores del due diligence entiendan la sensibilidad de la protección de datos y su tratamiento efectivo.

Además de ello, existen algunas jurisdicciones en África, Oriente Medio, Latinoamérica y Asia que, por estar subdesarrolladas, en guerra, ser proteccionistas o políticamente inestables, no cuentan con almacenes de datos digitalizados ni centralizados. Por lo que obtener datos de esas regiones es una tarea muy laboriosa. Requiere mucha experiencia y paciencia. Debido a ello, la información debe ser verificada físicamente y copiada a mano de carpetas y archivos. Éstos, a veces no están actualizados o no son legibles. Y se añaden incidentes como la eliminación de algunos archivos del registro por parte de compañías de dudosa reputación. También el “pago de facilitación” que algunos funcionarios públicos corruptos solicitan.

Esta es la manera más fácil de que las boutiques de due diligence obtengan datos pero, para un buen profesional del due diligence, se trata de una conducta sin ninguna ética que expone al cliente a distintos riesgos.

A todo ello hay que añadirle que, en un ambiente en el que nadie puede publicar nada en ninguna plataforma, los problemas con las fuentes de información falsas son muy altos. Lo que necesita de un profundo conocimiento para determinar qué información es creíble y fiable y cuál no.

 

Paraisos Fiscales
Paraísos Fiscales.

De igual manera, obtener datos de paraísos fiscales offshore es complejo. Esto es debido a sus características y famosas leyes confidenciales. Debido a ello, multitud de compañías se registran con la intención de obtener beneficios fiscales. Por lo que estas regiones pueden ser asociadas con actividades fraudulentas como el blanqueo de capitales. La obtención de información en estos territorios no suele resultar efectiva porque los accionistas y directores no tienen por qué hacerse públicos.

Además, existen determinados territorios que no siguen el calendario gregoriano, lo que provoca que ciertos datos aparezcan aparentemente desactualizados para el investigador inexperto. Esta calendarización diferente solo puede ser determinada por expertos locales que tengan la capacidad de explicarlo.

Con respecto a las visitas y verificaciones sobre el terreno, el reto surge cuando se trata de un proveedor de due diligence de bajo valor sin presencia local ni conocimiento suficiente de cómo obtener de forma segura y legal imágenes discretas y relevantes para el due diligence.

Los proveedores reputados de due diligence designarán a sus especialistas locales de confianza. Estos realizarán las visitas o para que expliquen desde una perspectiva local por qué no se pueden obtener fotografías de determinados lugares. Instalaciones de seguridad, instalaciones militares de países en guerra/posguerra. Para minimizar los riesgos relacionados con las imágenes, los buenos profesionales de due diligence invierten en imágenes retrospectivas y en tecnologías de metadatos para garantizar que las fotografías incluidas en sus informes no proceden de Internet o de un proveedor de imágenes comerciales.

Por lo tanto, al invertir en investigación de due diligence, es importante asegurarse de contratar a un proveedor experimentado. Cualificado que conozca de manera profunda las técnicas de investigación, el alcance global y los mercados, y cuya información resulte realmente valiosa y relevante. ¿Por qué gastar dinero en una due diligence barata sin utilidad?

 

Sanday Chongo Kabange – Project Coordinator The Red Flag Group

 

 


Canal Compliance14 septiembre, 2018
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Derechos de imagen, fraude fiscal y compliance en el deporte en la Jornada sobre Derecho Deportivo

Strong element y Lawyerpress organizan el próximo martes, 18 de septiembre, una jornada sobre Derecho Deportivo en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, al hilo de la edición en formato digital y en papel del libro “Derecho Deportivo. Una radiografía en sus aspectos más cruciales”, coordinado por Hans A. Böck, CEO de Strong element y Lawyerpress.

 

 

 

La jornada será inaugurada por José María Alonso, decano del ICAM. Transcurrirá a lo largo de la mañana articulada en tres mesas redondas: los derechos de imagen de los deportistas; las sociedades deportivas; y la fiscalidad en el deporte.

Cada una de las mesas contará con reconocidos juristas en cada uno de los campos, como Balder en protección de la marca en deportistas; Díaz-Bastien Abogados en derechos de imagen; Negotia en compliance para federaciones deportivas; o Garrigues y Pérez-Llorca respecto a fiscalidad y fraude, entre otros .

 

Equipo deportivo haciendo piña

 

En la jornada, también se presentará brevemente el libro “Derecho Deportivo. Una radiografía en sus aspectos más cruciales”. El volumen, con 25 textos de distintos juristas especializados en diversas áreas del derecho deportivo y prologado por el decano del ICAM, será editado tanto en formato papel (editorial Nueva Economía Social) como en versión ebook.

Acceso al programa de la jornada

 


Canal Compliance31 julio, 2018
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El juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha acordado ampliar la investigación en la causa del llamado ‘3 por ciento’. Atribuye la condición de personas jurídicas investigadas a Convergencia Democrática de Catalunya (CDC) y al PdeCat. PAra el juez la segunda es una mera continuadora de la primera.

 

Camuflado?

 

El juez acuerda ampliar la investigación en el caso ‘3 por ciento’ a Convergencia Democrática de Catalunya y al PdeCat por tráfico de influencias, cohecho y blanqueo
El magistrado explica que en esta causa se investiga a altos cargos de CDC quienes, en relación con otros cargos públicos y funcionarios de distintas Administraciones e instituciones públicas de Cataluña, pusieron en marcha una estructura para financiar ilegalmente el partido político

Comunicación Poder Judicial.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha acordado ampliar la investigación en la causa del llamado ‘3 por ciento’ atribuyendo la condición de personas jurídicas investigadas por delitos de tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales a Convergencia Democrática de Catalunya (CDC) y al PdeCat en cuanto que es un mero continuador de la anterior. El magistrado emplaza a estas sociedades mercantiles para que designen abogado y procurador.

En un auto, el magistrado explica que en esta causa se investiga a altos cargos del partido político CDC quienes, en relación con otros cargos públicos y funcionarios de distintas Administraciones e instituciones públicas de Cataluña, pusieron en marcha una estructura para financiar ilegalmente el partido político, en forma encubierta mediante “donaciones” a Fundaciones ligadas a dicha formación (CATDEM y FORUM BARCELONA), “en connivencia con empresarios y otros cargos de índole política, alterando todo tipo de concursos públicos, con la finalidad de “dirigir” los mismos hacia empresas que, a su vez, colaboraban con “donaciones” al partido.

Los pagos, indica De la Mata, se obtenían por las Fundaciones y, por ende, por el partido político CDC, en ocasiones como contraprestación por la adjudicación de contratos de obra pública o de servicios, con “vulneración de los principios de legalidad, igualdad y transparencia y, en otras simplemente para conseguir mejorar las expectativas de ser beneficiarios de tales contratos”.

El monto total de licitaciones comprometidas asciende por el momento a 218.759.664,19 euros; el importe de las adjudicaciones definitivas asciende a 168.706.262,00 euros, a los que hay que añadir los modificados de proyectos (1.777.626,84 euros) y las prórrogas (4.539.755,37 euros), es decir, aproximadamente 175.000.000 euros; las “donaciones” irregulares ligadas a estas adjudicaciones ascienden a más de 1.000.000 euros.

 

Cara de persona con pinturas de camufalje

 

CDC carecía de sistema de control interno de sus fuentes de financiación.

El auto del juez argumenta que CDC no disponía de un sistema o incluso un mero protocolo de control interno que garantizara la adecuada intervención y contabilización de todos los actos y documentos de los que se derivaran derechos y obligaciones de contenido económico que pudiera ser sometido a verificación e informe. Así se refleja, añade, incluso en los propios informes de auditoría interna del Partido, circunstancia que en los informes del Tribunal de Cuentas aparece como incumplimiento.

Señala el instructor que tanto los órganos como el personal con responsabilidad directiva en CDC estaban en conocimiento de las irregularidades advertidas en relación con la operativa de financiación que se investiga en esta causa y, por tanto, concluye que esta formación política “carecía de normativa de control interna, y conocía, al menos a través de los informes emitidos por el Tribunal de Cuentas, las irregularidades que pudieran derivarse de los pagos a través de los cuales sus Fundaciones vinculadas, derivan a favor del partido buena parte de las aportaciones económicas que reciben en concepto de donación”.

Un sistema de financiación normalizado y mantenido en el tiempo.

La operativa investigada, según el juez, ha estado sostenida en el tiempo de carácter sistémica y permanece inalterable, con independencia de los relevos que se puedan producir en las personas integrantes de dichas estructuras. Como prueba de ello, señala que los cambios en la estructura del partido no supusieron en ningún caso un cese en la comisión de los hechos investigados, suponiendo únicamente una modificación en la identidad de las personas partícipes en los mismos.

El juez afirma que pese a ser conocedores de esta operativa de financiación Ilícita, en las que se utilizaba a las fundaciones vinculadas al partido como “sociedades Interpuestas” a través de las cuales, empresas adjudicatarias de contratos públicos hacían llegar al partido comisiones, que simulan corresponderse con donaciones, los órganos y cargos con responsabilidad en el partido, no habrían emprendido ninguna Iniciativa para impedir una actividad delictiva que se mantiene, al menos, durante 11 años.

PdeCat, mero continuador de CDC

En su resolución, el titular del Juzgado Central Cinco se remonta al mes de julio de 2016 cuando desde CDC se toma la decisión de cesar en su actividad e impulsar la fundación de un nuevo partido político, el PDeCat. Sin embargo, de la Mata concluye que la creación de este partido se corresponde con “la mera transformación o cambio de apariencia de una misma realidad, con la finalidad de desconectarse de las responsabilidades en las que pudiera haber incurrido la formación política precedente (CDC)”.

“La conclusión alcanzada –dice el juez- es que la supuesta disolución como “actor político” de CDC y la creación del PDECAT como nuevo partido político, pudiera definirse como meramente aparente, al conservarse en el nuevo partido una identidad sustancial con la estructura, funcionamiento y recursos humanos y materiales, con los que contaba el anterior partido y que, en muchos casos, son titularidad de CDC”. Estos indicios, agrega, parecen “corresponderse con el hecho de que, a los limitados efectos que ahora interesan, la creación del PDECAT se podría identificar con una mera transformación o incluso con un simple cambio de apariencia, del partido que impulsa su creación, CDC, para eludir las responsabilidades penales en que hubiera podido incurrir”.

Por todo ello, el juez acuerda que procede ampliar la presente investigación atribuyendo la condición de personas investigadas a CDC y PdeCat.


Canal Compliance24 julio, 2018
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7min1082
Era un modelo a seguir. Estudiado en la universidad. Parecía eficaz y podría ser un buen eximente, pero falló el sistema Compliance.
¿Cuando se empezará a hacer compliance, sin dejar de hablar de Compliance?.

 

Enredadera en fachada sobre una ventana

 

En uno de los últimos eventos compliance a los que hemos tenido la suerte de poder asistir, un destacado ponente señaló que “en este país se habla mucho de Compliance, es hora de que empecemos a hacer compliance”. Este es un pensamiento común a destacadas figuras del cumplimiento normativo de este país. Pero, a tenor de las informaciones que siguen poblando nuestros informativos, no parece que se haya iniciado ese momento en el que dejemos de hablar de compliance para pasar a hacer compliance.

Caso Enredadera.

En los albores del mes de Julio el juzgado de instrucción 2 de Badalona, abría la caja de los truenos. Su eco alcanzó la práctica totalidad de la geografía nacional. La conocida Operación Enredadera puso de manifiesto, no sólo un caso más de corrupción.

Fueron tantos los municipios, de diversa índole política que sólo se alcanza a entender su amplitud, concebido como corrupción sistémica. Alcanza casi todas las mimbres del cesto de lo público. Ese eufemismo con el que hemos disfrazado el dinero de todos. El compliance nos está sirviendo para vestirnos de dignidad organizacional pero de momento, de él, solo se habla.

 

La empresa implicada poseía planes compliance que eran modelo de estudio.

Y no es que a la empresa implicada le fueran ajenos los planes de Cumplimiento Normativo. Ésta era filial de Sacyr. Entre sus sistemas de control había establecida una política de control y gestión de riesgos. Para identificar, evaluar y gestionar sus riesgos globales. Buscaba dar seguridad acerca de la consecución de los objetivos de eficacia y eficiencia en las operaciones. Fiabilidad de la información y cumplimiento de la legislación. Seguridad y eficiencia que en su filial no se cumplieron. Este blan incluso fue objeto de estudio por el Centro Superior de Estudios de Gestión en su Máster Compliance Officer de la Universidad Complutense de Madrid.

 

Código de conducta.

El código de conducta de Sacyr prohíbe de forma tajante cualquier comportamiento por parte de sus empleados que pudiera considerarse relacionado con la corrupción o el soborno. Todos los empleados y miembros de los órganos de gobierno del grupo, así como las UTEs y sociedades sobre las que se tiene control de gestión, han sido informados sobre las políticas y los procedimientos de la organización para luchar contra la corrupción, a través de las circulares de difusión del código de conducta.

El código establece explícitamente que los empleados de Sacyr no podrán ofrecer pagos de ninguna naturaleza destinados a obtener beneficios de forma ilícita, y se les prohíbe aceptar regalos o cualquier otra clase de prestaciones que pudieran afectar a su objetividad o influir en una relación comercial, profesional o administrativa. Sacyr ha creado un órgano de control del código de conducta, formado por miembros de la alta dirección.

Este órgano, además de gestionar la línea de denuncias del Grupo, es el encargado de velar por el estricto cumplimiento del código de conducta. La investigación de comportamientos de corrupción es responsabilidad de la dirección de auditoría interna, así como realizar trabajos encaminados a detectar dichos comportamientos si los hubiera. Para esto cuenta con un software específico de detección de fraude, con el apoyo de expertos externos cuando lo precisa y con personal especializado para realizar dicho trabajo, tanto preventivo como detectivo. Los indicios de corrupción son analizados en detalle y se actúa en consecuencia”

Fruta podrida

Algo falló.

A pesar de todo, algo falló y la corrupción se extendió a toda la geografía nacional. La causa está abierta por los delitos de prevaricación administrativa, fraude a la administración pública, malversación de caudales públicos, tráfico de influencia, revelación de información privilegiada, falsedad documental, cohecho, alteración de precios de concurso público y pertenencia a organización criminal.

En el marco de la causa que investiga Instrucción 2 de Badalona, se han practicado 55 entradas y registros en diversas comunidades autónomas, 19 requerimientos de información y una cincuentena de detenidos. Un total de 15 que han pasado a disposición judicial. El magistrado ha acordado prisión provisional, comunicada y sin fianza para uno ellos, procedente de León; y libertad con medidas cautelares, como retirada de pasaporte y personaciones periódicas ante la autoridad judicial, para los otros cinco. Del total de detenidos puestos a disposición judicial, el magistrado ha acordado cuatro ingresos en prisión (provisional, comunicada y sin fianza) y libertad provisional con medidas cautelares para el resto.
¿Cuando se empezará a hacer compliance, sin dejar de hablar de Compliance?


Canal Compliance26 junio, 2018
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World Compliance Association y la Fundación Ayuda en Acción firman un convenio de colaboración.

La Fundación Ayuda en Acción pasa a ser miembro honorífico, como muestra de su compromiso por impulsar y visibilizar la labor del Compliance en el Tercer Sector.

 

Portada web ayuda en accion

 

Ayuda en Acción es consciente de la relevancia del Compliance, por lo que desde hace un tiempo viene impulsando un cambio en su modelo de gestión, incorporando el nuevo enfoque de riesgos en el clásico modelo de cumplimiento normativo, y todo ello acompañado de una “cultura de cumplimiento” en el seno de la organización poniendo el foco en la promoción de la ética y las buenas prácticas como parte de su seña de identidad, intentando buscar la máxima calidad en la gestión interna y por ende en la consecución de sus fines misionales.

En su objetivo de seguir avanzando en esta labor, la Fundación Ayuda en Acción pasa a ser miembro honorífico a través del convenio firmado con World Compliance Association, para impulsar y visibilizar la labor del Compliance en el Tercer Sector, conformado por organizaciones no gubernamentales muy heterogéneas, pero todas ellas con un punto en común: cumplir con los fines misionales por las que fueron constituidas. Y para lograrlo, es fundamental contar con procedimientos internos adaptados a las organizaciones y al entorno en el que operan, con el fin de prevenir y/o mitigar los riesgos a los que están expuestas.

 

Actividad conjunta

A través de esta colaboración se espera promover encuentros y actividades conjuntas que contribuyan a incrementar el conocimiento por parte de otras entidades colaboradoras y de la sociedad civil en su conjunto, de la labor que hace en esta materia la Fundación Ayuda en Acción. Actualmente son innumerables los retos a los que se enfrentan las organizaciones del Tercer Sector, derivados de un entorno normativo en plena ebullición del cual se desprenden constantes nuevas obligaciones legales a las que dar respuesta, contextos geopolíticos complejos, y la incorporación de la “innovación” como factor determinante para la sostenibilidad en un entorno cada vez más competitivo, entre otros.

Adicionalmente, la transparencia y buen gobierno de estas organizaciones es una demanda cada vez más creciente por parte de la sociedad civil, y la Fundación Ayuda en Acción apuesta por una mejora de su gestión interna como parte de su compromiso organizacional hacia las personas con y para las que trabajan.

Pero sin duda alguna, el mayor reto es implementar un modelo de gestión basado en la “excelencia” contando con recursos financieros limitados destinados a la propia estructura de las organizaciones del Tercer Sector. A través de este espacio se espera poner en valor el gran esfuerzo que supone para estas organizaciones el impulso del Compliance, así como aprender del camino recorrido por otras organizaciones miembro a través del intercambio de experiencias.

 


Canal Compliance20 junio, 2018
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3min754
Para que el compliance actúe como atenuante o exculpante de sanción penal, deben darse recaudos más exigentes en Argentina que en España.

Compliance ya es una realidad en España y Argentina”. Este ha sido el título de la Conferencia ofrecida por las expertas Dras. Lina Anllo y Jimena Alguacil, en el Consulado General de la República Argentina en Barcelona el pasado 18 de junio.

 

 

La jornada contó con la presencia de las autoridades del Consulado. También con juristas de ambos países y autoridades de universidades locales. Asistieron también juristas del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona y del Colegio Publico de Abogados Penales Internacionales (CAPI). Autoridades de la World Compliance Internacional. También estuvo representada la Cámara de Comercio Argentina en Barcelona, la Cámara Catalana de Comercio en Argentina y la Asociación Argentino Española de Emprendedores (ASAEDE).

Debate

El debate generado a partir de la exposición de las abogadas, fue muy fructífero y arribó a la conclusión que el compliance corporativo penal, no es una moda, sino que es un tema global. Un tema transversal, que pretende atacar de lleno conductas irregulares en organizaciones públicas y privadas. El compliance ha llegado, a las legislaciones europeas y latinoamericanas, “para quedarse definitivamente”.

Las letradas -integrantes del Comité Argentino de la World Compliance Asocciation- explicaron las similitudes y diferencias que presentan las normas vigentes en materia de compliance ambos países.

Legislación

Argentina acaba de aprobar la ley 27.401, que entró en vigencia el 1 de marzo de este año. Esta norma, también prevé la responsabilidad penal empresaria e incluye en su normativa los Programas de Integridad. Con diferentes consecuencias al sistema previsto en la ley española.

En España rigen desde el año 2010 la Ley Orgánica 5/2010 y la Ley Orgánica 1/2015 leyes que regulan la responsabilidad penal de las empresas y los Programas de Compliance. Es decir, si bien ambos sistemas presentan semejanzas, en el sistema argentino para que el compliance actúe como atenuante o exculpante de sanción penal, deben darse recaudos más exigentes que en la ley española.


Canal Compliance12 junio, 2018
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Comunicación Poder Judicial. El Tribunal Supremo condena a Iñaki Urdangarin a 5 años y 10 meses de prisión por malversación, prevaricación, fraude, dos delitos fiscales y tráfico de influencias en el “caso Nóos”.

La Sala Segunda reduce en 5 meses la pena que le impuso la Audiencia de Palma al absolverle de un delito de falsedad en documento público cometido por funcionario, condena a 5 años y 8 meses de cárcel a Diego Torres y mantiene la responsabilidad como partícipes a título lucrativo de Cristina de Borbón y Ana María Tejeiro en el delito de malversación y fraude de sus maridos, pero no en los delitos fiscales.

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha dictado sentencia en el ‘caso Noos’ donde confirma, en lo sustancial, los delitos, personas responsables y penalidad, apreciados por la Audiencia Provincial de Palma en febrero de 2017, aunque realiza algunos ajustes técnicos que llevan a modular algunas condenas y pronunciamientos, lo que afecta singularmente a Diego Torres.

La condena a Iñaki Urdangarín se establece en 5 años y 10 meses de prisión por los delitos de prevaricación continuada y malversación (ambos en concurso), tráfico de influencias, fraude a la Administración y dos delitos fiscales.

Se reduce en 5 meses respecto a los 6 años y 3 meses que le impuso la Audiencia de Mallorca porque es absuelto del delito continuado de falsedad en documento público cometido por funcionario, un delito que también se anula a Diego Torres, por entender la Sala que en los hechos probados de la sentencia no se les atribuye a ninguno de los dos una contribución a esas falsedades.

En relación a este mismo acusado, se estima el recurso de la Abogacía del Estado y se incrementa ligeramente la cuantía de las dos defraudaciones tributarias por las que fue condenado (en la misma proporción en la que se reduce la de Diego Torres), confirmándose para él 2 años de cárcel por dos delitos fiscales y 512.553 euros de multa, así como el pago de una indemnización a Hacienda de 326.925 euros.

En el caso de Diego Torres, se mantiene su condena por malversación y prevaricación, y su absolución de falsedad no implica además en la práctica una reducción de la pena (que se mantiene en este punto en 3 años menos un día de cárcel). También se confirma su condena por delito fiscal. Sin embargo, su condena total pasa de 8 años y 6 meses de prisión a 5 años y 8 meses al ser absuelto del delito de blanqueo de capitales, por no aparecer claramente establecida la vinculación de los fondos movilizados con la cuota tributaria defraudada, y del delito de tráfico de influencias, al no reflejar los hechos probados su participación directa en esa conducta (por la que sí es condenado Iñaki Urdangarin).

El Supremo confirma la responsabilidad de partícipes a título lucrativo de Ana María Tejeiro y de Cristina de Borbón de los delitos de malversación de caudales públicos y fraude a la Administración cometidos por sus cónyuges. Sin embargo, estima en parte el recurso de Ana María Tejeiro en relación a su declaración de responsabilidad como partícipe a título lucrativo del delito fiscal de su marido, lo que por extensión se aplica también a Cristina de Borbón respecto a los dos delitos fiscales cometidos por su marido, al argumentar que no es posible la participación a título lucrativo en delitos de defraudación tributaria.

La sentencia ratifica el resto de pronunciamientos de la Audiencia de Palma. Así, mantiene la condena de 3 años y 8 meses de prisión al expresidente balear Jaume Matas; 15 meses al exdirector general de Deportes de dicha comunidad José Luis Ballester; 15 meses al exgerente de la Fundación Illesport Gonzalo Bernal; 1 año al exgerente del Instituto Balear de Turismo Juan Carlos Alía; y 1 año de cárcel al exasesor jurídico de dicho Instituto Miguel Ángel Bonet. Se confirman además las absoluciones dictadas por la Audiencia balear. A los cuatro últimos se les sustituye la pena de prisión por una multa al aplicarles la atenuante de colaboración y reparación del daño.

El Supremo desestima el recurso del Ministerio Fiscal. En los argumentos que justifican esa decisión aparece como un factor relevante la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal Constitucional, según la cual no es posible revisar en contra del reo la valoración probatoria realizada por la Sala de instancia. La Sala también rechaza el recurso de Manos Limpias, que pretendía que se levantara su condena a abonar las costas procesales causadas a la infanta Cristina tras la acusación que mantuvo contra ella y por la que fue absuelta por el tribunal mallorquín.

Pagos de dinero público por servicios que no se llevaron a cabo

El tribunal rechaza asimismo el recurso de Urdangarin (salvo en lo relativo al delito de falsedad), y confirma que cometió los delitos de malversación, tráfico de influencias, prevaricación, fraude a la Administración y dos contra la Hacienda Pública.

En relación a la malversación, el tribunal destaca que no puede cuestionarse la naturaleza pública de los fondos sustraídos, que la sentencia cuantifica en 445.000 euros, pagados a Noos “pese a no haberse producido la correlativa contraprestación. Los servicios a que obedecían esos pagos no se habían llevado a cabo”. Urdangarin tuvo una implicación en la actividad malversadora (pago indebido) que encajaría en dos formas de participación: tanto la inducción como la cooperación necesaria.

En ese sentido, el alto tribunal recuerda que la Audiencia de Palma subraya como “en el ejercicio 2006, la ascendencia de D. Ignacio Urdangarin procura nuevamente la adopción de la decisión verbal y unilateral de contratar a la Asociación Instituto Nóos para la celebración de una segunda cumbre en Baleares. Para revestir formalmente esa decisión, del mismo modo que en las actuaciones precedentes, don Gonzalo Bernal García, siguiendo las indicaciones de D. José Luís Ballester Tulies– respecto de las que no consta oposición alguna por parte del President del Govern, D. Jaume Matas Palau, elabora cuatro actas. (…)”.

El Supremo también considera cometido el tráfico de influencias del artículo 429 del Código Penal, que en su redacción vigente al tiempo de ocurrir los hechos, castigaba al “… particular que influyere en un funcionario público o autoridad prevaliéndose de cualquier situación derivada de su relación personal con éste o con otro funcionario público o autoridad para conseguir una resolución que le pueda generar, directa o indirectamente, un beneficio económico para sí o para un tercero…”.

Situación de privilegio de Urdangarin

La sentencia indica que está “acreditado que el acusado, a través de su amistad con el coacusado, Director de deportes, y la situación de privilegio de que disfrutaba como consecuencia de su matrimonio con una hija de quien era entonces Jefe del Estado consiguió mover la voluntad tanto de José Luis Ballester como de Jaume Matas para obtener la contratación con la Asociación Instituto Noos y celebrar la cumbre de 2005 y, singularmente, para que se llevase a cabo orillando toda concurrencia, y los condicionantes que podrían derivarse de una tramitación ajustada a la legalidad”.

Por ello, cree correcta la subsunción jurídica realizada: “Es de destacar que el logro del influjo ejercido desde el trampolín de su privilegiada posición no se limita a la contratación, sino también y particularmente a la exclusión de toda concurrencia posible obviando las condiciones, presupuestos y proyectos que otras empresas podían ofrecer mejorando las fijadas casi unilateralmente por el recurrente y su socio”.

Más aún –agrega la sentencia-, el desarrollo posterior de la secuencia con la voluntariosa, y disciplinada actitud de acatamiento a todas las propuestas de los recurrentes por parte del Presidente y su desarrollo, aceptando precios, imponiendo decisiones y sin reparar en obstáculos burocráticos o rémoras de reglas administrativas, pone bien a las claras de manifiesto que se produjo ese sutil pero patente y efectivo sometimiento ante la posición del proponente, actitud que buscó y provocó deliberadamente amparado en su notoria condición, combinada y reforzada por su amistad con José Luis Ballester”.

Absolución por falsedad

La sentencia excluye a Urdangarin y Torres del delito de falsedad por el que venían condenados en combinación con delitos de malversación de fondos públicos y prevaricación, al no darse como probada una intervención de ninguno de los dos en la documentación falsaria elaborada por los funcionarios para plasmar y justificar las resoluciones arbitrarias analizadas.

La Sala entiende así que no se les atribuye un conocimiento ni participación en maniobras falsarias llevadas a cabo exclusivamente por quienes a efectos penales tienen la consideración de funcionarios o autoridad.

La traducción penológica de la absolución por falsedad es escasa por los mecanismos de imposición de penas previstos para los casos de concursos de delitos en el Código Penal, en este caso malversación y prevaricación. De hecho, a Torres se le mantiene la misma pena de prisión (3 años, la máxima posible) que cuando tenía también falsedad, mientras que a Urdangarin le supone una reducción de 5 meses por la aplicación de la atenuante de reparación del daño que observó la Audiencia de Palma, al haber consignado antes del juicio fondos suficientes para hacer frente a todas las responsabilidades civiles e indemnizaciones a las que debía hacer frente.

Responsabilidad como partícipes a título lucrativo por malversación y fraude, pero no por delito fiscal

La Sala mantiene la responsabilidad como partícipes a título lucrativo de Cristina de Borbón y de Ana María Tejeiro en lo que respecta a las cantidades correspondientes a los delitos de malversación de caudales públicos y de fraude a la Administración cometidos por sus maridos. En el caso de Cristina de Borbón, la cuantía asciende a 136.950 euros, y en el de Ana María Tejeiro, a 172.550 euros.

Sin embargo, deja sin efecto la responsabilidad como partícipes a título lucrativo de Cristina de Borbón (128.138 euros) y Ana María Tejeiro (172.384 euros) en lo que se refiere a las indemnizaciones fijadas por los delitos contra la Hacienda Pública por el que también fueron condenados ambos. La consecuencia de esta decisión es que tanto Iñaki Urdangarín como Diego Torres deberán asumir en su totalidad el pago de lo defraudado, que en el caso de este último y en el de su esposa ya está consignado, como resaltaba la sentencia recurrida.

El tribunal da la razón en este punto a Ana María Tejeiro, y por extensión a Cristina de Borbón, al considerar que no existen precedentes de que se haya aplicado la responsabilidad civil a título lucrativo en un delito fiscal. La Sala explica que una aproximación a la responsabilidad civil proclamada en el artículo 122 del Código Penal invita a pensar que solo abarca a los delitos de enriquecimiento: aquéllos que producen beneficios económicos directamente, que vienen a engrosar el patrimonio del autor y, eventualmente, el de terceros beneficiarios, pero no comprende delitos que consisten en un impago, como sería el caso.

En este sentido, afirma que quien elude el pago de tributos “consigue retener lo que ya tenía” y no hay efectos procedentes de ese delito, por lo que “no se puede participar de lo generado por un delito que no reporta directamente bienes sino que evita una disminución del patrimonio. La cantidad no abonada no queda identificada o señalada”.

Pero, además, recuerda la Sala, que las indemnizaciones en favor de la Hacienda Pública que puedan fijarse en un proceso penal no constituyen en rigor responsabilidad civil nacida de delito, sino “una deuda tributaria, regida por la legislación tributaria (que señala quiénes son los responsables y en qué cuantías y en qué condiciones, aunque exigible en el proceso penal por virtud de una norma de atribución específica”. Esa normativa tributaria, precisa la sentencia, “no contempla como deudor a quien se haya podido lucrar con algún dinero del defraudador (dinero que, además, tampoco podremos vincular justamente con la cuota defraudada y excluyendo otras rentas)”.

Estrategia de Manos Limpias

Sobre la acusación ejercida por Manos Limpias, la Sala señala que algunos indicios hacen pensar que la estrategia procesal de esta parte en relación con Cristina de Borbón estaba presidida por consideraciones ligadas más bien a escenarios extraprocesales que con el legítimo proceso de convencer a un tribunal de que esa condena era justa.

En este sentido, recuerda que dicha acusación popular pedía 8 años de prisión para Cristina de Borbón por dos delitos fiscales, y razona: “Se hace difícil pensar que un profesional del derecho considere que un delito contra la hacienda pública del que no es autor, sino cooperador necesario y por cuantía no superior a 120.000 euros merezca ese máximo punitivo, despreciando sin razones especiales la posibilidad del artículo 65.3 CP que permitiría rebasar por debajo el mínimo legal o minimizando el dato de que la cantidad adeudada ha sido íntegramente consignada”, subraya el tribunal.

Por ello, aprecia en el comportamiento procesal de esta acusación, al menos en las últimas fases del proceso, “una ausencia de prudencia y de ponderación y una absoluta y aparentemente deliberada y preconcebida impermeabilidad a cualquier elemento que pudiera favorecer a quien acusaba en solitario”.

Ejecución de la sentencia

La Sala Segunda ya ha comunicado el fallo a la Audiencia de Palma, a los efectos de su ejecución.



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