Juan Carlos GalindoJuan Carlos Galindo25 junio, 2019
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El desarrollo tecnológico ha ampliado el acceso a recursos disponibles para los grupos terroristas, incrementando su capacidad de financiación, reclutamiento, adiestramiento y propaganda.

 

A principios de este año se publicó la Orden PCI/179/2019, de 22 de febrero. Por ella se publica la Estrategia Nacional contra el Terrorismo 2019. Fue aprobada por el Consejo de Seguridad Nacional. Me permito la licencia de extraer lo referente a la financiación del terrorismo que menciona dicha estrategia.

En el anexo en su Resumen ejecutivo en uno de sus puntos cita,  “En el desarrollo de estos cuatro pilares ( Prevenir, proteger, perseguir y preparar respuestas) es necesario continuar con la implementación de planes estratégicos nacionales en ámbitos específicos, como la lucha contra la radicalización violenta, en materia de prevención y protección antiterrorista y en el fortalecimiento del control de los precursores de explosivos (sobre la base de la Ley 8/2017, de 8 de noviembre), así como establecer nuevos planes estratégicos sectoriales en las diversas áreas de actividad de la Administración y otros específicos en los ámbitos que así se requiera, especialmente contra la financiación del terrorismo y el radicalismo”.

 

SEPBLAC

En el capítulo 4, Pilares y líneas de acción – Reforzar las medidas para la prevención de la financiación del terrorismo y los extremismos violentos. Y en el ámbito interno – Reforzar los mecanismos de las Administraciones en la lucha contra la financiación del terrorismo y del extremismo violento, así como su capacidad de supervisión del sistema financiero para la detección de operativas sospechosas, así como Actuar contra las vías de financiación del terrorismo y del extremismo violento y potenciar las unidades de investigación financiera de los organismos de seguridad e inteligencia y el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC)

El desarrollo tecnológico ha ampliado el acceso a recursos disponibles para los grupos terroristas, incrementando su capacidad de financiación, reclutamiento, adiestramiento y propaganda.

Dentro del pilar Prevenir – Actuar contra las causas– Reforzar las medidas para la prevención de la financiación del terrorismo y los extremismos violentos. En su parte externa dentro del mismo pilar -Mejorar y facilitar la colaboración internacional en materia de lucha contra la financiación del terrorismo y el extremismo violento, incluyendo la localización y eventual congelación de activos de los terroristas y sus organizaciones, coordinando actores e instituciones implicadas y participando en las redes de colaboración a nivel europeo e internacional.

Dentro del Ámbito de los espacios comunes globales es objetivo: Perseguir a quienes hacen uso de los espacios comunes globales para la comisión, apoyo y financiación del terrorismo y del extremismo violento, o de su utilización para la captación, adoctrinamiento y entrenamiento de individuos o grupos y la difusión de propaganda en su beneficio

Consideraciones Finales.

En su Consideraciones finales. Vigencia, evaluación y actualización – La prevención resulta clave para eliminar en su origen las futuras amenazas. Requiere, no obstante, un especial esfuerzo de concienciación y coordinación de todas las Administraciones y una amplia gama de medidas en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Por ello, la Estrategia fomenta la implementación del Plan Estratégico Nacional de Lucha contra la Radicalización Violenta, impulsando la coordinación y colaboración del conjunto de las Administraciones e instituciones públicas y privadas, con especial atención a los centros penitenciarios y a la financiación del terrorismo, fomentando planes específicos de control, seguimiento y desradicalización en aquéllos y haciendo imperativo elaborar y desarrollar un Plan Nacional de Lucha contra la Financiación del Terrorismo.

 

Prácticas financieras que permitan localizar prácticas sospechosas.

Hasta aquí las reseñas, que no son pocas y, para resumir, el plan contra la financiación de los grupos armados pretende “localizar y, eventualmente, congelar” los activos de las organizaciones terroristas. Para ello, plantea que España impulse en los foros internacionales en los que participa —principalmente Naciones Unidas, el Grupo de Acción Financiera Internacional y la UE— la elaboración de normativas y de manuales de buenas prácticas financieras que permitan localizar prácticas sospechosas.

Siguiendo las directrices de la UE y UN en la que se pretende combatir el crimen organizado, se alerta sobre los cada vez mayores vínculos entre el crimen organizado y el terrorismo yihadista, que ha permitido a este último contar con financiación y apoyo logístico. Aquellos documentos, planteaban reforzar el control financiero para combatir las estructuras económicas del crimen organizado, ponía el acento en las nuevas formas de blanqueo “emergentes”, entre las que citaba las criptomonedas, el juego online y las inversiones en energías renovables.

Y para finalizar destacaría la consideración final de crear un Plan Nacional de Lucha contra la Financiación del Terrorismo.


Canal Compliance5 junio, 2019
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Aquellas empresas que ya cuentan con un Plan de Prevención de Riesgos Penal implantado deberán proceder a su revisión y actualización, en su caso, a fin de adaptarlos a la regulación actual

El pasado 13 de marzo entró en vigor la Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero, para la transposición de diversas Directivas de la Unión Europea en los ámbitos financiero y de terrorismo y abordar cuestiones de índole internacional.

Como se explicará a continuación, esta Ley incluye novedades en el Código Penal, que afectan a la regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, lo que implica que aquellas empresas que ya cuentan con un Plan de Prevención de Riesgos Penal implantado deberán proceder a su revisión y actualización, en su caso, a fin de adaptarlos a la regulación actual.

A continuación, vamos a describir brevemente en qué consiste la modificación operada por la Ley 1/2019, destacando aquello que afecta a la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Novedades
  • Se ha modificado el importe que ha de ser objeto de defraudación a partir del cual estaríamos ante un delito contra la Hacienda Europea, situándose en 100.000€.
  • Por su parte, el delito de fraude de subvenciones de las Administraciones, incluidas las europeas, se cometerá si se obtienen ilícitamente ayudas o subvenciones por importe superior a 10.000 €, siendo castigados con una menor pena si el importe defraudado fuera inferior a 100.000 €.
  • Con la reforma se han establecido las conductas integrantes del delito de tráfico de órganos de forma más concreta, tratando la comisión del delito por grupos criminales.
  • En cuanto a los delitos relativos al Mercado, la Ley ha previsto la inclusión de tres artículos, en los que se contemplan tres nuevas conductas delictivas: a) la utilización de información privilegiada a la que se tenga acceso reservado para realizar operaciones o transacciones financieras; b) revelar información privilegiada fuera del normal ejercicio de su trabajo, profesión o funciones poniendo en peligro la integridad del Mercado y; c) Manipular el Mercado en cuanto a los índices de referencia e instrumentos financieros.
  • La nueva regulación incluye la comisión de cualquiera de las conductas que integran el delito de terrorismo como susceptible de acarrear la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Cohecho y malversación
  • Respecto de los delitos de cohecho y malversación de caudales públicos, se ha ampliado el concepto de funcionario público que puede cometer los mismos, destacando la consideración como tal de “cualquier persona a la que se haya asignado y que esté ejerciendo una función de servicio público que consista en la gestión, en los Estados miembros o en terceros países, de intereses financieros de la Unión Europea o en tomar decisiones sobre esos intereses.”
  • Se establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas que gestionen patrimonio público respecto del delito de malversación de caudales públicos.
  • El artículo 423 incluye a los jurados y a los árbitros nacionales o internacionales, así como a mediadores, peritos, administradores o interventores designados judicialmente, administradores concursales o a cualesquiera personas que participen en el ejercicio de la función pública, como posibles autores del delito de cohecho.

Isabel Serrano

Abogada en Carrau Corporación


Canal Compliance29 marzo, 2019
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Durante el congreso, se hizo entrega de los I Premios Integridad en la Gestión Pública. Las nuevas tecnologías, la transparencia de los procesos y la gestión de riesgos son las tareas pendientes en este sector.

 

El pasado 27 de marzo tuvo lugar en el Auditorio Cecabank de Madrid el II Congreso de Compliance en el Sector Público de la capital. El evento, organizado por la World Compliance Association (WCA) y la Universidad de Castilla – La Mancha (UCLM) – con el patrocinio de Wolters Kluwer y Bureau Van Dijk – reunió a más de 100 profesionales del sector, recordando el éxito de la edición pasada. En esta ocasión, se puso el foco en la contratación pública y en la necesidad de contar con procesos éticos y de transparencia que ayuden a instaurar la confianza de los ciudadanos en el sector.

 

Concepción Campos Acuña

La directora del congreso y experta en integridad y ética pública, Concepción Campos Acuña, fue la encargada de moderar el primer panel, donde se puso el foco en la contratación pública, el sector “más propenso a la corrupción”, según la experta. En este panel, el Magistrado de la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco Nuñez, se mostró muy crítico con la respuesta de la administración pública en esta materia pues asegura que “el Estado se ha eximido a sí mismo de responder” y, aunque quisiese hacerlo, “nunca conlleva las mismas sanciones que se imponen a la empresa privada”.

En la misma línea, el Consejero de la Cámara de Cuentas de Andalucía, Enrique Benítez Palma, criticó la falta de rendición de cuentas y señaló la necesidad de “contar con personal cualificado y formado en los departamentos de contratación, en especial de los pequeños municipios”, para minimizar los riesgos en el sector. La Directora General de Modernización, Servicios y Sistemas para la Sociedad de la Información de la Diputación Foral de Guipúzcoa, Goizeder Manotas, hizo hincapié en la importancia de poner en práctica un “sistema de integridad, no solo un código” que incluya los principios de eficiencia del gasto público, igualdad de trato, reconocimiento mútuo y transparencia.

Los tres ponentes y la moderadora coincidieron en destacar la integridad, la ética y la gestión de riesgos como necesidades imperiales en la contratación pública, estableciendo así los que fueron los temas más recurrentes del congreso y mostrando la preocupación de este sector por la mejora de los procesos de control.

Prevención de la corrupción y banderas rojas

En materia de corrupción, fueron varios los ponentes que indicaron la necesidad de enfocar las acciones en la prevención. José Maria Gimeno Feliu, Director del Observatorio de Contratación Pública, aseguró que existen “problemas de regulación” serios en nuestro modelo y que son necesarias las banderas rojas como indicador de dónde están los posibles riesgos. “En nuestro sistema normativo y en la planificación” tenemos banderas rojas aseguró, “y la organización administrativa que tenemos no es la mejor para la contratación”, pues “ni con la mejor ley de contratos funcionaríamos ahora mismo”.

 

 

María José Santiago Fernández

La Presidenta de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, María José Santiago Fernández, indicó la “personalidad independiente y la independencia económica y financiera” como elementos imprescindibles para la prevención de la corrupción y aprovechó para señalar una de las problemáticas más destacables en materia de contratación, la profesionalización del sector. Coincidiendo con otros ponentes, aseguró que es necesario no solo formar a los funcionarios, sino también motivarlos para que tengan “vocación de servicio público”. “Los buenos se van fuera”, consideró, “porque no les interesa lo que cobran aquí y los que están aquí no están motivados”. Para Santiago Fernández es tan importante la regulación y prevención como la inversión en profesionalización y motivación del personal implicado en estas tareas.

Rol del compliance officer en el sector público

Compliance y contratación forman un tándem indisoluble, pero el nuevo rol del compliance officer en el sector público todavía genera dudas. Para la Letrada de la Xunta de Galicia, Patricia Iglesias Rey, la complicación de esta figura está en su independencia, ya que “la mayor parte de modelos que se han implementado están insertos en el organigrama administrativo”. La solución que propone es que como mínimo se cumplan dos vertientes de la independencia, la composición multidisciplinar en un órgano colegiado y el consciente nombramiento y remoción de los encargados de cumplir esta función.

El compliance officer ideal, señalaron los ponentes, debería ser alguien independiente, con objetividad y que cuente con sus propios medios personales y técnicos, como las agencias antifraude. Para el profesor de Derecho Procesal de la UCLM Jordi Gimeno Beviá, deberíamos mirar hacia el modelo italiano, que ha conseguido disminuir la percepción de la corrupción de un 73º puesto a un 52º, gracias a la elección de un sistema de cumplimiento de primer nivel que conoce la administración y que, aún siendo interno, que reporte no solo ante el órgano de administración sino también ante un organismo independiente de valoración.

Conflictos de intereses

Los conflictos de intereses son la actuación contraria a una gestión ética, ya que anteponen los intereses particulares al bien común y, por tanto, suponen un gran problema en el sector público. Para el experto en ética aplicada David Lentisco, una de las primeras medidas que se deben tomar para evitarlo es la aplicación de la ética en todos los procedimientos. “La gestión ética no puede ser otra cosa que la actuación del gestor presidida por la observancia de imperativos éticos”, aseguró, “y cuanto más desdibujados estén dichos imperativos, menos ética será en sí es la gestión”.

La objetividad en la licitación, la responsabilidad y la implementación de sistemas de cumplimiento son medidas procedimentales que deberían llevarse a cabo para evitar los conflictos de intereses, así como la adjudicación de los contratos en base a la pluralidad de objetivos y no solo del precio.

Blockchain y nuevas tecnologías

En el último panel del congreso, los ponentes señalaron las nuevas tecnologías como herramienta imprescindible para facilitar los procesos y trámites y dotarlos de trasparencia, a través de la automatización. El blockchain, una tecnología que permite el registro de la información con altos niveles de seguridad, promete convertirse en la clave para, por ejemplo, la presentación de ofertas de contratación.

En el Gobierno de Aragón, a falta de un mes para la puesta en marcha, ya están instaurando un sistema de licitación electrónica con esta tecnología, según su Director General de Contratación, Patrimonio y Organización, Miguel Ángel Bernal Blay. Esta tecnología, combinada con un sistema de evaluación automatizada de las ofertas, supone un gran avance en la transparencia y la seguridad.

Para la Directora de ADEIT, Beatriz Montes Sebastián, “todavía queda mucho para hacer” en esta materia, “siendo necesario un mayor impulso de los poderes públicos en los aspectos relacionados con las tecnologías de la información”. “Es necesario implantar de forma obligatoria la contratación electrónica en todo el proceso”, consideró, “e instaurar herramientas que sean fáciles de entender, intuitivas y que supongan una solución integral”.

Entrega de premios

Durante el evento, se hizo entrega de los I Premios Integridad en la Gestión Pública, en el margen del II Congreso de Compliance en el Sector Público, con el fin de poner en valor la integridad y dar visibilidad a la incitativas en materia de compliance en el ámbito de la gestión pública.

El Síndico de Cuentas del Principado de Asturias, Antonio Arias, fue el ganador en la categoría individual, como empleado público destacado en su labor de promoción de la integridad. El jurado destacó “el significado e impacto de su iniciativa en la promoción de lazos de comunicación entre órganos de fiscalización externo”. También alabó su “sobresaliente” trayectoria profesional, asegurando que ha generado “una auténtica escuela”.

El Director del Departamento de Control Interno de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, Carlos Balmisa García-Serrano, fue merecedor de un accésit en la misma categoría, gracias a su “brillante trayectoria marcada por la incesante búsqueda de la innovación en la tarea de modernizar las AAPP con las mejores herramientas, no solo normativas sino, sobre todo, de cumplimiento efectivo dentro de los mejores estándares voluntarios”.

En la categoría institucional, fue la iniciativa Task Force de Auditoría y Ética de EUROSAI la vencedora. Esta consolidada iniciativa ha generado y está generando un gran impacto en la promoción de la ética y la integridad en la gestión pública. Los miembros del jurado también valoraron el enfoque pedagógico y de cooperación, así como “los esfuerzos continuos del grupo de trabajo por promocionar la cooperación interinstitucional e interprofesional en el ámbito geográfico en el que opera en Europa”. La presidenta del Tribunal de Cuentas, María José de la Fuente, fue la encargada de entregar el premio a la representante de la entidad, Helena Abreu.

Destacando el nivel de todas las candidaturas institucionales, el jurado decidió otorgar un accésit a la Red de Entidades Locales por la Transparencia y Participación Ciudadana de la FEMP, por “promover la innovación y mejora permanente de la relación entre los Gobiernos Locales y los ciudadanos bajo los principios del Gobierno Abierto y mediante el intercambio de experiencias, el aprendizaje permanente, trabajando en red y desarrollando proyectos”. Concepción Campos, miembro de la FEMP y directora del congreso, recogió el premio en nombre de la entidad.

Con el éxito de esta edición el II Congreso de Compliance en el Sector Público se convierte en un escenario de referencia para conocer las herramientas con las que deben contar Administraciones, Empresas y Entes Públicos que cotidianamente se encuentran embebidas en un convulso escenario normativo en materia económico-presupuestaria, de contratación pública, gestión de personal, subvenciones, etc. y precisan contar con instrumentos eficientes de compliance para anticiparse y gestionar los riesgos.

El evento, que promete una tercera edición, contó con la colaboración de la Fundación FIASEP, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), la Red de Entidades Locales por la Transparencia de la FEMP, el Consejo General de Economistas (REA Auditores), Intedya, la Asociación Española de Mediación (ASEMED) y UNIR.


Canal Compliance26 marzo, 2019
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El Síndico de Cuentas del Principado de Asturias y el Director de Control Interno de la CNMC acudirán al acto para recoger sus premios.

Tal y como recientemente publicaba Canal Compliance, el próximo 27 de marzo, a las 16:00 h, tendrán lugar la entrega de los I Premios Integridad en la Gestión Pública en el marco del II Congreso de Compliance en el Sector Público.

 

Imagen de portada de la organización del evento

 

Los premios están organizados por la World Compliance Association, con la Universidad de Castilla-La Mancha. Tienen el objetivo de promocionar las iniciativas referentes en integridad en la gestión pública. También poner en valor su labor en pro de la promoción de la integridad. Y la mejora de la gestión pública a través de las técnicas de compliance.

La entrega de premios se dividirá en dos categorías. La institucional: para la iniciativa de gestión más destacada en la integridad pública. Y la individual, quepremiará a uno de los candidatos. Será reconocido por su labor de la promoción de la integridad en el sector público.

Premiados.
En la categoría individual:
  • Antonio Arias Rodríguez, Síndico de Cuentas del Principado de Asturias.
    Accésit: Carlos Balmisa García Serrano, Director de Control Interno de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
En la categoría institucional:
  • Grupo de trabajo sobre ética y auditoría – EUROSAL.
    Accésit: Red de Entidades Locales por la Transparencia y Participación Ciudadana de la FEMP.

El congreso se prolongará hasta las 18:30 horas. En el mismo intervendrá como ponente Eloy Velasco Núñez, Magistrado Sala de Apelación de la Audiencia Nacional. también lo hará Alfonso Puncel Chornet, Subsecretario de Transparencia de la Generalitat Valenciana.  Manuel Villoria Mendieta, Catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad Rey Juan Carlos y Miembro del Comité de Dirección de Transparencia Internacional España. Mª José Santiago Fernández, Presidenta de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, serán algunos de los ponentes.

 

Referencia Compliance.

El II Congreso de Compliance en el Sector Público se convierte en un escenario de referencia para conocer las herramientas con las que deben contar Administraciones, Empresas y Entes Públicos que cotidianamente se encuentran embebidas en un convulso escenario normativo en materia económico-presupuestaria, de contratación pública, gestión de personal, subvenciones, etc. y precisan contar con instrumentos eficientes de compliance para anticiparse y gestionar los riesgos.

El programa con todas las ponencias del congreso e información complementaria se puede consultar en esta página web. http://sectorpublico.eventocompliance.com/


Canal Compliance18 marzo, 2019
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Recientemente el Boletín Oficial del Estado publicó una modificación del Código Penal por la que se incrementa el nº y tipología de los delitos por los que pueden ser condenadas las personas jurídicas.

 

La relación del catálogo de delitos posiblemente no enmienda el pasado. Posiblemente la ampliación y modificación del catálogo lo que denota es una adaptación a la actualidad más acuciante. Se incrementan los posibles delitos. El lector de la norma podría interpretar que la razón es que hay mas “malos”, mas delincuentes. Pero las personas jurídicas siguen siendo las mismas. Las organizaciones no son ni más ni menos. Las posibilidades de delinquir si se han incrementado. Tipificar y relacionar estas estas posibilidades ayuda en su control.

 

La nueva relación de delitos no enmienda el pasado, adapta a la actualidad las posibilidades delictivas de las personas jurídicas

 

El fiscal de delitos económicos, Juan Antonio Frago Amada, publicaba recientemente en su blog – una de las publicaciones más interesantes del sector y cuyo contenido se dedica, en no pocas ocasiones, a la responsabilidad penal de las personas jurídicas- un cuadro confeccionado por el propio fiscal y maquetado por la World Compliance Association. Un cuadro de recomendable lectura y consulta y del cual facilitamos el enlace  AQUÍ

 

Cuadro Juan Antonio Frago y WCA
Cuadro nuevos ilícitos Juan Antonio Frago y WCA

 

 

La adaptación

 

Las nuevas tecnologías, las prácticas bursátiles, la actualidad económica… han suscitado esta adaptación de la norma a las nuevas prácticas para ponérselo difícil a los mismos “malos” con personalidad jurídica.

 

Operaciones bursátiles

 

En este sentido han influido la trasposición de directivas europeas relacionadas con las prácticas mencionadas, con los hábitos en el mundo de la bolsa y los negocios, con la actividad política en relación con las contrataciones públicas, con las informaciones que a diario salpican los informativos y las páginas de los periódicos…

 

Aunque la ampliación del catálogo no es la única novedad. La dureza de las penas también ha sido incrementada y se han mejorado las especificaciones de otros posibles ilícitos. Algunos de ellos relacionados con la corrupción en el ámbito privado o la información privilegiada en ámbitos bursátiles.

 

El cuadro publicado por Frago Amada y WCA “se contiene toda la normativa penal y procesal penal vigente con la entrada en vigor de la LO 1/2019”. Todos coinciden que los planes compliance deberán contemplar los cambios si quieren seguir siendo eficaces. Un a eficacia que además de ser requerida por la judicatura deberá ser probada.


Canal Compliance7 marzo, 2019
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La World Compliance Association convoca la primera edición de los Premios a la Integridad en la Gestión Pública . La entrega de Premios tendrá lugar durante el II Congreso Nacional de Cumplimiento Legal en el Sector Público.

La World Compliance Association (WCA) ha convocado la I edición de los Premios a la Integridad en la Gestión Pública. Tendrá lugar durante el II Congreso Nacional de
Cumplimiento Legal en el Sector Público. La entrega de premios se dividirán en dos categorías. Y pondrá final a esta nueva edición del congreso el próximo 27 de marzo, que promete seguir los pasos del éxito de la anterior.

Los premios pretenden promocionar las iniciativas más destacadas sobre integridad en la gestión pública en todos los ámbitos del sector público y poner en valor la labor en pro de la promoción de la integridad y de la mejora de la gestión pública a través de las técnicas de compliance.

 

Los premios pretenden promocionar las iniciativas más destacadas sobre integridad en la gestión pública

 

Para ello, la WCA premiará a la iniciativa en gestión más destacada en la integridad pública y al empleado público destacado en su labor de promoción de la integridad. Las candidaturas, institucionales (persona jurídica) en el primer caso e individuales (persona física) en el segundo, deberán promover el cumplimiento de valores, la transparencia, integridad, buen gobierno y buena administración y la difusión y la mejora de la gestión pública en sus categorías.

 

 

Invierno Limpio

 

 

Candidaturas.

La presentación de las candidaturas podrá hacerse vía online, a través del formulario alojado aquí >>> , hasta el próximo 15 de marzo de 2019 (incluido), fecha en que el jurado procederá a evaluar las propuestas.

El jurado encargado de valorarlas será seleccionado y nombrado por la WCA. Estará integrado por un mínimo de cinco miembros de reconocido prestigio. Serán prtenecientes a las área del sector
público, la judicatura, la universidad y la empresa privada. Contando así con diferentes puntos de vista.

La WCA pretende poner en valor la integridad. También dar visibilidad a las incitativas compliance en el ámbito de la gestión pública. Dentro de cualquier campo de actividad (medioambiente, gestión económica, contratación, gestión de RRHH, etc).


Canal Compliance6 marzo, 2019
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Es el concurso de conocimientos en materia de compliance organizado por la World Compliance Association que se pondrá en marcha el próximo 2 de abril

Hoy se abren las inscripciones para la II edición de la World Compliance League. Es el reto internacional online, organizado por la World Compliance Association.

Los participantes pondrán a prueba sus conocimientos en materia de compliance. Y podrán ganar magníficos premios. Los interesados en participar, ya pueden apuntarse aquí, a través de la web de la WCA.

En ella también tendrán acceso a las preguntas y a las condiciones del concurso.

Tras el éxito de la primera edición, llega de nuevo el concurso dirigido a cualquier persona interesada en el mundo del compliance y abierto a todos y todas. Gracias al método de la gamificación, los participantes podrán probar su nivel y mejorar sus conocimientos en esta materia.

El reto, que se pondrá en marcha el 2 de abril, consistirá en acertar preguntas que se lanzarán diariamente durante un mes. Los participantes conocerán su clasificación en el ranking a tiempo real. Y al finalizar se hará entrega a los 3 mejores de los siguientes premios:

  1. Primer clasificado. Un iPhone XR y un Curso de Experto Universitario Compliance Officer – Titulación Compliance Officer;
  2. Segundo Clasificado. Un Curso de Experto Universitario Compliance Officer – Titulación Compliance Officer y un año de cuota de asociado gratis.
  3. Tercer clasificado, un Curso de Experto Internacional en Sistemas de Gestión Anti- Soborno ISO 37001 y un año de cuota de asociado gratis.

Además, todos los concursantes podrán entrar en el sorteo de una cámara Go Pro invitando a participar a sus amigos y retándoles a través de la opción facilitada también en la web.


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Cada año los peritos, con sus distintas especializaciones, quedan registrados en los tribunales de justicia. Lo hacen a través de un listado que los colegios profesionales envían a las estancias judiciales.

 

En pasadas fechas leía un artículo muy interesante. Versaba sobre el análisis de la posibilidad de elaborar un dictamen pericial de experto en compliance penal. Para que comparezca como perito al juicio oral en los casos de procesos penales con derivación de responsabilidad penal de persona jurídica. Cuando quiera plantearse por ésta la validez y suficiencia del programa de cumplimiento normativo.

Destaca la doble opción de la proposición de la pericial de compliance por la defensa. Pero también la opción de que el Ministerio Fiscal o la acusación particular puedan solicitar al juez la designación de un perito judicial experto en compliance. Éste sería a designar de entre los listados que deberían enviarse a los decanatos de aquellos que acrediten esta especialización. Siendo también, necesario regular la vía para que esta titulación pueda obtenerse. Y la debida inscripción en un Registro en el Ministerio de Justicia.

Me gustaría centrarme en estas últimas palabras. Como perito colegiado me sorprendieron estas líneas. La figura de perito existe desde hace mucho tiempo y está muy bien regulada.

 

La figura de perito existe desde hace mucho tiempo y está muy bien regulada

 

Legislación.

 

La Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil dice en su Artículo 340 las Condiciones de los peritos:

  1. Los peritos deberán poseer el título oficial que corresponda a la materia objeto del dictamen y a la naturaleza de éste. Si se tratare de materias que no estén comprendidas en títulos profesionales oficiales, habrán de ser nombrados entre personas entendidas en aquellas materias.
  2. Podrá asimismo solicitarse dictamen de Academias e instituciones culturales y científicas que se ocupen del estudio de las materias correspondientes al objeto de la pericia. También podrán emitir dictamen sobre cuestiones específicas las personas jurídicas legalmente habilitadas para ello.
  3. En los casos del apartado anterior, la institución a la que se encargue el dictamen expresará a la mayor brevedad qué persona o personas se encargarán directamente de prepararlo, a las que se exigirá el juramento o promesa previsto en el apartado segundo del artículo 335.

Por supuesto en leyCrim queda recogida su funciones en su título VII

 

Colegios Profesionales.

 

 

Cada año los peritos con sus distintas especializaciones quedan registrados en los tribunales de justicia. Lo hacen a través de un listado que los colegios profesionales envían a las distintas estancias judiciales. Dichos colegios profesionales -yo estoy en ASPEJURE- , validan como terceros independientes, los conocimientos adquiridos. O bien por formación reglada o no. O bien por experiencia profesional y el compendio de estas. Emiten diploma o certificado de especialidad, o rechazan la certificación.

 

Titulacion Juan Carlos Galindo

 

No creo necesario, por lo tanto, que exista la necesidad de ningún registro estatal. Primero porque ya existe. Y segundo, porque la regulación de los mercados debe de ser libre.

 

Los requerimientos existentes son suficientes para garantizar una buen dictamen sin necesidad de la intervención del “papa estado”. Aun así, coincido con el autor, en la importancia de que la valoración de los programas de compliance por peritos expertos, es y será clave. Lo es y será para lograr, o bien la condena, o la absolución de las empresas encausadas.

 

No creo necesario, por lo tanto, que exista la necesidad de ningún registro estatal,…

 

Mi intención solo es poner sobre blanco, que las peticiones o recomendaciones suscitadas en el articulo que ha propiciado este, ya se cumplen. Cabe remarcar que la figura del perito experto en compliance y su participación en los juzgados, es determinante para el resultado final de  dichos procesos penales.

Por lo tanto, queridos letrados penalistas, cuando acusen o defendían, cuenten con nosotros como verdaderos aliados para conseguir su cometido. Créanme somos determinantes. Y más en una materia donde los procesos de  consultoría (mapeo de riesgos, canales denuncia, códigos éticos, implementación medidas…etc.) se tienen que evaluar desde un punto de vista no solo penal.


Canal Compliance27 febrero, 2019
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Cientos de profesionales y los más prestigiosos expertos analizarán las últimas tendencias del mundo fiscal.

 

Junto a sage y LaLiga, Lefebre organiza el congreso Compliance y buenas prácticas tributarias. Tendrá lugar el próximo 12 de marzo en el Círculo de Bellas Artes.

El Congreso Compliance y Buenas Prácticas Tributarias es el encuentro presencial de cientos de profesionales y asesores tributarios para compartir y actualizarse de manera práctica en las últimas tendencias del mundo Fiscal.
Un Congreso orientado al networking efectivo y en el que el mayor valor añadido es la calidad del contenido que desarrolla- rán ponentes de primer nivel. Se celebrará en el Círculo de Bellas Artes de Madrid el 12 de marzo de 2019. (C/ Alcalá 42. 28014 Madrid).

 

Cartera restringida

 

Tecnología, innovación y experiencia.

Los organizadores se han centrado en los tres conceptos (tecnología, innovación y experiencia)
para convertir la cita en un encuentro eficaz “vamos a dotar al evento de tres componentes que lo convertirán en una cita excepcional, posicionándolo como un congreso imprescindible”, destacan desde Lefbvre.

En el Congreso “Compliance y Buenas Prácticas Tributarias” se analizarán las temáticas más importantes y de actualidad:

  • DAC 6, el ejemplo inglés.
  • La propuesta de la Comisión Europea sobre los contribuyentes certificados en el IVA.
  • Gestión del riesgo fiscal para grandes empresas.
  • Nueva Fiscalidad Internacional.
  • Los Códigos de Buenas Prácticas Tributarias de la AEAT.
  • Normalización y buenas prácticas tributarias: la norma UNE 19602.
  • Compliance Penal vs. Compliance Fiscal.

 

Reconocidos expertos.

 

Bajo la dirección técnica de Javier MARTÍN y Jesús RODRÍGUEZ, en el Congreso se darán cita los expertos más prestigiosos del sector. A falta de confirmación de la propia Agencia Tributaria, la Dirección General de Tributos o el Instituto de Estudios Fiscales participarán en el congreso:

  • José Manuel de Bunes
  • José Antonio Bustos
  • Néstor Carmona
  • Ignacio de Felipe
  • César García Novoa
  • Carlos Gómez Jara
  • Javier Gómez Molina
  • Ubaldo González de Frutos
  • Ana Juan Lozano
  • Luis López Tello
  • Ernesto Mestre
  • Antonio Montero

 

Los interesados en participar pueden obtener más información en

www.buenaspracticastributarias.com


Canal Compliance18 febrero, 2019
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Comunicación Poder Judicial. La investigación se centra en la infraestructura conformada en torno a esta empresa dirigida a la obtención de contratos de manera irregular mediante el pago de sobornos a autoridades y empleados públicos en una actuación que se prolongó durante más de quince años. de Juventud y Deportes y Casco Antiguo”.

 

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha abierto juicio oral a 88 personas, ellas cargos públicos, funcionarios y técnicos, en las siete piezas que integran el denominado “caso Fitonovo” de corrupción (también conocido como “caso Madeja”), la infraestructura conformada en torno a esta empresa dirigida a la obtención de contratos de manera irregular mediante el pago de sobornos a autoridades y empleados públicos en una actuación que se prolongó durante más de quince años.

El magistrado atribuye al PSOE e IU la condición de partícipes a título lucrativo en una de las piezas, relativa a contratos del Ayuntamiento de Sevilla, por haberse beneficiado “de la conducta delictiva amañada por las personas investigadas” en las cantidades de 159.839,36 y 155.000 euros, respectivamente.

En siete autos, uno por cada pieza que ahora envía a juicio a la Sala de lo Penal y que se instruyó inicialmente el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, el magistrado abre juicio oral contra las personas y por los delitos consignados en sus escritos de acusación por la Fiscalía y la Abogacía del Estado: organización criminal, prevaricación, cohecho, fraude a la administración pública, blanqueo, falsedad en documento mercantil y tráfico de influencias.

El instructor, que da un plazo de veinte días para presentar los escritos de defensa, impone fianzas de responsabilidad civil que llegan en algunos casos hasta los 13 millones de euros, con el fin de cubrir las eventuales cantidades a satisfacer en caso de condenas.

 

Cámara de video vigilancia

 

El juez reprocha la falta de acusación de la Fiscalía

A lo largo de sus resoluciones el magistrado reprocha a la Fiscalía y, en menor medida a la Abogacía del Estado, la falta de acusación respecto de algunos investigados, lo que obliga al sobreseimiento, así como que no acuse por determinados delitos a varios de ellos pese a los indicios acumulados en la instrucción.

Explica De la Mata en la pieza principal, en relación con los asesores jurídicos, financieros, fiscales y societarios, que diseñaron, planificaron e implementaron toda la estrategia criminal blanqueadora de los restantes acusados y les asesoraron durante todo el proceso de blanqueo de capitales que se llevó a cabo exactamente en la forma en que estos profesionales planificaron y, sin embargo, “el Fiscal y la Abogacía del Estado no formulan acusación por este delito contra estas personas”.

“Esto es difícilmente comprensible”, subraya el juez, quien añade que concurren múltiples indicios de que varios de los investigados “diseñaron, planificaron e implementaron la estrategia de blanqueo de la familia González Baro. Les asesoraron de extremo a extremo, en todos los puntos de esta estrategia criminal, y cuidaron de que se llevara a cabo. Pese a ello, el Fiscal y la Abogacía del Estado no formulan acusación contra estas personas. En el caso de la Abogacía del Estado, les acusa como miembros de la organización criminal, y expresa que cada uno de ellos <contribuyó decisivamente a diseñar e implementar la estrategia de blanqueo de capitales desarrollada por la organización>”.

En el caso del fiscal, continúa el auto, “ni siquiera menciona a estas personas en su escrito de acusación, pese a su relevantísima participación, no solo en las operativa de blanqueo, sino en todas las desarrolladas por la organización criminal. Su actuación protagónica en este ámbito blanqueador, pese a todo, queda fuera del ámbito de la acusación y, como se ha indicado ya en varias ocasiones, tampoco en este caso, obligado por esta circunstancia, es posible abrir el juicio oral en relación con estas personas por este delito”.

El juez señala igualmente en otras de las piezas separadas la falta de acusación de la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

 

Lavado de dinero

 

Una estructura para conseguir contratos públicos de manera irregular

El titular del Juzgado Central de Instrucción 5 explica a lo largo de los autos que la dirección de Fitonovo S.L. creó una infraestructura, tanto operativa como contable, destinada a obtener contratos públicos irregulares, habilitando la estructura comercial de la empresa para conformar una red de contactos con funcionarios corruptos que les facilitaban dicha contratación, y creando una contabilidad paralela que se nutría de facturación falsa para, entre otros fines, financiar el pago de sobornos a funcionarios públicos.

la prolongación en el tiempo de las prácticas de corrupción (desde 1995 hasta 2013), el amplio ámbito territorial afectado y la multitud de administraciones y funcionarios implicados, prosigue el magistrado “llevan a concluir que las prácticas delictivas vinculadas a la obtención fraudulenta de contratos, tanto administrativos como privados, eran un elemento nuclear de la actividad de la empresa, hasta tal punto que ésta puede entenderse como un velo societario de dicha actividad criminal”.

Continúa relatando que la entrega de comisiones se ha prolongado durante al menos quince años, afectando a múltiples Administraciones tanto estatales, como autonómicas y locales, e involucrando a un elevado número de funcionarios y autoridades. De hecho, apunta, “esta organización criminal desarrolló su actividad a través de semejantes prácticas corruptas al menos desde el año 1995, y por un amplio ámbito geográfico: Sevilla, Córdoba, Jaén, Cádiz, Huelva, Algeciras, Zaragoza, Valencia, Barcelona, Extremadura y Canarias”.

“Así, crearon una trama societaria que, en paralelo a una actividad comercial legal, se ocupaba de acaparar contratos públicos usando medios ilícitos, causando grave daño al interés público, por cuanto pervirtieron numerosos procedimientos de contratación en detrimento de las arcas públicas y del interés público en una adecuada prestación de los servicios, además de un grave daño al orden socioeconómico, al perjudicar a las sociedades que de forma legal pretenden participar en la contratación pública, pero que no tienen posibilidad de resultar adjudicatarias al estar en franca desventaja por las prácticas corruptas de la trama”, subraya De la Mata.

En añadido, prosigue el instructor, la dirección de la trama criminal creó otras empresas  ya como sociedades patrimoniales donde residenciar sus ganancias, ya como sociedades pretendidamente comerciales, pero que se empleaban para articular concurrencias ficticias en procedimientos públicos de contratación o para adjudicaciones públicas cuando no era deseable que apareciera como tal la sociedad FITONOVO.

Dentro de esta operativa y dado que el pago de comisiones a funcionarios como compensación de las conductas anteriores no podía justificarse de forma lícita, dice el juez, el mecanismo establecido para el pago de los sobornos constituía otro importante engranaje de la organización criminal. Para ello, la empresa FITONOVO SL tenía constituida una caja B que se nutría de facturación falsa con un gran número de empresas suministradoras o proveedoras de aquella, operaciones que se registraban en la contabilidad oficial aparentando compras de suministros o de servicios.

PSOE e IU, partícipes a título lucrativo en la pieza “Ayuntamiento de Sevilla”

En la pieza separada denominada “Ayuntamiento de Sevilla”, el instructor de la Audiencia Nacional atribuye la condición de partícipe a título lucrativo al PSOE y a IU ya que ambas formaciones políticas, con las maniobras de los imputados “consiguieron que distintas empresas asumieran el pago del coste de bienes y servicios de los que se beneficiaron (PSOE) o percibieron directamente distintas cantidades (ambas organizaciones)”. De este modo, indica, el PSOE resultó beneficiado en un importe de 159.839,36 euros e IU por 155.000 euros.

Explica el auto que tres de los investigados, “recibieron un total de 155.000 euros de Fitonovo S.L., para Izquierda Unida, a cambio de las adjudicaciones que los dos primeros les procuraron, significativamente en relación con los expedientes relativos a los 11 campos de fútbol (por más de seis millones de pesetas), en su condición de primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla y portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Sevilla y concejal delegado de Juventud y Deportes y Casco Antiguo”.



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