Canal Compliance8 enero, 2019
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La norma UNE trata de gestionar de forma eficaz el riesgo tributario de colectivos y organizaciones.

El pasado 7 de diciembre se publicaba la Resolución de 3 de diciembre de 2018. Resolución de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. Por ésta se somete a información pública la norma UNE 19602.

 

Lo recoge la revista  de la normalización española: El incremento de la responsabilidad tributaria para los órganos de gobierno de algunas organizaciones. También la necesidad de colaboración entre las organizaciones y la administración tributaria dieron lugar a que, en 2017, arrancará una iniciativa de normalización. Ésta pretende ayudar a las organizaciones a una gestión eficaz de su riesgo tributario.

 

Cartera impuestos

 

Se trata del proyecto PNE 19602 Sistemas de gestión de compliance tributario. Requisitos y recomendaciones. Alineado con las normas nacionales e internacionales existentes en materia de compliance, establecerá los requisitos y recomendaciones para un sistema de gestión de compliance tributario en las organizaciones.

 

La publicación del proyecto como norma se prevé para el primer semestre de 2019.

 

Para la Asociación Española de Normalización (UNE), “son requisitos y recomendaciones la normalización establecerá os requisitos y recomendaciones para un sistema de gestión de compliance tributario en las organizaciones.

 

El BOE de 7 de diciembre de 2018 publicó la Resolución de 3 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se sometía  a información pública y por un plazo de cuarenta días, entre otros proyectos de normas en tramitación, la “19602: Sistemas de gestión de compliance tributario. Requisitos con orientación para su uso

Aquí está disponible.

 

 

La norma ayudará a las organizaciones a prevenir riesgos de cumplimiento en materia fiscal.  Un avance en materia tributaria que podría contribuir de forma notable en la prevención del fraude fiscal. Algo  que se viene desarrollando desde hace años en países de nuestro entorno.

 

Para muchos, -contamos con experiencias previas- se convertirá en “una especie de eximente en diferido”. Una prueba ante el fisco para demostrar la voluntad de cumplimiento. En otros casos se convertirá en una herramienta eficaz para establecer eficaces mecanismos de control


Canal Compliance3 octubre, 2018
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Los delitos que no revistan particular gravedad pueden justificar el acceso a los datos personales almacenados por proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas. Cuando dicho acceso no suponga una injerencia grave en la vida privada.

Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Fue en el marco de la investigación de un robo con violencia de una cartera y un teléfono móvil. La Policía Judicial española solicitó al Juzgado de Instrucción encargado del caso que le concediera acceso a los datos. Eran datos personales o de filiación de los usuarios de los números de teléfono activados desde el teléfono sustraído.

El juez instructor denegó la diligencia solicitada. En particular porque consideraba que los hechos que habían dado lugar a la investigación penal no constituían delito «grave». Es decir, con arreglo al derecho español. Los delitos sancionados con una pena de prisión superior a cinco años es el único tipo que permite justificar el acceso a los datos personales o de filiación.

 

Acceso a los datos privados

 

Ministerio Fiscal

El Ministerio Fiscal interpuso recurso de apelación contra dicha decisión ante la Audiencia Provincial de Tarragona.

La Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas establece que los estados miembros pueden limitar los derechos de los ciudadanos. Esto es cuando tal limitación constituya una medida necesaria, proporcionada y apropiada en una sociedad democrática. Será para proteger la seguridad nacional, la defensa y la seguridad pública, o garantizar la prevención, investigación, descubrimiento y persecución de delitos o la utilización no autorizada del sistema de comunicaciones electrónicas.

La Audiencia Provincial de Tarragona expone que, con posterioridad a la adopción de la decisión del juez instructor, el legislador español introdujo dos criterios alternativos para determinar el nivel de gravedad de un delito respecto del cual se autoriza la conservación y la cesión de los datos personales.

El primero es un criterio material. Vinculado a delitos específicos y graves. Especialmente lesivos para los intereses jurídicos individuales y colectivos. El segundo es un criterio normativo-formal que establece un umbral mínimo de tres años de prisión. Umbral que abarca la gran mayoría de los delitos.

 

Un hombre mira su teléfono

 

Tribunal español

Además, el tribunal español observa que el interés del Estado en castigar las conductas infractoras no puede justificar injerencias desproporcionadas en los derechos fundamentales consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Por tanto, la Audiencia Provincial de Tarragona pregunta al Tribunal de Justicia acerca de la fijación del umbral de gravedad de los delitos. Esto es para conocer a partir del cual puede justificarse una injerencia en los derechos fundamentales, como el mencionado.

Mediante su sentencia el TJUE recuerda que el acceso en el marco de un procedimiento de instrucción penal está incluido en el ámbito de aplicación de la Directiva. Además, el acceso a los datos que permiten identificar a los titulares de las tarjetas SIM activadas con un teléfono móvil sustraído, como los nombres, los apellidos y, en su caso, las direcciones de dichos titulares, constituye una injerencia en los derechos fundamentales de éstos, consagrados en la Carta. No obstante, el Tribunal de Justicia declara que esta injerencia no presenta una gravedad tal que, en el ámbito de la prevención, investigación, descubrimiento y persecución de delitos, dicho acceso debe limitarse a la lucha contra la delincuencia grave.

TJUE

El Tribunal de Justicia señala que el acceso de las autoridades públicas a datos almacenados por los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas constituye una injerencia en los derechos fundamentales al respeto de la vida privada y a la protección de datos.

La Directiva europea enumera objetivos que pueden justificar una norma nacional que regule el acceso de las autoridades públicas a estos datos. Y establezca de ese modo una excepción al principio de confidencialidad de las comunicaciones electrónicas.

 

Simbología datos personales electrónicos

 

 

Esta enumeración tiene carácter exhaustivo. Por lo que dicho acceso ha de responder efectiva y estrictamente a uno de esos objetivos. El Tribunal de Justicia observa a este respecto que el tenor de la Directiva no limita el objetivo de la prevención, investigación, descubrimiento y persecución de delitos a la lucha contra los delitos graves, sino que se refiere a los «delitos» en general.

En su sentencia el Tribunal de Justicia declaró que únicamente la lucha contra la criminalidad grave puede justificar el acceso de las autoridades públicas a datos almacenados por los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas.

No obstante, esa interpretación estaba motivada por el hecho de que el objetivo perseguido por una norma que regula ese acceso debe guardar relación con la gravedad de la injerencia en los derechos fundamentales en cuestión que suponga dicha operación.

En cambio, cuando la injerencia no es grave, dicho acceso puede estar justificado por el objetivo de prevenir, investigar, descubrir y perseguir «delitos» en general.

El TJUE considera que el acceso a los datos no puede calificarse de injerencia «grave» en los derechos de los individuos. Dichos datos no permiten extraer conclusiones precisas sobre su vida privada. El Tribunal de Justicia deduce de ello que la injerencia que supone el acceso a esos datos puede estar justificada. Esto es por el objetivo de prevenir, investigar, descubrir y perseguir «delitos» en general. Sin que sea necesario que dichos delitos sean calificados de «graves».


Canal Compliance13 febrero, 2018
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El Objetivo dar a conocer de la mano de AENOR la Norma Certificable de Compliance Penal UNE 19601, enfocada a quienes quieran implementar o adaptar los modelos de organización y gestión del artículo 31 bis del Código Penal a los requisitos exigidos para un sistema de gestión de Compliance Penal.

La actividad se desarrollará en la Delegación Territorial en Murcia. Este desayuno es el marco de presentación territorial de Cumplen, Asociación de Profesionales de Cumplimiento Normativo en Murcia y tiene como objetivo dar a conocer de la mano de AENOR la Norma Certificable de Compliance Penal UNE 19601, enfocada a quienes quieran implementar o adaptar los modelos de organización y gestión del artículo 31 bis del Código Penal a los requisitos exigidos para un sistema de gestión de Compliance Penal.

La actividad tendrá lugar el viernes, Viernes, 16 de Febrero de 2018 en la Cámara de Comercio de Murcia, ubicada en la Plaza de San Bartolomé, 3

Los interesados en participar pueden dirigirse por correo electrónico a info@cumplen.com. El acceso es gratuito previa inscripción en el correo mencionado.

PROGRAMA



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