Juan Carlos GalindoJuan Carlos Galindo25 junio, 2019
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El desarrollo tecnológico ha ampliado el acceso a recursos disponibles para los grupos terroristas, incrementando su capacidad de financiación, reclutamiento, adiestramiento y propaganda.

 

A principios de este año se publicó la Orden PCI/179/2019, de 22 de febrero. Por ella se publica la Estrategia Nacional contra el Terrorismo 2019. Fue aprobada por el Consejo de Seguridad Nacional. Me permito la licencia de extraer lo referente a la financiación del terrorismo que menciona dicha estrategia.

En el anexo en su Resumen ejecutivo en uno de sus puntos cita,  “En el desarrollo de estos cuatro pilares ( Prevenir, proteger, perseguir y preparar respuestas) es necesario continuar con la implementación de planes estratégicos nacionales en ámbitos específicos, como la lucha contra la radicalización violenta, en materia de prevención y protección antiterrorista y en el fortalecimiento del control de los precursores de explosivos (sobre la base de la Ley 8/2017, de 8 de noviembre), así como establecer nuevos planes estratégicos sectoriales en las diversas áreas de actividad de la Administración y otros específicos en los ámbitos que así se requiera, especialmente contra la financiación del terrorismo y el radicalismo”.

 

SEPBLAC

En el capítulo 4, Pilares y líneas de acción – Reforzar las medidas para la prevención de la financiación del terrorismo y los extremismos violentos. Y en el ámbito interno – Reforzar los mecanismos de las Administraciones en la lucha contra la financiación del terrorismo y del extremismo violento, así como su capacidad de supervisión del sistema financiero para la detección de operativas sospechosas, así como Actuar contra las vías de financiación del terrorismo y del extremismo violento y potenciar las unidades de investigación financiera de los organismos de seguridad e inteligencia y el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC)

El desarrollo tecnológico ha ampliado el acceso a recursos disponibles para los grupos terroristas, incrementando su capacidad de financiación, reclutamiento, adiestramiento y propaganda.

Dentro del pilar Prevenir – Actuar contra las causas– Reforzar las medidas para la prevención de la financiación del terrorismo y los extremismos violentos. En su parte externa dentro del mismo pilar -Mejorar y facilitar la colaboración internacional en materia de lucha contra la financiación del terrorismo y el extremismo violento, incluyendo la localización y eventual congelación de activos de los terroristas y sus organizaciones, coordinando actores e instituciones implicadas y participando en las redes de colaboración a nivel europeo e internacional.

Dentro del Ámbito de los espacios comunes globales es objetivo: Perseguir a quienes hacen uso de los espacios comunes globales para la comisión, apoyo y financiación del terrorismo y del extremismo violento, o de su utilización para la captación, adoctrinamiento y entrenamiento de individuos o grupos y la difusión de propaganda en su beneficio

Consideraciones Finales.

En su Consideraciones finales. Vigencia, evaluación y actualización – La prevención resulta clave para eliminar en su origen las futuras amenazas. Requiere, no obstante, un especial esfuerzo de concienciación y coordinación de todas las Administraciones y una amplia gama de medidas en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Por ello, la Estrategia fomenta la implementación del Plan Estratégico Nacional de Lucha contra la Radicalización Violenta, impulsando la coordinación y colaboración del conjunto de las Administraciones e instituciones públicas y privadas, con especial atención a los centros penitenciarios y a la financiación del terrorismo, fomentando planes específicos de control, seguimiento y desradicalización en aquéllos y haciendo imperativo elaborar y desarrollar un Plan Nacional de Lucha contra la Financiación del Terrorismo.

 

Prácticas financieras que permitan localizar prácticas sospechosas.

Hasta aquí las reseñas, que no son pocas y, para resumir, el plan contra la financiación de los grupos armados pretende “localizar y, eventualmente, congelar” los activos de las organizaciones terroristas. Para ello, plantea que España impulse en los foros internacionales en los que participa —principalmente Naciones Unidas, el Grupo de Acción Financiera Internacional y la UE— la elaboración de normativas y de manuales de buenas prácticas financieras que permitan localizar prácticas sospechosas.

Siguiendo las directrices de la UE y UN en la que se pretende combatir el crimen organizado, se alerta sobre los cada vez mayores vínculos entre el crimen organizado y el terrorismo yihadista, que ha permitido a este último contar con financiación y apoyo logístico. Aquellos documentos, planteaban reforzar el control financiero para combatir las estructuras económicas del crimen organizado, ponía el acento en las nuevas formas de blanqueo “emergentes”, entre las que citaba las criptomonedas, el juego online y las inversiones en energías renovables.

Y para finalizar destacaría la consideración final de crear un Plan Nacional de Lucha contra la Financiación del Terrorismo.


Canal Compliance21 junio, 2019
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Esta labor por parte del doctor Aguilera se incardina en el marco de un proyecto de investigación en el que participan investigadores del CSIC y de otras instituciones académicas.

El Centre for Socio-Legal Studies (CSLS) de la Facultad de Derecho de la Universidad de Oxford acogerá como academic visitor al profesor de Compliance Penal y doctor en la materia Rafael Aguilera Gordillo. El profesor de la Universidad Loyola realizará una estancia en Oxford e impartirá un seminario sobre el régimen jurídico y fundamentación analítica del Compliance y de la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

 

CSLS

El CSLS se sitúa a la vanguardia mundial de la investigación sobre la naturaleza y el papel del Derecho en la sociedad. Cuenta con diversos grupos de investigación que abordan el análisis del Derecho desde una perspectiva socio-jurídica. En las líneas de trabajo del centro se toman en consideración aspectos como la perspectiva histórico-cultural del Derecho, la realidad compleja de las organizaciones, la gobernanza y el papel de Derecho Penal, la regulación ética de las empresas, etc. Además, el CSLS está conformado por un amplio número de prestigiosos profesores titulares, asociados, académicos visitantes, investigadores posdoctorales y se complementa con estudiantes, de modo que se configura como el mayor grupo de expertos socio-legales en una unidad académica en el Reino Unido.

Esta labor por parte del doctor Aguilera se incardina en el marco de un proyecto de investigación en el que participan investigadores del CSIC y de otras instituciones académicas. Asimismo, el profesor Aguilera intervendrá el próximo mes en el Congreso Nacional de Sociología con ponencia sobre los programas de prevención de delitos corporativos. En la sesión, que lleva por título “Los compliance programs y el delito corporativo. ¿Puede confiar el Estado en la autorregulación de las empresas?”, se tratarán cuestiones como la modelización para predicción de conductas delictivas, el uso de la teoría de juegos para dilucidar la existencia o no de confianza entre Estado y empresas y la incorporación de la figura del compliance officer en el seno de las organizaciones para exonerarlas de responsabilidad criminal.

Investigación doctoral

El profesor Rafael Aguilera Gordillo ha sido uno de los primeros doctores del país en realizar una investigación doctoral sobre Compliance Penal y la responsabilidad penal de las personas jurídicas y haber obtenido la calificadción de sobresaliente cum laude. Es compliance officer certificado (CESCOM e IFCA) y abogado experto en Penal corporativo y Compliance. Aguilera, posee el título de Máster en Derecho Penal de la Universidad de Sevilla e Instituto Interuniversitario de Criminología, el diploma de Especialización para Abogados de la Escuela de Práctica Jurídica del Colegio de Abogados de Córdoba, el certificado de aptitud profesional para el ejercicio de la abogacía (CAP) del Consejo General de la Abogacía Española y el título de Máster de Derecho Público de la Universidad de Córdoba.

Entre otras obras, Aguilera es autor de la monografía «Compliance Penal en España» (designada como material complementario del IV Congreso Internacional de Compliance) y autor de numerosos artículos, entre el que puede citarse «Normalización o estandarización en el contexto del Compliance Penal» en Revista La Ley Penal: revista de derecho penal, procesal y penitenciario. Ha colaborado con Transparencia Internacional España en el Proyecto: «Hacia un decálogo de transparencia para las entidades financieras» y es miembro académico de Anti-Corruption Academic Initiative de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).


Canal Compliance11 febrero, 2019
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El II Congreso Nacional Antifraude de Madrid  confirma la preocupación del sector público y  privado por las actividades fraudulentas

 

El pasado 8 de febrero tuvo lugar en el Auditorio Cecabank de Madrid el II Congreso Nacional Antifraude de la capital. El evento fue organizado por la World Compliance Association (WCA) a través del Comité Antifraude. Tambien participa en la organización la Fundación Universitaria Behavior & Law y la Asociación Española de Empresas Contra el Fraude (AEECF).

 

El congreso reunió , reunió a más de 150 profesionales del sector. En esta ocasión, se abordaron múltiples facetas del fraude. Aunque se puso especial énfasis en el auge del ciberfraude y en las nuevas herramientas digitales que pueden ayudar a combatirlo.

 

Inauguración.

 

La inauguración del congreso corrió por cuenta del presidente de la WCA, Iván Martínez López. También intervino la subdirectora General del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude, Mercedes Rodríguez Tarrida. Rodriguez dejó entrever la creciente preocupación por el fraude. No solo en las entidades privadas, sino también en las públicas. Y, en especial, en relación a las “prácticas fraudulentas en materia de gastos relativos a la contratación pública y subvenciones públicas”.

 

“1 de cada 5 Millennials  justifica el fraude y la corrupción”

 

El primer bloque reunió a tres ponentes de primer nivel con amplias visiones complementarias. En primer lugar, el presidente de la Asociación Catalana de Contabilidad y Dirección, Daniel Faura. Faura situó a España en el puesto 41 a nivel mundial en tendencia a la corrupción. Un puesto que, pese a haber mejorado ligeramente en los últimos años, posiblemente irá a peor. Según el ponente  “1 de cada 5 menores de 35 años justifican el fraude y la corrupción”.

 

Paraísos Fiscales.

 

Urbanismo Suelo

 

El bloque siguió con una mirada a la geopolítica a través del Coronel del Ejército de Tierra Pedro Baños. Habló de los paraísos fiscales. Países donde se suele pagar un máximo del 10% de impuestos. Esta cifra está muy alejada de la media europea, que se sitúa en el 30%. Liechtenstein, Chipre, Malta y Holanda son algunos de los países que destacó Baños. Sin olvidar Delaware (EE.UU.), donde se alojan las sedes de más de 250.000 empresas. Y el más cercano, Gibraltar. El territorio británico en que se comercializan “150 millones de cajetillas de tabaco al año para solamente 30.000 habitantes”.

 

“En Gibraltar se comercializan 150 millones de cajetillas de tabaco al año para solamente 30.000 habitantes”.

 

El Lobo de wall Street.

 

El bloque terminó con una de las ponencias más esperadas. Intervino el ex-jefe de Fiscales Auxiliares de Manhattan y ex-fiscal Federal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Daniel R. Alonso.

 

En su exposición, aprovechó la historia de la archiconocida película El lobo de Wall Street para hablar del testigo colaborador. Él mismo fue el fiscal en el caso real sucedido en 1998. Alonso explicó como en Estados Unidos las penas de cárcel pueden bajar considerablemente gracias a la colaboración de los implicados. En el caso de Jordan Belfort (Leonardo Dicaprio en la película), la pena se redujo de 27-33 años a solamente 4. En su ponencia, reflexionó sobre el hecho de utilizar como testimonio a “un tipo que ha cometido fraude y que siempre ha sido un mentiroso”.

 

Fotograma de la película el lobo de wall street

 

Due Dilligence.

 

Pedro Bobião de Bureau Van Dijk – A Moody’s Analytics Company, patrocinadores del evento, habló del due diligence. también del dilema que representa este tipo de auditoría de terceros, en la cual son expertos.

 

 

 

 

Machine Learning.

 

En materia de cibervigilancia, el Managing Lawyer of Governance, Risk & Compliance Practice de Ecix Group, Nestor Aparició, organizó y moderó dos paneles. En el primero, dedicado a las ciberamenazas y la legalidad del análisis de datos masivos se expuso el avance que pueden suponer técnicas tan avanzadas como el machine learning.  Este sistema permite a una computadora aprender a resolver tareas sin programación explícita previa.

 

Con estas tecnologías, podrían agilizar y automatizarse procesos en las empresas. Incluso para la detección del fraude. Sin embargo, el CEO de Viiz, José Antonio Vizer, que se dedica a desarrollar skills para el dispositivo Alexa de Amazon, mostró el otro lado de estas nuevas tecnologías. Suponen un peligro en cuanto a la protección de datos y de la privacidad. Ya que, en su modo grabación, podría servir para vulnerar acuerdos de confidencialidad e incluso revelar datos de forma ilícita.

 

Inteligencia Artificial.

 

Expertos en inteligencia artificial (IA) constataron que IA puede ser útil en la detección del fraude. Por ejemplo, en la detección de pagos inusuales con tarjeta. Pero nunca debe ser utilizada sin la supervisión de una persona que tome decisiones desde la subjetividad. tal y como destacó José Luis Prado.

 

 

Representantes de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), de la Generalitat Valenciana y de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) debatieron sobre las medidas que adopta el sistema público en materia de prevención de fraude y cumplimiento.

 

La entrada en vigor de la Ley 9/2017 de contratos del sector público, en marzo de 2018, estableció la obligación de los órganos de contratación de los entes públicos de luchar contra la corrupción y el fraude. Y prevenir, detectar y resolver los conflictos de interés.

 

Para la consultora de prevención de la OAC, Lara Baena, la gestión de estos riesgos no puede limitarse únicamente a la planificación de la contingencia. Puesto que “si trabajamos cuando el daño ya está hecho, solo tenemos margen para reducir la gravedad de sus consecuencias”. Y debe incluir siempre la prevención, “centrada en identificar los riesgos concretos en cada entidad adjudicadora y analizar los factores que crean estímulos u oportunidades para tales riesgos”. Sólo actuando sobre esos factores es posible reducir la probabilidad de que los riesgos se materialicen”.

 

El director del Departamento de Control Interno de la CNMC, Carlos Balmisa, cerró el debate. Recordó que la OAC “está publicando toda la documentación para facilitar al sector público la identificación de esos riesgos. también el análisis de sus factores. El sector privado puede acceder a ella y tomarla como referencia”.

 

Servicios de  Inteligencia.

 

Miembros de la Fundación Behaviour & Law (B&L) y el diputado y exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez Vázquez, debatieron sobre la inteligencia económica y los

servicios de inteligencia que la prestan. El patrono de B&L, Juan Antonio Gómez Bule, aseguró que la inteligencia económica puede servir para combatir el fraude a través de los datos acumulados.

El último bloque del evento trató el ciberfraude dentro de la empresa privada. Representantes de Dineo Crédito, ABANCA, Orbis Argentina y Experian, coincidieron en la necesidad de diseñar e implantar programas preventivos.

El director de Orbis, Carlos Alberto Mau, señaló que cualquier empresa que cuente con un plan funcionando estará más protegida. Los defraudadores siempre buscan las empresas más débiles.

Ya se aventura una tercera edición del congreso antifraude. Contó con la colaboración de las entidades patrocinadoras Worters Kluwers, Bureau Van Dijk y Techedge. Y con el soporte de la Secretaría de Estado de Seguridad. También Intedya, la Asociación Española de Mediación (ASEMED), la Asociación Contra la Corrupción. Y por la Regeneración Social (ACCORS), el Consejo General de Economistas. También el Barcelona Supercomputing Center (BSC), Prevensystem, la Fundación FIASEP.  Experian, Seguros Orbis, la Associació Catalana de Compatibilitat i Dirección (ACCID) y la UNIR.


Juan Carlos GalindoJuan Carlos Galindo23 enero, 2019
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Los individuos que actúan como “banqueros” o “Hawaladers” suelen ser personas  bien conocidas, que gozan del respeto dentro de sus comunidades.

 

Un sistema informal de envío de dinero se puede definir como cualquier mecanismo o red de personas dedicadas a recibir dinero con el propósito de que un tercero pueda disponer de esos fondos o su equivalente. Estos mecanismos se vienen utilizando desde antiguo en muchas regiones del sur de Asia. Sobre todo antes del establecimiento de la banca occidental.

Fue desarrollado en India con anterioridad al establecimiento de la banca occidental. Constituyó un componente fundamental de su infraestructura comercial y financiera. Hawala significa “transferir” en lengua árabe y es una forma de enviar dinero de un lugar a otro sin que exista un movimiento físico de fondos.

Los individuos que actúan como “banqueros” o “Hawaladers” suelen ser personas  bien conocidas, que gozan del respeto dentro de sus comunidades y que están conectados a través de una amplia red de operadores  a lo largo y ancho de todo el mundo. La entrega del dinero a su destinatario final está garantizada, ya que la pérdida de confianza en un operador equivale a su desaparición.

 

La entrega del dinero a su destinatario final está garantizada, ya que la pérdida de confianza en un operador equivale a su desaparición.

 

 

Como se lleva a cabo el  Hawala.

¿Pero, como se lleva a cabo el  HAWALA?, bien, veamos, se requiere de la participación de cuatro personas: un remitente de los fondos, un receptor de dichos fondos y dos “Hawalader”, cada uno en los respectivos países del remitente y del receptor, entonces,

  • El sujeto “1” entrega el dinero a un Hawalader en el país “A”.
  • El Hawalader en el país “A” proporciona al sujeto “1” un código u otra forma de identificación.
  • El Hawalader en el país “A” notifica a su homónimo en el país “B” por teléfono, Fax, mail o mensajería instantánea, el importe de la cantidad a pagar al sujeto “2” y el código.
  • El sujeto “1” contacta con el receptor, el sujeto “2” en el país “B” para proporcionarle el código.
  • El sujeto “2” acude al Hawalader en el país “B”, proporcionándole el código adecuado y recibiendo a cambio la cantidad de dinero estipulada.

El operador suele cobrar una pequeña comisión por sus servicios y también puede beneficiarse del diferencial entre el tipo de cambio oficial y el del mercado negro en el país “B”. En la operación no se produce movimiento de fondos entre los dos operadores.

 

Trasferencia de dinero

 

 

 

El Hawalader.

El Hawalader en el país “A” utilizará el dinero recibido para atender a futuros pagos que en la dirección contraria le sean requeridos por su homónimo. El del país “B” tendrá como fuente de dinero las cantidades entregadas por los ciudadanos de ese país para ser enviadas al exterior.

O bien utiliza una institución financiera formal, como puede ser un banco, para completar el proceso, seria así:

El propietario de un negocio, que genera grandes cantidades de dinero en efectivo (tiendas de comestibles, restaurantes, agencias de viajes, locutorios telefónicos, importación/exportación, etc.), y que suele ser un inmigrante, puede aceptar dinero de sus clientes que quieren enviarlo a otras personas en sus países de origen.

El dinero que el operador recibe para ser enviado a personas en otros países se mezcla con los fondos generados por la actividad comercial regular. Se ingresa en una cuenta personal o a nombre del negocio en un banco local. Después de un período de tiempo, durante el cual el dinero correspondiente a múltiples envíos se acumula, el Hawalader en el país “A” realiza una transferencia electrónica desde su cuenta directamente a la del Hawalader en el país “B”.

 

El dinero que el operador recibe  se mezcla con los fondos generados por la actividad comercial regular

 

Envío de fondos a una cuenta abierta.

Una alternativa puede ser el envío de los fondos a una cuenta abierta en una institución financiera ubicada en un centro de actividad de este tipo de operaciones (Emiratos Árabes Unidos, Londres, Nueva York o Hong Kong). Posteriormente, los fondos se remiten al Hawalader en el país “B” a través de transferencias sucesivas a su cuenta bancaria, de donde se retiran y entregan a su destinatario final.

Una forma de saldar las cuentas entre los dos operadores puede ser la siguiente: tras un periodo de tiempo, se compran instrumentos negociables con el dinero de la cuenta (cheques de caja, giros) que son transportados de contrabando al país de destino.

 

Envío de dinero

 

Ventajas del Hawala.

Comparado con cualquier mecanismo formal de envío de dinero, el hawala podría parecer incómodo y arriesgado, sin embargo, son muchas las razones para utilizar este sistema.

Su bajo coste en comparación con las comisiones de la banca formal o cualquier otro sistema de envío de dinero como Western Unión o MoneyGran.

La eficacia, ya que una transacción puede ejecutarse en un día, en contraste con el mayor tiempo que puede requerir una transferencia internacional que requiere la intervención de un banco corresponsal en el país receptor y puede sufrir retrasos motivados por días festivos, fines de semana o diferencias horarias.

 

Esta complejidad conlleva, en ocasiones, la pérdida del dinero en el tránsito de una oficina bancaria a otra

 

La seguridad. Una transferencia internacional puede suponer cierta complejidad al requerir la intervención del banco local del cliente, su banco corresponsal, o la oficina principal del banco y su sucursal en el país receptor del dinero. Esta complejidad conlleva, en ocasiones, la pérdida del dinero en el tránsito de una oficina bancaria a otra, con el consiguiente retraso. Por el contrario, una transferencia a través de un operador de hawala se puede completar en unas horas.

La ausencia de justificación documental. Incluso, aunque el dinero que se va a enviar tenga una procedencia legal, determinadas personas pueden preferir permanecer en el anonimato. Es poco probable que los Hawalader mantengan registros de los envíos realizados por sus clientes que permitan la identificación.

El hawala y le blanqueo de capitales.

El Hawala puede utilizarse en cualquiera de las tres fases del proceso de blanqueo de capitales: colocación, transformación e integración.

Colocación.

En la fase de colocación, el dinero procedente de actividades delictivas se introduce en el sistema financiero. En las operaciones de blanqueo el principal problema suele ser el manejo de grandes cantidades de dinero en efectivo. Una forma de burlar estos requerimientos es mediante el fraccionamiento de las transacciones en cantidades pequeñas.

Transformación.

En la fase de transformación, el blanqueador manipula los fondos ilícitos con el objetivo de alejarlos de su procedencia delictiva. Uno de los mecanismos que suele aparecer en este proceso es la transferencia del dinero de una cuenta a otra

La transferencia del dinero a través del hawala dificulta el rastreo documental. La manipulación de las facturas de compraventa, la validez de los precios aplicados en dichas operaciones, la mezcla del dinero procedente de los envíos con el de la actividad comercial legal desarrollada por el operador, unidos a una red de envíos compleja crea un rastro mucho más difícil de seguir que el de una simple transferencia electrónica.

Blanqueo.

En la última fase de blanqueo, la integración, el dinero se invierte en otros activos. Se emplea por los delincuentes para disfrutar un alto nivel de vida. Pero también se reinvierte en actividades delictivas. Las características que lo convierten en una herramienta potencial de encubrimiento, lo hacen ideal para la integración del dinero. Otorgándole una apariencia de legitimidad. Una vez conseguida dicha apariencia el dinero puede ser invertido en un negocio legítimo. También se envía al país de procedencia como rendimiento de una legítima inversión.

 

La opacidad de todos los procesos hacen del HAWALA (BLACK), el sistema preferido de envío de dinero en procesos del  blanqueo

 

En definitiva, la opacidad de todos los procesos, incluidos quienes son los Hawaladers, y su garantía absoluta de confidencialidad y seguridad en el envío, hacen del HAWALA (BLACK), el sistema preferido de envío de dinero en los procesos del  blanqueo de capitales producto del terrorismo y para su financiación.


Juan Carlos GalindoJuan Carlos Galindo29 noviembre, 2018
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El número y gravedad de los actos de terrorismo dependen en gran medida de la financiación que puedan obtener los terroristas.

 

Juan Carlos Galindo
Juan Carlos Galindo Perito Judicial,Especializado Blanqueo Capitales y Compliance Penal|Financiación Terrorismo

Un aspecto básico para la prevención de la comisión de actos terroristas es el cierre de los flujos financieros de que se nutren las organizaciones terroristas. Como ha declarado repetidamente Naciones Unidas, el número y gravedad de los actos de terrorismo dependen en gran medida de la financiación que puedan obtener los terroristas. De este modo, tanto las organizaciones internacionales como los Estados parte de éstas, tienen el convencimiento de que, a través de las medidas preventivas, se pueden llegar a reducir las actividades de estas organizaciones y sus devastadores efectos.

Se entenderá por financiación del terrorismo el suministro, el depósito, la distribución o la recogida de fondos o bienes, por cualquier medio, de forma directa o indirecta. Con la intención de utilizarlos o con el conocimiento de que serán utilizados, íntegramente o en parte, para la comisión de cualquiera de los delitos de terrorismo tipificados en el Código Penal. Se considerará que existe financiación del terrorismo aun cuando el suministro o la recogida de fondos o bienes se hayan desarrollado en el territorio de otro Estado.

Se considerará que existe financiación del terrorismo aun cuando el suministro o la recogida de fondos o bienes se hayan desarrollado en el territorio de otro Estado.

 

Legislación.

La legislación, además del C.P. Arts. 571 al 580. Donde tipifica todas sus variantes. Queda también recogida en dos leyes de ámbito administrativo y preventivo que son: Ley 12/2003, de 21 de mayo, de prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo y el Real Decreto 413/2015, de 29 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo.

Bien. Con estas consideraciones, a veces no tenidas en cuenta por a la fagocitación del delito de blanqueo que siempre le acompaña,  la FT no es tenida muy en cuenta como delito autónomo, ya que se tiende a pensar que con los controles del blanqueo de capitales es suficiente, craso error.

 

se tiende a pensar que con los controles del blanqueo de capitales es suficiente, craso error

Permítanme que les deje para un posterior artículo cuales son los controles que debemos de implementar en nuestra organización, partiendo de la base de su actividad. Si esta se realiza en el interior o si, por el contrario, tiene actividad en el exterior. Ya que, obviamente, nuestros controles no serán los mismos, si exporta e importa y en qué países, que si su actividad es solo nacional. Pero hablemos de algunos riesgos.

 

Conjunto mosaico con armas

 

 

Finanzas Internacionales.

La evolución de las tendencias en las finanzas internacionales, como los mapas de bits, la codificación SWIFT, las criptodivisas y sus mecanismos reguladores correspondientes y la lucha contra la financiación del terrorismo a escala mundial, deben incluir normas mundiales de transparencia en relación con los propietarios reales finales de empresas, fideicomisos y otras estructuras similares, para arrojar luz sobre la opacidad financiera que facilita el blanqueo del producto de actividades delictivas y la financiación de organizaciones y agentes terroristas.

Algunas organizaciones internacionales sin ánimo de lucro, organizaciones benéficas, otras fundaciones, redes y donantes privados, que tienen o declaran tener objetivos sociales o culturales, conforman la base de las capacidades financieras del EIIL/Dáesh, Al Qaeda y otras organizaciones yihadistas y actúan como tapadera de prácticas abusivas; que la vigilancia y la recopilación de información sobre dichas organizaciones, sus financiadores, sus actividades y sus relaciones con agentes presentes en la UE —a menudo amplias— son, por consiguiente, esenciales; que su apoyo a la expansión de la radicalización yihadista en África, Oriente Próximo, Asia y Europa debe ser bloqueado.

Una de las redes de captación de fondos de Al Qaeda se basa en donaciones a organizaciones benéficas y ONG, que se comunican con los donantes mediante redes sociales y foros en línea, también se han utilizado cuentas para pedir a sus simpatizantes donaciones para la causa yihadista.

 

Una de las redes de captación de fondos de Al Qaeda se basa en donaciones a organizaciones benéficas y ONG…

En los últimos años, las organizaciones terroristas han desarrollado varias aplicaciones para teléfonos inteligentes cuyo objetivo es maximizar el alcance y fomentar las donaciones de sus simpatizantes, la mayoría de ellos ubicados en países del Golfo.

 

Apoyo financiero y logístico al EIIL/Dáesh, Al Qaeda.

 

Ciertas fuentes de información sugieren que algunas instituciones, países, microestados y personas del Golfo están proporcionando apoyo financiero y logístico al EIIL/Dáesh, Al Qaeda y otros grupos radicales; que, sin esta financiación muchos de estos grupos terroristas no serían autosuficientes. Utilizan exportaciones de petróleo e inversiones en empresas, en particular a través de «mulas» y servicios de mensajería profesionales, transferencias de fondos ilegales y servicios financieros y profesionales.

 

Ropa blanca tendida

 

EIIL/Dáesh y Al Qaeda blanquean el producto de sus actividades delictivas comprando empresas y activos de todo tipo. Que el EIIL/Dáesh y Al Qaeda también blanquean las ganancias obtenidas mediante la venta de antigüedades robadas y objetos y obras de arte de contrabando en el extranjero. Incluso en mercados de los Estados miembros; que el comercio ilícito de mercancías, armas de fuego, petróleo, estupefacientes, tabaco y objetos culturales, entre otras cosas, así como la trata de seres humanos, la esclavitud, la explotación infantil, el chantaje y la extorsión, se han convertido en formas lucrativas de obtención de financiación por parte de grupos terroristas; que la creciente relación entre la delincuencia organizada y los grupos terroristas constituye una amenaza cada vez mayor en materia de seguridad para la Unión; que estas fuentes podrían permitir al EIIL/Dáesh y a Al Qaeda seguir financiando futuros actos delictivos tras su hundimiento territorial en Siria e Irak.

Máxima atención a los exportadores e importadores, ¿de verdad sabemos a quién compramos y vendemos ?


Canal Compliance22 noviembre, 2018
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Las figuras más representativas del Compliance Nacional se dieron cita en el Día Internacional del compliance.

Ministros, ex-ministros, titulares del Tribunal supremo, fiscales o los compliance officer de algunas de las empresas más importantes del país, entre otros, se dieron cita entre los más de 300 asistentes al Día del Compliance Officer de ASCOM.

El Westin Palace Hotel fue el escenario de uno de los eventos más representativos del compliance. La cita adopta carácter internacional con representantes llegados de casi todos los continentes. No en vano participaron representantes compliance de Argentina, Australia, Corea del Sur, Sudáfrica y diferentes puntos de Europa.

Mesas de trabajo

Las diferentes mesas de trabajo sirvieron de marco para el reconocimiento que se hace en el evento a los profesionales, empresas e instituciones que han entendido correctamente lo que es Compliance. Implementan la función en la práctica con rigor. Hablamos de los premios ASCOM, que tratan de contribuir a la profesionalización y divulgación de la función de Compliance en España. Reconocen el trabajo realizado por empresas y profesionales.

 

Mesa de trabajo

 

Libro Blanco

Los participantes en el evento recibieron el valioso ejemplar del libro blanco sobre la función del compliance. Una publicación de referencia para los compliance officer. Se trata del libro en el que el ya fallecido, José Manuel Maza Martín, participó activamente en el grupo de trabajo y que fue coordinado por Alain Casanovas Ysla.

El libro blanco “tiene por objeto identificar los aspectos esenciales que definen a la función de Compliance y perfilan las atribuciones de sus responsables. Señalando materias clave contempladas en estándares de Compliance de gran difusión internacional. Este documento pretende ayudar a los profesionales integrados en dicha función a concretar el alcance de sus cometidos esenciales …”, tal y como destaca el propio Casanovas.

 

Libro Blanco

 

Contenidos

Durante la jornada se abordaron importantes temáticas compliance. Como la regulación de la función de Compliance en el ámbito internacional. No podemos olvidar el papel de las pymes. En este sentido se organizó una mesa de trabajo sobre el papel de éstas en el traslado de los requisitos de compliance a través de la cadena de suministro. La aproximación práctica a los procedimientos de KYC y de due dilligence fue otro de los aspectos abordados. Todos ellos por representantes de cumplimiento de importantes empresas del ámbito nacional e internacional.

Clausura

Ya por la tarde y en la recta final de la jornada, la ministra de Justicia Elena Salgado, fue la encargada de clausurar el acto y entregar los diplomas CESCOM 2018.


Andrew Henderson,Andrew Henderson,16 noviembre, 2018
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Los retos y elementos básicos de un programa de Compliance.

Muchos departamentos jurídicos y de Compliance han tenido que afrontar recortes económicos y de plantilla. Por esto los Compliance Officers continúan investigando cómo simplificar esos procesos mientras mantienen inmutables sus programas de Cumplimiento Normativo.

Los Conflictos de Interés (COI, por sus siglas en inglés) siguen siendo uno de los principales riesgos a los que se enfrentan las empresas en estas situaciones y, la verdad, no administrar una COI no es una opción a tener en cuenta. Muchas veces, el COI se debe a la falta de interconectividad entre las plataformas o la falta de formación de los empleados. Algo que se puede solucionar con una herramienta automatizada que incluya notificaciones, nuevas certificaciones o actividades de corrección.

 

 

El seguimiento y la gestión de COI’s pueden ser un reto por cuatro razones fundamentales:

  1. Los empleados no son transparentes ante los conflictos de interés.
  2. Los cambios en la estructura de la organización o en el modelo de negocio (fusiones y adquisiciones) pueden alterar los COI, así como los cambios en las funciones y puestos.
  3. Leyes y normativa relacionada con compañías involucradas en más de una línea de negocios o en diferentes países.
  4. Las comunicaciones de conflictos de intereses se almacenan en sistemas diferentes y, posiblemente, en muchas regiones y departamentos distintos: correos electrónicos, sistemas de administración de línea directa, copias impresas, bases de datos, carpetas electrónicas, etc.

Por ello, y aunque, como hemos visto, el seguimiento y el mantenimiento de una COI puede llegar a resultar pesado, la automatización del programa de Compliance puede ayudar a las organizaciones a evitar el daño financiero y reputacional: es una victoria segura y rápida para los equipos legales y de Compliance.

 

Elementos básicos de un programa de gestión en COI.

 

A continuación, te detallamos los cinco elementos básicos que debe incluir un programa de gestión de conflictos de interés:

 

1- Política y protocolos que definan los conflictos de intereses y establezcan las expectativas de la compañía, incluyendo:
  • Ejemplos de escenarios reales con conflictos de intereses variados.
  • Una matriz de fácil seguimiento con los conflictos permitidos, los prohibidos y los que requieren revisión previa.
  • Un informe sobre el impacto de los conflictos de interés en las personas y la empresa.
2- Informe sobre los conflictos de intereses para miembros de la junta y directores, incluyendo:
  • Un plan y método sólidos para abordar conflictos potenciales o reales que se comuniquen claramente y se revisen y actualicen regularmente según sea necesario.
3- Formación continua y comunicaciones que:
  • Describan los pasos que los empleados deben dar para evitar y / o informar de posibles COI.
  • Animen a los empleados a plantear inquietudes o dudas.
  • Ofrezcan ejemplos de las red flags y COI’s más comunes.
  • Ofrezcan formación adaptada a empleados en puestos de mayor riesgo
4- Un mecanismo de divulgación y presentación de informes
5- Un equipo o comité de revisión de conflictos

 

Andrew Henderson, Director of Products en The Red Flag Group


Canal Compliance25 octubre, 2018
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En el I Congreso de Defensa Penal de las Personas Jurídicas de la WCA el pasado 18 de octubre, Juan Antonio Frago Amada, Fiscal de delitos económicos de la Fiscalía Provincial de La Coruña mostró algunos indicios para descubrir los programas compliance de Copia Pega.

El pasado 18 de octubre se celebró en Madrid el Iº Congreso de Defensa Penal de la Personas Jurídicas. Fue Organizado por la World Compliance Association (WCA) y la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM). Patrocinado por Wolters Kluwer y Círculo Legal. En él se abordaron multitud de problemas procesales a los que se enfrentan las personas jurídicas involucradas en un pleito penal en España.

 

Copia Pega

 

Juan Antonio Frago Amada, Fiscal de delitos económicos de la Fiscalía Provincial de La Coruña y editor del blog «en ocasiones veo reos», expuso los principales indicios que nos revelan si nos encontramos ante un paper compliance o un compliance cosmético. En este sentido consideró que los programas “absurdamente amplios o incluso con el nombre de una empresa distinta, nos revela que estamos ante programas de copia-pega.

 

José Antonio Tuero Sánchez.

José Antonio Tuero Sánchez, Socio Director del Área de Penal y Compliance en Chávarri Abogados, hizo referencia a las «class actions penales». O también llamadas «acción de clase». En este sentido aclaró que «la acción de clase viene organizada por un grupo de personas que tiene el mismo problema legal. No es la acumulación en un solo proceso de las distintas reclamaciones individuales de todos los afectados». Así estas pueden ser penales si los perjuicios que sufren los consumidores derivan de un hecho delictivo.

 

Diversidad class action

 

 

Jacobo Dopico Gómez-Aller.

 

Cerro el segundo panel Jacobo Dopico Gómez-Aller, Catedrático de Derecho Penal en la Universidad Carlos III. Centro su intervención en la figura del Compliance Officer y su posible responsabilidad penal. El Compliance Officer no es igual en todas las empresa. No tiene un perfil jurídico (no es nadie legalmente hablando). Así, el empleado de la empresa tiene las responsabilidades que los empresarios hayan delegado sobre él.

 

Eloy Velasco

 

Eloy Velasco Núñez.

 

Eloy Velasco Núñez, Magistrado de la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional, quien hizo referencia a la invasión de la intimidad a través de las nuevas tecnologías. En este sentido considera que la documentación para prevenir actuaciones delictivas forma parte del secreto profesional. Si las autoridades se hacen con dicha documentación se carga la defensa. ¿Quién quiere ser Compliance Officer si respondo penalmente aunque solo sea un asesor?

 

María Díaz Alonso.

 

María Díaz Alonso, Gerente Senior de Compliance Legal y Defensa Penal en Repsol, presentó el Programa de Compliance de Repsol. En este caso se trata de un “sistema vivo, que no puede quedarse en un papel”. En este sentido hizo hincapié en que, «para que un modelo no se quede sólo en un papel, hay que destinar recursos». Además, en Repsol no sólo tiene en cuenta los delitos que generan responsabilidad penal a la persona jurídica. También tienen en cuenta, por ejemplo, los delitos contra los derechos de los trabajadores.


Canal Compliance6 septiembre, 2018
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Las administraciones públicas abanderan el Canal de denuncias. Deberán dar ejemplo – aunque obligados por la normativa- en establecer los mecanismos necesarios.

El Real Decreto Ley 11/2018 de 31 de agosto extiende la obligación de crear canales de denuncia a las administraciones públicas. La obligatoriedad favorecerá que el sector público pueda recibir denuncias sobre incumplimientos cometidos por aquellas personas obligadas por la normativa de prevención de blanqueo de dinero.

EL CANAL DE DENUNCIAS

Las personas jurídicas enumeradas por el RD deben cumplir con la obligación de propiciar los mecanismos internos necesarios. Los empleados de estas organizaciones podrán comunicar la información relevante sobre potenciales incumplimientos.

El blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo genera, no únicamente riesgos sociales, también riesgos económicos y financieros. Particularmente, el blanqueo de capitales, puede afectar y distorsionar los movimientos financieros y reales. Estos es por realizar asignaciones de recursos que no se basan en consideraciones económicas, sino que responde a otros intereses.

 

dinero lavado y tendido

 

Son delitos que implican riesgos de reputación muy importantes. Tanto para las entidades individualmente, como para el sistema financiero nacional. Las medidas son precisamente para tratar de mitigar estos riesgos.

Las personas jurídicas obligadas van a tener que establecer procedimientos internos “para que sus empleados, directivos o agentes puedan comunicar, incluso anónimamente, información relevante sobre posibles incumplimientos de esta ley, su normativa de desarrollo o las políticas y procedimientos implantados para darles cumplimiento, cometidos en el seno del sujeto obligado”.

Además los denunciantes tendrán que ser protegidos contra posibles represalias o discriminaciones por los mismos actores obligados a establecer el Canal de Denuncias.
Será el ministerio de economía y la empresa quienes aprueben el modelo de denuncia y las características del propio canal. Tendrán que estar enfocados a preservar la confidencialidad. Así mismo se formará al personal sobre la existencia de estos medios.
El denunciante será requerido cuando no se concreten suficientemente los hechos o personas responsables de la infracción. Lo será para que aclare el contenido de la comunicación realizada.

PUBLICACIÓN REAL DECRETO EN EL BOE


Canal Compliance24 julio, 2018
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Era un modelo a seguir. Estudiado en la universidad. Parecía eficaz y podría ser un buen eximente, pero falló el sistema Compliance.
¿Cuando se empezará a hacer compliance, sin dejar de hablar de Compliance?.

 

Enredadera en fachada sobre una ventana

 

En uno de los últimos eventos compliance a los que hemos tenido la suerte de poder asistir, un destacado ponente señaló que “en este país se habla mucho de Compliance, es hora de que empecemos a hacer compliance”. Este es un pensamiento común a destacadas figuras del cumplimiento normativo de este país. Pero, a tenor de las informaciones que siguen poblando nuestros informativos, no parece que se haya iniciado ese momento en el que dejemos de hablar de compliance para pasar a hacer compliance.

Caso Enredadera.

En los albores del mes de Julio el juzgado de instrucción 2 de Badalona, abría la caja de los truenos. Su eco alcanzó la práctica totalidad de la geografía nacional. La conocida Operación Enredadera puso de manifiesto, no sólo un caso más de corrupción.

Fueron tantos los municipios, de diversa índole política que sólo se alcanza a entender su amplitud, concebido como corrupción sistémica. Alcanza casi todas las mimbres del cesto de lo público. Ese eufemismo con el que hemos disfrazado el dinero de todos. El compliance nos está sirviendo para vestirnos de dignidad organizacional pero de momento, de él, solo se habla.

 

La empresa implicada poseía planes compliance que eran modelo de estudio.

Y no es que a la empresa implicada le fueran ajenos los planes de Cumplimiento Normativo. Ésta era filial de Sacyr. Entre sus sistemas de control había establecida una política de control y gestión de riesgos. Para identificar, evaluar y gestionar sus riesgos globales. Buscaba dar seguridad acerca de la consecución de los objetivos de eficacia y eficiencia en las operaciones. Fiabilidad de la información y cumplimiento de la legislación. Seguridad y eficiencia que en su filial no se cumplieron. Este blan incluso fue objeto de estudio por el Centro Superior de Estudios de Gestión en su Máster Compliance Officer de la Universidad Complutense de Madrid.

 

Código de conducta.

El código de conducta de Sacyr prohíbe de forma tajante cualquier comportamiento por parte de sus empleados que pudiera considerarse relacionado con la corrupción o el soborno. Todos los empleados y miembros de los órganos de gobierno del grupo, así como las UTEs y sociedades sobre las que se tiene control de gestión, han sido informados sobre las políticas y los procedimientos de la organización para luchar contra la corrupción, a través de las circulares de difusión del código de conducta.

El código establece explícitamente que los empleados de Sacyr no podrán ofrecer pagos de ninguna naturaleza destinados a obtener beneficios de forma ilícita, y se les prohíbe aceptar regalos o cualquier otra clase de prestaciones que pudieran afectar a su objetividad o influir en una relación comercial, profesional o administrativa. Sacyr ha creado un órgano de control del código de conducta, formado por miembros de la alta dirección.

Este órgano, además de gestionar la línea de denuncias del Grupo, es el encargado de velar por el estricto cumplimiento del código de conducta. La investigación de comportamientos de corrupción es responsabilidad de la dirección de auditoría interna, así como realizar trabajos encaminados a detectar dichos comportamientos si los hubiera. Para esto cuenta con un software específico de detección de fraude, con el apoyo de expertos externos cuando lo precisa y con personal especializado para realizar dicho trabajo, tanto preventivo como detectivo. Los indicios de corrupción son analizados en detalle y se actúa en consecuencia”

Fruta podrida

Algo falló.

A pesar de todo, algo falló y la corrupción se extendió a toda la geografía nacional. La causa está abierta por los delitos de prevaricación administrativa, fraude a la administración pública, malversación de caudales públicos, tráfico de influencia, revelación de información privilegiada, falsedad documental, cohecho, alteración de precios de concurso público y pertenencia a organización criminal.

En el marco de la causa que investiga Instrucción 2 de Badalona, se han practicado 55 entradas y registros en diversas comunidades autónomas, 19 requerimientos de información y una cincuentena de detenidos. Un total de 15 que han pasado a disposición judicial. El magistrado ha acordado prisión provisional, comunicada y sin fianza para uno ellos, procedente de León; y libertad con medidas cautelares, como retirada de pasaporte y personaciones periódicas ante la autoridad judicial, para los otros cinco. Del total de detenidos puestos a disposición judicial, el magistrado ha acordado cuatro ingresos en prisión (provisional, comunicada y sin fianza) y libertad provisional con medidas cautelares para el resto.
¿Cuando se empezará a hacer compliance, sin dejar de hablar de Compliance?



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