Canal Compliance18 julio, 2018
lina-anllo-entrevista-1280x539.jpg

10min1267
Lina Anllo. Abogada especialista en derecho Penal. Ha realizado el programa de compliance para la alta dirección en el IAE Bussiness School y en el IESE Business School University of Navarra. Se ha certificado en Equidad de Genero en ONU WOMAN. Es la titular a cargo de la World Compliance Association en Argentina.

 

P. No hizo demasiado que se hizo cargo del capítulo de la WCA en Argentina ¿Cómo le ha ido, que ha supuesto para usted profesionalmente?.

Aceptar la presidencia del Capitulo Argentino de la World Compliance Association, ha sido un gran honor y una gran responsabilidad. Estamos en la etapa de crecimiento inicial. Hemos formado un comité de expertos de gran trayectoria en Argentina. Está conformado por abogados, contadores, licenciados en sistemas y catedráticos del derecho penal. Nos encontramos actualmente organizando nuestro primer Congreso Nacional e Internacional de Compliance en Argentina. El Compliance, desde la discusión y sanción de la ley 27.401, ha despertado mucho interés en diferentes ramas del derecho, en particular del derecho penal, también despertó interés en la política, en los organismos públicos, en el mundo corporativo, como también en el ámbito de los contadores y auditores. Es decir, se ha generado un campo rico de debate y discusión, por ello, el desarrollo del Capitulo Argentino en esta materia deviene muy apropiado.

P. Últimamente ha estado a caballo entre Argentina y España con actividades relacionadas con el cumplimiento normativo. ¿Qué diferencias encuentra en la cultura de cumplimiento de ambos países, qué podemos aprender unos de otros? ¿Con que código penal se quedaría en materia compliance?

España por llevar varios años ya trabajando temas de Compliance, por sus modificaciones al Código Penal en el 2010 y 2015 en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas e inclusión de los Programas de Integridad, y por haber dictado su norma UNE 19601, ha sido un referente para nuestro país. La ley 27.401 ha tomado algunos puntos de la normativa española y sus primeros fallos judiciales en la materia nos han servido de luz para avizorar que es lo que podrá ocurrir en los tribunales argentinos.

En cuanto a las diferencias en ambos Códigos Penales, podemos decir que en España las personas jurídicas responden por más delitos que en Argentina, pero por su parte, la ley argentina ha sido mas estricta a la hora de regular los Programas de Integridad y sus efectos. En primer lugar, porque son obligatorios para aquellas empresas que contratan con el Estado, y en segundo lugar, que para que actúen como eximentes de responsabilidad se han previstos recaudos mas estrictos que en el Código Penal español. Ahora bien, esta mayor exigencia argentina podrá traer aparejado, que las corporaciones sean mas reticentes en aplicarlos y en colaborar con las investigaciones penales, resultando el efecto contrario que se persiguió al dictarse la ley.

en España las personas jurídicas responden por mas delitos que en Argentina

 

P. La última vez que he escuchado eso de “el compliance ha llegado para quedarse” fue en la conferencia que ofrecía junto a su compañera Jimena Alguacil, en el Consulado General de la República Argentina en Barcelona el pasado 18 de junio. ¿Necesita el compliance reafirmarse, necesitan sus actores que les advirtamos que ha llegado para quedarse?.

Estamos viviendo un cambio de paradigma en materia de derecho penal, de un derecho penal eminentemente represivo a un derecho penal preventivo, de la mano del Compliance penal, y esto no es un acontecimiento local ni argentino, es una circunstancia global, de allí, que no responde a una moda, sino a un cambio de sistema que vino a instalarse y que poco a poco va cambiando la forma de encarar la prevención penal, sobre la base de análisis de riesgos y de controles preventivos y mitigantes. Vamos viendo por ejemplo en Argentina, como de a poco Compliance comienza a integrar la curricula de maestrías, seminarios, materias en carrera de grado, como las empresas cada día mas tienen su Oficial de Cumplimiento y su área de Compliance, entre otros cambios. Por ello, podemos decir con firmeza que el Compliance vino para quedarse.

 

Estamos viviendo un cambio de paradigma en materia de derecho penal, de un derecho penal eminentemente represivo a un derecho penal preventivo

 

P. He leído que la firma en la que desarrolla su carrera profesional, ANLLO ABOGADAS, es una “firma legal conformada por abogadas jóvenes, capacitadas, proactivas y comprometidas”. Usted es además especialista en equidad de género. Pero ¿Cómo se entiende el compliance con Perspectiva de Género? Un área pionera en su despacho.

Cuando me especialice en género, no imaginaba la gran conexión que tienen ambas disciplinas. Los Programas de Integridad deben tener obligatoriamente perspectiva de genero y de diversidad. Un Programa de Compliance robusto y eficiente, debe fundamentarse en buenas prácticas de gobierno corporativo. Con lo cual, la diversidad, la representación por igual de mujeres y hombres, hacen a la buena toma de decisiones. Además, un correcto “Código de Etica” debe contener capítulos referidos a derechos humanos. También políticas de no discriminación, de diversidad, de protección ante el acoso laboral y sexual. Todo en cumplimiento de los Pactos Internacionales y de los principios de Pacto Global de la ONU.

Una empresa debe ser ética y transparente. Pero para empezar esta tarea, primero debe respetar los derechos básicos del ser humano. Entre éstos está la igualdad de oportunidades, el respeto a la diversidad y a la protección contra cualquier tipo de abusos. Sobre estos dos puntos he basado mi exposición en el Women Economic Forum donde fui invitada y que se ha celebrado en Nueva Delhi este año.

 

Los Programas de Integridad deben tener obligatoriamente perspectiva de genero y de diversidad.

 

P. ¿ISO 37001 Herramienta o solución? ¿Vale la norma sin una verdadera cultura de cumplimiento?

La legislación argentina actual no exige la certificación de los programas de cumplimiento por normas ISO. Claramente se evidencia que es una eficaz herramienta, pero que deberá implementarse luego de haber afianzado la cultura del cumplimiento normativo. Es decir, creo que será una alternativa viable, para una próxima etapa.

 

La Iso 37001 deberá implementarse luego de haber afianzado la cultura del cumplimiento normativo

 

P. Parece indudable que una verdadera cultura de cumplimiento es lo básico para implementar eficaces sistemas compliance en las organizaciones. Se que la respuesta sería muy amplia, pero tratando de sintetizar ¿Qué es lo que hace falta para instaurar, generalizar, una verdadera cultura compliance?

La cultura de cumplimiento, el conocimiento sobre compliance, vendrá de la mano de la capacitación constante y permanente. En todos los ámbitos, corporativos, públicos, universitarios, políticos, entre tantos otros. Será cuestión de tiempo, pero Argentina en tan solo 5 meses de vigencia de la ley ha dado grandes pasos. Ya hablar de compliance en varios ámbitos no resulta tema desconocido.

 

P. Por último. Cuáles son los próximos pasos profesionales en la materia?

En agosto estaré exponiendo en el “II Congreso Etica y Lucha Anticorrupción” que se llevará a cabo en Lima, Congreso organizado por el capítulo peruano de la WCA. También estamos concluyendo la “Ley Penal comentada 27.401” junto a varios penalistas argentinos y españoles, que publicará una Editorial argentina de mucho renombre.


Canal Compliance12 julio, 2018
dolores-delgado-ministra-de-justicia-201807-1280x755.jpg

3min1114
La ministra Dolores Delgado expuso en el Congreso los ejes que guiarán su gestión al frente de Justicia. La protección de los denunciantes de delitos de corrupción será uno de los planes de acción.

Transparencia, modernización tecnológica, nueva relación con los operadores jurídicos. Introducción de la perspectiva de género en la Justicia, recuperación de la memoria histórica. Retorno a la jurisdicción universal y acercamiento a la ciudadanía. Estos serán algunos de los ejes de actuación de la nueva titular de Justicia.

España debe dotarse de los instrumentos necesarios que protejan a aquellos que se atreven a alertar sobre la comisión de delitos relacionados con la corrupción. Tal y como explicó la ministra Delgado, en materia de lucha contra la corrupción.

 

Teclado de ordenador con tecla "whistleblower"

 

 

La ley de 1994 que regula la protección de testigos es insuficiente. Por esta razón, como aseguró la titular de Justicia en el Congreso de los Diputados, se hace imprescindible actualizar esta norma. Y hay que hacerlo desde el punto de vista de un proceso penal moderno. Éste debe valorar las garantías de víctimas, denunciantes e investigados.

Estas declaraciones pueden ser la antesala para modificar la ley que regula la protección de testigos. Una herramienta que “refuerza las acciones del Estado para asegurar la integridad de todos aquellos que colaboran con la Justicia”.

 

Reforzar las acciones del Estado para asegurar la integridad de todos aquellos que colaboran con la Justicia

 

Tal y como se expone desde el propio Ministerio se desarrollará un estatuto jurídico del arrepentido. Estaría referido an los delitos de corrupción pública. El estatuto permitirá “conjugar la sanción de su conducta con la obtención de pruebas incriminatorias. Para todos los partícipes del hecho criminal”.

La titular de Justicia ha encargado a la Comisión General de Codificación un estudio para reubicar en un solo título del Código Penal todas las conductas penales actuales relacionadas con la corrupción pública.


Canal Compliance3 julio, 2018
badalona-termica-1280x960.jpg

16min296
En la causa se investigaron operaciones urbanísticas desarrolladas en los municipios de Santa Coloma de Gramenet, Sant Andreu de Llavaneres y Badalona

Comunicación Poder Judicial. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha condenado a penas de hasta 7 años y 1 mes de cárcel a los once acusados en el juicio de la llamada “Operación Pretoria”, en el que se han juzgado ilícitas actuaciones en operaciones urbanísticas desarrolladas durante los años 2002 a 2009 en las localidades de Santa Coloma de Gramenet, San Andrés de Llavaneras y Badalona, así como las ganancias que los acusados ingresaron en sus patrimonios directamente o bien a través de intermediarios o testaferros.

 

Tráfico de influencias, prevaricación administrativa, cohecho, falsedad documental y blanqueo de capitales

En la sentencia, los magistrados de la Sección Segunda, con ponencia de la presidenta del Tribunal, Concepción Espejel, condenan a los acusados por delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa, cohecho, falsedad documental y blanqueo de capitales. En el fallo se detallan las penas y delitos por los que ha sido condenado cada acusado (ver cuadro de condenas).

El exdiputado del PSC Luis Andrés García Sáez, “Luigi”, ha sido condenado a 7 años, 1 mes y 27 días de prisión, mientras que al exalcalde de esta formación en Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz, se le ha impuesto la pena de 5 años, 8 meses y 28 días de cárcel. Por su parte, exconcejal Manuel Dobarco ha sido condenado a 8 años y 6 meses de inhabilitación.

Otros condenados son los ex consejeros de la Generalitat Maciá Alavedra y Lluís Prenafeta, a quienes la Sala ha impuesto penas que suman para cada uno 1 año, 11 meses y 27 días de prisión por delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales al aplicarles las atenuantes de dilaciones indebidas y de confesión.

Puerto de Badalona
Resolución.

La resolución acuerda el comiso de las ganancias ilícitas obtenidas en las tres operaciones urbanísticas enjuiciadas –PALLARESA, NIESMA Y BADALONA- que ascendieron a un total de 5.886.925,66 euros. Igualmente acuerda el comiso de las dádivas recibidas por Bartomeu Muñoz, por 1.144.724,55 euros; de las ganancias ilícitas obtenidas por Alavedra, que ascienden a 3.243.103,28 euros, así como de Prenafeta, por 5.193.170,01 euros.

A todos los acusados, los jueces les aplican la atenuante simple de dilaciones indebidas atendiendo a la duración del procedimiento, de ocho años y ocho meses hasta la fecha de la sentencia. El Tribunal destaca la envergadura de la causa, un sumario que consta de sesenta tomos de actuaciones, ocho tomos de documental y veintiún tomos de comisiones rogatorias internacionales. Además, incluye dos tomos de traducciones y amplia documentación que una vez analizada y digitalizada dio lugar a ciento treinta y siete tomos adicionales. Además, el rollo de Sala está formado por cinco tomos y otros seis más de documentación.

 

Sentencia.

La sentencia, en sus hechos probados, relata cómo entre los años 2002 y 2009 en el área metropolitana de la provincia de Barcelona, en las localidades de Santa Coloma de Gramenet, San Andrés de Llavaneras y Badalona los condenados participaron en diversas operaciones urbanísticas que en lugar de favorecer el interés público buscaban la obtención de elevados rendimientos económicos para promotores e inversores particulares, propiciando importantes beneficios y comisiones, “ no amparadas en otras actividades comerciales lícitas, ganancias que ingresaron en sus patrimonios bien directamente o bien siendo canalizados a través de intermediarios, testaferros o sociedades ad ministradas o controladas de hecho por los mismos”.

Luis García, el conseguidor

Los magistrados describen el papel trascendental llevado a cabo en las ilícitas actuaciones urbanísticas por Luis García, conocido como “Luigi”. Como diputado del PSC durante los años 1980 a 1988, mantuvo, según el tribunal, fluidas relaciones personales y de antigua militancia política con diversos cargos públicos que le permitían actuar como “conseguidor”, “facilitador” o “intermediario”. Intervino en las operaciones desarrolladas en las tres localidades mencionadas, ideando y liderando las mismas y desarrollando actividades esenciales para seleccionar a los posibles inversores a los que ofertaba el plan de negocio y favoreciendo la aprobación posterior de los cambios urbanísticos por los que percibía contraprestaciones y comisiones “tanto para él mismo como para los diversos cargos públicos e intermediarios que propiciaron la culminación de las diversas operaciones”.

Operación Pallaresa

En una de las operaciones investigadas, la llamada “Operación Pallaresa” en la localidad de Santa Coloma de Gramenet, la sentencia relata cómo la amistad con el alcalde permitió a Luis García asumir una dirección fáctica importante en los concursos y adjudicaciones públicas y en los procesos de modificación urbanística, “en ejecución de dicho plan, Luis Andrés García Sáez, aprovechando la ascendencia que le proporcionaban las estrechas relaciones de amistad personal y de antigua militancia política que le unían con Bartomeu Muñoz, Alcalde de la localidad, y con Manuel Dobarco, Teniente de Alcalde en el área de urbanismo, logró ostentar durante el periodo en el que se desarrolló la denominada Operación Pallaresa un dominio fáctico sobre las decisiones municipales, especialmente en los expedientes de adjudicación de concursos y procesos de modificación urbanística y así influyó de forma continuada tanto sobre el Alcalde Muñoz como sobre el Concejal Dobarco” .

Por expresa indicación del Alcalde, que le presentó como su asesor y hombre de confianza, Luis García, de modo habitual, “despachaba con los técnicos municipales, obtenía información directa sobre el estado de los expedientes y orientaba el sentido de los informes para que fueran favorables a las decisiones pretendidas, fundamentalmente en los relativos a modificaciones urbanísticas,”

Las directrices impartidas por Luis eran asumidas como propias por el Alcalde, Bartomeu Muñoz el cual,- añade la sentencia- “dada la mayoría que ostentaba su Grupo en el Ayuntamiento, con la colaboración de Dobarco, lograba la final aprobación de los acuerdos por el Pleno, percibiendo por ello cuantiosas e ilícitas contraprestaciones económicas”.

La sentencia detalla cómo, del mismo modo Luis García influyó sobre el regidor de Urbanismo en el municipio de San Andrés para dirigir la modificación urbanística producida en las fincas de la llamada Operación Niesma.

En el municipio de Badalona, Luis García ejerció su influencia sobre el Consejero Delegado de la sociedad pública Marina Badalona para tomar parte en la llamada “Operación Badalona” y en otros cargos que permitieron que una finca edificable situada en un lugar estratégico del puerto pasara a manos de inversores particulares que obtuvieron una gran plusvalía en su reventa.

Durante estos años investigados y para llevar a cabo las operaciones urbanísticas mencionadas otro de los acusados, Manuel Valera figuraba como administrador en la mayoría de las sociedades controladas de facto por Luis García. El tribunal señala a Valera como hombre de confianza y testaferro de García, “siendo conocedor de la naturaleza y alcance de los planes que se proponían desarrollar en los indicados ayuntamientos en beneficio de inversores particulares y de ellos mismos, y de las irregularidades necesarias para alcanzarlos”

Alavedra y Prenafeta, beneficiarios de ilícitas comisiones ocultadas en territorios off shore

A lo largo de 1.369 páginas los magistrados analizan las operaciones urbanísticas investigadas. Los jueces concluyen que el ex Secretario de la Presidencia de la Generalitat en la década de los 80, Lluis Prenafeta, y el exconseller de Economía Maciá Alavedra intervinieron activamente en las operaciones de especulación inmobiliaria desplegadas en los municipios de San Andrés de Llavaneras y Badalona para favorecer a empresarios particulares. Según el tribunal, estos dos acusados, “sabedores de los contactos e influencias que Luis Andrés García tenía en estos municipios y del ascendiente e influencia que también ellos ejercían sobre determinados cargos públicos de Cataluña, se concertaron con el mencionado García, planificando y ejecutando el manejo de los tiempos del desarrollo urbanístico y de las adjudicaciones, lo que les permitió recibir ilícitas comisiones carentes de toda justificación y lógica comercial, que fueron pagadas por empresarios particulares”.

La Sala considera probado que García, Prenafeta y Alavedra se sirvieron de un complejo entramado societario, así como de diversas cuentas bancarias abiertas en entidades situadas en territorios off shore para ocultar cuantiosas ganancias procedentes de su actividad delictiva, tanto por sus intermediaciones en diversas adjudicaciones como por eludir el pago de impuestos a la Hacienda Pública, “desvinculándolas de su origen y titularidad para aflorarlas con una apariencia lícita”.

Para lograr esa ocultación y reinversión de los fondos generados de forma ilícita, tanto Prenafeta como Alavedra se sirvieron de sus esposas, así como de los también acusados Gloria Torres y Philip Mc Mahan.
García resulta absuelto del blanqueo por cuanto el entramado societario utilizado fue el mismo que se empleó para cometer los delitos de tráfico de influencias, prevaricación y cohecho por los que ocultó que era él quien se encontraba detrás de las ilícitas operaciones llevadas a cabo en los tres ayuntamientos.

Delito continuado de prevaricación

En relación con la denominada Operación Pallaresa el tribunal, después de analizar los hechos, concluye que encajan dentro del delito continuado de prevaricación administrativa, tipificado en el art 404 CP en tanto que las sucesivas modificaciones de usos respecto al proyecto inicial no fueron guiadas por el propósito de salvaguardar el interés público sino con el objetivo de beneficiar a empresas particulares concretas, vulnerando los principios de publicidad, transparencia y con un claro desprecio del principio de libre concurrencia.

El tribunal analiza una a una todas las modificaciones y acuerdos adoptados para dar una “apariencia de legalidad” y encubrir lo que, a criterio de la Sala “fueron claras desviaciones de poder” en beneficio de los inversores captados por Luis García y en el propio interés de él mismo y del alcalde,

Bajo una cobertura formal de legalidad, se logró que los acuerdos de la Corporación se adoptaran con desviación de poder para servir a los designios de los acusados, contraviniendo nuevamente los principios de objetividad, transparencia y defensa de los intereses generales que han de presidir la actuación de las Administraciones Públicas.

Después de analizar la doctrina de la Sala Segunda y Tercera del Tribunal Supremo sobre la materia, los magistrados concluyen que los hechos encajan en el delito continuado de prevaricación porque los acusados “a través de la adopción de las decisiones del Pleno cuya arbitrariedad conocían, no actuaron el Derecho, orientado al funcionamiento de la Administración Pública conforme a las previsiones constitucionales, sino que hicieron efectiva su voluntad, sin fundamento técnico-jurídico aceptable del plan conjunto que pretendían llevar a cabo, comenzaron por permitir la vulneración de las condiciones previstas en el Pliego de condiciones del concurso y de los principios generales de la contratación, infringiendo el principio de libre concurrencia y lesionando la transparencia en su actuación; haciendo caso omiso al carácter sustancial de las modificaciones pretendidas, evitando una nueva licitación y simulando una legalidad en las modificaciones del contrato para llegar a un resultado pactado con anterioridad, que no era otro que el de beneficiar a las empresas inversoras captadas por el acusado Luis García o a las que éste, el Alcalde y Dobarco pretendían favorecer, recibiendo a cambio García y Muñoz sendas contraprestaciones”.

Urbanismo ¿Compliance?

El tribunal recuerda que los condenados han ejercido sus actividades ilícitas en una materia especialmente trascendente y delicada como es la de urbanismo: “burlaron así los principios rectores que deberían haber presidido la actuación de una Administración Pública en una materia especialmente trascendente y delicada, como es la de urbanismo, adoptando decisiones sin que existieran en los expedientes informes técnicos rigurosos y objetivos que amparasen las modificaciones pretendidas, desplegando una actuación reiterada, más aún, habitual, dirigida inequívocamente a un favorecimiento intolerable hacia determinados particulares”.


Canal Compliance12 junio, 2018
eloy-velasco-1280x847.jpg

9min963
El magistrado de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, ofreció una cercana e interesante ponencia durante la presentación el primer ebook sobre cumplimiento normativo o compliance enfocado específicamente a las pymes.

 

Ponentes y participantes en la presentación del libro

 

Elaborado por José Antonio Castañeda, abogado y socio del despacho Negotia, y editado por la prestigiosa Lefebvre-El Derecho, la presentación del ebook contó, además de con la intervención del magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, con el propio Castañeda y Ángela de Miguel. De miguel es socia directora de Negotia y vicepresidenta de CECALE. También intervino Agustín Born, director de comunicación de Lefevbre-El Derecho.

ELOY VELASCO

El magistrado destacó que no sólo las empresas (sociedades mercantiles o sociedades civiles) son las que están respondiendo penalmente, atendiendo a cuestiones compliance. Velasco añadió que las fundaciones, asociaciones, sociedades varias e incluso equipos de futbol, están respondiendo ya penalmente como personas jurídicas.

En 2015 el Código Penal se reformó, para que la empresa pública fuera incluida en la norma como persona jurídica que también respondería penalmente, como el resto de organizaciones mencionadas. Velasco incidió en este punto para indicar que no sólo las empresas son personas jurídicas que pueden responder penalmente.

TIPOLOGÍA DELICTIVA

Las personas jurídicas no pueden cometer todos los tipos de delitos. Eloy Velasco realizó un repaso por los delitos que pueden ser cometidos por éstas y hasta llegó enumerar estos. El sistema español limita éstos. El magistrado valoró la importancia de este hecho pues el delito en estos casos tendría que seguir siendo perseguido por los cauces ajenos al Compliance.

En este sentido las empresas y organizaciones, en España, tienen limitada la tipología delictiva a un total de 26 delitos tipificados. 25 delitos del código penal y el delito de contrabando, que tal y como apuntó Velasco “está fuera de carta”.

Delitos que el magistrado ubicó en cuatro bloques:

  • Delitos de tipo tecnológico.
  • Delitos económicos (contra la hacienda pública , estafa…).
  • Delitos de “derecho administrativo criminalizado” (ecológicos, urbanísticos, contra la salud pública..).
  • Delitos “impropios del comercio” (Empresas que aparentan una actividad pero sus réditos proceden de actividades prohibidas por la propia ley)
SANCIONES

El magistrado se refirió a las posibles sanciones que se les puede imponer a las personas jurídicas “puesto que estas no pueden ser encarceladas”. Velasco recordó que además de las multas, la persona jurídica puede ser condenada a su disolución. “El PP podría ser disuelto si así lo entiende un juez” manifestó el magistrado en referencia a la actualidad del partido político y sus posibles responsabilidades como persona jurídica. “Dan más miedo las 6 sanciones alternativas que la obligatoria para las personas jurídicas condenadas”, destacó el juez, refiriéndose a la multa como la sanción obligatoria.

“El PP podría ser disuelto si así lo entiende un juez”

 

“Me he convencido de que es posible y es bueno que exista la responsabilidad penal de las personas jurídicas”, destacó Velasco, quien añadio que “esto está previsto para las empresas que hacen trampa”

Dan más miedo las 6 sanciones alternativas que la obligatoria para las personas jurídicas condenadas

 

 

PREMIAR EL COMPLIANCE EN PENAL

“Premiar en penal es muy interesante…en ocasiones representa rebajas sustanciales de la multa… a llegado a tal punto que si las empresas disponen de planes eficaces de prevención del delito.. el sistema puede premiarte con la eximente”, destacó el magistrado. Algo que no se da en el caso de las personas físicas.

El magistrado mostró varios ejemplos que podemos escuchar en el siguiente tweet de una retransmisión en directo realizada por Canal Compliance:

 

 

JOSÉ ANTONIO CASTAÑEDA

Por su parte el propio autor del libro, José antonio Castañeda, quien elogió la locuaz intervención del magistrado, dijo que existe una tipología de casos en pequeñas y medianas empresas, que no se da en las grandes. Siendo esta uno de los argumentos que dan sentido al ebook, “Compliance para pymes”.
“Las empresas europeas te mandan su política de cumplimiento y exigen que se adhieran a ella, en España se va a empezar a hacer”, indicó Castañeda, para referirse a la tendencia a la actividad empresarial en nuestro país. “Nosotros obligamos ya a que reciban la política de cumplimiento, códigos éticos o de protección de datos, para que se cumpla por contrato”, añadió Castañeda poniendo el foco en las medianas empresas.

Podemos ver, a continuación, parte de su intervención en el directo que efectuó Canal Compliance:

 

 

Para finalizar Agustín Born, Director de comunicación de Lefebvre-El Derecho, se refirió a las soluciones que ofrece la firma a la que representa en el sentido manifestado por los oradores: el de ayudar a prevenir las actividades delictivas de las personas jurídicas. Soluciones que según Born se pliegan a sectores y tamaño de las empresas u organizaciones.


Canal Compliance17 mayo, 2018
cartificar-compliance-1280x729.jpg

9min1432

Desde la última reforma de nuestro Código Penal son bastantes las organizaciones que han empezado a implantar en su seno modelos de Cumplimiento.

 

Vista parcial Globo terraqueo

Almudena Bouza/TÜV Rheinland Group in Spain. Cierto es que, en general, son las grandes empresas las que más han avanzado con este tema hasta el momento. Son las que más sufren el riesgo reputacional y las que, sin duda, disponen de más recursos para reducirlo.

¿Cabe esperar un efecto en cadena? Es probable que sí, dado que la Circular 1/2016 de la Fiscalia General del Estado establece que la organización principal es responsable de aquellos que trabajan dentro de su “dominio social”. Esto es, se le supone una posición preponderante y por lo tanto responsable de lo que hacen aquellos que trabajan para ella o en su nombre. *

Resulta evidente, por lo tanto, que las grandes empresas empezarán a exigir en la documentación de oferta o en la contractual que sus proveedores de servicios cumplan los requisitos establecidos en el artículo 31 bis del Código Penal. Que requieran documentación relativa a dicho cumplimiento a sus contratas principales o que, incluso, dependiendo del nivel de riesgo que observen en dicha contrata y en el trabajo a desarrollar, decidan someterla a auditoría.

Hace años fueron otras áreas como la de calidad, medio ambiente, prevención de riesgos laborales o seguridad alimentaria donde el mercado se comportó de manera similar y se acabó requiriendo la obtención y presentación de las certificaciones como garantía suficiente. ¿Cómo es posible que acabe pasando en el ámbito del Compliance?.

Además, si volvemos a la Circular 1/2016 nos encontramos con que específicamente reconoce que “Las certificaciones sobre la idoneidad del modelo expedidas por empresas, corporaciones o asociaciones evaluadoras y certificadoras de cumplimiento de obligaciones, mediante las que se manifiesta que un modelo cumple las condiciones y requisitos legales, podrán apreciarse como un elemento adicional más de su observancia” aunque obviamente el texto sigue con un “pero en modo alguno acreditan la eficacia del programa, ni sustituyen la valoración que de manera exclusiva compete al órgano judicial”. Cómo no podía ser de otra manera. Es decir, es una garantía ante la Fiscalía y el Juez, lo suficientemente importante como para merecer un comentario específico en la Circular. Pero obviamente una garantía más y no suficiente ante la comisión de un delito.

 

Grupo TÜV Rheinland

LA TRANQUILIDAD DE LA CERTIFCACIÓN.

La certificación proporciona tranquilidad no sólo a los clientes sino también a los propietarios de una empresa dirigida por un gerente profesional que tiene más opiniones externas e independientes que le garantizan que en su empresa existe un modelo de cumplimiento funcionando.

Aporta valor y confianza en cualquier proceso de compra-venta de empresas. Esto es por que, dado que la responsabilidad penal por las operaciones pasadas de la empresa que se adquiere, se traspasa al comprador, no desaparece con la venta o el cambio de nombre de la razón social.

A nivel interno aporta seguridad a todos los interesados en que el Compliance funcione. Que uno o varios expertos nos digan periódicamente que nuestro enfoque es correcto y está bien desarrollado, mantenido y controlado es una forma de saber que estamos haciendo las cosas bien.

 

La certificación aporta valor y confianza en cualquier proceso de compra-venta de empresas

 

POSICIONAMIENTO ANTE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA

¿Habría más razones para certificarse? Sí, sin duda. Por ejemplo un mejor posicionamiento para la contratación pública y para la contratación internacional en determinados mercados.
Las Directivas 2014/23/UE, relativa a la adjudicación de contratos de concesión, y 2014/24/UE, sobre contratación pública, ya contemplan que aquellas organizaciones que se hallen incursas en alguna prohibición para licitar o contratar con la Administración sean exonerados de dicha prohibición si demuestran haber implantado “medidas técnicas, organizativas y de personal concretas, apropiadas para evitar nuevas infracciones penales o faltas” en su organización empresarial. La certificación puede ser sin duda una demostración fehaciente de ello. Y no son pocas las voces que ya dan por seguro que será un requisito para contratar con la Administración Pública en el corto plazo el demostrar que se ha implementado un sistema de Cumplimiento en el seno de la organización.

 

¿Habría más razones para certificarse? Sí, sin duda

Tampoco conviene olvidar que hay determinados mercados, fundamentalmente anglosajones, donde las empresas no pueden operar si no demuestran sus compromisos de cumplimiento por lo que aquellas empresas españolas interesadas en trabajar en el mercado norteamericano, británico o el brasileño por poner otro ejemplo, estarán mejor posicionadas que su competencia si presentan credenciales de cumplimiento de Compliance bajo una certificación internacional de reconocido prestigio.

El mercado alemán (tras el australiano) ha sido uno de los pioneros en este ámbito con normas como la ASss980 (PS980) que han servido de apoyo -junto con la ISO 19600, no certificable- para conseguir un modelo de evaluación que tenga el suficiente grado de flexibilidad como para adaptarse a la idiosincrasia de cualquier compañía. Así mismo la norma UNE 19601:2017 que, si bien contempla solo el Compliance desde el punto de vista penal y orientado al mercado nacional (puesto que no es norma ISO) sí que se convierte en una norma de requisitos y por lo tanto certificable.

Desde nuestra experiencia de años evaluando o certificando el Compliance-y donde clientes como Hays AG o Schufa Holding confían en nosotros-creemos que el desarrollo del modelo de Cumplimiento y su posterior certificación son la nueva oportunidad de posicionarse en el mercado, diferenciarse de la competencia, fortalecer las organizaciones y con ello garantizar la viabilidad futura.

* En cuanto a los delitos que provocan la responsabilidad de la persona jurídica, deben haber sido cometidos por los sujetos sometidos a la autoridad de las personas físicas mencionadas en la letra a) del apartado 1, siendo suficiente que operen en el ámbito de dirección, supervisión, vigilancia o control de estas. No es necesario que se establezca una vinculación formal con la empresa a través de un contrato laboral o mercantil, quedando incluidos autónomos o trabajadores subcontratados, siempre que se hallen integrados en el perímetro de su dominio social (Circular 1/2016)

Almudena Bouza Responsable Esquema Compliance TÜV Rheinland Group in Spain


Canal Compliance5 abril, 2018
girl-2696947_1920-1280x776.jpg

5min873

En mayo de 2018 entrará en vigor el Reglamento (UE) 2016/679 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales.

Los datos personales, perfiles que pueden revelar indicios de afiliación socio-política , y determinadas pautas de conducta, fueron utilizados en la campaña que elevó a Donald Trump la presidencia de Estados Unidos y durante la consulta del Brexit. Los datos procedían de Facebook.

No fueron los datos de 50 millones, si no de 90 millones de personas los que se han filtrado.  Datos que los usuarios, confiados, depositaron en Facebook  y que la empresa británica, la consultora Cambridge Analytica obtuvo por medio de una aplicación. “La pequeña firma, liderada por el elegante y peligroso Alexander Nix, está especializada en recoger datos online y crear con ellos perfiles de los votantes. Fichas que sirven de diana a la publicidad electoral. “Si conoces la personalidad del elector, puedes ajustar mucho más tus mensajes y multiplicar el impacto”, ha señalado Nix. La prioridad, bajo esta premisa, no radica ya en la edad, sexo o raza del votante, sino en las tendencias emocionales. Conociéndolas, se puede influir en ellas. Esa es la mercancía que vende Cambridge Analytica”. Según lo publicado por El Pais .

El propio Mark Zuckerberg reconoció en una comparecencia pública que los datos filtrados alcanzaron a 90 millones de personas. En esta misma comparecencia dijo sentirse capacitado para seguir dirigiendo Facebook. Es el dueño. Faltaría más. El CEO de Facebook entonó el mea culpa y reconoció no haber hecho lo necesario para proteger a sus usuarios. Ahora ha aceptado comparecer ante el congreso de los EEUU el próximo 11 de abril.

PROTECCIÓN DE DATOS Y COMPLIANCE

En mayo de 2018 entra en vigor el Reglamento europeo (UE) 2016/679 relativo a la protección y tratamiento de los datos de las personas físicas. La normativa se aplicará de forma directa en España. De esta manera la LOPD tendrá que asumir las diferencias con la nueva norma.

silueta de una persona corriendo con maletin

Cumplir con la legalidad en materia de protección y tratamiento de datos es una de las grandes preocupaciones de las empresas

La regulación y el el tratamiento de los datos en la línea de la normativa europea se parece a otros sistemas  Compliance. Desde Europa no se pena la pasividad pero se “invita” a ser activos a implementar medidas.

De esta forma serán las propias empresas y organizaciones las que adopten las medidas adecuadas para minimizar riesgos. Medidas que el CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, reconoció no haber adoptado. A pesar de que la fuga de datos ha afectado a ciudadanos europeos.

Las organizaciones y empresas deberán, además, poder demostrar que se han adoptado estas medidas. Esto se recoge explícitamente en el articulado de la norma europea. La empresa tendrá que evaluar riesgos de las acciones que potencialmente puedan incumplir la norma. Y por tanto adoptar las medidas preventivas que minimicen éstos.

Estas y el resto de medidas que contempla la norma perfilan la figura de un “protector de datos”. Entonces sucede lo mismo que con la figura de un Compliance Officer.  Y así atendemos a lo dispuesto en el art.31 bis del código penal, en el que se atribuye al Compliance Officer las funciones de controlar y supervisar el cumplimiento normativo.

Todo apunta a que, en el caso de las grande empresas la figura del “protector de datos” (“data protector”),  estará inmersa en los departamentos Compliance. Ademas de integrada en todos los procesos y áreas que atañen a la protección de datos. Lo mismo que sucede con las diferentes áreas Compliance.


Canal Compliance19 marzo, 2018
lina-anllo-wca-201803-1280x449.jpg

2min1111

El embajador argentino en España recibirá al presidente de la WCA para avanzar en la puesta en marcha del Capítulo Argentino de la World Compliance Association

El próximo lunes 26 de marzo en la Embajada Argentina en España se llevará adelante el lanzamiento del Capítulo Argentino de la World Compliance Association. El Embajador, Federico Ramón Puerta, recibirá al Presidente de la World Compliance, Iván Martínez, a miembros del Comité Argentino y del Comité Internacional. También estarán presentes funcionarios del Parlamento Argentino, Funcionarios españoles, Directivos de Universidades españolas, abogados y empresarios argentinos y españoles.

La abogada penalista especialista en Compliance, Lina Anllo, es la persona que estará al frente del Comité Argentino de la World Compliance Association (WCA).
La Asociación, con sede en Madrid, está formada por profesionales y organizaciones interesadas en el mundo del “compliance” y se ha convertido en una referencia en esta materia a nivel internacional. Ya se han inaugurado otros Comités en Latinoamérica representando a la WCA, siendo ahora el turno a Argentina.

Entre sus objetivos están la promoción, reconocimiento y evaluación de las actividades de cumplimiento en las organizaciones así como el desarrollo de herramientas y procesos para una correcta protección frente a los delitos e infracciones cometidas por sus empleados, colaboradores o cualquier otra persona relacionada con ella.

La asociación internacional es abierta y participativa con verdadera vocación de representación de los intereses de todos los profesionales y organizaciones de diferentes sectores. Estos serán los ejes rectores del nuevo Capítulo de la WCA en Argentina, además, de generar un lugar de debate y doctrina en materia de Compliance y buenas prácticas de gobernanza.


Canal Compliance12 marzo, 2018
burbuja-compliance-1280x693.jpg

4min1550

Hace poco menos de un año, el hoy presidente de CUMPLEN, Carlos Saiz, empleaba la expresión “Burbuja Compliance” para referirse al auge de las políticas compliance, en el seno de una jornada celebrada en el Museo Lázaro Galdiano sobre Compliance Penal.

Carlos Saiz, presidente de uno de los colectivos de referencia COMPLIANCE de este país, se refirió al auge del compliance. El símil es utilizado por muchos. Pero otros muchos consideran que “burbuja compliance” no se ajusta a la realidad. Sin duda la reforma del 31 bis del código penal y la circular de la fiscalía en relación con la responsabilidad de las personas jurídicas, son la génesis. Pero no es hasta que conocemos las sentencias contra personas jurídicas cuando auge y burbuja empiezan a confundirse entre si. En este sentido cabe destacar que el ejercicio de 2017 del Supremo se saldó con 8 sentencias contra personas jurídicas. El pasado 23 de febrero del 2017 el Alto Tribunal dictó su octava sentencia.

CULTURA COMPLIANCE

Aunque no debemos olvidarnos que la realidad es que las burbujas terminan explotando, podemos aprovechar el empuje del concepto para desarrollar otro necesario, la Cultura Compliance. Y es precisamente en estos términos, en los que se pronunciaba Carlos Saiz, presidente de CUMPLEN. En el evento mencionado aseveró que “lo verdaderamente importante en la actualidad es la puesta en práctica de esta normalización de la cultura compliance“. El auge ha promovido y potenciado la creación de normas, estándares nacionales e internacionales. Con lo que albergamos la esperanza de que tras la explosión llegue la normalización, en los dos sentidos. Por una parte el de normalidad. Por otra parte el del establecimiento de estándares que velen por el cumplimiento y normalización de la ética empresarial.

CERTIFICACIONES COMPLIANCE.

En la actualidad la confianza está puesta precisamente en la certificación de los sistemas de gestión de cumplimiento normativo para la prevención del delito. Estos sistemas afianzan la Cultura de Cumplimiento y aportan valor a las organizaciones. Valor que en muchas ocasiones sobrepasa a la ética (Se contrata antes a una organización o empresa que garantiza la seguridad compliance por medio de una certificación) “Compliance es el concepto que debe marcar el rumbo de las empresas que pretenden ser elegibles”.

LA INFLUENCIA DEL SECTOR PÚBLICO

Aunque en materia Compliance, el sector público le vaya a la zaga en muchos aspectos a la empresa. Es fundamental su implicación que las organizaciones públicas implementen elementos de cumplimieto normativo. Sobre esto, la importancia del Compliance en lo público, hablarán no pocos expertos en el III Encuentro Compliance. Éste se desarrolla en Madrid los días 15 y 16 de marzo de 2018 y organizado por CUMPLEN. La implicación de  lo públicosuscitará que tras la explosión de la burbuja quede el fomento de la Cultura Compliance.


Canal Compliance15 febrero, 2018
acusacion-compliance-1280x652.jpg

5min538

La CNMV no gratificará económicamente ninguna denuncia anónima. Sebastián Albella, presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores lo anunciaba, durante la presentación del Plan de Acción de 2018. En cambio, algunos de los principales modelos mundiales de “whistleblowing”, como el americano “recompensa millonariamente al denunciante”.

Destacadas figuras compliance apuestan por sistemas como el americano. En él se premia al denunciante. Otros, quizás influidos por la cultura generalizada de que el “chivato” está mal visto, consideran que una mera delación a través de los canales de denuncia es eficaz. En este sentido se pronunciaba recientemente el presidente de la CNMV. Anunciaba que la CNMV “no gratificará económicamente ninguna denuncia anónima que reciba en buzón de comunicaciones por supuestas infracciones”.

Para Albella el modelo “denuncia gratis” funciona bien en sí mismo. La CNMV recibe comunicaciones de hechos irregulares y se analizan las mismas, sin necesidad de que estas sean retribuidas. Cabría preguntarse si el número de denuncias (escasas según los datos proporcionados por el responsable de la CNMV) se vería incrementado con el incentivo económico.

La SEC, Securities and Exchange Commission (comisión del mercado de valores de los Estados Unidos) ha recompensado con más de 77 millones de euros, (85 mill.$) por algo más de una treintena de “chivatazos” desde el año 2011. En algunos de los casos el denunciante llegó a cobrar hasta 30 millones de dólares (En 2014). Siempre la recompensa obtenida dependerá de cada caso.

CANALES DE DENUNCIA COMPLIANCE

Respecto a los canales de denuncia compliance, en contra de lo que sucede en USA, no se encuentra regulado específicamente. En la actualidad cada empresa crea sus propias herramientas de denuncia, en algunos casos son protocolos de comunicación de irregularidades. La normativa en estos casos, se suele ceñir a recomendaciones relacionadas con el control de datos. En este sentido habrá que estar atentos sobre como queda la situación con la futura Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, que se tramita en el Congreso de los Diputados

La Agencia Española de Protección de Datos se pronunció en 2007 acerca de esta cuestión. En su Informe jurídico 128/2007. Lo hizo en contra, mostrándose partidaria de un sistema donde “únicamente se admitiesen denuncias identificadas”. Con lo que no serían tenidas en cuenta las denuncias anónimas. Lo que nos lleva a plantearnos ¿Cómo pagamos al anónimo? ¿Se garantiza la identificación del denunciante si se premia económicamente la delación? ¿Puede, con garantías, un aspecto desligarse del otro (cobrar y anonimato)

CHIVATOS

En España está mal visto ser un chivato, el propio término coarta la acción de la denuncia. Es precisamente desde USA y países anglosajones, desde donde llegan términos y conceptos que “suavizan” el hecho de Informar Vs delatar. Analicemos sí no “Informer” (Informante , confidente). Los términos en sí mismo, si no invitan a colaborar por ellos mismos, si al menos no estigmatizan al “chivato”. Un ejemplo:

  • The police overlooked his illegal activities because he wastheir informer: (La policía hizo la vista gorda con sus actividades ilegales por que era un informante). Sustituyamos ahora informante por chivato y analicemos las consecuencias sintácticas.

Desde hace unos años la UE trata de importar de USA la idea de premiar o incentivar a aquellos que delaten prácticas delictivas en las empresas. Ademas garantizan anonimato y máxima discreción. En este orden de cosas y mediante el establecimiento de un sistema de denuncias, todos los empleados de la plantilla podrán ser denunciantes y denunciados, previa información de la puesta en marcha del whistleblowing.

Sin duda la evolución de los sistemas compliance, incluidas las herramientas de denuncia, requieren de una verdadera evolución de la Cultura Compliance, cultura de cumplimiento.


Canal Compliance13 febrero, 2018
inteligencia-artificial-lucha-contra-fraude-1280x399.jpg

4min533

CANAL-COMPLIANCE. El procesamiento de lenguaje natural; la representación del conocimiento, razonamiento automático o aprendizaje automático son conceptos y líneas de trabajo de los proyectos de IA (Inteligencia Artificial) que podrían emplearse en la lucha contra el fraude

Pablo Pascual, secretario general de la asociación española de empresas contra el fraude,(AEECF) exponía en el marco del I Congreso Nacional contra el fraude de la WCA, algunos conceptos que comienzan a dirigir proyectos de de lucha contra el fraude.

La AEECF, que recientemente acordaba con la WCA establecer nuevos mecanismos de prevención del fraude por medio de un acuerdo que promoverá nuevos mecanismos de prevención del fraude en las organizaciones, estuvo presente en el congreso de madrid. Pascual, su representante, se centro en la IA como cultura utilizable en la lucha contra el fraude, así como la necesidad de regularizar el tratamiento de datos relacionados con ésta.

Sistemas que piensan como humanos, racionalmente; automatización de actividades vinculadas con procesos del pensamiento humano; estudio de las facultades mentales mediante el uso modelos; sistemas que actúan como humanos; son conceptos que empiezan a recorrer el camino que discurre entre la ciencia ficción y la realidad más práctica. Pablo Pascual se remitió al caso que se dio a conocer en 2016, cuando “el primer robot abogado empezó a trabajar para un cliente”. Dicho de esta manera uno se imagina al androide acudiendo a la sala de vistas. Siendo mucho más práctico, pero no por ello menos inquietante, desgranamos la información para detallar que el proyecto es el de la firma Baker & Hosteler, especializada en litigios económicos, que contrató al programa ROSS. Un programa informático que se nutre de casuística previa y se enmarca en el entorno de la IA.

El ponente recopiló los elementos más destacados de la normativa regulatoria, relacionada con el tratamiento automatizado de datos. A continuación, sólo parte del marco regulatorio de la presentación del ponente.

MARCO REGULATORIO
Reglamento General de Protección de Datos, art. 22: decisiones individuales automatizadas, incluida la elaboración de perfiles
«Elaboración de perfiles»: toda forma de tratamiento automatizado de datos personales consistente en utilizar datos personales para evaluar determinados aspectos personales de una persona física, en particular para analizar o predecir aspectos relativos al rendimiento profesional, situación económica, salud, preferencias personales, intereses, fiabilidad, comportamiento, ubicación o movimientos de dicha persona física (art. 4, 4 RGPD).
«Decisión individual automatizada»: decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, que produzca efectos jurídicos en él o le afecte significativamente de modo similar (art. 22,1 RGPD)
Norma básica: todo interesado tendrá derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, que incluya la elaboración de perfiles.
Excepciones:
  • La decisión es necesaria para la celebración o la ejecución de un contrato entre el interesado y un responsable del tratamiento.
  • Está autorizado por una norma explícita que establece medidas adecuadas para salvaguardar los derechos, libertades e intereses legítimos del interesado.
  • Hay consentimiento explícito del interesado.


Acerca de

Canal Compliance, surge con el afán de convertirse en canal de comunicación  e información Compliance. Estamos seguros de los beneficios sociales y empresariales del cumplimiento normativo. Somos conscientes que la eficacia de la norma se debe sustentar en la creación de una verdadera cultura Compliance y que ésta no es posible sin un verdadero canal de comunicación, una herramienta que permita que la información fluya con libertad e independencia y que ésta alcance a todos los actores del sector del Cumplimiento normativo.


CONTÁCTENOS

POR TELÉFONO