Canal Compliance3 julio, 2018
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TotalNews. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha puesto en marcha a primera hora de la mañana de este martes la Operación Enredadera.

 

Luz Roja de semáforo

 

La operación investiga una amplia trama de corrupción en la contratación de sistemas de control de tráfico. Como semáforos y videocamámaras, que afecta a decenas de municipios de toda España.

Supuestamente los ayuntamientos realizaban contrataciones irregulares de ese tipo de materiales y servicios. En ellas los policías locales hacían de intermediarios entre las empresas y los consistorios, y se cobraban comisiones.

44 ayuntamientos y 2 mancomunidades.

Están siendo investigados un total de 44 ayuntamientos y dos mancomunidades. Están previstos 92 registros en 25 ayuntamientos, 30 despachos profesionales, 25 domicilios y 12 empresas. Además se van a practicar 44 detenciones, la mayoría alcaldes, jefes de policías locales y empresarios, y están previstas más de 70 citaciones, según fuentes policiales. Una de las empresas implicadas en el caso es Gespol, proveedora de un software para policías locales, con sede en Barcelona y filial de la constructora Sacyr. Y uno de los principales detenidos, y “cabecilla de la trama”, es el constructor José Luis Uribarri, salpicado también por la trama Gürtell.

El operativo, en el que participan 580 policías, arranca en julio de 2016 en el Ayuntamiento de Montgat (Barcelona), donde la Policía Nacional investigaba el supuesto amaño de contratos municipales para la instalación de radares de control del tráfico. La investigación posterior, dirigida por el Juzgado de Instrucción 2 de Badalona y la Fiscalía Anticorrupción, ha extendido las pesquisas a toda España, encontrando también contratos de obra pública como “aparcamiento o pistas con diferentes usos”, señalan fuentes de la investigación.

Operación Nacional

Sólo en Madrid se investigan los ayuntamientos de Alcobendas, Fuenlabrada, Majadahonda, Arroyomolinos, Pinto, Villanueva de la Cañada, Guadarrama. También Hoyo de Manzanares, Parla, Torrelodones, Manzanares el Real, Aldea del Fresno, Brunete, Galapagar, Valdemorillo y El Escorial. En Castilla la Mancha, Illescas. Pero se investigan también sedes consistoriales de Asturias, Castilla y León (Astorga y San Andrés de Rabanedo); y otros municipios de las provincias de Barcelona (Mollet de Valles y de Tiana). A Coruña, Málaga, Zaragoza, León, Asturias (Oviedo), Palencia y Lleida.

 

Entre los consistorios investigados hay mayoría del Partido Popular, aunque también de alcaldías dirigidas por otros partidos. Los detenidos están acusados de los delitos de prevaricación. Tambien malversación, falsificación, cohecho, delitos contra la administración e integración en organización criminal, según fuentes judiciales.



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